Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 74226 1
Causa Nº 74.226-1/10 Reg. Int. Nº D- /18.
Expte.Nº SM2411/2010
Causa N° 74.226/10 Sala Segunda.
Expte.N° SM 22888/2009
En General San Martín, a los días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Vicepresidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez, con la presencia del Secretario actuante, se trajeron al Acuerdo para dictar sentencia las causas Nº 74.226-1, caratulada: “COMPAÑIA NOROESTE S.A. DE TRANSPORTE C/MACO TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (acumulante) y Nº 74.226, caratulada: “COLL, MARIA ALEJANDRA C/ CIA. NOROESTE S.A.T. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (acumulada), habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Scarpati, Pérez.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Scarpati dijo:
I. Que la sentencia única recaída en los autos de mención es apelada en los autos “Compañía Noreste S.A. de Transporte c. Maco Transportadora de Caudales S.A.” (fs. 394, 396, 400 y 403).
A fs. 411/413 expresa sus incontestados agravios La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. A fs. 414/419 hace lo propio Maco Transportadora de Caudales S.S., agregándose a fs. 420/422 la memoria de Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros, replicada a fs. 426/427 y 428/429.
En el proceso “Coll, María Alejandra c. Compañía Noreste S.A. de Transportes” se plantean apelaciones a fs. 775,779, 781 y 795.
A fs. 807/812 se glosa la memoria de Maco Transportadora de Caudales S.A., contestada por la actora a fs. 832. A fs. 813/819 obra la de la Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales, replicada por la actora a fs. 830.
Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros agrega la suya a fs. 820/822, la que es replicada por Maco Transportadora de Caudales S.A. a fs. 834/835 y por La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros a fs. 839/841.
Finalmente las actoras expresas sus quejas a través de la pieza de fs. 823/827, contestada por Maco Trasportadora de Caudales S.A. a fs. 836/838
En este contexto he de atender de modo discriminado a los embates recursivos planteados.
AUTOS: “Compañía Noreste S.A. de Transporte c. Maco Transportadora de Caudales S.A. s/daños y perjuicios”
A) Agravios de la Segunda Cooperativa Ltda. De Seguros generales:
Aprecia caprichosa la cocausalidad dispuesta, señalando que el colectivo se desplazaba por Congreso mientras el camión de caudales lo hacía por Diego Pombo y que fue aquél el embistente físico, aludiendo a la localización de los daños, ello en cuánto el colectivo los tuvo en la parte frontal y el camión de caudales en la parte trasera derecha.
Afirma que esto indica claramente que el camión de caudales inició el cruce con anterioridad a que el colectivo arribara a la intersección, de modo que la prioridad de paso para el colectivo se vio perdida o cedida a favor del transporte de caudales.
Invoca al par que el impacto ni siquiera se localizó en la parte media del colectivo, sino lo fue a la altura de la rueda trasera derecha, lo que indica que su conductor debió haber advertido con suficiente antelación el cruce del camión de caudales que, además, por su color y porte no pudo pasar inadvertido.
Aduce que la prioridad de paso no resulta una regla absoluta y que el pleno dominio de las contingencias del tránsito resulta la primordial.
Hace referencia al croquis adjunto a la pericia, en cuánto grafica que el transporte de caudales se encontraba ya finalizando el cruce de la bocacalle y el colectivo recién se encontraba ingresando a la misma, pieza que también capitaliza el sentenciante, insistiendo en la ubicación avanzada en el cruce y en el impacto asentado en la parte trasera del colectivo.
Insiste en la pérdida de la prioridad de paso para el colectivo, considerando que el porcentual de responsabilidad que le corresponde es mayor que el 35% asignado.
Asevera que la única y exclusiva causa del infortunio radica en la conducta del conductor del colectivo, en cuánto pese a que pudo advertir el cruce del camión de caudales continuó su derrotero, embistiéndolo, quebrando el deber de atender a las contingencias del tránsito y a la regla del pleno dominio del rodado.
Cuestiona la enrostrada velocidad que se le endilga en virtud de lo que surge de la absolución de posiciones de los actores en la causa incoada por María Alejandra Coll, prueba que aprecia insuficiente en cuánto se carece de todo otro antecedente que la respalde.
Destaca al respecto que las actoras en el proceso “Coll, María Alejandra c. Compañía Noreste S.A.” tienen interés directo en que la responsabilidad sea impuesta a ambos protagonistas, pues mejoran sus posibilidades de cobro frente a dos deudores, marcando que no sólo no han demandado a la transportadora de caudales, sino que ni siquiera han mencionado este especto en su demanda y que la transportadora se incorporó al proceso en carácter de tercera citada a instancia de la empresa de colectivos, aspectos que en su criterio excluyen la posibilidad de capitalizar tales dichos confesionales.
Ratifica que la velocidad de desplazamiento que se le endilga en virtud de tal antecedente no existió ni tampoco mereció prueba concluyente.
Alude al carácter profesional del conductor del colectivo, lo que predica la exigencia de máximo cuidado en la circulación, considerando infundada la atribución de responsabilidad a la transportadora de caudales, requiriendo la modificación del fallo o bien la atribución de un mayor porcentual al conductor del colectivo.
B) Agravios de Maco Transportadora de Caudales:
Critica que la juzgadora ha desechado las circunstancias invocadas por su parte. Esto es que desplazándose por la calle Diego Pombo al 3100, en forma reglamentaria, cuándo ya había transpuesta la encrucijada de ella con Congreso es embestido por el colectivo de la reclamante a la altura del guardabarros trasero derecho, marcando que la pericia producida consigna el carácter de embistente del colectivo. Con lo que fue la impericia de su conductor la que lo provoca.
Considera errónea la apreciación probatoria y equivocada la aplicación de la norma del art. 1113 párrafo segundo del Cód. Civil al entender que ambos protagonistas han contribuido igualmente a la generación de los daños.
Aduce que la demandante produjo una interesada alteración del modo de ocurrencia al sostener que cuándo ya casi había transpuesto la encrucijada con la calle Diego Pombo, en forma imprevista, apareció por la izquierda el camión de su propiedad, impactándolo con su frente. Que por el contrario, tal como lo establece la pericia, fue el colectivo el que revistió el carácter de embistente, por lo que no existe razón para endilgarle a su parte la autoría del hecho.
Sostiene que la ausencia de autoría interrumpe el nexo causal, desplazando la imputación al verdadero autor, cuál resulta el colectivo, considerando así que no resulta autora del daño, en cuánto su conducta resultó ajena.
Hace referencia a los dichos del testigo Barrios, transcribiéndolos, marcando que los mismos no resultan contradichos por prueba alguna, agregando que además resulta víctima del suceso.
Apunta que el perito señaló en su informe diferentes aspectos que pudieron concurrir al vuelco del camión “…conjuntamente con la velocidad con la que transitaba…”, hipótesis que el juzgador recepta sin argumentación alguna, marcando que le resulta llamativo que el juzgador de por cierto que el ómnibus no circulaba a alta velocidad, cuándo el perito expresa de que el vuelco pudo haber sido consecuencia de la velocidad de impacto del ómnibus.
Sostiene así la alta velocidad de desplazamiento del colectivo, extremo al que se habrían sumado otros antecedentes, descriptos por el experto.
Considera contradictorio que el juzgador señale que el camión debió ceder el paso, deteniendo su marcha, cuándo reiteradamente da por probado que el mismo terminaba de cruzar la encrucijada.
En cuanto a la aserción del juzgador relativa a que el camión atravesó el cruce a una velocidad tal para ganar la encrucijada, no respetando la prioridad de paso que tenía el colectivo, sostiene que no se ha aportado prueba que la respalde, apuntando la ausencia de huellas de frenada o rastros que permitan determinar la velocidad de los móviles al llegar a la encrucijada.
Se queja también de la desestimación del rubro relativo a la disminución del valor venal del transporte, discurriendo sobre el contenido conceptual de esta partida reparatoria, sosteniendo puntualmente que su rodado sufrió daños importantes que justifican su reconocimiento.
Impugna asimismo los montos resarcitorios habilitados en el proceso “Coll, María Alejandra c. Compañía Noreste S.A.”, considerándolos excesivos, endilgando discrecionalidad y carencia de fundamentación a este respecto, volcando citas diversas relativas a las pautas a consideración en la cuantificación resarcitoria.
Puntualmente cuestiona las sumas conferidas a las allí actoras por incapacidad sobreviniente y psicológica, considerándolas exorbitantes y carentes de fundamento.
Puntualiza que la sentencia omite indicar las pautas objetivas que justifican tal determinación dineraria, así como tampoco explica de qué modo inciden las lesiones y secuelas en los damnificados, y como les afectará en el futuro, carencias que en su criterio desabastecen a la sentencia de fundamento.
Expresa que el juzgador se limita a dar referencia de las fojas donde se encuentra los dictámenes respectivos, sin efectuar consideración alguna, insistiendo en la discrecionalidad y arbitrariedad que exhibe.
En cuanto al “daño moral” reconocido a tales damnificados produce una argumentación exclusivamente dogmática, considerando excesivos los montos habilitados.
Cuestiona igualmente las sumas reconocidas por los “gastos de tratamiento psicológico”, invocado a modo argumental la afectación de derechos constitucionales .
C) Agravios de Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros:
Impugna el criterio relativo a la responsabilidad, invocando el criterio casatorio provincial relativo a la prioridad de paso, en cuánto considera absoluta tal preferencia, trayendo los antecedentes que así lo acreditan, sosteniendo la responsabilidad legal del conductor de la transportadora de caudales de aminorar la marcha hasta casi detenerla, cediendo espontáneamente el paso al microómnibus, que se desplazaba a su derecha.
Destaca que el microómnibus circulaba a una velocidad normal, demostrándose en el proceso acumulado que la transportadora lo hacía a excesiva velocidad, y que además omitió frenar antes de empezar el cruce. (fs. 295).
Reclama de este modo la revocación de la responsabilidad atribuida, postulando el rechazo de la demanda respecto de Compañía Noreste S.A., y por tanto su citación en garantía, en los autos acumulados “Coll, María Alejandra c. Cia Noreste S.A.”, reclamando el rechazo de la reconvención planteada en “Compañía Noreste S.A. c. Maco Transportadora de Caudales S.A.”, con imposición de las costas respectivas.
AUTOS: “Coll, María Alejandra c. Compañía Noreste S.A.T. s/daños y perjuicios”
A este respecto que la memoria de Maco Transportadora de Caudales S.A. resulta idéntica a la que presentara en el proceso anterior.
A) Agravios de La Segunda Cooperativa de Seguros Generales:
Impugna ésta la suma conferida por “incapacidad sobreviniente” respecto de María Alejandra Coll sosteniendo que la misma no se verá impedida en los hechos de desplegar sus tareas laborales, máxime cuándo ni siquiera ha demostrado cuál resulta su desenvolvimiento en el área.
Invoca que nada se ha acreditado en tal sentido, desconociéndose su desempeño productivo previo, prueba que pesaba sobre ella, con lo que la suma reconocida se muestra excesiva.
Cuestiona igualmente el monto atribuido por “daño psicológico”, marcando que al par se le ha atribuido una suma por el tratamiento que permitiría la remisión de tal demérito.
Destaca que en su oportunidad impugnó la pericia respectiva, presentación que no ha merecido el análisis respectivo, agraviándose que se haya capitalizado la misma sin valorar sus observaciones, otorgándole un pleno valor probatorio, atribuyendo una reparación por demás elevada injustificada.
Cuestiona el monto del “daño moral”, ello en relación con el monto atribuido a la incapacidad, más allá de que también éste resulte abultado, marcando que se le ha reconocido una suma igual a la conferida para reparar ésta.
Señala que esta damnificada no ha sufrido lesiones graves ni tampoco ha sido sometida a procedimientos médicos cruentos que podrían suponer un sufrimiento de magnitud.
Con relación a Mabel Graciela López, reedita las críticas anteriores.
En cuánto al “daño psicológico” cuestiona puntualmente el monto reconocida a esta partida y al tratamiento respectivo, aludiendo a la discapacidad pericialmente acreditada, apuntando también a la desconsideración de la impugnación que formulara.
En cuánto al “daño moral” aprecia desproporcionado el monto conferido, el que coincide con el admitido respecto de la incapacidad sobreviniente, señalando que tal damnificada igualmente no ha sufrido lesiones graves ni ha sido sometida a intervenciones quirúrgicas que justifiquen tal desproporción.
En relación a Carlos Alfredo Boschini, remite a las críticas formuladas respecto de las anteriores co-actoras, cuestionando puntualmente la atribución de la suma de pesos 40.000 sin que se haya probado a su respecto incapacidad alguna, señalando que la sola circunstancia de resultar partícipe de la circunstancia dañosa no justifica tal reconocimiento.
En cuánto a Norma Elena López vuelve a remitir a las razones plasmadas respecto de los anteriores damnificados, cuestionando puntualmente el monto del “daño moral”, considerándolo excesivo, ello cuándo ni siquiera se ha demostrado la existencia de incapacidad física derivada del hecho, marcando la inexistencia de prueba relativa a lesiones y de atención médica a su respecto, señalando que tampoco se le ha reconocido suma alguna en concepto de gastos médicos, como se lo hizo respecto de los otros damnificados.
Impugna el monto atribuido por “daño psicológico”, apreciando que no pudo haber sufrido tal desmedro cuándo no padeció lesión alguna.
Cuestiona la tasa de interés autorizada reclamando la aplicación de la tasa pura. Ello en cuánto las partidas resarcitorias han sido fijadas a valores actuales, considerando que aplicar una tasa más gravosa implica una indexación prohibida de la deuda.
B) Agravios de las actoras:
Se quejan en cuánto al rechazo de la partida relativa a la “incapacidad sobreviniente” respecto de Carlos Alfredo Bochini, invocando que el juzgador ha desatendido la prueba documental e informativa a través de la cual se ha acreditado su atención asistencial y el diagnóstico respectivo, el que guarda entera causalidad con el hecho.
Cuestiona así que se desestime la pretensión en virtud de la carencia de examen médico y por no contar con un porcentual de incapacidad, considerando que el juez debía haber ponderado la totalidad de la prueba y justipreciar en virtud de ella la incapacidad sobreviniente, considerando injusto el rechazo de tal pretensión.
Plasma citas diversas en torno a este agravio, orientadas fundamentalmente al concepto de verdad jurídica objetiva y a la irrelevancia de los porcentuales de incapacidad.
Controvierte la suma conferida por “gastos materiales” en relación a Norma Elena López, ello en relación a las lesiones que se acreditaran a su respecto, requiriendo su elevación, solicitud que hace extensiva a las restantes víctimas.
Considera al par subvalorados la totalidad de los rubros indemnizatorios, formulando una fundamentación genérica y requiriendo la elevación de los mismos.
Reclama la aplicación de la tasa activa sobre el crédito resarcitorio dada la inflación acumulada, plasmando citas varias relativas a decisiones judiciales varias, básicamente referidas al crédito de honorarios.
En cuánto a la memoria de Mutual Rivadavia de Seguros de Transporte Público de Pasajeros resulta idéntica a la presentada en el proceso anterior.
II. En tal contexto recursivo cabe abordar el tópico relativo a la responsabilidad a cuyo respecto, concordando con las razones aportadas por Compañía Noreste S.A.T., postularé la atribución plena del reproche a Maco Transportado de Caudales S.A.
Para así apreciarlo atiendo no sólo a la medular consideración de la prioridad de paso con que contaba el colectivo en la ocasión, sino también a su demostrado desplazamiento regular, extremo que contrata con la presumible velocidad impropia con que lo hacía el camión de caudales.
Más inicialmente cabe apuntar que en el marco de la responsabilidad por riesgo de la cosa” (art. 1113 apartado segundo, párrafo del Cód. Civil) se abre la posibilidad de la apreciación de las conductas causales de los protagonistas, pues en tal factor de atribución lo relevante es la “causalidad”, que ciertamente desaparece o se interrumpe con el “aporte de conducta causal” al resultado por parte de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder.
Y a este respecto ha de señalarse que el inc. 2 del art. 71 de la vieja ley 5800 se mantiene en sus lineamientos esenciales en el art. 57 de la actual ley 11430, en cuánto impone a todo conductor que enfrenta una encrucijada o bocacalle una obligación, cual es la de disminuir sensiblemente la velocidad (lo que significa casi detener la marcha), y ello apareja una obligación adicional a quien se presenta por la izquierda: la de ceder el paso. Tales obligaciones no están condicionadas al arribo simultáneo, desde que comprobar tal circunstancia impondría en los hechos la colocación de sensores para constatarlo. (SCBA Ac. 58668 del 11-3-97).
Más “si bien la mera infracción de reglamentos de tránsito no determina de por sí la responsabilidad civil del infractor, tal como lo destaca el la aseguradora de Maco S.A., ello no puede conducir a considerar que tales normas constituyen letra muerta… por lo que tales reglamentaciones deben ser consideradas, junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima… para determinar si ha ocurrido o no, la situación prevista en el art. 1113 apartado segundo párrafo segundo del Cód. Civil” (del fallo citado), correspondiendo evaluar la misma en conexión con “las circunstancias del caso, ya que debe analizarse su vigencia en consonancia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también, con los preceptos específicos que disciplinan la responsabilidad por daños” (SCBA Ac. 82630 del 18-12-02).
Y no se trata de habilitar una “valoración irrazonable de la prioridad de paso como transgresión reglamentaria definitoria para la atribución de responsabilidad, sin la proporcionada ponderación de otros elementos obrantes en las constancias de la causa” (CS 23-9-03 “Moroni, Daniel c. Quinteros, Enio” LL jemplar 18-2-04 págo 4/6).
Más en la ponderación de tal preferencia no puede omitirse referenciar el voto del juez Roncoroni (SCBA Ac 79618) en el que se puntualizara con excelente claridad el verdadero sentido de esta pauta de conducta vial , a la que se considera una verdadera norma de prevención que hace a la seguridad y educación vial. El tal sentido sostuvo que ella “... juega como cuña de civismo en el desplazamiento urbano de los automotores... Para ello precisamente, para saber a que atenerse en las relaciones con los demás en las situaciones que los vehículos generan en las bocacalles, está dada la norma de preferencia de paso en las mismas, que con el equilibrado juego
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.