Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122773
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.773, "Falcón, Miguel Ángel y otro contra Provincia de Buenos Aires y otro. Daños y perjuicios. Resp. Estado".
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul, en lo que importa destacar, confirmó la solución de primer grado que -a su turno- hiciera lugar a la acción de daños y perjuicios incoada por Miguel Ángel Falcón y Viviana Carmen Caroni contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 986/1.002 y fs. 1.047/1.071 vta.).
Se interpuso, por el Fisco vencido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Con el objeto de resolver adecuadamente la problemática traída en autos, me permito destacar las siguientes circunstancias:á
Los señores Miguel Ángel Falcón y Viviana Carmen Caroni promovieron acción de daños y perjuicios contra el señor Mario Oscar Sallago y la Provincia de Buenos Aires, en virtud del lamentable hecho que terminara con la vida de su hija menor de edad, Jennifer Falcón (v. fs. 4/58).
En su escrito de inicio explicaron que el día 20 de febrero de 2001 fue abusada sexualmente y asesinada por el señor Sallago quien, posteriormente, fuera condenado a la pena de reclusión perpetua por resultar penalmente responsable de los delitos imputados (v. fs. 7 vta./8).
Reprocharon que el día 28 de enero de 2001, es decir pocos días antes del mencionado infortunio, la Seccional Primera de la Policía de la ciudad de Olavarría, enterada de la posible comisión de un abuso sexual hacia otro menor de edad, se abstuvo de radicar denuncia alguna y formar una causa penal instructora como para dar con la intervención de la unidad fiscal en turno y, consecuentemente, poder capturar al sujeto involucrado (v. fs. 31).
Agregaron que una vez que ocurrió el secuestro, violación y muerte de su hija, se pudo identificar al autor del hecho, resultando ser la misma persona que cometió el anterior ilícito. Tal circunstancia motivó una averiguación de oficio por el presunto delito de acción pública, en virtud de la falta de actuación de la policía bonaerense cuando se enteró de lo sucedido aquel 28 de enero de 2001 (v. fs. 31 y vta.).
Por tales motivos endilgaron responsabilidad al Estado local, sustentada en la falta de cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos (policías) al omitir labrar un acta y dar curso a una denuncia para poder detener al delincuente, considerando que ello contribuyó, al menos concausalmente, con el posterior deceso de Jennifer (v. fs. 32 vta. y 33).
II. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó el pronunciamiento de origen que -a su tiempo- admitiera parcialmente el reclamo seguido contra la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 986/1.002 y fs. 1.047/1.071 vta.).
Para arribar a tal conclusión, en prieta síntesis, sostuvo que las críticas vertidas por el abogado del Fisco provincial se desentendían del razonamiento medular sobre el que se asentó el fallo de primer grado -a saber, la aplicación del instituto de la pérdida de chance para considerar operada la responsabilidad del Estado-, por lo que no resultaban hábiles para conmover su resultado (v. fs. 1.053).
III. Frente a ello, el letrado apoderado de la Fiscalía provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 901, 906, 1.074, 1.112 y concordantes del Código Civil; 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional y 9 y 15 de su par local. Además, esgrime el vicio de absurdo y conculcación de doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2018).
Concretamente, cuestiona la asignación de responsabilidad sobre el ente estatal, ya que considera que no ha quedado acreditada en autos cuál es la omisión irregular endilgada, que responda -a su vez- a un mandato determinado por la ley (v. párr. 6 del acápite VI de la presentación).
Discrepa con la idea de atribuir responsabilidad a la Provincia si no se explica cómo debería haber actuado la policía para evitar el hecho. En este sentido, critica la decisión del Tribunal de Alzada, en tanto sostiene que éste se guio por el triste resultado y, a partir de allí, construyó un razonamiento absurdo que hace partícipe al Estado de la responsabilidad en un hecho que le resulta ajeno (v. párr. 24/28 del acápite VI de la presentación).
Asimismo, se muestra disconforme con la vinculación causal entre la supuesta actitud pasiva y el desenlace fatal de la menor. Argumenta que no existen en autos elementos reveladores que acrediten que la conducta asumida por los agentes policiales posea estricta correspondencia con el homicidio que cometiera el señor Sallago (v. párr. 34/35 del acápite VI de la presentación).
IV. El recurso no prospera.
Quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del conducto intentado (conf. doctr. causas C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; C. 122.683, "Pereyra", resol. de 26-IX-2018; e.o.), tal como se verifica en el caso (art. 279, CPCC). Veamos.
IV.1.a. Inicialmente, debo dejar establecido que el impugnante ha direccionado sus críticas -emparentadas con la responsabilidad atribuida- de una manera disímil a como fueron llevadas a consideración del juzgador anterior (v. fs. 1.038/1.039; art. 279, CPCC).
Sobre tal proceder, ha dicho este Superior Tribunal que no pueden ser atendidos los agravios que se sustentan en una circunstancia o pretensión diferente a la que fueran sometidos ante la instancia de grado porque ello traduce el intento, extemporáneo, de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión con que las cuestiones han sido articuladas previamente (conf. arts. 272 y 279, CPCC, y doctr. causas C. 120.352, "Bauza", resol. de 21-XII-2016; C. 121.806, "Casaux Alsina", resol. de 20-IX-2017 y C. 122.776, "Cermelo", resol. de 3-X-2018).
IV.1.b. En segundo término, cabe recordar que esta Corte ha manifestado que, en casos como el presente, en el cual el Tribunal de Alzada -en ejercicio de facultades propias- hizo una valoración del escrito de expresión de agravios, llegando a la conclusión de que no reunía los requisitos del art. 260 del Código procesal, resulta ineficaz la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley que -como en el sub lite - no demuestra el absurdo de dicha decisión (conf. causas C. 112.608, "La Porte", resol. de 9-XII-2010; C. 111.640, "Rzepeski", sent. de 24-IV-2013; C. 121.425, "Municipalidad de Avellaneda", sent. de 14-XI-2018).
En efecto, el a quo a fs. 1.049/1.051 vta., se encargó de trascribir y destacar los pasajes más salientes del fallo de origen -en el cual se analizó y determinó la responsabilidad del ente provincial- con el objeto de contrastarlos con los agravios de fs. 1.038/1.039 (v. fs. 1.049).
Luego, dejó establecido que la pérdida de chance constituye en sí misma un daño, un perjuicio cierto y concreto, en donde -para atribuir responsabilidad- debe estar demostrada la relación de causalidad entre la conducta del agente y la privación de las chances, lo que reafirma que se trata de una especie de daño y no de una construcción de aplicación directa a la problemática debatida (v. fs. 1.052 y vta.).
Desde esa plataforma, consideró que las argumentaciones realizadas por la magistrada de primera instancia para endilgar responsabilidad al Estado, no habían sido refutadas eficazmente (art. 260, CPCC; v. fs. 1.055 vta./1.057). Especialmente, sobre aquellas parcelas que hicieron referencia a la prestación irregular del servicio de seguridad, tales como:
a] La falta de asentamiento de la denuncia del día 28 de enero de 2001 para que, en base a la misma, la justicia pudiera actuar ordenando medidas pertinentes para determinar al posible autor del abuso, lo que frustró la chance de dar con el autor del hecho, verificar la autoría en cabeza del señor Sallago y evitar que el mismo se encontrara libre el 20 de febrero de 2001 para cometer el trágico hecho que diera motivo a las presentes actuaciones (v. fs. 1.050).
b] Los efectivos policiales intervinientes debieron haber dejado asentada la visita al lugar del hecho delictivo, las diligencias oficiosas preliminares, la búsqueda, el sospechoso que retuvieron en las inmediaciones del supermercado, la falta de reconocimiento del mismo por parte de un testigo, así como la concurrencia de la madre del presunto niño abusado junto al menor a la seccional y el examen médico de este último. Todo ello junto a la constancia final en el acta de la reticencia de la declarante para firmar la respectiva acta y, en su oportunidad, poner en conocimiento de todo lo actuado al instructor judicial en turno para su toma de razón y, eventualmente, permitir la fijación de medidas de oficio (v. fs. 1.050 vta.).
c] Que la desprolijidad de haber efectuado todos los sumarios en relación a lo acaecido aquél domingo 28 de enero no podía evidenciar otra cosa que una flagrante falta de servicio o, en su caso, prestación irregular, porque el solo hecho de esa falta impidió siquiera contar con la chance cierta de que tiempo después no aconteciera el trágico hecho que motivara las presentes actuaciones (v. fs. cit.).
d] El sindicado autor del delito imputado el día 28 de enero de 2001 fue finalmente identificado y de haber sido privado de su libertad oportunamente no se hubiera podido pasar por alto el antecedente criminal del señor Sallago. Teniendo en consideración el tipo de denuncia y dicho antecedente, a la luz de lo que de ordinario acontece en el marco de la justicia provincial, lo cual era público y notorio, independientemente de la investigación penal preparatoria, su avance y resultado, el día 20 de febrero de 2001, quien fuera finalmente responsable, hubiera permanecido detenido (v. fs. 1.051).
IV.1.c. Los cuestionamientos del impugnante con respecto a esta apreciación revelan un absoluto desentendimiento no solamente de la norma expresamente actuada en la sentencia sino también del razonamiento que efectuara el tribunal para confirmarla, actitud que no resulta hábil para evidenciar la existencia del error palmario y fundamental en el discurrir del magistrado, sobre todo considerando que el principal agravio consiste en afirmar -dogmáticamente- que no existe vinculación causal entre su accionar y el fatal desenlace (v. párr. 34/35 del acápite VI de la presentación).
Si bien es cierto que en las indemnizaciones por frustración de chance lo reparable es la probabilidad perdida, la circunstancia de tratarse de una chance no quita certeza al daño en tanto constituya la pérdida de una posibilidad real y concreta (conf. causa L. 81.957, "S., B. E.", sent. de 27-XII-2006), por lo que la pérdida con tal alcance debe ser un daño cierto en la misma medida que su grado de probabilidad (conf. causas Ac. 52.947, "Scasserra", sent. de 7-III-1995; L. 44.497, "Alba Villaroel", sent. de 21-VIII-1990; etc.), de modo que al lado de las posibilidades en contra también debe haber otras a favor; por lo que en estos casos el obligado puede descargar su responsabilidad alegando que ha prestado los cuidados debidos o que a pesar de no haberlo hecho el daño hubiera ocurrido de todos modos (conf. causa C. 96.507, "A., O. A." sent. de 15-IV-2009; del voto del doctor Pettigiani, en la causa C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017, al que presté mi adhesión), situación ajena al sub lite .
Sobre el punto, el interesado ha enarbolado un relato que desconoce el íter lógico del pronunciamiento, se aparta de su línea rectora y de sus bases esenciales, surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, en tanto, sin hacerse cargo de la inhabilidad del escrito de expresión de agravios, pretende eximir al Fisco de la responsabilidad endilgada por la pérdida de chance sin acreditar de manera indubitable cuáles fueron los comportamientos o las actitudes que adoptaron los agentes involucrados al momento en que recibieron la información de la posible comisión de un delito el día 28 de enero de 2001 (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
De tal modo, no habiendo rebatido en forma idónea los argumentos vertidos por la Cámara, limitándose la pieza recursiva a desarrollar en forma paralela y genérica una opinión discrepante con el fallo, olvidándose de las concretas razones que sustentan el mismo (conf. doctr. causas C. 97.899, "L., I. A.", sent. de 22-X-2008; C. 117.156, "López", sent. de 25-VI-2014; C. 119.665, "Haupt", sent. de 15-VIII-2018; etc.), corresponde declarar la insuficiencia del planteo traído y descartar las infracciones normativas indicadas en el primer y segundo párrafo del acápite V de la presentación electrónica (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1.d. Igual déficit debe correr el reproche emparentado con la transgresión de doctrina legal expuesta en el tercer párrafo del acápite V de la presentación electrónica, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e.o.), carga esta última no abastecida por el quejoso, lo que lleva a desestimar el tópico en estudio (art. 279, CPCC).
IV.1.e. Por último, tampoco pueden ser atendidas las denuncias de vulneración a las garantías constitucionales puntualizadas en el segundo párrafo del acápite V de la presentación electrónica, por cuanto no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
V. Por lo expuesto, si mi opinión resulta compartida, no habiéndose demostrado las violaciones legales denunciadas, el absurdo invocado ni la conculcación a la doctrina legal citada, corresponde rechazar el recurso interpuesto; con costas (arts. 68, 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Dando por reproducido el desarrollo de los antecedentes fácticos efectuado por el ponente, anticipo que coincido con la solución desestimatoria que propone.
I.1. Sucintamente expuestos, los agravios del recurrente transitan por dos argumentos centrales.
De un lado, reprocha al decisorio no haber identificado cuál es la omisión irregular en la que habrían incurrido los funcionarios policiales frente a la denuncia de abuso que precedió al hecho que motiva la pretensión indemnizatoria impetrada en la especie. Del otro, su crítica se despliega en torno al nexo causal, que reputa no configurado.
A su turno, las quejas reseñadas se formulan a partir de la denuncia de absurdo, infracción a lo dispuesto en los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, 901, 906, 1.074 y 1.112 del Código Civil e infracción a la doctrina legal que individualiza.
I.1.a. En torno al primer tramo del embate, corresponde precisar que el recurrente no se hace cargo de los fundamentos que expone el fallo impugnado al describir el hecho generador de la responsabilidad, circunstancia que torna insuficiente este pasaje del recurso (art. 279, CPCC).
A ese respecto el Tribunal de Alzada -compartiendo las apreciaciones que formulara el sentenciante de la instancia anterior- efectuó una pormenorizada transcripción de la sentencia de origen (v. fs. 1.049/1.051 vta.), deteniéndose en aquellos tramos de la decisión en los que se narraron las alternativas que rodearon a otra denuncia de abuso sexual sufrida por un menor de edad, escasos días antes del deceso de la hija de los actores, oportunidad en la que individualizó -destacándolo en negritas- cuál fue la conducta estatal que reputó antijurídica.
En efecto, a fs. 1.050, luego de explayarse sobre las diligencias practicadas por personal policial a partir de la noticia recibida respecto del hecho ocurrido el 28 de enero de 2001, la Cámara destacó los siguientes tramos de aquella sentencia en estos términos: "En efecto, el hecho acreditado en cuanto a que, pese al rastrillaje efectuado en un primer momento, no se asentara la denuncia de la Sra. Cerioni [ rectius : Caroni] para que, en base a la misma, la Justicia pudiera actuar ordenando las medidas que considere pertinentes para dar con el autor del presunto abuso, frustraron la chance de dar con el autor del hecho, verificar la autoría en cabeza de Sallago (frente al reconocimiento posterior del niño Vera) y evitar que el mismo se encontrara libre al 20 de febrero de 2001 para cometer el trágico hecho que diera motivo a las presentes actuaciones".
Y añadió que no obstaba a lo expuesto la circunstancia de que la madre del menor se hubiera retirado de la sede policial manifestando su intención de no formalizar la denuncia, pues -puntualizó- "los efectivos policiales intervinientes debieron haber dejado constancia de la concurrencia al lugar del hecho, de las diligencias oficiosas preliminares, de la búsqueda, del sospechoso que retuvieron en las inmediaciones del supermercado, de la falta de reconocimiento del mismo por parte del testigo Lopardo Pacheco, así como de la concurrencia de la madre del niño Vera junto al menor a la seccional primera de esta ciudad, así como del examen médico del menor. Todo ello, junto con la constancia final en el acta de la reticencia de la Sra. Cerioni [ rectius : Caroni] para firmar el respectivo acta y, en su oportunidad, poner en conocimiento todo lo actuado al Instructor Judicial Guerrero en turno, para su toma de razón y, eventualmente, permitir la fijación de medidas oficiosas [...] Acreditado eso, concluyo que el sólo hecho de esa falta impidió siquiera contar con la chance cierta de que tiempo después no acontezca el trágico hecho que motivara las presentes actuaciones" (fs. 1.050 y vta.).
Sobre esta plataforma fáctica meritó, por fin, que "en definitiva, aún cuando el hecho cometido por Sallago pudo igualmente haberse cometido en otras circunstancias de tiempo, modo y lugar, atento ser él el autor del aberrante delito, tengo para mí que la conducta omisiva del Estado provincial, se erigió en un 'elemento facilitador' del lamentable suceso convirtiéndose en una innegable concausa" (fs. 1.051).
Pues bien, la mera lectura de los antecedentes que acabo de transcribir -más allá de otras consideraciones que pudieran efectuarse- pone al descubierto la sinrazón de este tramo del embate, toda vez que dichas expresiones constituyen una completa descripción del hecho generador de la responsabilidad que el recurrente, erradamente, denuncia omitido (art. 279, CPCC).
I.1.b
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.