Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de San Nicolás · Causa 333
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a seis de febrero de dos mil veinte, reunidos los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación para dictar sentencia en los autos caratulados: “SALA, JUAN CARLOS c/PAUNY S.A. y otro/a s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL , del Juzgado Civil y Comercial Nº 6, del Departamento Judicial San Nicolás, habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Fernando Gabriel Kozicki, Amalia Fernández Balbis y José Javier Tivano, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fs. 565/595vta.?
2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : el Sr. Juez Dr. Kozicki dijo:
1. A raíz del reclamo instado en autos tendiente a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción total de un tractor marca Pauny modelo 540C, dominio BXQ-81, adquirido en la concesionaria “Pettinagro SA” y de los equipos de siembra y precisión que se encontraban dentro de su habitáculo, el Sr. Juez a quo condenó a las demandadas (Pauny SA y Pettinagro SA) a pagar a Juan Carlos Sala la suma de $ 2.953.039.- y sus accesorios de ley.
Se disgustaron ambas demandadas, como también el reclamante y hasta aquí han venido en sus respectivos memoriales a expresar sus agravios en pro de la revisión del fallo.
El actor tilda de insuficientes las indemnizaciones otorgadas, y solicita que se aplique la ley de defensa al consumidor imponiendo, además, un daño punitivo a las obligadas (escrito electrónico del 13/9/2019).
Por su parte las demandadas cuestionaron la valoración probatoria que efectuara el juzgador en su sentencia, al par que se agravian de los montos indemnizatorios conferidos (escrito electrónico del 27/9/2019 Pettinagro SA y adhesión que Pauny SA formula con escrito electrónico del 9/10/2019 Pauny SA).
Las presentaciones electrónicas de fecha 4/11/2019 que evacuan los traslados conferidos a fs. 658 dejaron la causa para definitiva, por lo que a su tratamiento me aboco.
2. Primeramente y en mérito a los reparos que el actor replicante efectúa con relación a la concesión del recurso interpuesto por la codemandada Pauny SA, estimo pertinente destacar que ha dicho el Máximo Tribunal Provincial al abordar una cuestión similar a la aquí planteada, “ que habiendo invocado el letrado ser representante del actor….., sin justificarlo, media un incumplimiento a lo que en materia de personería mandan los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial. Estas normas se limitan a imponer la exigencia de presentación del poder sin prever sanción alguna en su defecto, lo que obliga a acudir a otras latitudes del mismo cuerpo legal, concretamente a los deberes que estatuye el art. 34 inc. 5, la potestad contenida en la última parte del art. 157 y aún al argumento emergente del art. 345 inc. 2 en conjunción con el art. 352 inc. 4. En consecuencia, haciendo mérito de lo allí expuesto, que en lo pertinente resulta aplicable al caso, considero que corresponde intimar a subsanar la omisión apuntada, en el término de cinco días, acreditando la representación invocada, bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso extraordinario interpuesto (arg. arts. 46, 47, 34 inc. 5, 345 inc. 2 y 352 inc. 4 del Cód. cit.). ” (cfr. Ac. 71137, sent. del 19/9/2012; Ac. 64.313; sent. del 23 de marzo de 1999; Ac. 97.147, 4-VII-2007; Ac. 102.558, 15-IV-2009). En esa línea argumental, al margen de la intimación al pago del anticipo previsto en la ley 10.268 y los defectos de personería destacados en el auto interlocutorio de fs. 625/vta., lo cierto es que con anterioridad a la firmeza de los mismos se presentó el recurrente subsanado el defecto, acreditando la personería y ratificando los términos de aquel escrito recursivo (fs. 629/633 y 635/637). Por ello entonces, dado que la consecuencia de un escrito defectuoso en la representación invocada conlleva a la intimación para su subsanación y teniendo en cuenta, además, que se trata aquí del ejercicio de un derecho esencial para el resguardo de la defensa en juicio, toda vez que proyecta la habilitación de la instancia apelatoria que es garantía del debido proceso legal, resulta improcedente la oposición del actor que contiene la réplica de mención.
Lo propio ocurre con la acusada extemporaneidad de dicho recurso, toda vez que fue el auto de fs. 613 que dispuso dejar de lado la notificación personal de la sentencia y, haciendo mérito de la ausencia de constitución de domicilio procesal y electrónico, ordenó que la misma se notifique por ministerio de ley. Así las cosas no es posible retrotraer aquel modo de notificación a la fecha de la sentencia cuando ha sido el mismo actor quien librara las cédulas cuyo infructuoso resultado llevaran al pedido de fs. 612, resultando razonable que en tutela del derecho de defensa en juicio aquel cómputo se efectúe a partir de la resolución que dispone el nuevo mecanismo notificatorio y, por ende, al momento de la presentación de fs. 621 el remedio recursivo resultaba temporáneo (arts. 155 y 244 del CPCC).
3. Zanjada la cuestión preliminar resulta relevante señalar que el juzgamiento de los presentes se realizará bajo la óptica normativa del Código Velezano, ya que el hecho y la relación jurídica sobre los cuales se cimentan los reclamos resarcitorios resultan anteriores a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (cfr. art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación vigente).
Por otro lado, tampoco se vislumbra la existencia de un vínculo consumeril como el que alude el actor en su memorial recursivo. Es que resulta determinante para evaluar la aplicación de aquel cuadro normativo protectorio el “ carácter final ” de la adquisición del producto o servicio de que se trata. Y si bien la noción de consumidor que propone la redacción del art. 1 de la ley 24.240 (texto ley 26.361) presenta importantes diferencias respecto de su antecedente, ratifica la noción general de la cual se partía en el régimen anterior. Ello así por cuanto el consumidor debe actuar como destinatario final, lo cual significa que el producto o servicio es retirado del mercado, no volviéndoselo a reinsertar en él mediante su incorporación a un nuevo proceso de elaboración o de prestación, idea que aparece reafirmada en el texto vigente cuando se señala que el bien o servicio ha de ser empleado para uso privado, familiar o social (cfr. Cámara de Apel. en lo Civil y Comercial de Azul, sent. del 2676/12, autos “Ocampo Martín María c/AGCO ARGENTINA S.A. y otro/a s/Daños y perjuicios. Incumplimiento Contractual (Exc. Estado) Causa nº 56267). No obsta por ende a tal interpretación la circunstancia de haberse derogado la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 2, que disponía que no tenían el carácter de consumidores o usuarios quienes adquiriesen, almacenaren, utilizaren o consumieren bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros, dado que ello simplemente reforzaba la idea de que sólo reviste la condición de usuario quien actúa como destinatario final. De este modo la fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional (cfr. Hernández, Carlos “La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar”, en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-I, “Consumidores”, pág. 257 y sig., con sus citas; Valicenti, Ezequiel “El problema del empresario- consumidor. Las relaciones contractuales asimétricas entre empresarios” Publicado en DJ 30/11/2016; Cita Online AR/DOC/2643/2016).
Aplicando estos principios al caso que nos ocupa, ninguna duda cabe que conforme surge de la demanda y de la prueba rendida, el tractor adquirido por el actor estaba destinado a un uso productivo y profesional del reclamante, lo que además –y a diferencia de otros vehículos- se infiere sin mayores dificultades por la propia naturaleza del bien. En tal sentido se ha señalado que quedan excluidos de la relación de consumo aquellos bienes adquiridos para integrarlos directamente al proceso productivo (cfr. Rivera – Medina “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, T.3, págs. 716/717, Thomson Reuters La Ley 2015; Cámara Civil y Comercial Segunda Quilmes 20794 I 09/08/2019, Sumario JUBA B2953459). Así las cosas, he de concluir que la ley 24.240 no resulta de aplicación en el sub-lite.
4. Sentado lo que precede y en atención al alcance de los recursos articulados, corresponde incursionar en la responsabilidad que les fuera atribuida a las demandadas sobre la base de la valoración de las constancias probatorias rendidas, labor axiológica que ha sido objeto de un enfático reproche por parte de aquéllas.
En esa faena, resulta del todo relevante destacar que no ha sido materia de controversia que el día 7/7/2015 el actor compró a la codemandada “Pettinagro” un tractor nuevo, marca “Pauny”, modelo 540C, por un monto de $ 1.062.070, entregando como parte de pago un tractor marca Zanello 250 de su propiedad, además de un cheque por $ 30.000 y que abonó el remanente a través de la obtención de un crédito prendario del Banco de la Nación Argentina. También hay consenso de que dicho tractor -al poco tiempo de su adquisición- se incendió por completo (ver fs. 131/164, 228/246 y 262/268) y precisamente la génesis de aquel siniestro y la responsabilidad que en el hecho le corresponde a cada participante, en la extensión y calidad del servicio técnico prestado por la garantía del tractor, más la extensión de los supuestos daños pedidos al demandar han trabado la congruencia de la lite. La divergente posición en la que cada una de las partes se atalaya frente a la de la contraria y la congrua valoración de la prueba rendida, conforman los elementos a tener en cuenta a los fines de dar solución al entuerto.
El juez primero tuvo por debidamente probado con las medidas colectadas en el juicio (testimoniales en concordancia con la pericial analizada), que el tractor adquirido por el actor presentaba defectos de origen, de fabricación, vinculados a los conectores del comando hidráulico, que generaron la fuga –por la presión- del fluido hidráulico y el consecuente incendio y destrucción total de una unidad que se encontraba en garantía oficial de fábrica, con pocas hora de uso. Acotó que la sustitución gratuita por el fabricante de aquellos componentes fallados, implicó también el reconocimiento de que las piezas padecían de defectos de origen, cubiertos por la garantía de mención. Destacó que ante aquellos desperfectos la cosa se tornó impropia para su destino y, en tanto quedó probado que el fabricante –concedente- otorgó una garantía convencional, vigente al momento del siniestro -más allá del vínculo contractual último habido con la concesionaria- no podía liberarse de responder por tales defectos de la cosa vendida a través de un intermediario, en tanto de las circunstancias de la contratación predispuesta con el adquirente resulta que fue el fabricante quien ofreciera una garantía de calidad del producto, por lo que “Pauny SA” -ya sea en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual-, amén de la garantía convencional que detentaba la unidad, deberá hacerse cargo de los daños vinculados que, a partir de la destrucción devenida del tractor tras los defectos constatados, se acrediten como padecidos por el actor. En ese análisis, sostuvo que la intervención de “Pettinagro” como concesionario y servicio técnico oficial en la unidad fue deficiente, al haber reemplazado la pieza con problemas, pero sin darle solución, ya que se probó que el anormal funcionamiento posterior de esa misma pieza fue lo que provocó, en definitiva, el incendio de la unidad. Por ello, también concluyó que “Pettinagro SA” incumplió con su obligación de asegurar al adquirente un servicio técnico adecuado, teniendo en cuenta que la persistencia de la falla en la pieza sustituida de la unidad fue, en definitiva, el origen del incendio que destruyó al tractor y, consecuentemente, la condenó a responder contractualmente ante el accionante por los daños padecidos.
Las críticas de las demandadas apuntan principalmente a la valoración de la prueba por parte del Juzgador, tildándola de absurda y arbitraria por seleccionar las constancias y probanzas de la causa que orientan al sentido sobre el cual formó su convencimiento. Así reprochan que se haya considerado que el incendio tuviera su origen en defectos de fabricación pues ninguna probanza idónea emerge en tal sentido. Destacan la ineficacia que a tal efecto puede dársele a la falta de contestación de demanda de Pauny SA, las confusiones y falta de precisiones de los testigos del actor, el éxito de las reparaciones e intervenciones que desde el servicio técnico se hicieran y los términos de la pericia técnica de la ingeniera Quarti, por sobre el dictamen emitido por el Ing. Killinger cuya fuente de información son fotografías atemporales y un informe de parte ingresado como prueba documental sin control de la contraria.
A los efectos de emprender el cometido que impone el remedio articulado, he de adelantar que los Jueces no están obligados a tratar todas las argumentaciones propuestas por las partes, sino que basta que hagan mérito de aquellas que consideren más adecuadas para sustentar sus conclusiones (CSN noviembre 8-1981, «Dos Arroyos SCA C/Ferrari de Noailles», en «Actualización de Jurisp.», N 1440, La Ley, 1981-D, pág. 781). Tales cuestiones esenciales son ésas que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y vienen constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento y que -por su naturaleza- influyen preponderantemente en el fallo (SCBA. Ac. 21917, DJBA T.III, pág. 15, ídem Ac. 35221 «Ramos de Pagella c/Escot», 22-4-86). Acoto también, que no está el Judicante obligado a reseñar o expresar en su pronunciamiento la valoración de todas las pruebas producidas, sino que ha de bastar con que lo haga en relación a aquellas que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa (cfr. doctrina art. 384 del C.P.C. y C.) (este Tribunal Expte. 10.888, sent. del 29/10/2013). Es precisamente desde ese enfoque totalizador de las probanzas esenciales rendidas y bajo la directriz rectora en materia de apreciación de la prueba que brinda la regla de la sana crítica, entendida como el sistema que concede al juez la facultad de apreciar libremente la prueba con el respeto a las normas de la lógica –de entendimiento humano, al decir de nuestra Suprema Corte en su fallo del 9/12//82, publicado en DJBA, 124-289- y de las máximas de la experiencia, del conocimiento de la vida y de las cosas que posee el juez, que comulgo en integridad con las conclusiones vertidas en el decisorio apelado.
Es que aun dejando de lado las implicancias negativas que en orden a la valoración de los hechos afirmados pudiera proyectar la falta de contestación de demanda por parte de Pauny SA (art. 354 del CPCC), lo cierto es que la carga probatoria que le fuera impuesta al actor por desinencia del alcance de su pretensión se ha visto debidamente abastecida (art. 375 del CPCC). Por el contrario, quienes pretenden aquí desligarse de la responsabilidad civil que les fuera enrostrada no han traído evidencias probatorias que permitan acreditar que el incendio ocasionado en el tractor adquirido por el actor resulta ajeno a toda falla de fábrica y/o deficiente servicio técnico cuando, reitero -esto no ha sido materia de controversia- se trataba de un tractor que había sido adquirido el 7 de julio de 2015 (cfr. escritos constitutivos de la litis y factura de compra de fs. 14) y que, según los dichos concordantes de los testigos tenía escasas horas de usos, al punto que ni siquiera había realizado el primer service previsto en la garantía de fabricación (cfr. declaraciones de los testigos Mor, González, Horacio Escudero, Dundic, Jorge Escudero, Studer, Quiroz y Baissac), circunstancias que colocaban a las obligadas ante la necesariedad de poner claridad sobre el origen del hecho que diera lugar a la destrucción por incendio total del vehículo (arts. 384 y 456 del CPCC).
A la luz de lo expresado y en tren de evaluar la justeza del juicio valorativo emitido por el a quo , encuentro de trascendental importancia para la construcción del nexo causal la verificación de la anomalía en el funcionamiento del tractor, especialmente en lo relativo al del sistema hidráulico. En ese quehacer y en concordancia con lo analizado por el juez primero, es de suma utilidad el informe técnico elaborado por el Ingeniero Killinger, quien en su presentación de fs. 521/532 vta. dictaminó que “ teniendo en consideración la ubicación y la proximidad de los conectores derechos, con el turbo y múltiple de escape, así como la factibilidad de ignición del fluido hidráulico, por su inflamabilidad (sumado a que no se detectó reducción en el nivel de aceite del cárter y la ausencia de signo de llama en el área del sistema de inyección de combustible) puede concluir que el foco se inició en el área de los conectores hidráulicos, que por filtraciones o estallido, debido a la presión a que está sometido, el fluido literalmente bañó el turbo y se originó la inflamación del mencionado fluido, propagándose el fuego al lugar de montaje de los conectores ” (arts. 384 y 474 del CPCC). Más allá de las observaciones que tuviera dicho dictamen (fs. 536/538) y que diera lugar a la respuesta del perito de fs. 542/543 vta.- la que no tuviera réplica alguna de la demandada a pesar de la sustanciación que se corriera por conducto del auto de fs. 544-, encuentro una pluralidad de evidencias que, a través de la elaboración de un juicio objetivo retrospectivo de probabilidad, permiten determinar, apelando a las reglas de la experiencia diaria -lo que acostumbra a suceder conforme el curso normal y ordinario de las cosas-, que evidentemente ésa y no otra ha sido la causa del incendio del tractor.
En efecto, ha quedado debidamente acreditado en este proceso a partir del material probatorio incorporado a esta causa que con anterioridad al siniestro requirió el actor el servicio mecánico de la demandada ante problemas en el sistema hidráulico y que, como consecuencia de ello, la propia accionada envió su equipo técnico que revisó el tractor y constató que la falla en dicho sistema se encontraba en su comando hidráulico, por lo que decidió cambiar la pieza y concurrió en la próxima visita al lugar donde se encontraba el tractor y sacó el comando hidráulico colocando otro nuevo (cfr. fs. 235 vta. del escrito de contestación de demanda, fs. 405 vta. del informe pericial y declaraciones testimoniales precitadas) (arts. 354, 384, 454 y 474 del CPCC).
Teniendo en consideración entonces, que el tractor tenía fallas en el sistema hidráulico que provenían de fábrica y que requirieron la intervención del servicio técnico de la vendedora, no resulta un dato menor que la perito ingeniera oficial Quarti afirmara en su dictamen que dentro de las causas más probables de origen de fuego de un tractor de industria nacional con motor diésel se encuentra –justamente- la fuga del aceite del sistema hidráulico o algún otro lubricante como el de la dirección hidráulica tocando alguna de las partes calientes del motor (ver fs.408 y 471), circunstancia que también resulta admitida en el informe pericial de parte producido por el Ingeniero Díaz al que el juez de grado le ha concedido un mero valor indiciario (fs.65/79).
Alegan los recurrentes que los arreglos o intervenciones realizadas al tractor fueron exitosas ya que una vez sustituidas las piezas defectuosas se probó que funcionaban con normalidad. Aclaro que la prueba del adecuado funcion
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