Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 37002
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo a mi cargo para intervenir en este juicio.
II. Atento lo previsto en el art. 7 inc.1º, 2do párrafo del C.P.C.A., remítanse sin otra sustanciación las actuaciones a la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que dirima el conflicto de competencia negativo que ha quedado planteado, sirviendo la presente de atenta nota de elevación.
Estos autos caratulados "RICCI JORGE ANTONIO Y OTROS C/CARGILL S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expediente Nº 37002, ingresados a este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y
I. Que las presentes actuaciones se iniciaron en la justicia civil y comercial, quedando radicadas originariamente en el Juzgado Nº 10 de este Departamento Judicial.-
Que a fs. 485/486 la Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, admitió la citación como tercero de la Municipalidad de Bragado y en mérito a ello, resolvió inhibirse de entender en las actuaciones (v. resolución de fs. 490) y remitió la presente causa a este Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes a mi cargo, por entender el caso incluído en lo prescripto por el art. 2º inc. 4º de la Ley Nº 12.008.
II. Que en atención a lo previsto en el art. 8 del C.P.C.A., y resultando la primera intervención en la causa, se impone al suscripto en este estadio procesal, analizar los hechos expuestos en la causa a los fines de determinar la competencia para conocer en autos.-
III. Que a los efectos de establecer los limites de la competencia del fuero, luego de abordarse el contenido de la cláusula de la Constitución Provincial determinante de la materia (art.166 -5º párrafo-), ha de volcarse principalmente la atención a las previsiones de la cláusula general establecidas en el art. 1º del C.P.C.A. (Ley 12.008 texto según Ley 13101), la que se complementa con los arts. 2º (casos expresamente incluidos) y 4º (casos expresamente excluidos) del mismo ritual.-
IV. Que sentado lo expuesto y examinada la demanda, se advierte que los actores, vecinos de dos barrios de la ciudad de Bragado ("Barrio Jardín" y "Barrio La Curva"), entablan demanda por daños y perjuicios contra La Bragadense S.A. y Cargil S.A., ambas empresas destinadas al acopio de cereales y que se encuentran instaladas y funcionan en los mencionados barrios.-
Que el eje de su reclamo se centra en el daño ambiental que ambas firmas ocasionan con la actividad industrial que despliegan.-
Particularmente se advierte del escrito postulatorio (v. ap.3. Objeto) que la pretensión se dirige a obtener una indemnización por los daños y perjuicios padecidos por los actores en forma individual, como asimismo la recomposición ambiental y el cese definitivo al daño al ambiente.
Exponen los actores, que con su actividad las empresas demandadas causan graves daños al ambiente, a la salud, a la calidad de vida, y a las propiedades de todos los vecinos, generando una severa contaminación del aire, sonora, al tránsito vehicular de los barrios y a la estética o paisajistica.-
Discriminan detalladamente los daños colectivos y daños individuales padecidos por cada uno de los reclamantes en virtud del actuar de las demandadas.-
V. Que conferido el traslado de ley, a fs. 107/156, se presenta por intermedio de su apoderado la demandada "La Bragadense S.A.", contestado demanda y solicitando la citación de la Municipalidad de Bragado, en los términos del art. 94 del CPCC.
Que como argumento de su petición, achaca la omisión de los accionantes al no demandar en forma directa al municipio, como asimismo entiende que resulta impensado que la cuestión no se sustancie y dirima con la efectiva participación de la autoridad, que en definitiva es incriminada por la propia parte accionante.
Asimismo, asegura que la Municipalidad es quien autorizó la construcción de viviendas de los actores a sabiendas de que su mandante ya llevaba 13 años funcionando en el lugar.
VI. Que a fs. 249, la parte actora contesta el traslado conferido respecto del pedido de citación de tercero, al cual se opone en forma categórica, manifestando que la municipalidad de Bragado no tiene responsabilidad por los daños ocasionados por las demandadas. Al mismo tiempo, expone que cualquier autorización administrativa otorgada jamás pudo entenderse como una autorización a dañar derechos de terceros.-
VII. Que allegadas a este Juzgado las actuaciones, corresponde entonces y con carácter previo, abocarme al tratamiento de la competencia, tal como se referencia al inicio de esta exposición.-
VIII. Que la competencia en razón de la materia, de orden público y absoluta, impone la declaración de incompetencia de oficio, cuando el juez verifica a través de la demanda que no es competente, en su caso, cuando de aquella no surja claramente su competencia... (Cfr. 4 C.P.C.C. y su doctrina: Morello-Sosa-Berizonce; "Códigos...", t.II-A, pág.10).
A su vez, la competencia de los juzgados contencioso administrativos está determinada en el art. 166 de la Constitución provincial y arts. 1, 2, y 4 del C.P.C.A., donde claramente se observa que desde un punto de vista estrictamente material, los casos a resolver se refieren exclusivamente a las acciones u omisiones en ejercicio de la función administrativa (Doct. SCBA "B 64553 Gaineddu", "B 65489 Mazzei", entre muchos otros).-
Que en cuanto a la competencia del fuero que se activa, a partir de la intervención como tercero de una autoridad administrativa, ha expresado nuestro Máximo Tribunal provincial que "...es preciso recordar la consolidada doctrina trazada por esta Corte tendiente a determinar aquellos supuestos en los cuales la intervención en los términos del art. 94 del C.P.C.C. de una autoridad pública es pasible de operar el desplazamiento de competencia en favor de los tribunales contencioso administrativos. Entre los recaudos allí sentados, se destacan: De un lado, el razonable origen del caso en la acción u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de alguna de las personas enumeradas en el art. 166 in fine de la Constitución provincial y, del otro, la predominante aplicación de normas de derecho público a los fines de dirimir la cuestión litigiosa (doctr. causa B. 73.487 "Pérez", res. del 11-III-2015 y sus citas). (SCBA Causa 73564- 08/04/2015).-
Que tales extremos, no se revelan presentes en autos.
En efecto, la cuestión debatida en autos involucra específicamente, la indemnización por daños ambientales reclamados por los actores -individuales y colectivos- que les endilgan a las demandadas -personas jurídicas privadas-, producida por la explotación de sus respectivas industrias. Cuestión que se advierte, regida sustancialmente por el derecho privado (cfme. pto 10 -fs.86- demanda inicial).-
Por lo demás, el ejercicio de las facultades propias del municipio (vg. art.70 Dec.Ley 8912/77; art.27 inc.1° LOM) indicado por la codemadada citante (v. pto VIII, fs.138 y sgtes.) como justificante de su petición, en modo alguno resultan en el contexto de la causa, el objeto principal de conocimiento para dirimir la pretensión.
Bajo ese escenario, puede concluirse que el caso no se origina por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de la comuna citada como tercero (cfme. art. 1° CPCA).
Por otra parte cabe destacar que los accionantes, no solo que no han dirigido su demanda contra el municipio, por el contrario, se han opuesto a su intervención, aduciendo que no es el responsable de los daños que reclaman.
VI. En consecuencia de todo lo expuesto estimo que la causa no resulta de competencia del suscripto, y debe continuar su tramite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial previniente.-
Por ello, lo dispuesto en el art. 166 y 171 de la Constitución Provincial; en los arts.1, 4 inc. 1º, 7, 8, 77 y cctes. del C.P.C.A. (ley 12.008 y sus modif..); arts.4, 7 y cctes. del C.P.C.C. y demás citas legales y jurisprudenciales dadas,
I. Declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo a mi cargo para intervenir en este juicio.
II. Atento lo previsto en el art. 7 inc.1º, 2do párrafo del C.P.C.A., remítanse sin otra sustanciación las actuaciones a la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que dirima el conflicto de competencia negativo que ha quedado planteado, sirviendo la presente de atenta nota de elevación.
NOTIFIQUESE.- REGÍSTRESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
SENTENCIA Interlocutoria . REGISTRADA BAJO EL N° ................/2019.-
Fin de la sentencia