Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129420
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129420; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 9 - LA PLATA
PINELLO ALEJANDRO C/MINISTERIO DE SALUD S/ DAÑOS Y PERJUICIOS CON RESP. CONTRACTUAL DEL ESTADO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129420, caratulada: "PINELLO ALEJANDRO C/MINISTERIO DE SALUD S/ DAÑOS Y PERJUICIOS CON RESP. CONTRACTUAL DEL ESTADO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.de fs. 343/346 ?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia de primera instancia rechazó la demanda promovida por Alejandro Fabio Pinello contra el Hospital Provincial General Juan Domingo Mercante y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, imponiendo las costas del proceso al actor en su condición de vencido (fs. 343/346).
2 – Contra esta forma de decidir interpuso recurso de apelación el legitimado activo (fs. 354), el que concedido libremente (fs. 355) fue fundamentado en tiempo y forma en esta instancia (presentación electrónica del 30 de abril de 2021); corrido el pertinente traslado (proveído de la misma fecha), éste fue contestado por la demandada (presentación electrónica del 6 de mayo de 2021). Luego, se llamó autos para sentencia (previsto del 6 de mayo de 2021).
3 – Alejandro Fabio Pinello centra sus agravios en el rechazo de la acción instaurada, tildando a la sentencia de grado de injusta, desajustada al derecho aplicable y violatoria de las garantías consagradas por los art. 17 y 19 de la Constitución Nacional.
Desacuerda con la ausencia de responsabilidad del hospital por la ruptura de la prótesis decidida en la instancia anterior.
Agrega que la pseudoartrosis alegada como eximente en la sentencia no es 100% producto de deficiencias físicas del paciente, como tampoco producto 100% de deficiencias de material, sino una combinación de ambas por lo que es crucial el seguimiento médico o profesional de la consolidación ósea. A partir de ello lo disgusta la afirmación a que la pseudoartrosis la "padecía" el actor y por eso el Hospital no tiene responsabilidad alguna.
Refiere que no existen constancias que prueben el seguimiento en cuanto a tiempo de inmovilización y estudio o vigilancia de la consolidación de la lesión que haya realizado el Hospital Mercante, ni de la calidad buena o mala de la primera placa colocada que luego se rompió y menos aún sobre el detalle de la protrusión del tornillo sucedida 7 años después, que requirió una nueva intervención, esta vez definitiva en otro Hospital.
Alega que al menos hubo falta de diligencia profesional por parte del hospital, lo que se traduce en su responsabilidad.
Asimismo, pone en crisis la imposición de costas en su contra al entender que resultó plenamente justificado su llamado a la justicia para obtener una indemnización por sus padecimientos.
4 – Primeramente, he de abordar el planteo de insuficiencia opuesto por la Fiscalía de Estado en el traslado del memorial del accionante (presentación electrónica del 6 de mayo de 2021).
Al respecto concluyo que, analizada la presentación de Pinello (de 30 de abril de 2021), ésta ha superado el examen de admisibilidad toda vez que se las evaluó bajo un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (art. 18 C.N.; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
5. Habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 – art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077 -, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació –el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el art. 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
Como refiere Aida Kemelmajer de Carlucci, en lo que respecta al derecho de daños, éstos se deben dirimir acorde el contexto en el que acontecieron, lo que nos conduce a aplicar las disposiciones anteriores. Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso. Las discrepancias pueden ocasionarse en torno a qué son los elementos constitutivos y qué consecuencias de ese ilícito, pues la nueva ley rige a las consecuencias que no se encuentran consumadas al momento de la entrada en vigencia (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 100 a 104, 158 y 159).
Sin embargo, el caso de autos atañe a un hecho originado y consumado durante la vigencia de la ley anterior –las operaciones practicadas en los años 1998 y 1999 y sus consecuencias- lo que sella aplicación de las disposiciones vigentes a aquella época (arts. 3, CC; 7 y conc., CCCN ley 26.994; doct. esta Sala, causa 118.724, sent. del 27/08/2015; 124.349, sent. del 19/02/19 e.o.; ob. cit. pág. 63).
6 – Como se dijo, los agravios del legitimado activo se centran en el rechazo de la demanda, insistiendo en la existencia de responsabilidad médica atribuible al demandado.
A fin de dar el debido alcance a este recurso he de remontarme a lo pedido por el accionante en su presentación de inicio y su fundamentación.
Allí denuncia que padeció un accidente con arma de fuego, por lo que debió ser internado en el Hospital Provincial Juan Domingo Mercante “sufriendo por tal intervención y las posteriores que, por deficiencias de la primera, fueron necesarias, una serie de daños y perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial” (fs. 8/16, ap. III).
Hace referencia a que el material necesario para la operación -clavo Gamma- fue provisto por el hospital, poniendo énfasis en que “la elección de la prótesis, marca, modelo, color, clase, tipo, resistencia, especificaciones técnicas o cualquier otra característica, fue de los médicos del hospital. El actor o su familia en nada intervinieron y dependió exclusivamente de quienes estaban a cargo de su atención profesional médica” (v. demanda fs. referidas).
Concluye que hubo una “defectuosa primera intervención quirúrgica en el Hospital de San Martín” (punto “b” fs. referidas), en “la existencia de graves daños causados por las consecuencias de la segunda operación” (punto “d” fs. referidas) y en las “deficientes condiciones asistenciales, por lo que procede en forma plena e irrestricta la demanda de daños y perjuicios contra la demandada” (v. demanda fs. referidas).
Llegado a este punto, es útil recordar que la responsabilidad profesional es aquella en la que incurren quienes ejercen una profesión al faltar a los deberes especiales que esta le impone y, por lo tanto, su configuración requiere de los elementos comunes a cualquier responsabilidad civil. Ello quiere decir que cuando el profesional omite las diligencias correspondientes a la naturaleza de su prestación -ya sea por impericia, imprudencia o negligencia- falta a su obligación y se coloca en la posición de deudor culpable (art. 512, Cód. Civ.; conf. doctr. causas SCBA C 118.280, "J., V. F.", sent. de 4/03/2015; C. 119.733, cit.; e.o.).
Ello así en virtud a lo dispuesto por el art. 512 CC que dispone que “La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”.
Por otra parte, es dable de destacar que el deber del médico es de medios y no de resultado, por lo que se impone al profesional la diligencia y aptitud para cumplir las medidas que normalmente conducen al resultado esperado, pero sin asegurar su obtención (Cfr. Trigo Represas, Félix, op. cit., págs. 96/97).
Es decir que, en la obligación asumida por el profesional médico, el galeno compromete la prestación de sus servicios con base en los conocimientos médicos, poniendo en el cumplimiento de su labor la diligencia y cuidados que la misma requiere según las circunstancias de personas, tiempo y lugar, debiendo tomar las medidas que normalmente conducen a determinado resultado, pero sin que se pueda garantizar este último.
Es importante recalcar que la sola existencia de una consecuencia dañosa no ha de comportar por sí misma la presunción de una conducta profesional culposa o la responsabilidad del médico o del ente asistencial, siendo imprescindible que aquel resultado dañoso sea atribuible a un obrar imperito, imprudente o negligente de los profesionales tratantes (conf. esta Sala causa causa 127164 sent. del 27/04/2021).
Ello supone que, aunque el resultado no fuere el esperado, no compromete responsabilidad alguna si aquella conducta considerada reprochable no está probada suficientemente (SCBA, Ac. 81.491, 16/7/2003; esta Sala causa 123823 sent. del 25/11/2019).
En lo tocante con la responsabilidad del centro asistencial, la prueba de la culpa del médico es indispensable, no porque la responsabilidad de éste se refleje en la entidad de la cual depende en una responsabilidad indirecta, sino porque la prueba de aquella culpa sería la demostración de la violación del deber de seguridad, que como obligación tácita se halla comprendida en el contrato asistencial, y cuya omisión genera la responsabilidad directa de la entidad contratante, además de la que concierne directa y personalmente al profesional (Conf. Bustamente, Alsina J. "Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión", LL 1976-C-p.63; conf. SCBA causa Ac. 43.518, sent. del 16/07/1991; C. 99.658, sent. del 22/12/2010; C. 111.812, sent. del 27/06/2012).
Como el establecimiento asistencial se vale de la actividad ajena de los médicos para el cumplimiento integral de su obligación, habrá de responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, en razón de la irrelevancia jurídica de tal sustitución, ya que al acreedor no le interesa que el cumplimiento sea efectivizado por el propio deudor, o por un tercero del cual éste se valga para sus fines; y de la equivalencia de comportamientos del obligado y de sus sustitutos o asociados, se determina que el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniese del propio deudor. Cabe asimismo destacar que diversamente a lo que ocurre en la esfera extracontractual, como el fundamento de esta responsabilidad radica en la estructura y efectos de la relación jurídica obligacional para que el deudor sea civilmente responsable por el hecho del auxiliar, no es necesario que exista una relación de dependencia o subordinación (conf. SCBA C 74.596, sent. del 19/02/2002; C. 90.459, sent. del 26/12/2007).
Además, se ha dicho que no empece a la responsabilidad del centro de salud la circunstancia de que, como ha sucedido en el presente caso, los galenos no hayan sido demandados desde que no existe en el caso litisconsorcio necesario -art. 89 CPCC- y nada hubiera impedido a los accionados -si lo consideraba conveniente a sus intereses- citarlos ella por vía del art. 94 del mismo ordenamiento legal que así lo autoriza (conf. SCBA Ac. 46.712, sent. del 4/08/1992; Ac. 50.585, sent. del 15/11/1994).
Consecuencia de lo expuesto, deviene fundamental realizar un análisis exhaustivo de las presentes actuaciones, en particular de la pericia médico legista practicada al accionante, a los fines de revisar si la postura de éste y en consecuencia la mala praxis médica alegada, se encuentra probada.
En este sentido, la Dra. Nora Viviana Sotelo en su pericia de fs. 172/179 y respuestas a las impugnaciones del actor a fs. 244/46 hecha luz sobre la pertinencia o no de la prótesis elegida por parte del personal hospitalario, como de la práctica quirúrgica en sí.
Allí determina que “Se considera que el implante ideal para el tratamiento de estas lesiones debe ser un sistema rígido y resistente que permita una fijación estable y suficiente para rehabilitar tempranamente el segmento lesionado. Estas fracturas son susceptibles al tratamiento con diversos implantes como son las placas y los clavos intermedulares. El clavo Gamma es uno de los métodos de osteosíntesis que más frecuentemente se utilizan para el tratamiento de las fracturas proximales de fémur. Es un dispositivo de fijación endomedular al quedar dentro del hueso como una férula interna. Presenta unos resultados excelentes de consolidación de la fractura, además de disminuir los problemas de sangrado y de infección. Consigue una osteosíntesis estable que permite una movilización precoz, sobre todo en pacientes adolescentes y adultos jóvenes, porque en éstos el fémur todavía está lleno de tejido esponjoso muy denso que produce excelente agarre al clavo. Tiene las ventajas biomecánicas que le confiere ser un dispositivo intramedular. No obstante, no está exento de complicaciones, como puede ser una rotura por fatiga del material. En estos casos, la pseudoartrosis en el foco de la fractura, parece ser la causa principal. Por pseudoartrosis se entiende la falta de consolidación ósea de una fractura” (III consideraciones médico legales, fs. 172/179).
Respecto de las complicaciones que pueden generarse dispone que “Las fracturas pueden presentar complicaciones, por una parte derivadas del propio accidente, y de otra, como verdaderas complicaciones producto del tratamiento. La pseudoartrosis es una complicación que deviene del tratamiento. Es una alteración que se presenta durante el proceso de consolidación fracturaria. El proceso de consolidación de una fractura depende de factores atribuibles al medio inmovilizador tratante y/o a trastornos estructurales del hueso. La rotura del clavo Gamma por fatiga del implante es una complicación esperable y descripta en la bibliografía consultada. Como se explicó anteriormente, la falta de consolidación ósea parece ser el factor desencadenante, que puede verse favorecida por la rigidez del montaje, y por las condiciones propias del hueso. Esta causa puede derivarse de las solicitaciones mecánicas a las que se somete un paciente luego de una intervención quirúrgica de una fractura” y agrega que “Esta complicación se presenta en forma tardía. Está descripto que aparece de seis a diez meses después de la intervención. Ante la aparición de la misma, se cuenta con opciones de tratamiento, que dependerán de cada situación en particular... además, el advenimiento del injerto óseo intranmedular ha permitido injertar defectos del hueso manteniendo el procedimiento cerrado” (punto III fs. referidas).
Preguntada sobre las posibles causas del daño sufrido por Pinello y la posibilidad de la existencia de una mala praxis médica informa que “El origen que motivó la primera intervención quirúrgica fue una herida de arma de fuego. La pseudoartrosis de la fractura (falta de consolidación) podría haber sido la causa que motivó la fractura de material de osteosíntesis por fatiga” (respuesta punto 3, parte actora fs. referidas) y que “La ruptura por fatiga del material de osteosíntesis aplicado al actor (clavo Gamma) responde fundamentalmente a la pseudoartrosis, o sea, a la falta de consolidación ósea de la fractura” (respuesta a punto de la demandada y citada en garantía fs. referidas).
Aduna que “Lo que a mi entender no me es permitido, por carácter de pruebas: a) es descartar la pre-existencia de daños o estado patológicos anteriores o concausales vinculables; b) confirmar la inexistencia de causas extrañas y posteriores a la cirugía demandada; c) desatender el propio texto del demandante. A su vez, el hecho pericial de no haberse detectado alteraciones en la marcha ni en posición de sedestación ni bipedestación; ni tampoco detectando compromisos ni limitaciones en la capacidad funcional del aparato locomotor; resultará que consentir los términos del impugnante estaría fuera de todo rigor científico” (fs. referidas).
Y finaliza “Conforme con estas aclaraciones, los criterios de imputación médico legal necesarios para determinar la relación causal, impiden pronunciarse a favor de una concreta adecuación entre el tratamiento y las complicaciones demandadas. Ante tan supuesta afirmación, ella tendría el valor de una mera posibilidad, tal vez una voluntariosa probabilidad, pero nunca expresaría certeza científica” (contestación de impugnaciones, fs. referidas).
En este contexto, resulta necesario precisar – ante las críticas y quejas esgrimidas por el apelante al respecto - que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4/03/1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. del 14/11/2007) y que incluso, al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26/04/1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26/10/1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3/03/1998).
En el mismo aspecto, conforme ha resuelto esta Sala, las reglas de la sana crítica indican que para el desplazamiento de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones científicas fundadas, son insuficientes para provocar el apartamiento de las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (art. 474 del C.P.C.C.; esta Sala, causas 109.550, sent. del 22/07/2008; 115.940, sent. del 30-VI-2015, RSD 83/2015; 118.339, sent. del 2/07/2015, RSD 88/2015, entre muchas otras).
En esta dirección es que encuentro el análisis pericial debidamente fundamentado, completo y referenciado con las citas bibliográficas consultadas, por lo que no evidencio razón alguna para apartarme de sus conclusiones (arts. 384, 474 CPCC).
Del mismo modo, de la lectura detallada del informe y de las transcripciones efectuadas en el presente voto, evidencio – contrariamente a lo pretendido por los apelantes – que el Juez ha basado su decisión correctamente en base a lo expresado por el auxiliar de justicia (a
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