Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76314
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.76.314 “ZAVALETA AMALIA MARIA C/ MAGNAGO BIBIANA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. ESTADO (EJERC. PROF. FUNCIONARIOS). --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 15 de abril de 2020.
I. Ayelén Lamas, en su carácter de Curadora Oficial de Alienados interina de los Departamentos Judiciales de San Isidro y Zárate Campana, promovió una demanda interruptiva de la prescripción contra Bibiana Magnago y la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de mantener en resguardo las aspiraciones indemnizatorias de los daños y perjuicios que un grupo de personas con discapacidad habría sufrido como consecuencia del mal desempeño en sus funciones por parte de quien la antecediera en el cargo. Asimismo, solicitó que se decrete cautelarmente la inhibición general de bienes de la señora Bibiana Magnago.
Alega que en los autos caratulados "Magnago, Bibiana s/Defraudación", en trámite ante el Juzgado en lo Correccional N°5 del Departamento Judicial de San Isidro (causa N° 2458), se ha encontrado a la primera de las co-demandadas penalmente responsable por los delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; siendo dicho pronunciamiento confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental. Todo ello, en detrimento del patrimonio de quienes asistía.
II. La causa fue iniciada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, cuyo magistrado se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que en autos se pretendía hacer efectiva la responsabilidad del Estado por la actuación desplegada en diversos procesos judiciales por quien fuera Curadora Oficial de Alienados y en consecuencia, la conducta reprochada no poseería connotación administrativa, sino que constituiría el ejercicio de una actividad jurisdiccional, lo que se hallaría excluido del ámbito de conocimiento del fuero especializado (fs. 133/135).
En lo que aquí respecta, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que los actos que motivan la presente acción importarían el ejercicio de funciones administrativas y por ello, el caso quedaría aprehendido por la cláusula general que define la materia (fs. 149).
En virtud de esto, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es competencia del fuero en lo contencioso administrativo, entender y resolver las controversias suscitadas por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial y en particular, las que versen sobre la responsabilidad patrimonial, generada por la actividad lícita o ilícita de la Provincia, los Municipios y los entes públicos estatales previstos en el art. 1, regidas por el derecho público, aun si se invocaren o aplicaren por analogía normas del derecho privado (cfr. arts. 166 in fine, Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 y 2 inc. 4, CCA; doctr. causas B. 64.533, "Gaineddu", resol. de 23-IV-2003; B. 65.489, "Mazzei", resol. de 4-VI-2003; B. 67.408, "Mancuso", resol. de 19-V-2004; B. 68.001, "Mozcuzza" y B. 68.005, "Carrizo", ambas resol. de 8-IX-2004; B. 68.052, "Echaire", resol. de 20-X-2004 y B. 74.397 "Z., S. E. y otros", resol. de 26-X-2016).
Esta Suprema Corte, interpretando ese plexo normativo, ha resuelto que eran casos contencioso administrativos aquéllos en los que se procura activar la responsabilidad estatal ante la lesión de derechos o intereses producida por el ejercicio de la función administrativa (doctr. causa B. 71.286, "Sánchez", resol. de 18-IV-2011; B. 76.183, "Pietracupa", resol. de 6-XI-2019 y B. 76.220, "Municipalidad de Presidente Perón", resol. de 18-XII-2019).
IV. En la especie, la actora persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el mal desempeño en la función de la Curadora Oficial de Alienados de los Departamentos de San Isidro y Zárate Campana entre los meses de agosto del año 2015 y 2016 en menoscabo del patrimonio que administraba en nombre de las personas con discapacidad a las cuales asistía, tras resultar condenada en la causa penal en la que fuera imputada.
De tal manera, habida cuenta de la naturaleza del tipo de función que ejerció la por entonces curadora al disponer los actos que originan el presente litigio, cabe concluir que el caso subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, toda vez que da cuenta de un hecho que puede ser considerado como generador de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa por parte de uno los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (conf. arts. 1 y 2 inc. 4, CCA).
Siendo así, tratándose de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de quien desempeñó el cargo de Curadora Oficial de Alienados, la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público, ante los tribunales del fuero contencioso administrativo (doctr. causas B. 73.726, "Rivas", resol. de 21-X-2015; B. 75.263, "Calderón", resol. de 22-VIII-2018; B. 73.399, "López", resol. de 7-XI-2018; B. 75.611, "Castro", resol. de 13-II-2019; B. 76.129, "Alegre", resol. 25-IX-2019 y B. 76.055, "Miranda Caballero", resol. de 6-XI-2019).
V. Bajo tales premisas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de San Isidro el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 del Departamento Judicial de San Isidro para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº16 departamental.
Regístrese y ofíciese.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. So-Pe-Ge-Ko
Reg. Nº66
Fin de la sentencia