Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124688
En la ciudad de La Plata, a los veintitres días del mes de Abril de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “RUIZ GERARDO DANIEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/DAÑOS Y PERJ. RESP. ESTADO (DEL/CUAS.EXC.AUTOM.)", (causa nº 124688), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 195/209 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I.En el decisoirio aludido la Sra. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios incoada por Gerardo Daniel Ruiz contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y condenó a este último a pagar al actor, la suma de $ 250.000 por daño moral, con más interseses desde el 26 de junio de 2010 y hasta su efectivo pago.
Para así decidir, siguió la doctrina de nuestro Más Alto Tribunal provincial y aún cuando descartó la existencia de una responsabilidad del estado por actividad lícita –error judicial-, al tiempo de analizar el plazo durante el cual el actor se encontró privado de su libertad, ello teniendo en cuenta los elementos de información que emergen de la causa penal, sostuvo que el mismo había sido excesivo, ya que una vez que se fijó la fecha para el debate oral, habían transcurrido 19 meses sin que se advierta la facción de actos procesales de trascendencia.
Dicha demora procesal injustificada, configuró un ejercicio irregular de la función jurisdiccional y la base para actuar la responsabilidad estatal que se decide.
II. El pronunciamiento fue apelado por la Fiscalía de Estado, quien expresó agravios a fs. 219/223 (sistema Augusta), los que merecieran la réplica de la contraria que corre a fs. 226/228 vta.
En prieta síntesis el Estado provincial se queja por que entiende el fallo resulta contradictorio pues, tras descartar la existencia de un error judicial y por ende su responsabilidad por actividad lícita, el iudex a quo, analiza distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como asimismo la reforma al art. 141 del CPP, y arriba a la conclusión que el actor se encontró privado de su libertad por un tiempo que escapa al razonable según dichas pautas, y centró en ello la responsabilidad que le imputa, mas considera dicha evaluación es incompleta porque el sentenciante no ha descontado al computar dicho plazo, el tiempo que deparó la sustanciación de los incidentes y recursos interpuestos por el actor –vgr. Incidente de morigeración, recursos de apelación y casación en contra del auto que convierte la detención en prisión preventiva- con lo cual se arriba al error de sostener que la prisión del actor se ha extendido en más de un año de aquel plazo razonable que analiza, circunstancia que entiende no se ajusta a la realidad del proceso.
En su mérito y considerando que no se halla acreditada la pretendida dilación indebida, como tampoco la irregular prestación del servicio de justicia a la luz de los factores para ponderar para ello, pide la revocatoria del decisorio.
A todo evento cuestiona por excesivo el monto acordado por daño moral el que, comparando los precedentes que menciona, entiende pone en evidencia que la cantidad por la que prospera el acápite resulta exorbitante, lo que implica un enriquecimiento sin causa para el actor, pide pues, su morigeración.
A su turno el actor al contestar los agravios sintéticamente expuestos en lo que precede, sostuvo que la dilación indebida del procedimiento quedó evidenciada palmariamente cuando el fallo estableció que “…fue detenido el 26 de junio de 2008 y liberado frente al veredicto absolutorio el 16 de diciembre de 2011…” para luego destacar que el 13 de mayo de 2010 se fijó fecha para el debate oral para marzo de 2012, luego reprogramada para diciembre de 2011 y que lo actuado a partir de aquella fecha y hasta el acta de debate, no advirtió actos procesales de trascendencia que justificaran la dilación de 19 meses. Asimismo la a quo sostuvo que la prisión preventiva de Ruiz se extendió por un plazo superior a los dos años y que el interés general de no permitir la impunidad del delincuente debe conjugarse con el del individuo sometido a proceso, de manera que su sacrificio no resulte excesivo y se vea penado aún durante la vigencia de su estado de inocencia.
Entiende que dicha conclusión no logra ser impugnada por el Fisco, demora que además resulta enteramente imputable a los órganos jurisdiccionales que no impulsaron debidamente la etapa del juicio oral durante 19 meses.
Por lo demás entiende insólita la postura del Fisco de pretender que se quiera penalizar a una persona que lucha por obtener la libertad –de la que había sido mal privada- pues la previsión contenida en la norma que cita no puede ser aplicada porque además de la razón de corte filosófico antes dicha, entiende aquí no hay un plazo fatal como el de la prescripción, sino un plazo razonable, pero además insólito sería pensar que una persona privada de su libertad alargaría el plazo de su detención.
Califica de inadmisible el agravio del Fisco en tal sentido y en lo que hace al monto otorgado por daño moral, su parte lo considera excesivamente bajo, no compartiendo la comparación arbitraria que practica la Fiscalía de Estado, porque en torno al ítem, no existen dos casos iguales, ya que en cada caso se evalúa las particulares características de la víctima, por lo que considera, el agravio resulta carente de toda lógica y absolutamente improcedente.
III. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 del Código Civil y Comercial), dado que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra en vigencia desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos atañe a un hecho consumado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994). Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala causas 118.692 RSD 133/15; 118.370 RSD 137/15; 119308, RSD 79/16; 121298 RSD 79/17; 121.234 RSD 66/17; e.o.).
IV. Sentado lo cual y como el Fisco provincial considera carente de toda lógica la responsabilidad atribuida por falta de servicio ya que en el plazo de alongamiento de la prisión preventiva no se han descontado “…el tiempo que deparó la sustanciación de los incidentes…”, tiempos que no se computan para los términos fatales que contempla la norma del art. 141 del C.P.P. según la causa “Portillo” que cita en su memorial, se impone analizar la causa traída al Tribunal dejando en claro ciertas pautas interpretativas para determinar luego si, en efecto, la conclusión a la que arriba la a quo es ilógica tal como afirma la demandada recurrente.
En tal sentido y como correctamente lo señala la Dra. Tanco en su decisorio, y este Tribunal ha sostenido en la causa 115417, registrada bajo el número 126 del año 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha dicho que, "Los actos judiciales no generan la responsabilidad del Estado por su actividad lícita. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto" (Ac. 93104 del 5-4-2006).
En esa misma dirección la Corte Suprema de Justicia de la Nación que expresa que "...La doctrina y la jurisprudencia, ante la ausencia de expresas disposiciones legales, han modelado la responsabilidad del Estado por actos lícitos como modo de preservar adecuadamente las garantías constitucionales de la propiedad y de la igualdad jurídica. Es que, como esta Corte ha sostenido, cuando esa actividad lícita, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se constituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel interés general- esos daños deben ser atendidos. De tal manera, a la vez que se asegura a las ramas legislativa y ejecutiva la gerencia discrecional del bien común, se tutelan adecuadamente los derechos de quienes sufren algún perjuicio con motivo de medidas políticas, económicas o de otro tipo, ordenadas para cumplir objetivos gubernamentales que integran la zona de reserva (fallos 301:403).
En cambio, como es notorio, dichos fundamentos no se observan en el caso de las sentencias y demás actos judiciales, que no pueden generar responsabilidad de tal índole, ya que no se trata de decisiones de naturaleza política para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelvan un conflicto en particular. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para dirimir la contienda, si no son el producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia" (C.S.J.N. "Román SAC c/ Estado Nacional" fallos 317:1233 y igual sentido y del mismo tribunal "Balda, Miguel Angel c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios" fallos 318:1990, "López Juan de la Cruz c/ Provincia de Corrientes s/ daños y perjuicios" fallos 312:1712, "Robles Ramón c/ Provincia de Mendoza s/ daños y perjuicios fallos 325:1855, entre otros).
Como se vio el encarcelamiento padecido por Ruiz tuvo por origen un auto de prisión preventiva que se inscribe en la actividad lícita estatal que por regla no da derecho a indemnización alguna en función de la doctrina legal imperante.
Sin embargo, a contrario de lo afirmado por el recurrente en sus agravios, se coincide con la sentenciante de origen respecto del análisis que ha formulado sobre la extensión de la prisión preventiva en conexión con el tiempo insumido en concluir con el juzgamiento de las conductas ilicítas imputadas y a la postre absueltas, es decir el tiempo que consumió el proceso penal con el imputado privado de su libertad.
Obsérvese que el artículo. 7 inciso 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que se continúe el proceso (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
Es en el marco de esta regulación que la Corte Interamericana de Derechos humanos que ha establecido que "...que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3). Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos”, (caso "Acosta Calderón Vs. Ecuador", sentencia de 24 de junio de 2005). Estos conceptos fueron reiterados en el caso "Chaparro Álvarez y LapoÍñiguez vs. Ecuador" (21/11/07) en el cual se dijo que "... se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, puesto que equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos”.
Y en la causa "Bayarri" seguida contra el Estado Argentino, el Tribunal Internacional reafirmó sus preceptos exponiendo que la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitada por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo a lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática pues es una medida cautelar, no punitiva (ver especialmente párrafo 76).
A fin de establecer ciertas precisiones temporales, debe tenerse en cuenta que la prolongación en el tiempo de esta medida cautelar requiere que subsistan las causales que le dieron origen, que son de orden procesal y giran en torno al peligro de fuga y/o a la obstaculización de la investigación del hecho (ver en este sentido los C.I.D.H. casos Suárez Rosero, Tibi, Palamara Iribarne, Acosta Calderón, López Alvarez, Servellón García, Chaparro Álvarez, Yvon Neptune y Bayarri). No huelga recordar que el Tribunal Internacional ha objetado en concreto como fundamento para el mantenimiento de la restricción a la libertad personal las llamadas "presunciones" de fuga con base en el monto de la pena esperada. Por ello mismo se ha resaltado que en cuanto dejen de subsistir las razones que llevaron al dictado de la prisión preventiva, debe dejarse sin efecto la misma, lo que implica la obligación de revisión periódica (ver especialmente "Bayarri vs. Argentina" del 30/10/08).
Así, en la misma dirección de la Dra. Tanco, es importante destacar que, en la búsqueda de una definición sobre el tema la Corte Interamericana siguió los lineamientos plasmados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el plazo razonable, el que sostuvo que se deben tener en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (caso Suarez Rosero y Acosta Calderón, siguiendo a Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993)”.
Y, el informe 35-07 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –tal como claramente lo cita la Magistrada de origen en su decisorio- indica que el Estado debe autolimitarse en el ejercicio del poder cautelar.
En esos andariveles, en el caso “Mezzadra” (08/11/11), el voto de la mayoría de la Corte Suprema Nacional estableció que “… este Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que no corresponde responsabilizar al Estado Nacional por la actuación legítima de los órganos judiciales (confr. causa P.209.XXXII "Porreca, Héctor c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", del 19 de diciembre de 2000), pero consideró procedente el resarcimiento cuando durante el trámite de un proceso la actuación irregular de la autoridad judicial había determinado la prolongación indebida de la prisión preventiva efectiva del procesado, y ello le había producido graves daños que guardaban relación de causalidad directa e inmediata con aquella falta de servicio (Fallos: 322:2683). De ahí que corresponde examinar si en el caso concreto de autos -prolongación irrazonable de la causa penal- se ha producido un retardo judicial de tal magnitud que pueda ser asimilado a un supuesto de denegación de justicia pues de ser así se configuraría la responsabilidad del Estado por falta de servicio del órgano judicial. A tal fin debe examinarse la complejidad de la causa, el comportamiento de la defensa del procesado y de las autoridades judiciales (“Arisnabarreta, Rubén J. c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación)”, Fallos: 332:2159; esta Sala causa 115.417, citado).
Asimismo dable es agregar que, el vicio de denegación de justicia se configura, según lo ha resuelto reiteradamente esta Corte, cuando a las personas se les impide acudir al órgano judicial para la tutela de sus derechos -derecho a la jurisdicción- y cuando la dilación indebida del trámite del proceso se debe, esencialmente, a la conducta negligente del órgano judicial en la conducción de la causa, que impide el dictado de la sentencia definitiva en tiempo útil (Fallos: 244:34; 261:166; 264:192; 300:152; 305:504; 308:694; 314:1757; 315:1553 y 2173; 316:35 y 324:1944).
A mayor abundamiento, el Artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional que reconoce con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el Artículo 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable; y, a su vez, el Artículo 25 al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Si a ello se aduna que, de modo coincidente con el criterio expuesto, se ha expedido la Corte Europea de Derechos Humanos en diversos precedentes en los que consideró que se había violado el Artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en cuanto establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída, equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la ley..."; quien para arribar a tal conclusión evaluó el alcance del retraso judicial en razón de la complejidad de la causa, la conducta del solicitante y de las autoridades competentes (casos: "Ferrari c/ Italie" del 28 de julio de 1999 -publicado en "Revue trimestrielle des droits de l'homme", año 2000, pág. 531- y "Brochu c/ France" del 12 de junio del 2001 -publicada en "Dalloz", 2002, pág. 688-).
En igual sentido pero con respecto a la dilación indebida de la prisión preventiva -con prisión efectiva- se ha expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2/97 del 11 de marzo de 1997 sobre diversos casos presentados por ciudadanos argentinos contra la República Argentina (publicado en La Ley, 1998-D-679).
De lo hasta aquí expuesto se desprende que, la garantía de no ser sometido a un desmedido proceso penal, impone al Estado la obligación de impartir justicia en forma tempestiva. De manera que existirá un obrar antijurídico que comprometa la responsabilidad estatal cuando se verifique que el plazo empleado por el órgano judicial para poner un final al pleito resulte, de
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