Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 42590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución de fecha 19 de Octubre de 2021, debiendo -en la instancia de origen- dar tratamiento a las restantes cuestiones introducidas por la actora y la citada en garantía, que quedaran preteridas frente a tal forma de decidir; con costas en el orden causado (art. 68 2° p. CPCC);
2Modificar la resolución de fecha 6 de Julio de 2021, en cuanto a la base regulatoria adoptada para determinar los estipendios de la Dra. María Carmen Aducci, tomándose como base la suma de $18.218.307,54; sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC); y 3) finalmente, por la acción admitida , por lo actuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967, reducir los honorarios fijados en el auto de fecha 6 de Julio de 2021 a favor del Dr.
Fabián Carlos PERUCHENA a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($2.750.000.-) y confirmar los honorarios fijados a favor de las Dras. Silvana CABEZON y Laura Beatriz MELGAREJO en las sumas respectivas de PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL ($1.064.000.-) y de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500.-) , y, por lo actuado a partir de la ley 14.967, reducir los honorarios fijados a favor del Dr. Fabián Carlos PERUCHENA a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($149.500.-) , equivalente a CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTESIMOS (44,50 JUS) ; y, por la acción rechazada , elevar los honorarios fijados a favor de la Dra. Isabel Graciela CALLIGO a la suma de PESOS CIENTO SIETE …
Causa Nº C11-42590
a) El recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 19 de Octubre de 2021
Que, mediante al resolución aludida, la Señora Juez Titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 11 departamental rechazó el pedido formulado por la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. tendiente a oponer el límite de cobertura y su actualización monetaria, dando génesis al recurso de apelación en estudio, interpuesta por la citada en garantía, concedida en relación y fundada con el memorial de fecha 5 de Noviembre de 2021.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es necesario señalar que -en nuestro sistema- los efectos de la cosa juzgada impiden examinar de nuevo cuestiones definitivamente resueltas con anterioridad y menos aún decidirlas en sentido contrario (esta Sala en causa nro. 45.304 R.S. 615/01).
Por lo demás, la res judicata puede ser invocada de oficio aun por la alzada desde que las normas que regulan su actividad, ceden ante aquellas que regulan el instituto de la cosa juzgada (esta Sala en causa nro. 41.693 R.S. 395/99).
De este modo, la cosa Juzgada constituye garantía de estabilidad, de orden y de paz en las relaciones humanas impidiendo que los litigos definitivamente juzgados se reediten indefinidamente, lo que ha sido juzgado tiene la misma fuerza que la ley (esta Sala en causa nro. 54.290 R.S. 426/07, entre otras).
Desde esta perspectiva, vemos que en la sentencia definitiva que se ha dictado en autos se decidió hacer extensiva la condena, en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y con los límites del contrato de seguro a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA. en su carácter de aseguradora del co-demandado CLÍNICA INDARTE S.A.
Dicha sentencia fue apelada por las partes y ninguna de ellas objetó este tramo de la decisión.
Con lo cual, la sentencia -en tales condiciones- adquirió firmeza.
Consideramos, entonces, que la asiste razón a la citada en garantía en sus cuestionamientos.
Por lo demás, el hecho de que no hubiera contestado demanda la aseguradora, no modifica tal circunstancia.
Es que, aun así, se admitió el análisis sobre el límite de cobertura al proveerse su prueba (ver fs. 1509) y contamos en el proceso con la pericia de fs. 1563/1564, a cuyos términos cabe remitirse.
Además, la póliza se incorporó al proceso a fs. 1512/1525 y nadie objetó dicha incorporación.
Es decir, no solo es que la sentencia dispuso hacer extensiva la condena en dichas condiciones, sino que, además, el tema ya se había introducido en la etapa probatoria, sin observaciones ni objeciones.
Por lo demás, y sin perjuicio de que sobre el tema se pueden introducir planteos de las partes para que se resuelva en otro sentido , la extensión dentro de los limites del contrato asegurativo es un efecto previsto por la propia ley vigente (art. 118 Ley 17.418).
En tal contexto, y habiendo adquirido firmeza el fallo, no puede volverse atrás sobre ello oficiosamente con el argumento de la falta de contestación de demanda, porque operan los efectos de la cosa juzgada a ese respecto.
Esto, se advierte, no implica adelantar opinión acerca de la atendibilidad, o no, de los planteos introducidos por la actora y por la citada en garantía, que han quedado pendientes de tratamiento en la instancia previa , sino solo señalar que -dado el tenor de la sentencia- no puede, oficiosamente, volverse atrás sobre ello con el argumento de que la aseguradora no había contestado demanda.
Consecuentemente, habrá de revocarse la resolución de fecha 19 de Octubre de 2021, debiendo -en la instancia de origen- dar tratamiento a las restantes cuestiones introducidas por la actora y la citada en garantía, que quedaran preteridas frente a tal forma de decidir.
Las costas, por este recurso, deberán quedar impuestas en el orden causado, atento la índole de la cuestión y el carácter de lo decidido (art. 68 2° p. CPCC).
b) Los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios
b1) El recurso de la Dra. Aducci respecto de la base regulatoria
Que viene cuestionando la quejosa la decisión de la instancia previa de fijar la base arancelaria computando al efecto el capital, sin el aditamento de intereses, por haberse rechazado la demanda respecto de su patrocinado. Pretendiendo que se aplique la misma base que a los restantes profesionales, en el caso de la demanda que prosperó.
En primer término, cabe señalar que -respecto de su patrocinado- la demanda ha sido efectivamente rechazada, aunque haya prosperado respecto de otros sujetos procesales.
Por lo demás, tampoco es cierto que se haya presentado ya rigiendo la ley 14.967, desde que su primera presentación en el proceso se remonta al año 2016.
Es decir, debemos regular conforme la normativa aplicable en casos de demanda rechazada.
Que, al respecto, es necesario señalar que -en vigencia del ordenamiento anterior- se ha dicho que " la pauta fundamental para la fijación de la base arancelaria, en asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria, es su cuantía (arts. 16 inc. a) y 23 del Dec. Ley 8904/77). Asi se ha dicho que: "Para determinar el monto del juicio a los efectos del dec. ley 8904 debe mensurarse en términos económicos, el interés puesto en juego por las partes pues éste -cuando es susceptible de apreciación pecuniaria- constituye la base regulatoria" (Sup. Corte de Bs. As. 10/11/1998, "Ido Bentivogli S.A. v Galante D Antonio s/Daños y Perjuicios", BA B10373) " (causa nro. 46.572 R.S. 203/04, entre otras).
Viene cierto, también, que -en vigencia del régimen anterior- se ha venido señalando que en supuestos de demanda rechazada, la normativa arancelaria manda a computar el valor del pleito sin prever el aditamento de intereses (esta Sala en causa nro. 51.825 R.S. 458/05).
Ahora bien, el párrafo final del art. 23 del Dec. Ley 8904/77 no dice que no deban computarse intereses, sino que solamente no lo menciona; y lo expuesto precedentemente es fruto de una interpretación jurisprudencial, incluso a la luz de los precedentes de la SCBA (Sup. Corte Bs. As., 04/06/1996, "Liberal, Mario c/Loma Negra C.I.A.S.A. s/Indemnización accidente de trabajo, etc.", entre otros).
Por lo demás, hay un elemento de suma relevancia: el art. 23 de la ley 14.967 establece que " cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor o monto del pleito el total reclamado, incluyéndose los intereses si hubieran integrado la pretensión ".
En esta causa, y siguiendo el criterio señalado por la SCBA en "Morcillo", dado que se han efectuado labores con anterioridad y con posterioridad a la vigencia de esa ley, habría que aplicar cada régimen por tramos.
Lo cual arrojaría el resultado, poco razonable ciertamente, de que, con una (Dec. Ley 8904/77), el valor de la controversia sería uno (capital sin intereses) y con la otra (ley 14.967), un valor diverso (capital con intereses).
O sea, la misma demanda tendría diversa trascendencia económica aplicando una y otra norma, lo que incluso -llegando al extremo- nos lleva a pensar en una infracción al principio lógico de no contradicción, lo cual se deriva no ya de el texto expreso de la norma, en cuyo caso no cabría mas que atenernos a ella (salvo declaración de inconstitucionalidad) sino de una interpretación que se ha efectuado de la misma.
Y, aquí lo dirimente para resolver la cuestión, consideramos que -mas allá de la interpretación de la Suprema Corte (anterior a la entrada en vigencia de la ley 14.967- los intereses sí integraron la pretensión.
Prueba de ello es que, si la demanda hubiera prosperado, los intereses -en condiciones normales- podrían haber llegado a incluirse en la condena que hubiera recibido su patrocinado; y en cuanto al monto, hubiera quedado condenado en las mismas condiciones que los restantes sujetos procesales.
Esto, a juicio de los suscriptos, es un elemento de trascendencia para ponderar el valor económico puesto en juego.
A todo ello, cabe agregar un ingrediente final: en materia arancelaria, la pauta capital es la adecuada proporción entre la retribución resultante y las labores cumplidas (art. 1255 CCyCN).
En tal contexto, difícilmente ello pueda acontecer si, en reclamos de varios años atrás, solo computáramos el monto del capital, desatendiendo los intereses, lo que nos llevará a considerar una cuantía que no se ajusta, del todo, a la importancia de lo que se debatió en el proceso.
A lo dicho se suma, por cierto, el carácter alimentario de los estipendios profesionales y, fundamentalmente, las condiciones económicas actuales (de público y notorio conocimiento) que hacen que los valores nominales de algunos años atrás, a la fecha se vuelvan prácticamente irrisorios.
En tal contexto, entiende la Sala que corresponde modificar el criterio que hasta ahora se venía sosteniendo y, de este modo, computar -para la base arancelaria en caso de demanda rechazada- tanto el monto del capital como el de los intereses, cualquiera sea la normativa arancelaria que atrape el caso.
Y, en el caso concreto, tener en cuenta la misma base arancelaria para todos los profesionales, ponderando especialmente que si la demanda hubiera prosperado contra el asistido por la recurrente, hubiera quedado condenado en las mismas condiciones que los restantes accionados.
Consecuentemente, y por tales razones, deberá modificarse la resolución apelada en cuanto a la base arancelaria que debe computarse para regular los estipendios de la letrada recurrente (pues su legitimación para recurrir solo comprende los honorarios propios), computándose al efecto como base arancelaria la suma de $ 18.218.307,54 , procediendo a continuación a regular sus estipendios.
b2) Los recursos contra los honorarios regulados con fecha 6 de Julio de 2021
Atento la naturaleza, importancia y eficacia de las tareas desarrolladas en autos, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 274 del C.P.C.C. y lo preceptuado por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 51 y ccdtes. del Dec. Ley 8.904/77 y la Ley 14.967, computando a los efectos del presente el valor del jus al día de la fecha (conf. Ac. 4037/21 SCBA), por la acción admitida, tomando como base regulatoria el monto de la liquidación aprobada con fecha 16 de Junio de 2021 -$18.218.307,54-, que llega firme a esta Alzada, resultando elevados los honorarios fijados en el auto de fecha 6 de Julio de 2021 a favor del Dr. Fabián Carlos PERUCHENA por lo actuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley arancelaria, deberán reducirse a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($2.750.000.-), no resultando elevados los honorarios fijados a favor de la Dra.
Silvana CABEZON, y no habiéndose interpuesto recurso de apelación por bajos contra los mismos, deberán confirmarse en la suma de PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL ($1.064.000.-), y, no habiendo mérito para modificar los honorarios fijados a favor de la Dra. Laura Beatriz MELGAREJO, deberán confirmarse en la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500.-); y, por lo actuado a partir de la nueva ley arancelaria, resultando elevados los honorarios fijados a favor del Dr. Fabián Carlos PERUCHENA, deberán reducirse a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($149.500.-), equivalente a CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTESIMOS (44,50 JUS); asimismo, por la acción rechazada, tomando como base regulatoria la suma reclamada -$700.000-, que lega fime a esta Alzada, resultando reducidos los honorarios fijados a favor de la Dra.
Isabel Graciela CALLIGO, deberán elevarse a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL ($107.000.-), y, no resultando elevados los honorarios fijados a favor de los Dres. Fabián Carlos PERUCHENA y Laura Beatriz MELGAREJO, no habiéndose interpuesto recurso de apelación por bajos contra los mismos, deberán confirmarse en las sumas respectivas de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) y de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS ($8.300.-); y, conforme lo resuelto en el pto. b1) del presente, tomando como base regulatoria la suma de $18.218.307,54.-, deberán regularse los honorarios de la Dra. María Carmen ADDUCI, por lo actuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley arancelaria y por lo actuado a partir de la misma, en las sumas respectivas de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($26.480.-) y de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($23.520.-), equivalente a SIETE JUS (7 JUS); todas las sumas con más la adición legal.
Por la labor pericial llevada a cabo en autos, y de conformidad con lo normado por el Dec. 6.732/87, la Ley 10.306 y la Resolución 890/02 del Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Bs. As., los arts. 172, 175, 182, 183, 206, 207, 208, 215, 224 y ccdtes. de la Ley 10.620 (según Ley 13.750), sus modif., y lo dispuesto por el art. 1.627 del Código Civil (actual art. 1.255 C.C.C.N.), resultando reducidos los honorarios fijados a favor del Perito Médico Nefrólogo Generoso José SANTORO, deberán elevarse a la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000.-), y, no resultando elevados los honorarios fijados a favor de los Peritos Médico Legista Alberto TUMARKIN, Psicóloga Sandra Cecilia FIGUEROA, Contadora María Esther CHAGNIER y Actuario Laura Ester CHAVES, no habiéndose interpuesto recurso de apelación por bajos contra los mismos, deberán confirmarse en las sumas respectivas de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($546.000.-), de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000.-), de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($546.000.-) y de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000.-); todas las sumas con más los aportes si correspondieren.
Finalmente, por la labor en esta Alzada, conforme lo resuelto con fecha 20 de Mayo de 2021 y lo normado en el art. 31 de la ley arancelaria, deberán regularse los emolumentos de los Dres. Silvana CABEZON, María Carmen ADDUCI, Isabel Graciela CALLIGO y Fabián Carlos PERUCHENA en las sumas respectivas de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($346.150.-), equivalente a CIENTO TRES JUS CON DOS CENTESIMOS (103,02 JUS), de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA ($728.730.-), equivalente a DOSCIENTOS DIECISEIS JUS CON OCHENTA Y OCHO CENTESIMOS (216,88 JUS), de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-), equivalente a VEINTE JUS CON OCHENTA Y TRES CENTESIMOS (20,83 JUS), y de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA ($513.760.-), equivalente a CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA CENTESIMOS (152,90 JUS); todas las sumas con más la adición legal pertinente.
Por ello, el Tribunal
1. REVOCAR la resolución de fecha 19 de Octubre de 2021, debiendo -en la instancia de origen- dar tratamiento a las restantes cuestiones introducidas por la actora y la citada en garantía, que quedaran preteridas frente a tal forma de decidir; con costas en el orden causado (art. 68 2° p. CPCC); 2) MODIFICAR la resolución de fecha 6 de Julio de 2021, en cuanto a la base regulatoria adoptada para determinar los estipendios de la Dra. María Carmen Aducci, tomándose como base la suma de $18.218.307,54; sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC); y 3) finalmente, por la acción admitida , por lo actuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967, REDUCIR los honorarios fijados en el auto de fecha 6 de Julio de 2021 a favor del Dr.
Fabián Carlos PERUCHENA a la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($2.750.000.-) y CONFIRMAR los honorarios fijados a favor de las Dras. Silvana CABEZON y Laura Beatriz MELGAREJO en las sumas respectivas de PESOS UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL ($1.064.000.-) y de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS ($15.500.-) , y, por lo actuado a partir de la ley 14.967, REDUCIR los honorarios fijados a favor del Dr. Fabián Carlos PERUCHENA a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($149.500.-) , equivalente a CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTESIMOS (44,50 JUS) ; y, por la acción rechazada , ELEVAR los honorarios fijados a favor de la Dra. Isabel Graciela CALLIGO a la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL ($107.000.-) , CONFIRMAR los honorarios fijados a favor de los Dres.
Fabián Carlos PERUCHENA y Laura Beatriz MELGAREJO en las sumas respectivas de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) y de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS ($8.300.-) y REGULAR los honorarios de la Dra. María Carmen ADDUCI , por lo actuado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.967 y a partir de la misma, en las sumas respectivas de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($26.480.-) y de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE ($23.520.-) , equivalente a SIETE JUS (7 JUS) ; todas las sumas con más la adición legal; por la labor pericial llevada a cabo en autos , ELEVAR los honorarios fijados a favor del Perito Médico Nefrólogo Generoso José SANTORO a la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000.-) y CONFIRMAR los honorarios fijados a favor de los Peritos Médico Legista Alberto TUMARKIN , Psicóloga Sandra Cecilia FIGUEROA , Contadora María Esther CHAGNIER y Actuario Laura Ester CHAVES en las sumas respectivas de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($546.000.-) , de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000.-) , de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($546.000.-) y de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000.-) ; todas las sumas con más los aportes si correspondieren; y, por la labor en esta Alzada , conforme lo resuelto con fecha 20 de Mayo de 2021, REGULAR los emolumentos de los Dres.
Silvana CABEZON , María Carmen ADDUCI , Isabel Graciela CALLIGO y Fabián Carlos PERUCHENA en las sumas respectivas de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($346.150.-) , equivalente a CIENTO TRES JUS CON DOS CENTESIMOS (103,02 JUS) , de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA ($728.730.-) , equivalente a DOSCIENTOS DIECISEIS JUS CON OCHENTA Y OCHO CENTESIMOS (216,88 JUS) , de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) , equivalente a VEINTE JUS CON OCHENTA Y TRES CENTESIMOS (20,83 JUS) , y de PESOS QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA ($513.760.-) , equivalente a CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA CENTESIMOS (152,90 JUS) ; todas las sumas con más la adición legal pertinente.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:28:16 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:39:36 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:41:19 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 28/12/2021 13:01:43 hs. bajo el número RR-53-2021 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia