Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122559
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"BULGARELLA HILDA NOEMI C/ AÑAÑOS OSCAR ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)"
La Plata, 25 de Septiembre de 2019.
I. El apoderado de la codemandada YPF S.A. deduce recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta Corte que -en lo que interesa destacar- hizo lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley articulado por la citada empresa, únicamente respecto al rubro "gastos de UTN" -que desestimó- pero rechazó sus agravios con relación a la responsabilidad y solidaridad endilgadas por el daño aquí reclamado, confirmando -en este último aspecto- la sentencia del Tribunal de Alzada (art. 289, CPCC; v. fs. 2075/2100 vta. y 2058/2069 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente confirmó el pronunciamiento del juez de grado que, a su turno, había admitido la demanda incoada por daño ambiental contra Oscar Alberto Añanos (hoy su sucesión) y la firma YPF S.A., modificándolo en lo que respecta a la indemnización por daño emergente (v. fs. 894/997 vta. y 1079/1097).
II.1. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 16, 18, 19, 41, de la Constitución nacional (v. fs. 2075 vta., 2082 y 2093 vta.).
II.2. Sostiene -en prieta síntesis- que esta Corte omite -al analizar la responsabilidad de la empresa impugnante- el tratamiento de cuestiones sustanciales y la normativa que entiende conducente para la solución del litigio, apoyándose en afirmaciones dogmáticas que le dan sustento sólo aparente al fallo (v. fs. 2075 vta.).
II.3. Expone que la sentencia que se recurre se contrapone con el art. 28 de la ley 25.675 (Ley General del Ambiente), regulación que -a su criterio- contiene un factor de atribución especial y exclusivo al causante del daño ambiental. En ese sentido, asevera que YPF no ha desarrollado actividad alguna en el predio que se dice dañado, no ha operado la estación de servicio motivo de autos, ni es socio del operador y que sólo se ha limitado a suministrar combustible a un tercero (v. fs. 2090 vta./2091 y 2093/2094 vta.)
II.4. Por otra parte opina que, a tenor del marco normativo que rige la actividad de suministro o expendio de combustible por surtidor -decreto 2.407/83 y normas complementarias- la responsabilidad y la obligación de seguridad se encuentran exclusivamente a cargo del titular de la boca de expendio, carácter que no detenta la empresa recurrente (v. fs. 2091/2093 vta.).
II.5. Plantea también que existe violación a los arts. 29 y 31 de la mencionada ley 25.675, en tanto no se ha tenido en cuenta la eximente de responsabilidad invocada, esto es, la culpa de un tercero por el que su mandante no debe responder. Y además, que se ha impuesto una solidaridad en la causación del supuesto daño ambiental, que carece -a su modo de ver- de fundamento legal (v. fs. 2093 vta./2096)
II.6. Por último, insiste en la arbitrariedad del pronunciamiento por haberse omitido considerar -a su entender- la cuestión esencial relativa a las pautas temporales de actuación de ambos codemandados desde que, al momento del daño reclamado, se había extinguido el vínculo contractual entre los mismos. Y concluye que ha habido apartamiento de las constancias del expediente y una valoración parcial del plexo normativo, soslayando la ajenidad de YPF respecto al daño presuntamente producido (v. fs. 2096 vta./2100).
III. Ordenado el traslado establecido por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 2102), el mismo fue contestado por el apoderado de la actora la que plantea -v. punto II- el incumplimiento por parte del recurrente de los requisitos formales para la presentación del recurso extraordinario federal que exige la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema nacional (v. fs. 2104/2106 vta.).
IV.1. Liminarmente, corresponde señalar que los mencionados requisitos -en cuanto a la cantidad de páginas y de renglones por página que establece la Ac. 4/2007 de la Corte Suprema- se exigen para la presentación en soporte papel y no para el documento electrónico. Por lo que se advierte que el escrito de fs. 2075/2100 vta. cumple con los requisitos formales requeridos por la citada norma (conf. art. 1, Ac. 4/2007 cit.), lo que sella la suerte del planteo intentado.
IV.2. En cuanto a la vía deducida, cabe advertir que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis de las circunstancias fáctico-probatorias y de la responsabilidad de la demandada efectuado por el Tribunal de Alzada, la aplicación de la ley 25.675 y la suficiencia del remedio extraordinario local para atacar esa valoración), son privativas de los tribunales locales y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la competencia federal (art. 14, ley 48; CSJN, Fallos: 310:405; 325:2192; 328:3878 y 330:4770; e.o.).
En razón de ello, en estos supuestos resulta particularmente exigible que la apelación cuente respecto de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de una hipótesis especial, lo que no ocurre en el caso, en el que los argumentos del recurrente sólo trasuntan su personal discrepancia con los de los sentenciantes (arts. 14 y 15, ley 48).
IV.3. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales dogmatismo, omisión de cuestiones, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, no se observa la exposición de razones que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con la postura sustentada por este Tribunal -y los órganos de grado- insuficiente como tal para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.4. Finalmente, cabe indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 18, 19, 41, de la Constitución nacional (v. fs. 2075 vta., 2082 y 2093 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia