Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167500
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado mediante la presentación electrónica del día 3/09/2018 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 382.
II. Imponer las costas a los apelantes vencidos (arts. 68 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 131-R FOLIO N° . 232/6
EXPEDIENTE N° 167500.JUZGADO N° 13.
"MEDINA CAROLINA ESTEFANIA Y OTRO/A C/ BAS ANALISIS CLINICOS S.A. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)".
Mar del Plata, 11de abril de 2019.
I. En el auto cuestionado el a quo estimó que, dado que en la faz pasiva de esta relación procesal se encuentra una persona jurídica que se dedica al análisis clínico de muestras y profesionales de la salud contemplados en el art. 32 inc. “b” de la ley 17.132, sujetos que tienen conocimientos especiales sobre el tema objeto de controversia y que participaron en los hechos que aquí se debaten, sonéstos quienes se encuentran en mejor posición para acreditar que obraron con la debida diligencia, por lo que, haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 1735 del CCyC, señaló que sobre ellos recaerá la carga de acreditar tal extremo y confirió el plazo de cinco días para que ofrezcan la prueba que estimen corresponder.
II. Los agravios obran en la presentación electrónica del día 3/09/2018 y fueron contestados a fs. 426/33.
Los apelantes manifestaron, en primer lugar, que lo resuelto importó un adelanto de opinión en tanto el a quo refirió a la parte actora como “víctima de un daño” y ordenó el ofrecimiento de nuevas pruebas ante la ignorancia de la accionante respecto a las circunstancias en las que se habrían producido el supuesto perjuicio.
A su vez consideraron que lo decidido tiene como consecuencia directa subsanar la omisión de la actora en el ofrecimiento de prueba y que, en definitiva, debería haberse requerido la modificación de la presentación inicial y su contestación.
Puntualizaron que la facultad contemplada por el art. 1735 del CCyC es excepcional y debe ser utilizada con razonabilidad, supuesto que no se presenta en el caso toda vez que su único fundamento es la insuficiencia en el ofrecimiento de prueba por la parte actora.
Finalmente plantearon la inconstitucionalidad de la norma en tanto pretende legislar sobre cuestiones procesales que no han sido delegadas por el gobierno provincial en favor del Estado Nacional, violentándose así el orden constitucional.
III. El recurso no prospera.
Las presentes actuaciones tienen por objeto el reclamo de los daños y perjuicios que los accionantes alegan haber sufrido cuando, en ocasión de realizarse la Sra. Carolina Medina los primeros análisis clínicos para control de su embarazo de seis semanas, el laboratorio demandado la habría diagnosticado negligentemente como HIV positiva en dos oportunidades.
En este marco, encontrándose abierto el período probatorio, el a quo dictó la resolución objeto de agravio resolviendo hacer uso de las facultades conferidas por el art. 1735 del CCyC.
Coincidimos con la decisión adoptada por el magistrado de la instancia de origen.
1. En primer lugar cabe señalar que la resolución bajo análisis no queda alcanzada por el régimen de inapelabilidad en materia probatoria consagrado por el art. 377 del CPCC (conf. art. 494 último párrafo).
Tal como hemos señalado en anteriores oportunidades (165.542 RSI-130 del 24/04/2018, 162.682 RSI-10 del 7/02/2017, entre otras), dicho principio no es absoluto, guarda sustento en la posibilidad de cuestionar en alguna oportunidad posterior la decisión dictada por el juez de primera instancia (argto. art. 255 inc. 2do del CPCC) en tanto persigue la celeridad procesal asumiendo como límite la afectación del derecho de defensa de la contraria.
En el caso, el a quo en su carácter de director del proceso resolvió aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas consagradas en el actual art. 1735 del CCyC determinando que será la parte demandada, por encontrarse en una situación más favorable, quien deberá acreditar la forma en la que se produjeron los hechos controvertidos.
Dicho instituto, sustentado en el principio de colaboración procesal, importa un apartamiento excepcional de las normas legales sobre la distribución de la carga de la prueba (art. 375 del CPCC), al que resulta procedente recurrir cuando, en función de la índole y características del asunto sometido a decisión, el cumplimiento de éstas resulte de imposible acatamiento o hasta incluso inocuo los fines del esclarecimiento de verdad jurídica objetiva.
De esta manera, considerando su carácter excepcional, como así también que su aplicación indebida o injustificada podría repercutir en la afectación del derecho de defensa de alguna de las partes, sumado a la infructuosidad del diferimiento de su análisis para la oportunidad prevista en el art. 255 inc. 2do del CPCC (en tanto la prueba ya habría sido producida y valorada en la instancia de origen), encontramos conducente apartarnos del principio general de inapelabilidad consagrado por el art. 377 del CPCC.
2. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del art. 1735 del CCyC, éste debe ser rechazado.
En primer lugar por cuanto, los propios fundamentos del nuevo Código exponen que la norma bajo análisis no sería de corte procesal sino sustancial, toda vez que las disposiciones referidas a la carga de la prueba "son directivas sustantivas dirigidas al juez a fin del dictado de la sentencia en ausencia de pruebas concretas sobre el tema a decidir" (conf. Méndez Acosta, Segundo J. en “La carga de la prueba en el derecho de daños. Especial referencia a las cargas probatorias dinámicas” cita online: AP/DOC/1335/2016).
Y, en segundo lugar porque, aun cuando se considere que se trata de normas de estricto carácter procesal, en tanto regulan el accionar de las partes, lo cierto es que la directiva contenida en el art. 1735 del CCyC se ajusta a las pautas proporcionadas por la doctrina de la CSJN para justificar este tipo de disposiciones de carácter formal por parte del Congreso Nacional (Fallos 138:157; 214:533: 299:45, entre otros).
El criterio sostenido por la Corte Federal en estos pronunciamientos ha sido invariable “(…) si bien las provincias tienen facultad para darse sus propias instituciones locales y, por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los Códigos fundamentales que le incumbe dictar”.
Esta facultad del Congreso Nacional para dictar disposiciones de naturaleza procesal tiene sus límites: debe tratarse de una regulación necesaria, específica y suficiente. Es decir, deberá fundarse en la necesidad de respetar la causa fin de la norma de fondo dentro del marco de no menos de lo necesario ni más de lo suficiente y siempre en lo específico, esto es, sin invadir victoriosamente la jurisdicción provincial (Rosales Cuello Ramiro y Marino Tomás en “Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial, publicado en SJA 26/11/2014, cita online: AP/DOC/2014).
En el caso de la norma bajo estudio, precisamente, la incorporación de disposiciones de índole formal guarda sustento tanto en el afianzamiento del derecho al resarcimiento del daño padecido como en la efectividad de la garantía de igualdad y la tutela de los más débiles, en aquellas situaciones de dificultad probatoria en las cuales el reparto clásico de la carga de la prueba podría constituir un obstáculo para la obtención de la merecedora reparación (arts. 16 Const. Nac., 8 y 25 CADH). De esta manera, su inclusión pretende asegurar el dictado de sentencias justas, debidamente fundadas y basadas en la verdad de los hechos de la causa para todos los habitantes de la Nación, cualquiera fuera la jurisdicción donde tramitara el proceso. Por lo que se muestran ajustadas con suficiencia a los presupuestos establecidos en la histórica doctrina de la CSJN (conf. Quadri Gabriel H., “Las cargas probatorias dinámicas en el proyecto de Código Civil y Comercial de la nación”, publicado en SJA 27/08/2014, cita online: AP/DOC/1170/2014; De los Santos Mabel A., “Las cargas probatorias dinámicas en el Código Civil y Comercial”, LL 21/12/2016, cita online: AR/DOC/3752/2016).
3. Respecto a la aplicación del art. 1735 CCyC los agravios tampoco son de recibo.
a) Ya desde hace tiempo, tanto la doctrina como la jurisprudencia, venía realzando la virtualidad de la teoría de las cargas probatorias dinámicas con sustento en la necesidad de morigerar o flexibilizar la rigidez de las reglas contenidas en los códigos procesales sobre la distribución subjetiva de la carga probatoria que, al funcionar como reglas de juicio al tiempo de apreciar la prueba, conducían –en ocasiones- a abstracciones teóricas desconectadas de la realidad o que no se hacían cargo de las particulares circunstancias a resolver (conf. Zavala de González Matilde M. “Dinamismo probatorio en la responsabilidad civil. Aplicación en el Proyecto de Código”, LL 13/03/2013, cita online: AR/DOC/842/2013).
En el ámbito de la responsabilidad médica, por tratarse de situaciones extremas de difícil comprobación, cobró fundamental importancia el concepto de la carga dinámica o prueba compartida, que hace recaer en quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo (conf. SCBA causas “M.J.R v. Hospital regional Español s/ Daños y perjuicios del 27/06/2012; “Petrola Gabriela A. v. Piccioni Holver s/ Daños y Perjuicios” del 30/11/2011, entre otras).
La superioridad técnica, muchas veces acompañada por preeminencia económica, permite concluir en una superioridad también jurídica, en cuanto a un fácil acceso a extremos relevantes para liberarse de responsabilidad. Por eso, el profesional no puede permanecer en una actitud meramente negativa, limitándose a esperar que el paciente pruebe su culpa, sino que debe observar una actitud procesal dinámica, tendiente a demostrar la prudencia y diligencia consagradas en la atención del paciente (Zavala de González Matilde M., art. cit.).
Su recepción en el actual Código Civil y Comercial constituye una muestra de fe en el activismo judicial y en la capacidad de los jueces para encontrar soluciones razonables y así ponderar los valores en juego y no limitarse a subsumir automáticamente los hechos litigiosos en normas legales infraconstitucionales. Ponderar es también aceptar lo diferente y tenerlo en cuenta, y así no aplicar ciegamente reglas de reparto probatorio pensadas para casos corrientes y no para hipótesis excepcionales de gran dificultad probatoria para la parte sobre la que, en principio, recaería la carga de la prueba (Peyrano Jorge W. “Las cargas probatorias Dinámicas” publicado en RCCyC 2016 cita online: AR/DOC/582/2016).
b) En el caso bajo análisis, dados los términos en que quedó trabada la litis, la prueba a producirse se encuentra encaminada a desentrañar lo sucedido en el laboratorio desde la extracción de la muestra de sangre a la Sra. Carolina Medina hasta la obtención del resultado informado como infección por HIV, a los fines de determinar si existió, o no, un accionar negligente de los demandados (arts. 330 y 362 CPCC).
En tal tarea y en uso de las facultades conferidas por el art. 1735 CCyC, el a quo dispuso la carga de la prueba en cabeza de la parte demandada por estimar que es la que se halla en mejores condiciones para aportar los elementos necesarios tendientes a lograr desentrañar lo sucedido.
Así las cosas, no encontramos mérito para apartarnos de la decisión adoptada por el colega de la anterior instancia. Pues, no sólo procedió de acuerdo a las facultades con las que está investido en su carácter de director del proceso (arts. 1735 CCyC, art. 36 del CPCC), sino que los apelantes no aportaron elemento alguno tendiente a demostrar la presencia de un error en lo decidido, ni alegaron la afectación de derecho alguno que nos permita contrariar lo dictaminado.
Tampoco estimamos que lo resuelto haya implicado un adelanto de opinión. Pues, las calificaciones de “víctima” y “damnificado” utilizadas en el auto apelado responden a la cita doctrinaria realizada y no a la intención de imputar esa calidad a los accionados.
Por el contrario, la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba conlleva un análisis objetivo de quien, según las circunstancias del caso (que pueden ser de carácter profesional, técnico, económico, etc.) y sin que interese su rol de actor o demandado, se encuentre en mejores condiciones para producirla.
Y en tal entendimiento, consideramos que lo decidido importó un claro accionar tendiente al esclarecimiento de los hechos discutidos y al alcance de la verdad jurídica objetiva, finalidad última del proceso, sustentado tanto en la igualdad de partes como en el deber de colaboración en el proceso.
c) A su vez, no coincidimos con la interpretación expuesta por los apelantes en cuanto a que lo resuelto busca subsanar la deficiencia probatoria de la actora o alterar los términos de la demanda.
Fácil resulta advertir, tanto del escrito liminar de fs. 55/77 como de acta de audiencia de fs. 286/89, que no existió omisión alguna en su ofrecimiento. Sin perjuicio de ello, considerando las posiciones de ambas partes, la decisión adoptada pretende abarcar un criterio de solidaridad con el fin de evitar caer en abstracciones ajenas a la realidad, lo que en modo alguno importa suplir la inactividad de alguno de los contendientes.
Por lo demás, las pruebas a producirse quedarán supeditadas en su pertinencia y admisibilidad a los hechos descriptos por las partes en sus escritos de demanda y contestación, los que no se ven alterados por los términos de la resolución apelada (argto. art. 362 CPCC).
d) Finalmente, no compartimos la afirmación esbozada en cuanto a que se desplazó irrazonablemente el principio procesal de la carga de la prueba emergente del art. 375 del CPCC.
Si la ley procesal, que reglamenta el ejercicio del derecho de defensa en juicio reconocido constitucionalmente (art. 18 Const. Nac.), impone para el progreso de determinada pretensión exigencias de muy difícil (o imposible) satisfacción por una de las partes y, paralelamente, el cumplimiento de esos recaudos le resulta de mayor facilidad a la otra, tal preceptiva podría llegar a considerarse inconstitucional en lo que hace al caso específico por reglamentar en forma irrazonable el derecho de defensa en juicio (en una de sus facetas como es el derecho a prueba) e imponer exigencias de imposible cumplimiento que terminan alterándolo e impidiendo su ejercicio cabal (conf. Quadri, ob. cit. pág. 747).
En suma, encontramos justificada la flexibilización de las reglas de la carga probatoria, en un todo conforme a las facultades judiciales emergentes del art. 1735 del CCyC.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246, 330, 362, 375 y cctes. del C.P.C., arts. 1734, 1735 y concds. CCyC RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación articulado mediante la presentación electrónica del día 3/09/2018 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 382. II.- Imponer las costas a los apelantes vencidos (arts. 68 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). IV.- Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia