Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 81452
Causa N°81.452/3 y 81.452-1/3 Reg.Elec. RS N° /24.
Expte.N° D 122.773 Y SM 25.850/2011 Sala Segunda
"LESCANO HUGO RODOLFO C/ CARRIOLO FABIAN FRANCISCO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “LESCANO HUGO RODOLFO C/ CARRIOLO FABIAN FRANCISCO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
En General San Martín, a los días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Sala Segunda, integrada por el Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. N° 890 de este Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia las causas N°81.452 Y 81.452/1 caratuladas: “LESCANO HUGO RODOLFO C/ CARRIOLO FABIAN FRANCISCO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y “LESCANO HUGO RODOLFO C/ CARRIOLO FABIAN FRANCISCO Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” habiéndose asignado el siguiente orden de votación: Lami, Valdi.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
I. La sentencia única dictada con fecha 14 de noviembre de 2022 es apelada en el marco de los autos caratulados “Lescano Hugo Rodolfo c/ Carriolo Fabián Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte.81452) por la parte demandada y citada en garantía con fecha 15/11/2022 y por la parte actora con fecha 17/11/2022. Los recursos fueron concedidos con fecha 2/12/2022 y 27/3/2023, respectivamente.
En los autos caratulados “Lescano Hugo Rodolfo c/ Carriolo Fabián Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte 81452/1) apela la sentencia la parte demandada y citada en garantía con fecha 15/11/2022 y la parte actora con fecha 17/11/2022. Los recursos fueron concedidos con fecha 15/11/2022 y 24/11/2022, respectivamente.
II. En el expediente “Lescano Hugo Rodolfo c/ Carriolo Fabián Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte.81452), “Transporte Escalada SAT”, Fabián Carriolo y “Mutual Rivadavia de Seguro de Transporte Público de Pasajeros” expresan agravios mediante su presentación electrónica del día 23/3/2023.
Como primer agravio, plantean la nulidad de la sentencia con relación a la condena a “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”. Aducen que -tal como se había manifestado al contestar la citación en garantía- su mandante mantenía vínculo contractual mediante póliza 1850/1375/6 con “Transportes Automotores Pueyrredón S.A” quedando su intervención supeditada a la integración de la litis con esta última dada la inexistencia de acción directa entre la víctima y la aseguradora de un tercero. Aclaran que no tienen vínculo contractual con “Transporte Escalada SAT” y por ello no corresponde hacer extensiva la condena a la compañía de seguros cuando la verdadera asegurada no fue citada a juicio y menos aún condenada.
En esa inteligencia dicen que en la sentencia existen dos graves errores. Uno, relacionado con la omisión del tratamiento del mentado planteo -efectuado por su mandante “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” cuando contestó la citación en garantía-, y, el segundo, relativo a la extensión de la condena a esta por un supuesto seguro que no existe con relación a la empresa “Transporte Escalada S.A”.
La omisión antes apuntada, según entiende, acarrea la nulidad del proceso.
Seguidamente cuestionan lo resuelto en orden a la falta de legitimación pasiva planteada.
Señalan que en el decisorio se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por “Transporte Escalada SAT” con fundamento en la orfandad probatoria incurrida por la excepcionante. Entienden acreditado de manera acabada y concreta que el accidente ocurrió el día 5 de setiembre de 2001, esto es, cuando el recorrido de la línea 175 era de propiedad de “Transporte Automotores Pueyrredón SA” por lo que nada tenía que ver a esa fecha la empresa “Transporte Escalada SAT”, a quien se le adjudicó el recorrido conforme la resolución administrativa dictada el 3 de junio de 2004.
Piden se haga lugar a la excepción planteada con costas a la actora.
Seguidamente rebaten el rechazo de la excepción de prescripción planteada por “Mutual Rivadavia de Seguro de Transporte Público de Pasajeros”. A su respecto aducen que el a quo para así resolver tomó en consideración la intervención que sufrió el actor en el año 2009, pero, no trató las que ocurrieron antes de esa fecha.
Manifiestan que el reclamo de este proceso encuentra origen en la eventual complicación en la cadera y rodilla del actor. Sin embargo, a la fecha de inicio del expediente acumulado (17/10/2010) la acción se encontraba prescripta dado que tuvo conocimiento de la existencia de las secuelas a partir del año 2003.
Luego de admitir que se trata de resolver una cuestión dificultosa en cuanto a la extensión de las secuelas en tal largo lapso, consideran que de indemnizarse secuelas por la intervención del año 2010 relativa al reemplazo de cadera el análisis debe ser cauteloso.
Piden se haga lugar a la excepción deducida con costas a la parte actora.
En el siguiente apartado se quejan por la atribución de la responsabilidad.
Al respecto manifiestan que en la sentencia se indicó que, conforme las distintas normas de la ley 11430, el conductor de un rodado debe conservar en todo momento el control del vehículo conducido; que toda maniobra debe anunciarse con la antelación suficiente de modo que se pueda conocer la dirección que va a tomar el vehículo y, además, que el giro efectuado debe anunciarse con la luz pertinente. Y, con base a ello, le atribuyó toda la responsabilidad al conductor del colectivo sin efectuar mención alguna respecto de la actitud y responsabilidad que le cupo al conductor del Ford Orión.
Indican que se encuentra acreditado que el rodado del actor en su parte frontal quedó destrozado, lo que evidencia, a su criterio, la fuerza del impacto, la calidad de embistente de dicho vehículo y la elevada velocidad a la que circulaba. Agrega que no existe prueba alguna que demuestre que el actor mantuvo el pleno dominio de su rodado.
Hacen alusión a los distintos medios probatorios que, entienden, respaldan su postura. Peticionan se modifique la sentencia declarando la culpa concurrente de las partes.
A continuación, cuestionan los montos otorgados por las distintas partidas indemnizatorias.
En cuanto a la incapacidad sobreviniente dicen que la suma fijada es elevada. Que el a quo otorgó por este concepto la suma de $3.300.000 considerando que presenta una incapacidad total del 41,58 %, de carácter parcial y permanente conforme lo informado por el perito interviniente. Sin embargo, entienden no valorado adecuadamente dicho medio probatorio pues el propio experto expresó que el actor se presentó: “deambulando por sus propios medios sin asistencia mecánica (es decir sin muletas y otro elemento de ayuda), y que además conservó su trabajo como policía luego del accidente lo que demuestra que sus ingresos permanecen intactos. Ello, al par de suponer que contaba con ART que cubrió la incapacidad del actor, lo que no ha sido valorado por el magistrado.
En cuanto la incapacidad psíquica y tratamiento psicológico aducen que por el mismo hecho existieron dos procesos en los que se determinaron incapacidades en el orden psicológico. Que en el primero (Expte Nro 56 829) se otorgó un importe por este concepto, y, en el segundo (Expte. Nro 68.822) se fijó uno nuevo.
Que en el decisorio se han sumado las dos incapacidades y se han fijado dos sumas que provienen del mismo hecho dañoso resultando difícil comprender cómo pudo determinarse cuál secuela deviene del accidente y cuál de la intervención denunciada en el segundo reclamo cuando esa situación resulta incomprobable pues no hay método científico que nos pueda fijar con exactitud, qué porcentual deriva de un hecho y cuánto del otro.
Aducen que en su caso debe aplicarse el método de la capacidad residual. Agregan que no se ha tenido en consideración que el actor sigue desempeñando tareas en la fuerza policial dando cuenta esa circunstancia que si bien su vida se puede encontrar algo limitada sus ingresos no se han modificado. Por las razones expuestas encuentra injustificado el monto fijado por esta partida. Por ultimo critican el rubro daño moral. En este apartado reiteran que no comprenden cómo fue posible establecer una cantidad de dinero para indemnizar el primer reclamo y otra para el segundo, teniendo en cuenta la naturaleza de estas indemnizaciones que ataña a los sufrimientos espirituales.
Entienden que de acuerdo a la manera en que fueron establecidas las partidas se ha incurrido en una doble indemnización toda vez que desde el 27 de marzo de 2009 hasta la fecha de la sentencia del segundo se superponen ambas partidas debiendo establecerse el quantum, en su caso, cautelosamente dado que no es claro hasta donde sufrió secuelas espirituales por una y por otra.
Piden se morigere el monto de esta partida a sus justos límites.
La expresión de agravios mereció réplica de la contraria con fecha 28/4/2023.
Por su parte, la parte actora en la expresión de agravios presentada electrónicamente con 27 de marzo de 2023 –que mereciera réplica de la contraria con fecha 21 de abril de 2023- cuestiona los montos otorgados por las distintas partidas indemnizatorias por considerarlos bajos.
Se queja en primer lugar por el monto otorgado en concepto de daño físico. Aduce que el a quo luego de detallar pormenorizadamente los resultados de las pericias que determinan que el actor presenta una incapacidad del 41,58%, otorga la suma de $3.300.000 sin ninguna argumentación ni base de cálculo que permita comprender el origen del monto fijado.
Dice que se trata de un accidente que ocurrió hace 22 años; que el accionante en aquel entonces trabajaba como sargento de la policía de la Provincia de Buenos Aires, equiparable en la actualidad a la cuarta jerarquía en la misma fuerza.
Expone que la reparación debe ser plena y consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso debiendo contemplar la aptitud para realizar las actividades productivas o económicas teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad del 41,58% en daño físico con sumatoria de los demás rubros.
Manifiesta que con motivo del accidente y su incapacidad física le ha sido imposible obtener los normales y habituales ascensos por antigüedad señalando que en la actualidad un cargo como el de la actora percibe la suma de $229.000 sin extras. Efectúa cálculos conforme la formula Vuoto y concluye que la indemnización fijada en la sentencia no refleja una reparación integral en los términos alegados.
Seguidamente cuestiona el monto fijado por daño moral. A su respecto señala que este ítem debe ser elevado manteniendo la proporción anexa al daño principal.
En tercer lugar, rebate el monto fijado para indemnizar el daño psíquico. Arguye que, encontrándose acreditado el porcentaje de incapacidad, el juez establece por este concepto la suma de $1.200.000 sin explicar una vez más la fórmula base del cálculo.
Ejecuta la estimación del monto indemnizatorio conforme la formula Vuoto,.
Seguidamente alude a la desvalorización de la moneda indicando que en el punto 11 rechaza el planteo de actualización resultando una inequidad que tornaría el derecho que se reclama en irrisorio o meramente declarativo. -
Continúa diciendo que la aplicación de una tasa pura del 6% anual más la tasa pasiva desde la sentencia hasta la fecha del efectivo pago incentiva la mora. Efectúa cálculos con aplicación de fórmulas a modo ilustrativo afirmando que una compensación equitativa impone la aplicación de la doble tasa activa la cual, según entiende, no perjudica financieramente al demandado.
Argumenta en orden al “paradigma de la capitalización” indicando que la tasa activa desde el hecho y hasta la actualidad apenas acerca a una actualización plena de capital sosteniendo que la aplicación de los intereses bancarios conforme el art. 768 inc. c del CCyCN mantiene el valor del capital y genera un interés moratorio razonable. Cita jurisprudencia relativa a la aplicación de la doble Tasa activa.
Pide se modifique la sentencia recurrida conforme los agravios planteados. III. En el expediente “Lezcano Hugo Rodolfo c/ Carriolo Fabián Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios” (Expte 81452/1), la parte actora expresa agravios con fecha 31/8/2023 y se remite a los efectuados en el expediente acumulante.
La presentación recibió réplica de la contraría con fecha 19/9/2023.
Por su parte, la demandada y citada en garantía expresan agravios con fecha 2/9/2023 –recibiendo réplica de la actora el día 20/9/2023-. Cuestionan la sentencia única dictada en los mismos términos que los efectuados en el expediente acumulante y que por honor a la brevedad me remito.
IV. Liminarmente, y teniendo en cuenta que en el expediente acumulado (Lescano Hugo Rodolfo c/ Carriolo Fabián Francisco y otros s/ Daños y Perjuicios” Expte.81452 ) se reclama la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la nueva intervención quirúrgica realizada al actor en el mes de septiembre de 2010 con motivo del aflojamiento aséptico del implante de cadera derecha al que había sido sometido oportunamente con motivo del mismo hecho que se investiga en el expediente acumulante, y, observando la similitud de los planteos efectuados en cada uno de los procesos –especialmente las defensas planteadas por la citada en garantía- comenzaré por aclarar que he de efectuar un análisis global de ambas causas a excepción de supuestos que merezcan un puntual tratamiento.
Ello, teniendo en cuenta fundamentalmente, que se trata de un mismo individuo y de un mismo hecho al que se le atribuyen las consecuencias por las que se reclaman en cada uno de los procesos.
V. A) Falta de legitimación pasiva deducida por “Transporte Escalada S.A” en el expediente acumulante ( Expte. 81452)
Resulta primordial recordar la forma en la que ha quedado trabada la Litis.-
Inicia el Sr. Hugo Rodolfo Lescano acción de daños y perjuicios contra: 1) Fabián Francisco Carriolo; 2) Transporte José Hernández (línea 175); 3) Transporte Pueyrredón S.A; 4) y/o quien resulte propietario del interno 8 línea 175 dominio VXI 578.
A fs. 37 la parte actora denuncia como actual domicilio de Transportes Automotores Pueyrredón S.A.T (línea 175) y Transportes José Hernandez S.A.C.I el de Diagonal Toledo 2105 esquina Entre Ríos, Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero.
Posteriormente y ante el informe negativo del Oficial Notificador en orden a que las mencionadas empresas no se domiciliaban allí (ver fs. 40 vta y fs. 41vta) en el escrito de fs. 48 el actor señaló que “habiendo comprobado que la línea 175, hoy Transporte Escalada S.A, tiene domicilio en ese lugar” peticiona el libramiento de nueva cedula a los mismos y efectos que la anterior con habilitación de días y horas inhabilites y bajo responsabilidad de la parte actora.”
Esa diligencia motivó la presentación de “Transporte Escalada S.A” a fs. 63/69, quien planteo la defensa de falta de legitimación pasiva con sostén en una resolución administrativa que daba cuenta de la autorización provisoria que se le había concedido con fecha 3/6/2004 a los fines de la prestar los servicios de los que fuera titular “Transporte Pueyrredón S.A.” y afirmando la inexistencia de algún vínculo contractual con ésta. Peticionó la nulidad de la cedula de notificación. Subsidiariamente contestó demanda.
El actor contestó la defensa deducida a fs. 76, afirmando haber tomado conocimiento que la línea 175 tomó el nombre de “Transporte Escalada S.A” Corolario de ello, amplió la demanda contra ésta, lo que fue proveído favorablemente a fs. 78.
Una vez producida la prueba ofrecida en las actuaciones y ante el pedido del dictado de sentencia, con fecha 6/5/2021 el Magistrado de origen ordenó a la parte actora que manifieste la actitud procesal a seguir con relación a los codemandados “Transportes José Hernández (Línea 175)”, “Transporte Pueyrredón S.A” y respecto del codemandado genérico.
El accionante expuso con fecha 14/6/2021 que la línea de transporte 175, hoy “Transporte Escalada S.A” ha adquirido los derechos y obligaciones de la empresa “Transportes Automotores Pueyrredón S.A”, insistiendo que todas se tratan de una misma persona jurídica.
Con fecha 16/7/2021 se dejó sin efecto la ampliación de demanda dispuesta en autos con fecha 10/06/2008 y se tuvo por enderezada la demanda contra “Transporte Escalada S.A –Línea 175”.
La reseña antes efectuada forma mi convicción acerca de que la excepción de falta de legitimación pasiva deducida por “Transporte Escalada S.A” ha sido erróneamente rechazada.
Es que, no es posible concluir que esa firma resulte ser la obligada principal de las obligaciones que habría contraído la empresa “Transporte Pueyrredón S.A” cuando, lo único que se encuentra aquí acreditado es la continuidad de la actividad que esta última desarrollaba mediante una resolución administrativa que le otorgó con fecha 3/6/2004 una autorización precaria a tales efectos (ver fs. 52/56 y prueba informativa obrante a fs. 232/235).
No existe constancia alguna que demuestre que ha existido un cambio de denominación de la empresa, o que ha mediado una modificación de la organización societaria que habilite a interpretar que la empresa “Transporte Escalada S.A” ha asumido los derechos y obligaciones que había contraído la empresa de “Transporte Pueyrredón S.A”, sea por fusión o escisión (arts. 82, 84 y cctes de la ley 19550). Tampoco existe prueba alguna que demuestre que ha operado la cancelación de la personería jurídica de la empresa “Transporte Pueyrredón S.A” o que ésta sociedad no se encuentre en actividad (art. 48 del Civil).
Ello, por cuanto lo único que se encuentra acreditado es la existencia de una decisión administrativa que da cuenta de una autorización precaria para continuar en la actividad a partir del 3/6/2004 con la única condición de que esta absorba empleados, les respete la antigüedad y la escala salarial. El alcance de dicha decisión administrativa no admite interpretar que la continuadora de la actividad resulte también la continuadora de la persona jurídica, adquiriendo los derechos y las obligaciones que aquella poseía.
Tampoco puede considerarse enmarcado este caso en las previsiones de la ley 11.867 relativa a la “Transferencia del fondo de comercio”, pues, la continuidad de la actividad ha formado parte de una decisión administrativa sin que exista vestigio alguno, dando cuenta del cumplimiento de los requisitos que permitan efectuar tal interpretación.
Por tales motivos, y siendo que no se encuentra controvertido que a la fecha del siniestro el trazo de la línea 175 se encontraba a cargo de la empresa “Transporte Pueyrredón S.A” si este pretendía incorporar al proceso a otra persona jurídica, es decir, a un tercero distinto al obligado principal debía probar el fundamento de dicha citación. Sin embargo, no lo hizo (art. 90 y sgtes, art. 375 del CPCC).
La negligencia de la prueba aludida por el a quo en su resolutorio en tanto considera que era la excepcionante quien debía acreditar los extremos de su planteo, resulta, a mi criterio, equivocado. Ello, pues, como ya dijera “Transporte Escalada S.A” no resultaba ser el obligado principal de la deuda por la que se reclama. Nótese que, incluso, del informe de dominio obrante a fs. 74 acompañado por la actora surge que el titular dominial del colectivo en cuestión resulta ser “Transporte José Hernández” constando una denuncia de venta por parte de “Transporte Pueyrredón”, esto es, sujetos ajenos a la empresa de transporte condenada (art. 33 y sgtes del C.Civil).
Por ello, y siendo que el hecho ocurrió cuand
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.