Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 124.022 "MOSCATELLO, ROMINA NOELIA Y OTRO/A C/ AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Y OTROS / DAÑOS Y PERJUICIOS INCUMP. CONTRACTUAL -RECURSO DE QUEJA-"
I. El apoderado del legitimado pasivo deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en la insuficiencia del valor del agravio y en la inexistencia de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia, desestimó la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley (art. 292, CPCC y Acordada 1.790; v. resol. de 18-V-2021, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 15-VI-2021 y su archivo adjunto identificado como "Escrito REF con firma.pdf").
En el caso, y en lo que interesa destacar, la Cámara confirmó el pronunciamiento del magistrado de origen que, a su turno, y ante el incumplimiento del apoderado de Assist Card Argentina a acreditar el anticipo a favor de la Caja de Previsión Social para Abogados y el pago del bono ley 8.480, hizo efectivo el apercibimiento dispuesto y no dio curso a las peticiones formuladas y ni tuvo en cuenta las presentaciones efectuadas -entre ellas, el escrito de contestación de demanda- ordenando su devolución (v. proveído de 5-II-2020 en trámite identificado como "OBSERVACIÓN" de fecha 20 de octubre de 2021 y resol. de 21-IV-2020).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, doble instancia, razonabilidad y tutela judicial (arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 2, 4 y 9/14, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente y debe ser dejada sin efecto. Ello, por cuanto, apartándose de las constancias del expediente y de las pruebas aportadas, omitió tratar y resolver cuestiones debidamente propuestas y conducentes a la resolución del caso -que ahora reproduce- y rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- la vía de hecho local, con la consecuente afectación de las garantías constitucionales mencionadas.
Alega, también, que el pronunciamiento atacado convalidó -sin dar fundamentos suficientes- las decisiones de las instancias anteriores en grado sin advertir la arbitrariedad y la vulneración de derechos constitucionales que dichos fallos implicaban. En tal sentido, explica y desarrolla agravios referidos a que la Cámara y esta Corte no examinaron adecuadamente que lo resuelto por la instancia de origen era, por sus efectos, equiparable a definitiva y aduce que este Tribunal descartó -equivocadamente, según su entender- los agravios federales que asegura haber planteado. En razón de ello, asevera que debió hacerse una excepción y soslayarse el límite cuantitativo impuesto por el art. 278 del Código de rito (v. págs. 9/14, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 2-VII-2021), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto del remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones referidas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el límite cuantitativo impuesto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (conf. CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el presente caso no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan tales extremos, desde que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (v. págs. 9/14, adjunto cit.; doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que - prima facie ponderados- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que el impugnante se limita -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de las instancias de grado- y a disentir con la postura establecida por este Tribunal para descartar el recurso de hecho intentado. En efecto, reitera agravios expuestos en el remedio local de inaplicabilidad de ley, que quedaron fuera de la competencia de esta Corte por la denegatoria de la Cámara y el posterior rechazo de la vía de hecho por parte de este Tribunal (v. resol. en crisis cit.).
IV.3. En lo que atañe a la invocación del derecho a recurrir (v. pág. 10, adjunto cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180, voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
IV.4. Asimismo, la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio, debido proceso, razonabilidad y tutela judicial; arts. 14, 17 y 18, Const. nac.; v. págs. 2, 4 y 9/14, adjunto cit.), no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 119.818, "Iarosky", resol. de 23-X-2019; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 121.865, "La Araucana Oeste S.A", resol. de 18-II-2021; C. 123.976, "J.O.P. S.R.L.", resol. de 10-III-2021; C. 124.335, "Linehouse S.A.", resol. de 23-IX-2021; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase -conforme lo dispuesto en la resolución de 18-V-2021- por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:11:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 16:53:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 09:49:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:29:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 14:49:30 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/02/2022 14:05:09 hs. bajo el número RR-17-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia