Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76432
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.76.432 “JORDANI JOSE MARIA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE BERISSO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. Un grupo de agentes de la Municipalidad de Berisso promueve demanda contra la comuna y contra el señor Jorge Gabriel Nedela, quien fuera Intendente Municipal de esa comuna al momento de ocurrir el hecho, con el objeto de obtener una indemnización por los daños y perjuicios que alegan haber padecido como consecuencia del obrar negligente del municipio.
Al respecto, señalan que en el año 2017 la Municipalidad suscribió un convenio marco con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el cual se ofrecían créditos a los empleados comunales con un costo financiero preferencial. En virtud de ello, el municipio debía retener, de los salarios de quienes lo tomaban, los valores de las cuotas mensuales y, luego, depositar dichas sumas en una cuenta abierta en la mencionada entidad bancaria.
En este contexto, sostienen que, pese a haber efectuado los descuentos en los haberes correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2019, la comuna no procedió a su depósito, conforme fuera acordado. En consecuencia, alegan que tal estado de morosidad fue informado al Banco Central de la República Argentina y a la Organización Veraz SA, provocándoles esto un daño que debe resarcirse.
II. La causa fue iniciada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº23 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular se declaró incompetente por entender que se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado (conf. arts. 166, último párrafo, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA).
Luego de efectuada tal declaración, el 29 de marzo del corriente año, los actores ampliaron demanda, requiriendo el pago de las cuotas de los préstamos contraídos junto con los intereses o multas que les fueran aplicables por la mora incurrida.
En lo que aquí respecta, el pronunciamiento del juez de grado fue confirmado por la Sala II de la Cámara II de Apelación en lo Civil y Comercial departamental y consentido por el apoderado de los accionantes con fecha 22 de abril de 2020.
Posteriormente, con fecha 27 de abril del corriente año, la parte actora desistió parcialmente del reclamo que tenía por objeto el pago de las cuotas vencidas y sus intereses, amplió nuevamente su demanda y solicitó que las actuaciones tramitaran ante el fuero civil y comercial. En dicha presentación, circunscribió el objeto de su pretensión al resarcimiento por el daño moral presuntamente padecido y peticionó que se fije una suma en concepto de daño punitivo, en los términos del art. 52 de la ley 24.240.
Devuelta la causa al juzgado de origen, éste mantuvo su primigenia postura, tras considerar que las circunstancias novedosas introducidas por los accionantes no desvirtuaban el hecho de que el reclamo aún se enderezaba contra la Municipalidad y contra quien fuera Intendente, por faltas que se le atribuyen en ocasión y/o ejercicio de sus funciones.
Así, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada, al advertir que el basamento de la pretensión de los actores –en su actual configuración- es la Ley de Defensa al Consumidor, toda vez que afirman que la Municipalidad obró en calidad de delegado/proveedor de las operaciones comerciales materializadas. Esto, a su entender, le daría a la cuestión un claro enfoque de derecho privado y la excluiría, en consecuencia, del ámbito de su conocimiento (conf. art. 4, CCA).
De este modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Preliminarmente cabe señalar que, en virtud de las modificaciones introducidas en el régimen de la ley 13.133 por la ley 14.514 (B.O. 4-VII-2013), los preceptos que se refieren a la competencia para resolver las controversias basadas en las normas constitucionales que garantizan y en las leyes que regulan los derechos de usuarios y consumidores han sido armonizadas (v. art. 30). Atento ello, esta Corte ha sostenido que, para dirimir esta clase de asuntos en los casos ocurrentes, corresponde indagar si se trata -o no- de una cuestión regida primordialmente por el derecho privado (causa B. 75.144, "González", resol. de 4-IV-2018).
Siendo así, corresponde señalar que este Tribunal ha dicho que es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial y en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales previstos en el art. 1, regidas por el derecho público, aún si se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 64.533, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", ambas resol. de 8-IX-2004; B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004; B. 74.397 "Z., S. E. y otros", resol. de 26-X-2016 y B. 76.314, “Zavaleta”, resol. de 15-IV-2020).
V. En sustancia, en el caso los actores persiguen –pese a las argumentaciones vertidas en contrario en la presentación de fecha 27 de abril de 2019- el resarcimiento de los daños y perjuicios que alegan haber padecido como consecuencia de la omisión incurrida por la Municipalidad y por quien fuera Intendente, al no depositar los fondos retenidos sobre los sueldos a la entidad financiera prestamista; circunstancia que se produjo en ocasión de liquidar y abonar los salarios de los agentes municipales accionantes.
De tal manera, cabe concluir que el caso subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, toda vez que da cuenta de un hecho que puede ser considerado como generador de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. arts. 1 y 2 inc. 4, CCA).
Asimismo, respecto del reclamo articulado contra el señor Nedele, reiteradas veces se ha resuelto que la determinación del límite entre la falta de servicio y la falta personal con ocasión del desempeño de la función administrativa, por su especialización material, resulta una tarea propia de los jueces en lo contencioso administrativo (doctr. causas B. 72.467, "Pilone", resol. de 5-III-2014; B. 73.534, "Valdéz", resol. de 15-VII-2015; B. 74.305, "Llamosas", resol. de 26-X-2016; B. 74.344, "Aguiar", resol. de 21-XII-2016; B. 74.520, "Correa", resol. de 29-III-2017; B. 74.544, "Villanueva", resol. de 7-VI-2017; B. 75.782, ?Cosentino?, resol. de 22-V-2019 y B. 75.988, “Scarimbolo”, resol. de 25-IX-2019).
VI. Bajo tales premisas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le devolverá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°23 departamental.
Regístrese y ofíciese.
Magistrados votantes: dLa-Ko-To-Pe
Reg. Nº 159
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/06/2020 16:55:30 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 12/06/2020 20:59:44 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 13/06/2020 13:05:01 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 16/06/2020 00:14:45 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 17/06/2020 07:21:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia