Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173198
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandados y la citada en garantía mediante la presentación electrónica del 21 de septiembre de 2021;
II. Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia apelada, reconociendo una indemnización por daño moral a favor del Sr. Iván Emanuel Bravo de $300.000 e incrementando el resarcimiento de la Srta. Rocío Arteaga en $600.000. El cálculo de los intereses moratorios sobre estos créditos deberá reparar en las aclaraciones formuladas en los párrafos finales del considerando «III» de la presente sentencia;
III. Las costas se imponen a los demandados y a su citada en garantía (art. 68 del CPCCBA) IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V)
Expte. N º 173198 - Juzgado Civil y Comercial N°3
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ARTEAGA, ROCÍO Y OT. C/ WEHREN, ADRIÁN EDUARDO Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Corresponde declarar la deserción del recurso de apelación interpuesto por los demandados y la citada en garantía el 21 de septiembre de 2021?
2 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 21 de septiembre de 2021?
3 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
El 21 de septiembre de 2021 y contra la sentencia definitiva dictada ese mismo día, la apoderada de la citada en garantía y gestora procesal de los codemandados Wehren y Chaves interpuso recurso de apelación.
El apelante nunca cumplió la carga de fundar su recurso, encontrándose a la fecha holgadamente vencido el término para hacerlo (art. 124 del CPCC). Por esta razón, y de conformidad con lo normado en el art. 261 del Código de Procedimientos, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandados y su citada en garantía.
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. El 21 de septiembre de 2021 el titular del Juzgado Civil y Comercial N°3 departamental, Dr. Luis Diego Benvenuto Vignola, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por Iván Emanuel Bravo y Rocío Arteaga contra Héctor Augusto Chaves y Adrián Eduardo Wehren y condenó a estos últimos -conjuntamente con la citada en garantía La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada- a abonar a los actores $351.850 más intereses y costas.
Para así decidirlo, consideró acreditado que el 31 de julio de 2014 a las 4 de la tarde ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de las calles Mateotti y Magallanes de esta ciudad, donde un Chevrolet Corsa conducida por Héctor Augusto Chaves que circulaba por Mateotti colisionó con una motocicleta que se dirigía por Magallanes y en el que iban los actores Arteaga y Bravo.
Señaló que el Sr. Chaves violó la regla de la prioridad de paso y ello, a la luz de la normativa aplicable (ley 24.449), hace presumir una responsabilidad objetiva que no logró desvirtuar, ni probando la velocidad excesiva de los actores, ni ninguna otra circunstancia que hiciese inaplicable la citada preferencia de cruce.
Consideró civilmente responsables de los daños ocasionados al codemandado Héctor Augusto Chaves (conductor) y a Adrián Eduardo Wehren (propietario del remís), conjuntamente con la citada en garantía que debe responder patrimonialmente en los límites del seguro contratado.
En cuanto a los daños ocasionados, admitió los siguientes rubros: (1) A favor de Iván Emanuel Bravo : (1.a) $25.750 en concepto de costos de arreglo de motocicleta; (2) A favor de Rocío Arteaga : (2.a) el valor económico de un tratamiento odontológico, a definir en etapa de ejecución; (2.b) $16.100 en concepto de gastos de curación; (2.c.) $10.000 de gastos de traslado y movilidad; (2.d) $300.000 de daño moral.
II. El recurso de los actores.
Los reclamantes apelaron el 23 de septiembre de 2021 y fundaron su recurso el 31 de noviembre de 2021. La réplica de la citada en garantía fue presentada el 15 de noviembre de 2021.
Sus puntos de crítica son los siguientes:
(i) Objetan que se haya desestimado el rubro daño moral a favor de Iván Bravo. Entienden que el juez no valoró correctamente la prueba producida. Destacan fragmentos de la pericia psicológica en la que se hace referencia a los miedos del actor con relación al uso de motocicletas y a lo dicho por los testigos Leoz y Mazzarini sobre las preocupaciones sobre la salud de su novia Rocío. Repararon además en las roturas que sufrió su motocicleta y en el hecho de que haber vivido el accidente de tránsito, aun recuperándose sin secuelas físicas, justifica un resarcimiento moral.
(ii) Cuestionan por escaso el resarcimiento por daño moral reconocido a favor de Rocío Arteaga. Consideran que el juez no valoró correctamente la incapacidad parcial y temporal que padece Arteaga hasta que pueda realizarse el tratamiento odontológico y tampoco se valoraron las molestias que este último pueda generarle en un futuro.
Entienden que si las lesiones parciales y temporales no motivaron un resarcimiento por incapacidad sobrevinientes, debieron entonces ser valoradas para reparar el daño extrapatrimonial. Piden como mínimo el doble del resarcimiento fijado en la sentencia.
El recurso debe prosperar.
El juez rechazó el daño reclamado por el actor Iván E. Bravo por entender que no se probó lesión o daño psicológico alguno, haciendo mención de posibles elementos de convicción en el que tal detrimento podría haber quedar acreditado (e.g., certificados médicos, historia clínica, pericia médica, etc.).
No coincido con este modo de decidir.
El daño moral se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y por la repercusión que tal minoración determina en el modo de estar de la víctima, que resulta siempre anímicamente perjudicial. El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son solo elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido. Pero todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias objetivas del caso concreto (Pizarro, Ramón D., “ Valoración del daño moral ", en La ley, 1986-E-828, cit en Lopez Mesa - Trigo Represas, ob.cit ., p. 170, en similar sentido, Pizarro, Daniel, Vallespinos, Carlos. Instituciones de derecho privado. Obligaciones . Ed. Hammurabi, t. II, p. 641).
El daño extrapatrimonial tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor destacado en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (S.C.B.A., Ac. 2078 del 20-5-97 y sus citas; Ac. 35579; Ac. 46353 y Ac. 52258).
El punto es que no todo daño moral presupone una lesión psíquica, de carácter patológico, que sea acreditable por medios técnicos o científicos. La modificación disvaliosa del espíritu que constituye el presupuesto lesivo del daño extrapatrimonial no necesariamente debe haberse traducido en una patología psíquica susceptible de diagnóstico médico o psicológico. Si hay un daño psicológico, necesariamente habrá un daño moral; pero la diferencia conceptual entre ambas nociones impide razonar de modo inverso: en ocasiones, puede haber daño moral sin que exista un daño psicológico.
Zavala de Gonzalez explica con claridad este punto al decir que « no toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye una lesión síquica en sentido propio ». Puede « haber un impacto emocional innegable, hondo y persistente, pero no un daño síquico, salvo que el sujeto enferme intelectual, afectiva o volitivamente a raíz del hecho ». Y en tales casos, dice la autora, « se configurará un daño moral y no una lesión síquica ya que esta no implica cualquier desequilibrio espiritual sino uno patológico, diagnosticable y más o menos clasificable por la ciencia médica» (“ Resarcimiento de daños. Daños a las personas ”, Buenos Aires, Hammurabi, t. 2-a, pág. 214).
Es cierto que el Sr. Bravo no reportó lesiones físicas ni secuelas de ninguna especie y cierto es también que la perito psicóloga, cinco años después del hecho, no halló elementos configurativos de un daño psicológico. Pero no creo que ello sea motivo suficiente para rechazar sin más el parcial resarcitorio que se reclama.
De los hechos vivenciados y la entidad de la colisión en la que se vio inmerso, creo que emergen motivos más que suficientes para inferir que el Sr. Iván E. Bravo ha sufrido una modificación disvaliosa en su tranquilidad espiritual que supera ampliamente los límites de normalidad y tolerancia. El impacto emocional que conlleva ser protagonista de un accidente de esas características, me parece, torna procedente el reconocimiento de un resarcimiento a título de daño moral. Considero por ello que corresponde hacer lugar al agravio y reconocer al actor una indemnización por daño extrapatrimonial que estimaré en $300.000 (art. 1741 del CCyC).
También juzgo procedente el agravio de la coactora Rocío Arteaga.
Como he dicho en otras oportunidades, en épocas de aguda inflación el dinero deja de cumplir una de sus funciones más importantes: ser unidad de cuenta o mecanismo para establecer, expresar y comparar el precio de los bienes y servicios (c. 171996 -" Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen ..." del 02/09/2021).
Ello hace difícil no solo cuantificar un resarcimiento evaluando el valor de mercado de productos que puedan considerarse satisfacciones sustitutivas y compensatorias, sino también juzgar en instancia recursiva el acierto o error de una decisión adoptada por otro juez en un tiempo pasado. Los valores establecidos en la sentencia de primera instancia (en el caso, referidos únicamente a la coatora Arteaga) ya han sido afectados por la inflación acumulada desde su dictado hasta la resolución de los recursos en la Alzada, y los precios relativos de la economía bien pudieron haber cambiado entre una y otra decisión, complejizando aún más la tarea revisora.
Aun con las dificultades reseñadas, he evaluado con atención la entidad de las lesiones sufridas por la actora (punto A de la pericia odontológica del 07/03/2019), los tratamientos odontológicos que debe hacer para sanar completamente (punto C de la pericia citada) y las consecuencias psicológicas que aún persisten con relación a su estética y salud bucal (punto “c” de la pericia psicológica del 28/05/2019). Por ello, propondré al acuerdo incrementar la indemnización a la suma de $600.000 en concepto de daño moral (art. 1741 del CCyC; art. 34, 163 y cctes. del CPCCBA).
Destaco, por último, que los montos propuestos en concepto de daño moral deberán considerarse cuantificado a valores actuales, por tratarse de una deuda de valor (esta Sala, c. 169939 -" Rabainera ..."- sent. del 10/09/2020, c. 170031 -" Lasa ..."- sent. del 08/10/2020, causas 137518 -" Santecchia ..."- sent. del 14/02/2018, 161257 -" Pellizi ..."- sent. del 06/10/2016, 131.976, 131.833, 130.138 - “ Caparrós ...”- sent. del 16/03/2016, entre otras).
Por ello, los intereses moratorios deberán calcularse reparando en la fecha de la presenta sentencia para generar el cambio de la tasa pura del 6% anual no capitalizable (SCBA, " Vera, Juan Carlos " -C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018- y " Nidera S.A ." -C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018-) a la tasa bancaria fijada por el juez en el considerando «VI» de la sentencia y que aquí no ha sido objeto de agravio (art. 768.c del CCyC; SCBA, c. 123.297, " Calderón , Edgardo ...", del 04/11/2020).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandados y la citada en garantía mediante la presentación electrónica del 21 de septiembre de 2021; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia apelada, reconociendo una indemnización por daño moral a favor del Sr. Iván Emanuel Bravo de $300.000 e incrementando el resarcimiento de la Srta. Rocío Arteaga en $600.000. El cálculo de los intereses moratorios sobre estos créditos deberá reparar en las aclaraciones formuladas en los párrafos finales del considerando «III» de la presente sentencia; III) Las costas se imponen a los demandados y a su citada en garantía (art. 68 del CPCCBA) IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por los demandados y la citada en garantía mediante la presentación electrónica del 21 de septiembre de 2021; II) Hacer lugar al recurso de la parte actora y modificar la sentencia apelada, reconociendo una indemnización por daño moral a favor del Sr. Iván Emanuel Bravo de $300.000 e incrementando el resarcimiento de la Srta. Rocío Arteaga en $600.000. El cálculo de los intereses moratorios sobre estos créditos deberá reparar en las aclaraciones formuladas en los párrafos finales del considerando «III» de la presente sentencia; III) Las costas se imponen a los demandados y a su citada en garantía (art. 68 del CPCCBA) IV) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.-
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 09:48:37 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 09:56:52 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 11:19:44 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 27/12/2021 09:34:33 hs. bajo el número RS-129-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia