Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. Esta Suprema Corte, en el marco de la acción deducida por Gerardo Adrián Novoa y González contra Rucamalén S.A. y QBE ART S.A. -hoy Experta ART S.A.-, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la aseguradora codemandada y, por mayoría, revocó el fallo dictado por el sentenciante de grado en cuanto había aplicado retroactivamente la ley 26.773 y dispuso el reenvío de las actuaciones a la instancia de origen para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, efectuando nuevamente el cotejo o comparación entre las sumas de las prestaciones del régimen especial de riesgos del trabajo y las que le correspondería acceder al actor por aplicación de las pautas del derecho común, todo ello de conformidad con la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 87.394, "V. d. C., M. C." y L. 81.826, "Yaman", sents. de 11-V-2005 (v. fs. 786/797).
Cumplida la devolución, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín -en su nueva integración-, efectuó el cotejo entre las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. decreto 1.694/09) y la reparación integral y, consecuentemente, declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó a la empleadora codemandada al pago de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 828/841 vta.).
Para así decidir, juzgó cumplidos los presupuestos de responsabilidad exigidos por el art. 1.113 del Código Civil, de conformidad con las circunstancias que se habían tenido por acreditadas en el veredicto oportunamente dictado, que entendió arribaba firme a esa instancia.
II. Frente a lo así resuelto se alza Rucamalén S.A. con recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 15-V-2020), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 845/846, habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 25-III-2021 (v. dictamen electrónico de fecha 12-IV-2021).
III.1. En la primera de las vías intentadas, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, afirma que el nuevo pronunciamiento emitido en la instancia de origen adolece de groseros vicios procesales que descalifican su validez como acto jurisdiccional válido.
En ese sentido, refiere que la nueva integración del tribunal interviniente cometió graves irregularidades rituales al no convocar a las partes a una audiencia de vista de la causa a los fines de asegurar la concreción del principio de inmediación y de formular, acto seguido, el pertinente veredicto para establecer la plataforma fáctica sobre la que debía dilucidar y subsumir la aplicación del derecho. Alega que dichas etapas procesales resultan inherentes a la estructura del procedimiento laboral y su cumplimiento constituye un deber inexcusable para el órgano jurisdiccional del fuero, a la luz de las prescripciones contenidas en los arts. 168 de la Constitución bonaerense y 44 inc. "f" y 47 de la ley 11.653 y la doctrina vigente.
III.2. Coincidiendo con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no es de recibo.
III.2.a. De modo liminar, se impone recordar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 118.186, "Balbuena", resol. de 29-X-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 119.509, "Cornou", resol. de 4-V-2016; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de "12-II-2021).
III.2.b. A partir de ello, y tal como lo señaló el máximo representante del Ministerio Público, los magistrados convocados a integrar el órgano de grado, previo a resolver, partieron por examinar los alcances del fallo revocatorio dictado por esta Corte, con el propósito de dejar claramente delimitado el ámbito al que sujetarían su actuación jurisdiccional, y, a partir de ello, entendieron que "...el veredicto de fs. 575 y sgtes. emitido por el Tribunal de grado arriba firme a esta instancia" (fs. 829). Sobre esa base, se limitaron a dirimir las pretensiones deducidas en la demanda conforme a derecho, valiéndose de las circunstancias fácticas sentadas en el pronunciamiento de los hechos que formó parte de la decisión anterior.
De ello se deduce que la inobservancia de los actos procesales previos a su dictado -vista de causa y formulación del veredicto respectivo- fue deliberadamente consumada por la nueva composición del tribunal de trabajo actuante como corolario de la interpretación llevada a cabo en torno de los alcances del fallo parcialmente revocatorio emitido por esta casación.
En consecuencia, la discusión relativa al acierto o error del razonamiento seguido por el sentenciante de origen sobre el particular, resulta ajena al marco de actuación del remedio de nulidad aquí examinado.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Rucamalén S.A. objeta la decisión de grado en cuanto decidió condenarla civilmente, sin llamar a una nueva audiencia de la causa ni valorar prueba alguna, omitiendo el dictado del veredicto.
Plantea que el a quo sentencia a contrario sensu , apartándose de las reglas de la sana crítica e incurriendo en arbitrariedad.
Al respecto, alega vulnerados los principios de congruencia y de cosa juzgada, por cuanto en el pronunciamiento anterior, el tribunal actuante había rechazado la demanda contra su parte, quedando firme dicha circunstancia ante la falta de impugnación por parte del actor.
IV.1. De manera liminar, se impone señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el capital de condena- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021), por lo que la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.2. En el contexto de autos, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, toda vez que las únicas citas jurisprudenciales efectuadas por la recurrente, además de remitir a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de origen -como lo es, la configuración o no del instituto de la cosa juzgada- (causas L. 95.963, "Acosta", resol. de 11-XI-2009; L. 117.909, "Escude", resol. de 12-IX-2014; L. 120.051, "Romero", resol. de 19-X-2016; L. 120.653, "Ortiz", resol. de 27-IX-2017 y L. 124.766, "Siestra", resol. de 25-IX-2020), aluden a presupuestos fácticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L. 119.359, "Aguirre", resol. de 2-XII-2015; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:34:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:41:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:40:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:04:12 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:42:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia