Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 165454
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado a fs. 286/295 contra la base regulatoria, dejando sin efecto las regulaciones allí contenidas (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas en el orden causado, en atención a no mediar controversia (arts. 68 del C.P.C.)
III. Declarar caído en abstracto los recursos deducidos contra el monto de los estipendios (S.C.J.B.A. Ac. 55.773 del 26/5/99; Ac. 55.662 del 17/5/00; Ac.57.135 del 24/11/99; entre otros.)
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 58-R FOLIO N° . 111/3
EXPEDIENTE N° 165454. JUZGADO N ° 5.
"SANCHEZ CARLOS RUBEN C/ TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) ".
Mar del Plata, 12 de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " SANCHEZ CARLOS RUBEN C/ TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S.R.L. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 286/295, contra la resolución de fs.281, y los recursos de fecha 22 y 24 de octubre de 2018 contra el quantum de los honorarios.
I. En lo que aquí interesa del auto cuestionado, el Sr. Juez a quo adoptó como base arancelaria el monto reclamado en la demanda -$167.100-, y fijó los honorarios de todos los profesionales intervinientes -letrados, perito y mediadora.-
II. A través del recurso articulado a fs. 286/295, la actora cuestionó el pie tarifario .
En líneas generales, sostuvo que, en atención a la doctrina legal vigente de la Corte bonaerense (Acordada 71.558 del 29 de mayo de 2002, entre otros) cuando la acción es rechazada en su totalidad, la base regulatoria se debe conformar por el monto por el que debió haber prosperado el reclamo, el cual no necesariamente coincide con el incluido en la demanda.
Agregó que en el caso de autos, la sentencia de primera instancia, a la postre revocada, receptó favorablemente la acción por la suma de $57.100, brindando una base cierta a los fines regulatorios.
A la vez, impugnó por altas las retribuciones establecidas.
Corrido el pertinente traslado de ley, los fundamentos no merecieron réplica por parte de la contraria.
III. Base arancelaria.
Adelantamos que el recurso merece prosperar.
1. Una primera lectura del art. 23 del decreto/ley 8904/77 supone que el importe de la demanda o reconvención rechazada resulta ser la medida del interés perseguido y en virtud del cual el accionado ha debido desplegar su actitud defensiva.
Sin embargo, no resulta razonable ni justo que una suma tentativa, subjetivamente estimada por el damnificado en el comienzo del pleito, sin ningún control previo de razonabilidad, sea la que inexorablemente se tome en cuenta a los fines regulatorios so pretexto de la aplicación del párr. 2° del art. 23 del dec. ley 8.904 (Hitters, Juan Manuel -Caito, Silvina, "Honorarios de abogados y procuradores", p. 254; 256, LexisNexis, Buenos Aires, 2007; argto. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, causas nro. 152.421, 160.919, entre otras)
En este sentido, el Máximo Tribunal provincial adujo que si la interpretación de las normas arancelarias conducen a concluir que a la parte demandada le hubiera convenido perder parcialmente el juicio antes que ganarlo -pues ello habría significado una agresión económica menor derivada de las consecuencias de éste-, existiendo para ésta la amenaza cierta del reclamo de los honorarios -en virtud de la solidaridad del art. 58 del dec. ley 8.904-, es innegable que el órgano de aplicación no debe permanecer impasible, convirtiéndose en mero testigo de una situación descabellada (argto. S.C.B.A., Ac. 49.172 del 12/04/1994; Norberto José Novellino. "Honorarios Profesionales". Editorial Jurídica Nova Tesis. pág Nº 178; esta Sala, en causa nro. 143.422, RSI 439-765 del 04/10/2012, entre otras).
Siguiendo aquel temperamento, esta Sala ha decidido que en los casos en que se advierta la desproporción descripta, el Juez de primer grado debe mensurar, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiera correspondido a la actora, y tomar el resultado como pie tarifario (conf. esta Sala, causas nro. 139.203, RSI 31-49 del 24/02/2011; RSI 415-723 del 27/09/2012, entre otras.)
2. Asiste razón al apelante en cuanto a que la resolución de fs. 219/235 - a la postre revocada-, nos brinda una base cierta a los fines regulatorios.
Ello en virtud de que el magistrado de la instancia anterior receptó favorablemente la acción por $ 57.100 correspondiente a los rubros de daño material y privación de uso. Y ello, sumado a que ninguna de las partes cuestionó aquel monto, pues el actor no interpuso embate alguno para elevar esa suma - pudiendo hacerlo-, y encontrándose los recursos de los demandados -v. fs. 237 y 241- limitados únicamente a la atribución de la responsabilidad, se interpreta que los justiciables fueron contestes en que de confirmarse ese pronunciamiento aquella suma era la que mejor se ajustaba a la pretensión en curso, por lo que corresponde fijar como base arancelaria el importe sobre el cual habría ascendido la indemnización en caso de haberse confirmado.
Sin embargo, el Sr. Juez a quo, sin hacer mención de la doctrina legal de la Corte Provincial y apartándose claramente de ella, fijó como base el monto reclamado en la demanda -$167.100-, conforme las pautas establecidas por el art. 23 de la ley arancelaria local.
De este modo, la aplicación literal de la norma, sumada a la solidaridad consagrada en el art. 58 del dec. ley 8.904 -entre el condenado en costas y el beneficiario del trabajo profesional-, se vuelven en contra del vencedor en la contienda, pues la agresión patrimonial que hubiera soportado en caso de perder el pleito de manera parcial, habría sido menor que la derivada de su triunfo (argto. S.C.B.A., Ac. 49.172 del 12/04/1994; esta Sala, causa nro. 150.598, RSI 329-573 del 09/08/2012, entre otras.)
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso deducido por la actora a fs. 286/295 y dejar sin efecto la regulación cuestionada, debiendo el a quo regular honorarios tomando como base la suma de $57.100.
3. Por otra parte, atento lo decidido en el punto anterior, corresponde dejar sin efecto, del mismo modo, el auto regulatorio de fs. 281, debiendo tarifarse nuevamente las retribuciones de todos los profesionales intervinientes.
IV. Monto de los estipendios.
Habiéndose dejado sin efecto el pie arancelario considerado para cuantificar los emolumentos de los profesionales intervinientes, las apelaciones referidas al quantum de los honorarios ha caído en abstracto (S.C.J.B.A. Ac. 55.773 del 26/5/99; Ac. 55.662 del 17/5/00; Ac.57.135 del 24/11/99; entre otros.)
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado a fs. 286/295 contra la base regulatoria, dejando sin efecto las regulaciones allí contenidas (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas en el orden causado, en atención a no mediar controversia (arts. 68 del C.P.C.)
III. Declarar caído en abstracto los recursos deducidos contra el monto de los estipendios (S.C.J.B.A. Ac. 55.773 del 26/5/99; Ac. 55.662 del 17/5/00; Ac.57.135 del 24/11/99; entre otros.)
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del dec. ley 8.904/77)
V. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia