Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173280
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia apelada que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la obra social demandada;
II. Imponer las costas a la apelante en su calidad de vencida (art 68, 345 inc 1º y 352 inc 1º del CPC) III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967); IV) Cúmplase por Secretaría con lo ordenado en el punto III.3. de la presente.
EXPEDIENTE N ° 173280 JUZGADO N ° 8
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 05.8.2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia dictada el 05.8.2021, el Sr Juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada OS.E.C.AC., con costas.
Consideró que la justicia ordinaria no es competente para entender en esta causa toda vez que es de aplicación el art. 38 de la ley 23.661 y la doctrina judicial elaborada al respecto, que indica que la cuestión debe ser sometida ante el fuero federal.
Explicó que nada obsta a que el hecho de la relación jurídica mantenida entre las partes se encuentre regida por el derecho común, pues no se trata sólo de establecer la competencia del tribunal en razón de la materia, sino también en razón de las personas, supuesto en el que la atribución de jurisdicción se efectúa en razón de la calidad de los sujetos involucrados.
Señaló que, siguiendo jurisprudencia de la SCBA, la conclusión no se ve menguada por el hecho de que la pretensión debatida verse sobre el resarcimiento de daños y perjuicios con sustento en el derecho común, ni tampoco en función de que la obra social no sea la exclusiva demandada.
II : Apeló el apoderado de la actora y en sus fundamentos, presentados el 14.9.2021, persigue la revocación de lo decidido.
Sostuvo que el vínculo de la Sra. Rodríguez con los demandados es una clara relación de consumo regida por las leyes 24240 y 13.133 de la Provincia de Buenos Aires y los arts 1092 y 1093 del CCyC. Afirmó que la aplicación de estas leyes hace ceder el principio general de la ley jurisdicción federal, siendo competente el juez del lugar del consumo o uso, o el de la celebración del contrato o del de la citada en garantía, sin importar cuál de las partes inicia el conflicto.
Resaltó que la competencia federal es de excepción y de interpretación restrictiva y que la Corte de la Nación ha sostenido reiteramente que cuando se trata de un supuesto en el que la causa ha tramitado íntegramente y se han resuelto algunos aspectos de ella, el reenvío a la otra jurisdicción afecta la seguridad jurídica y la economía procesal.
Citó el dictamen del Sr. Fiscal en apoyo a su queja.
III. El recurso no prospera.
1. Para resolver las cuestiones de competencia es preciso atender a los hechos que se relatan en el escrito de inicio, y después, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se alega como fundamento de la petición (doctr. CSJN Fallos: 341:1232, entre otros)
En el caso, se observa que la acción promovida por la Sra. Rodríguez tiene por objeto obtener la reparación de los daños que invoca haber sufrido como consecuencia de la mala praxis que atribuye a dos médicos - Dres. Gustavo Fileni y Facundo Rodolfo Díaz-. También demandó al Centro Cardiovascular de Mar del Plata SA (Sanatorio Belgrano) y a O.S.E.C.A.C. (Obra Social de Empleados de Comercio).
En cuanto a la obra social, la actora destacó que tenía una afiliación obligatoria, dado que trabajaba en un comercio de esta ciudad, y que, conforme los hechos que narró, se trataría de un sistema de prestaciones cerrado, toda vez que manifestó que no contaba con libre elección del sanatorio adonde tratarse la dolencia que padecía (fractura de cabeza de fémur)
Sostuvo que en la actividad de las obras sociales ha de verse una proyección de los principios de seguridad social, cuya garantía resguardada en forma expresa en el art 14 bis de la Constitución Nacional. De esta manera el intérprete debe apreciar los conflictos que se suscitan por el funcionamiento con un criterio que no lo lleve a desatender los fines propios de estas instituciones, ni subestime la función que comete a los profesionales que participan en la atención brindada en dichas mutuales, en otras palabras, la función especifica de la obras sociales debe consistir en una prestación integral y optima del servicio debido.
Atribuyó a O.S.E.C.A.C el deber de seleccionar y vigilar a las clínicas prestadoras del servicio médico por lo que, en este supuesto, tiene la obligación de responder por la actuación de los médicos, la cual nace de la condición de garante ante la correcta prestación del servicio que por ley debe proporcionar, según afirmó (punto VII del escrito de demanda)
2. La competencia federal por razón de la materia es improrrogable por su propia naturaleza y no puede ser alterada por voluntad de las partes (C.S.J.N., Fallos, 132:230; 122:408; R. Haro, La competencia federal”, Depalma p. 91).
El art. 38 de la ley 23.661 es claro al disponer que “La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras.”
Esa solución debe aplicarse con prescindencia de la causa de la obligación reclamada, tal como lo ha resuelto la SCBA en el caso "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina s. Apremio " (causa C. 94.490, sentencia del 02/09/09), cuyas partes pertinentes a continuación transcribo, por resultar en un todo aplicables al caso.
En esa oportunidad, el Tribunal resolvió – siguiendo el voto preopinante del Ministro Pettigiani- que … ”en virtud de lo dispuesto por el art. 38 de la ley 23.661, "La ANSSAL y los agentes del seguro estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción federal , pudiendo optar por la correspondiente justicia ordinaria cuando fueren actoras. El sometimiento de los agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujetos de derecho en los términos dispuestos por la ley de obras sociales" (el destacado me pertenece, Ac. 58.089, sent. del 3-IX-1996; Ac. 83.821, sent. del 26-X-2005)."
"Asimismo se ha advertido en los precedentes referenciados que la indicación de que ello acontece "exclusivamente" no permite albergar dudas acerca de que tanto la ANSSAL (luego Superintendencia de Servicios de Salud) cuanto sus agentes (arts. 6 y 14 de la ley 23.660) están sometidos -por regla general- a la competencia federal, admitiéndose como única excepción, la de optar por la justicia ordinaria cuando son actores."
"Ello así, no puedo más que concluir en la pertinencia de aplicar idéntica solución al caso de marras, en tanto la demandada -Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (O.S.P.R.E.R.A.)- resulta una obra social que reviste el carácter de agente natural del Sistema Nacional del Seguro de Salud en los términos de los arts. 1 de la ley 23.661 y 1 inc. "c", 6 y 14 de la ley 23.660, y por ello sujeta al control de la Autoridad Central, surgiendo diáfano en la especie, que no es factible invocar la excepción prevista en el art. 38 de la ley 23.661, en tanto O.S.P.R.E.R.A. resulta demandada y no actora”.
... ”La competencia federal en este ámbito ha sido reconocida desde hace años por la Corte Suprema de la Nación in re "Talarico" (Fallos, 315:2292, sent. del 6-X-1992), y ha sido ratificada no sólo en casos en los que la materia en juego involucraba un contenido federal (v. dictamen del Procurador General, al que remitiera la C.S.J.N. in re "Longueira, Jorge F. s/Amparo", sent. del 10-X-2000), sino también en los que la pretensión encontrara sustento en la normativa común (v. Fallos, 320:1328, "Brorghi c/I.S.B.B. s/Despido"; en el mismo sentido, v. dictamen del Procurador General adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa t. 199. XXXVI, "Toledo c/Obra Social de Conductores de Camiones Neuquén", sent. del 13-III-2001). - la negrita no es original-
"Con idéntico criterio se pronunció el máximo Tribunal, cuando remitiendo a las consideraciones vertidas por el señor Procurador Fiscal subrogante, declaró competente para conocer en las actuaciones "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Obra Social del Ministerio de Educación s/Ejecución fiscal", al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7."
"En su dictamen, el Procurador Fiscal en la causa "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/Obra Social del Ministerio de Educación s/Ejecución fiscal", al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 7" destacó que la solución arribada en el caso "Talarico" (Fallos 315:2292), fue reiterada en causas "... donde la pretensión se vinculaba a reclamos laborales (Fallos: 320:1328 y más recientemente en la sentencia del 5 de diciembre de 2000, in re Comp. Nº 1270, L. XXXVI, 'Agüero, Modesta Irene c/ O.S.P.I.M. s/ despido y enfermedad profesional'), o cuando se encontraba pendiente una regulación de honorarios (sentencia del 18 de septiembre de 2001, in re Comp. 609, L. XXXVII, 'Asociación de Obras Sociales de Neuquén s/ medida cautelar'); concluyendo que en virtud de lo dispuesto por el art. 38 de la Ley 23.661, en todos los casos las obras sociales deben ser demandadas en el fuero federal, sin que resulte óbice para ello, la materia del pleito ; a ún en hipótesis como la referenciada, donde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos aires reclamaba una deuda tributaria (contribución de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial, de pavimentos y aceras y Ley 23.514)"
Es que el derecho a la salud entraña materia federal puesto que –aun cuando el litigio se trabó en función de un resarcimiento de daños que, en principio, refiere a una esfera de hecho, prueba y derecho común- la solución de este caso particular exige determinar la recta interpretación de la normativa que rige el respectivo sistema (Fallos: 330:3725 y 332:1394; 333:604 y 2396). Siempre que el juzgador se viera en la necesidad de analizar normativa regulatoria del derecho a la salud, la materia será federal (Fallos: 330:3725).
En un caso análogo al presente, la CSJN ha resuelto que la causa debe tramitar en la justifica federal (autos: "Zayas, Luis Armando el Hugo Libedinsky S.A. Instituto Agüero y otros s. daños y perjuicios", sentencia del 06.6.2017- Fallos: 340:812-).
En esa oportunidad, la Corte hizo suyo el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante y del Sr.Defensor General Adjunto de la Nación, en el que señalaron que es competencia del fuero federal la cuestión "en tanto resulta demandada una obra social que se encuentra comprendida, en principio, en los términos de los artículos 1 y 2 de la ley 23.660 y 2 y 15 de la ley 23.661. Por tal motivo, resulta aplicable el artículo 38 de esta última norma, en cuanto prevé el sometimiento exclusivo de sus agentes al fuero de excepción, pudiendo optar por el ordinario' sólo cuando sean actores (cfrs. Fallos: 315:2292; 329:4414; y S.C. Comp. 976; 1. XLVIII, "Nat, Víctor y otros cl Centro Cardiovascular de Mar del Plata y otros si daños y perjuicios", del 30/04/2013; S.C. Comp. 618; 1. XLIX, "P., M. V. cl OSPSA y otros si daños y perjuicios", del 10/07/2014; S.C. Comp. 258; 1.1.; "Herrera, Horencio D. cl Clínica Modelo Los Cedros S.A. y otros", del 30/12/2014; y Comp. FOR 17088/20151CS1; "Anabalón, Natalia el Rueda, Lucas y otros si daños y perjuicios",.del13/09/2016). Destaco que la actora demanda a su agente del seguro de salud por haber inobservado el deber de seguridad referente a la prestación médico - asistencial a la que estaba obligado y que cedió a un tercero (fs. 133), por lo que su reclamo se halla regido asimismo por las leyes 23.660 y 23.661 antes citadas (Fallos; 320:42; 324:2078; Comp. CSJ 4530/2014/CS1; "Martinez, Ornar A. cl Hospital Luisa Oandulfo y otro si daños y perjuicios", del 01/09/15) " (el subrayado no es original)
3. Por lo demás, no es posible aplicar el criterio de ciertos precedentes jurisprudenciales que distinguen aquellos casos en los cuales se pretende el cumplimiento del contrato entre las partes y el resarcimiento de daños acaecidos; sosteniendo la competencia de la justicia ordinaria en esos supuestos (Stiglitz-Hernández “Tratado de Derecho del Consumidor”, t. II p. 900/1).
Las partes en este proceso carecen de un vínculo contractual.
No es una situación asimilable a la de las entidades de medicina prepaga u otras proveedoras de servicios en general, donde la causa de las obligaciones recíprocas es el contrato celebrado entre las partes, de acuerdo lo hemos resuelto en la causa nº155.864 seguida contra la misma demandada ("Luchessi, Pierina c. OSDOP -sentencia del 14.11.2019)
En esa ocasión, la cuestión de competencia no estaba planteada y no podíamos expedirnos de forma oficiosa por haber precluido la etapa oportuna (arts.7, 8 , 345 inc 1 y cdtes del CPCC y doctr. SCBA causas doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; Ac. 84.444, "Remis del Sur SRL", sent. de 25-VI-2003; B. 68.077, "Arrúa González", resol. de 24-XI-2004; B. 68.282, "Montiel", resol. de 10-VIII-2005; B. 69.063, "Porcel de Peralta", resol. de 11-IV-2007; B. 70.084, "García y Lantaño", resol. de 6-V-2009; B. 71.336, "Agüero", resol. de 15-VI-2011; B. 73.004, "Martínez", resol. de 12-III-2014; B. 73.681, "Azorín", resol. de 23-IX-2015; B. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017; B. 74.717, "Municipalidad de San Vicente", resol. de 14-IV-2017; B. 74.806, "Lewin", resol. de 6-IX-2017; B. 75.544, "Valderrey", resol. de 19-XII-2018; B. 75.702, "Pahl", resol. de 7-III-2019; B. 75.964, "Perez", resol. de 18-IX-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.520, "Fernández", resol. de 23-XI-2020 y B. 76.547, "Municipalidad de Monte Hermoso", resol. de 30-III-2021), no obstante explicamos que las obras sociales no tienen un vínculo contractual con sus afiliados.
La obra social demandada, en la medida que no ofrezca planes superadores, está expresamente excluida de las disposiciones de la ley 26.682 y no debe ser asimilada a las entidades por ella reguladas (Alvarez Larrondo Federico, “Marco regulatorio de la medicina prepaga. Análisis del texto aprobado por el Parlamento”, en “Régimen jurídico de la medicina prepaga”, Directora Graciela Medina, Suplemento Especial La Ley, mayo de 2011”, págs.. 4 y 5).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las obras sociales “son entes de la seguridad social a cuyo cargo se encuentra la administración de las prestaciones, prioritariamente médico asistenciales, para la cobertura de las contingencias vinculadas a la salud, a las que pueden adicionar otras prestaciones de carácter social, y se constituyen como organizaciones descentralizadas y autónomas, destinadas a procurar, por sí o a través de terceros , la satisfacción del derecho a la salud de sus afiliados y beneficiarios ” (Fallos: 331:1262, “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c. Provincia de Catamarca s. Acción de inconstitucionalidad”, sent. del 20.5.2008: Mosset Iturraspe Jorge, Lorenzetti Ricardo Luis, “Contratos médicos”, ed. La Rocca, Bs. As. 1991, pág. 342).
Es que en cuanto a la relación jurídica con sus afiliados, en el derecho argentino es difícil ignorar el vínculo de seguridad social, que tiene rango constitucional (art. 14 bis de la CN), y es sostenido claramente en las leyes 23.660 y 23.661(Lorenzetti Ricardo Luis, “La empresa médica”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2011, págs. 91 y 92).
La existencia de derechos y deberes, aunque pueda asemejarse a un contrato, señala Lorenzetti (ob. cit., pág. 93), no debe confundirnos; el vínculo entre la obra social y sus afiliados y beneficiarios no tiene su fuente en un acuerdo voluntario, sino en la ley, que establece una relación de derecho público en algunos casos, al decir que son entidades de derecho público no estatal, y en relación a las obras sociales sindicales, que “tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el CC establece en el inciso 2 del segundo apartado del art. 33” (art. 2 de la ley 23.660, hoy están incluidas en el art. 148 inc. c) de la CCCN).
Este vínculo responde a principios de solidaridad, de justicia distributiva, y no a los de justicia conmutativa propios del contrato (ob. cit., pág. 92, con cita en nota 9 de CSJN, Fallos: 300:836 y en nota 10, de Fallos: 306:178; 308:344).
La Suprema Corte de la Provincia se ha expedido en el mismo sentido (causa C.101.912, “S.M.M. c. Clínica Privada del Diagnóstico Las Flores SA y otros s. Daños y perjuicios”, sent. del 30.3.2010; se demandaba también a OSECAC , del voto del Dr. Pettigiani que hizo mayoría junto con los Dres. De Lázzari, Hitters y Soria).
De todos modos, corresponde señalar que de conformidad con la noción de "relación de consumo", el vínculo de seguridad social entre los afiliados y la obra social se encuentra abarcado por el art. 42 de la Constitución Nacional y las disposiciones de la ley 24.240 reformada por la ley 23.361 (conf, esta sala causa "Luchessi" ..citada).
4. En atención a todo lo expuesto, considero que debe confirmarse la resolución recurrida que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la obra social demandada.
A fin de remitir el expediente al fuero federal con asiento en esta ciudad, y teniendo en cuenta que la presente causa es íntegramente electrónica y que no existe convenio específico que permita su remisión en formato electrónico al fuero referido, se deberá generar por Secretaría -desde el Sistema Augusta- un archivo en formato PDF de la totalidad de la causa, el cual se adjuntará a la presente resolución como archivo anexo digital. Este último quedará a disposición de la accionante para su descarga y presentación ante el organismo que asuma el conocimiento del presente caso, el cual podrá -si lo considera pertinente y necesario- requerir su impresión certificada por Secretaría de modo de garantizar la autenticidad e integridad con relación a los registros informáticos (conf. art. 12, Reglamento para los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales, Ac. 3975 SCBA)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde confirmar la sentencia apelada que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la obra social demandada, con costas a la actora en su calidad de vencida (art 68, 345 inc 1º y 352 inc 1º del CPC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia apelada que hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la obra social demandada; II) Imponer las costas a la apelante en su calidad de vencida (art 68, 345 inc 1º y 352 inc 1º del CPC) III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967); IV) Cúmplase por Secretaría con lo ordenado en el punto III.3. de la presente. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado Ac. 4013 de la SCBA). DEVU ÉLVASE.
Se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 SCBA
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 10:12:28 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 11:26:18 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2021 12:00:43 - TROBO Luca
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.