Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78436
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata para entender en la pretensión seguida contra la señora R. y la Clínica Pueyrredon (art. 4 inc. 1 y 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para conocer en la pretensión seguida contra el IOMA (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 inc. 1, 2 inc. 4, 6, 7 inc. 1 y 12 inc. 3, CCA).
Por Secretaría, se radicarán las actuaciones al juzgado mencionado en primer término para la prosecución del trámite. En atención al modo en que se resuelve la presente cuestión de competencia, dicho órgano deberá girar lo actuado -en formato digital- al juzgado contencioso administrativo que intervino para que allí sea ventilada la pretensión que le compete, de acuerdo a lo señalado.
B.78.436 “D. S. E. C/ CLINICA PUEYRREDON Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) -CUESTION DE COMPETENCIA-“
I. E. D. S., por sí y en representación de su hija menor de edad, S. Q., promovió demanda de daños y perjuicios contra L. R., la Clínica Pueyrredon y el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), con el objeto de obtener una indemnización por la mala praxis que alega haber sufrido durante los controles médicos a los que se sometía regularmente durante su embarazo.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata. En lo que interesa al conflicto aquí suscitado, cabe destacar que en el escrito de fecha 8 de abril de 2022 la Fiscalía de Estado, ejerciendo la representación procesal del IOMA, opuso excepción de incompetencia en favor del fuero contencioso administrativo.
Esta defensa fue acogida por el juez interviniente, con sustento en lo normado en los artículos 166 de la Constitución provincial y 1 y 2 inciso 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. de 29-IX-2022).
De este modo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental. No obstante, su titular se rehusó a conocer en el asunto aduciendo que el reclamo efectuado por la actora se dividía en dos partes: de un lado, la pretensión esgrimida contra la médica y la clínica para la que esta trabajaba, fundada en los artículos 1.724 y 1.725 del Código Civil y Comercial y 40 de la ley 24.240; y, de otro, aquella interpuesta contra el IOMA por la presunta violación del deber de seguridad respecto de sus afiliados y las prestaciones médicas a los que estos acceden. Siguiendo esta línea de razonamiento, sostuvo que cada una de ellas, a pesar de haberse articulado en una única demanda, correspondía a un fuero distinto -la primera, al civil y comercial; la segunda, al contencioso administrativo-, lo que obstaba su acumulación ante un único órgano jurisdiccional.
Sin perjuicio de lo antedicho, adunó que la vinculación del IOMA con los hechos que dieran lugar al presente proceso se daba de manera accesoria -por la mera circunstancia de ser la obra social de la paciente-, por lo que no podía ser considerada "parte sustancial en la litis". En tal sentido, arguyó que la habilitación del fuero contencioso administrativo exige como recaudo que la Provincia, municipios y entes públicos estatales involucrados sean titulares de la relación jurídica en que se sustenta la pretensión, requisito que no se cumplía en los presentes obrados (v. resol. de 1-XI-2022).
En virtud de ello, se declaró incompetente y elevó el expediente a esta Suprema Corte de Justicia para que ejerza la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo.
III. A los fines de establecer el tribunal que deberá conocer y decidir en el caso salvaguardando la competencia ratione materiae (cfr. art. 6, CCA), cuadra señalar que en la especie gravita el impedimento contenido en el artículo 87 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial.
En efecto, de la sola lectura del escrito de inicio se evidencian dos reclamos de distinta naturaleza que los hacen, entre sí, escindibles:
a) En primer lugar, la acción que se dirige contra la señora R. y la Clínica Pueyrredon, en virtud de la responsabilidad reglada en los artículos 1.724 y 1.725 del código sustantivo que rige la materia civil y comercial y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, respectivamente.
En lo concerniente a esta pretensión, es dable recordar que se encuentra sustraída de la jurisdicción especializada por hallarse regida, primariamente, por normas de derecho privado (art. 4 inc. 1, CCA).
b) En segundo lugar, aquella enderezada contra el IOMA, al que se le endilga responsabilidad por la presunta violación de un genérico "deber de seguridad" en relación a sus beneficiarios que emanaría de la propia actividad que ejercen las obras sociales.
En este caso, por el contrario, el reclamo sí se ve alcanzado por la cláusula general que define la materia contencioso administrativa contenida en los artículos 166 in fine de la Constitución provincial y 1 inciso 1 y 2 inciso 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (conf. art. 1, ley 6.982; doctr. causas B. 71.722, "Sosa", resol. de 7-III-2012 y B. 74.404, "M., R.H.", resol. de 7-VI-2017). Por consiguiente, corresponde que sea ventilado ante -y resuelto por- el juez especializado en derecho público.
IV. Sentado lo precedente, queda claro que las pretensiones esgrimidas carecen de virtualidad para integrar una única demanda y ser resueltas por un mismo juez. Para más, tampoco se advierte en la especie un riesgo cierto de que, a la postre, se dicten sentencias contradictorias. Esto, dado que en lo que respecta a la dirigida contra el IOMA, los efectos de su previsible tránsito por un régimen de responsabilidad de tipo objetivo basado en el alegado incumplimiento del deber de seguridad antes referido, bien pueden resultar indiferentes a la definición final del otro proceso, y viceversa (v. presentación electrónica de 15-VII-2020 -demanda-; doctr. causas B. 72.444, "Enosur", resol. de 10-VII-2013; B. 73.756, "Victoria", resol. de 28-X-2015; B. 74.264, "Mostafa", resol. de 21-IX-2016 y B. 74.404, cit.).
V. Consecuentemente, es menester recurrir al resorte de la escisión a fin de mantener la competencia material del fuero especializado (cfr. art. 6, CCA), debiendo desdoblarse el juicio para que la demanda incoada contra la señora R. y la Clínica Pueyrredon tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a la par de que la promovida contra el IOMA lo haga ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental (doctr. causas B. 72.435, "F.", resol. de 8-V-2013; B. 72.536, "López de Belba" y B. 72.924, "Fran Constructora SA", ambas resols. de 12-III-2014; B. 73.583, "Martínez", resol. de 15-VII-2015; B. 74.404, cit. y B. 77.044, "R.", resol. de 15-VII-2021, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata para entender en la pretensión seguida contra la señora R. y la Clínica Pueyrredon (art. 4 inc. 1 y 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental para conocer en la pretensión seguida contra el IOMA (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 inc. 1, 2 inc. 4, 6, 7 inc. 1 y 12 inc. 3, CCA).
Por Secretaría, se radicarán las actuaciones al juzgado mencionado en primer término para la prosecución del trámite. En atención al modo en que se resuelve la presente cuestión de competencia, dicho órgano deberá girar lo actuado -en formato digital- al juzgado contencioso administrativo que intervino para que allí sea ventilada la pretensión que le compete, de acuerdo a lo señalado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/09/2023 13:17:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2023 18:28:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2023 11:05:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:23:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 14:06:17 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 14:21:29 hs. bajo el número RR-891-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia