Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75072
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
A.75.072 "G., L. C. C/ FIORITA HECTOR Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 24 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar a la apelación interpuesta por la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la pretensión incoada por la señora L. G. contra la Municipalidad de Benito Juárez y el doctor Héctor Enrique Fiorita por la que persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de la mala praxis llevada a cabo por el mencionado profesional, dependiente del nosocomio municipal, Hospital Saintout de aquella localidad.
Para así decidir, la Cámara interviniente adelantó que el análisis de las constancias de la causa la llevaban a disentir tanto con las afirmaciones de la actora como con el razonamiento desplegado por el magistrado de la instancia anterior.
De tal modo, no sin ponderar la dificultad que plantea el caso, advirtió que el juzgador había efectuado un análisis sesgado de la cuestión ventilada, al omitir la consideración de ciertas circunstancias relevantes que surgen de las pruebas aportadas, las que a su entender, daban cuenta que el actuar del profesional desde el ingreso de la actora al nosocomio fue el adecuado, así como que no existieron las irregularidades que la demandante le imputara, ni la falta de información sobre el tratamiento que al que se la sometió.
De este modo tuvo por cierto que la demandante, tras el accidente de tránsito que sufrió al ser embestida en su ciclomotor por un automóvil en la ciudad de Benito Juárez, fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital municipal. A la fecha de su ingreso, esto es el 30 de agosto de 2006, no contaba con la obra social PROFE Salud a la que se afilió con posterioridad. Ante la emergencia que demandaba la atención de la señora G., el doctor Héctor Fiorita, luego de diagnosticarle una fractura bipolar de tibia y de peroné, le realizó una toilette quirúrgica e implementó el método de la tracción esquelética para alinear los fragmentos de la fractura y del miembro óseo. A esta intervención, le siguió el tratamiento ortopédico, con la colocación de tres diferentes yesos culminando con uno de tipo funcional, al retirar el cual se observó que no se había logrado formar el callo óseo, con lo que el profesional en cuestión indicó realizar una osteotomía de peroné, a través de un injerto de cresta ilíaca, que se realizó el día 6 de octubre de 2007. Luego de esta cirugía y la colocación de otros yesos sucesivos, al comenzar a caminar, se advirtió una deformación en la pierna, razón por la cual se solicitó una derivación al Hospital San Martín de La Plata, donde fue intervenida quirúrgicamente colocándosele un clavo endomedular, para posteriormente constatarse el acortamiento de 59 mm del miembro inferior derecho.
Al mismo tiempo, la a quo tuvo por acreditado que el costo del material quirúrgico y de los traslados de ambulancia hasta la ciudad de La Plata, fueron asumidos por el Hospital Saintout de Benito Juárez dado que la obra social de la actora se lo podía proveer, pero con demora.
Resaltó a su vez, no obstante lo afirmado por la actora, que conforme surgía del expediente había constancias que daban cuenta de que, al ingresar al nosocomio local, se le sugirió la derivación a otro hospital de mayor complejidad y que aquélla había optado por el tratamiento funcional.
Subrayó que la controversia no giraba en torno a comprobar si la accionante fue informada o no de la posibilidad de realizar el procedimiento quirúrgico que posteriormente resultó exitoso sino que lo que correspondía constatar era si había sido informada del tratamiento que se le iba a realizar en el hospital municipal, si era el adecuado para su dolencia y si fue razonable el tiempo que insumió la terapia ortopédico funcional que allí se implementó.
En tal camino entendió acreditado con constancias surgidas del expediente que se le había explicado en qué consistía el tratamiento ortopédico recibido, a la vez que consideró contundentes las declaraciones de los peritos en cuanto a que tal terapéutica se encuentra dentro de las opciones viables para el tipo de fracturas como la experimentada por la actora y que en la clase de patologías como la sufrida siempre queda como secuela un acortamiento del miembro que es variable. Asimismo tuvo por demostrado que en lesiones como la acaecida el retardo de la consolidación puede obedecer a las características anatómicas propias del hueso que razonablemente puede demandar tres meses por lo que encontró razonable el lapso que insumió el tratamiento ortopédico previo a la derivación al nosocomio de la ciudad de La Plata.
Destacó que la opinión pericial, medio de prueba cuya importancia resaltó en casos como el presente en que la complejidad de las cuestiones requieren de conocimientos específicos de los expertos que deben asistir a los juzgadores, aportaba certeza suficiente para descartar reproches a la actividad profesional desplegada por el galeno respecto de la actora. Para más señaló que los informes analizados, que a la vez no evidencian absurdos, inconsistencias ni contradicciones que pudieran atentar contra su eficacia probatoria, contenían un estudio minucioso de las circunstancias del caso, respondiendo fundadamente a cada uno de los puntos de pericia propuestos y sus respectivas ampliaciones.
De tal modo el Tribunal de Alzada ponderó que la alternativa terapéutica empleada por el especialista era la que podía realizarse teniendo en consideración los medios de diagnóstico y tratamiento disponibles en el hospital, que no contaba con un intensificador de imágenes, la urgencia y gravedad del cuadro, las posibilidades económicas de la actora y la falta de certeza en torno al éxito de uno u otro tratamiento.
Concluyó, sin dejar de ponderar el sufrimiento que pudo haber padecido la demandante a partir del accidente vivenciado y durante los dos años que insumió el tratamiento hasta la intervención quirúrgica que se le practicó en la ciudad de La Plata, que los elementos relevados no permitían aseverar la existencia de una actuación personal irregular o negligente del doctor Héctor Fiorita ni en el momento de la primera intervención ni en el tratamiento que se le dispensó con posterioridad.
Por último, considerando que en el ámbito de la responsabilidad médica la apreciación de la culpa ha de efectuarse, en el entendimiento de que los profesionales de la medicina no se obligan en principio a un resultado, sino a dispensar todos los cuidados prescriptos por la ciencia médica, conforme a los medios humanos, técnicos y farmacológicos disponibles, y en virtud de la comprobada atención brindada a la actora, estimó que sus manifestaciones no lograban demostrar la falencia en la atención profesional dispensada.
Con ello descartó también una eventual responsabilidad objetiva del Estado municipal por la deficiente prestación del servicio de salud pública derivada de la actuación u omisión de uno de sus agentes que encontrara basamento en el art. 1112 del Código Civil vigente a la fecha de los acontecimientos en estudio.
Revocó de ese modo el decisorio apelado (v. fs.636/658).
II. Frente a ello, la demandante vencida, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrime que el fallo atacado incurre en absurdo al no observar las normas sobre la valoración de la prueba producida en el expediente, lo que conduce a una conclusión errónea por parte del Tribunal de Alzada al sentenciar en lo atinente al tratamiento médico realizado por el codemandado Fiorita y la falta de consentimiento informado por parte de la accionante.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018, entre otras).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente respecto a que los puntos de interés que propone la Cámara interviniente para la resolución del caso resultan secundarios, accesorios y de análisis posterior a la cuestión principal que cree ver en la comprobación de la información y consentimiento prestados por la actora, no pasan de expresar un mero criterio divergente al adoptado en la sentencia, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada interviniente para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, lo que constituye, como se dijo, una tarea insuficiente a los fines impugnatorios.
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece la sentencia que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018 y A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018).
IV. 2. Para más, esta Corte ha resuelto que es facultad de los tribunales de las instancias de grado seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin necesidad de expresar la valoración que le merecen todas y cada una de ellas. De allí que, a los fines de que se admita la revisión de tal actividad en la instancia extraordinaria, es necesario invocar y demostrar que existió absurdo (doctr. causas A. 69.506 "Vigil" sent. de 1-IV-2009, A. 69.321 "Bellia Munzón" sent. de 27-VII-2008, A. 73.076, "Consentino", resol. de 7-VI-2017, entre otras).
Tal vicio lógico consiste en el error grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, incongruentes o incompatibles con las circunstancias objetivas de la causa no se configura con la mera diferencia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; (causa A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018).
Por ello sólo queda configurado si media acabada demostración de su existencia y no basta con invocarlo, sino que es menester evidenciarlo cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (doctr. causas A. 70.247, "Capra", sent. de 20-III-2013; A. 73.580, "Favini", sent. de 9-IX-2015; A. 73.757, "M.C.R.", sent. de 11-VII-2018).
En efecto, el Tribunal de Alzada, apartándose del razonamiento formulado por el sentenciante de grado consideró que de la prueba rendida en las actuaciones lograba extraerse que el tratamiento ortopédico funcional dispensado a la actora en el hospital municipal, se llevó a cabo dentro de los plazos razonables en los que se espera la consolidación de una fractura de la magnitud y gravedad como la padecida y que tanto las intervenciones quirúrgicas como la colocación de las distintas botas de yeso y el seguimiento de la sintomatología de la paciente, fue acorde con las reglas del arte.
Tal conclusión, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento atacado, no logra ser desvirtuada por los reproches volcados por la recurrente, en tanto sus críticas sobre la falta de demostración de la información brindada a la actora y luego del consentimiento por ella prestado para optar por el tratamiento funcional adecuado, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la interpretación de la prueba, lo que no basta para demostrar el yerro alegado, sino que sólo tiende a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 73.467, "Larsen", resol. de 21-II-2018, entre tantas).
IV. 3. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 179
Fin de la sentencia