Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123625
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
"DE LOS SANTOS, EDUARDO CESAR C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PCIA. DE BS AS. S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. ESTADO. EJERC. PROF. FUNCIONARIO"
La Plata, 11 de Marzo de 2020.
I. Conforme surge de las constancias adunadas, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes en un juicio de daños y perjuicios iniciado por Eduardo César De Los Santos contra la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires confirmó la decisión del juez de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la defensa de prescripción incoada por la accionada (v. fs. 1/4 vta. y 5/6 vta.).
Frente a ello, el letrado apoderado del accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 7/9), ante el cual el Tribunal de Alzada rechazó la inconstitucionalidad planteada del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial e intimó al impugnante a que deposite la suma de $ 564.400, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de desestimar el andarivel articulado (v. fs. 7/9).
Más adelante, ante la falta de realización del depósito exigido, el citado órgano hizo efectivo el apercibimiento dispuesto y rechazó la vía de inaplicabilidad de ley intentada (v. fs. 12 y vta.), lo que motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. fs. 13/20 vta.).
II. Al respecto, cabe destacar, que lo dispuesto por el Tribunal de Alzada frente a la falta de satisfacción de la carga establecida en el art. 280 del Código citado se ajusta a derecho, pues el interesado no cumplió con el emplazamiento que le fuera efectuado (conf. doctr. causas C.118.374, "Bilbao", resol. de 18-VI-2014; C. 123.070, "Bisso", resol. de 28-VIII-2019).
III. En relación al planteo de inconstitucionalidad de la carga del art. 280 mencionado, formulada a fs. 15 vta./17 vta. se observa que, tal como se indicó en la resolución de la Cámara que desestimó ese cuestionamiento (v. fs. 10 y vta.), este Tribunal tiene dicho reiteradamente, que la exigencia contenida en el citado artículo, no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, ""Mihanovich", resol. de 26-X-2016 y C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017; e.o.).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022 y C. 120.941, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. de 20-IV-2005; Ac. 98.938 y C. 120.941, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022 y C. 120.941, cits.).
Por lo demás, en orden a lo manifestado respecto del rechazo de la franquicia de gratuidad por el Juzgado Civil n°4 de Mercedes corresponde agregar que luego de analizar el trámite allí seguido de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de este Tribunal se observa que el pronunciamiento del magistrado de la instancia de origen no fue objeto de réplica por el interesado.
IV. Es de resaltar, asimismo, que tampoco se aprecia prima facie la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria, desde que no obstante alegarse la supuesta afectación de los principios estatuidos en las normas constitucionales y convencionales que se mencionan (v. fs. 18/19 vta.), lo cierto es que no se observan argumentos suficientes que permitan constatar la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las circunstancias concretas debatidas y resueltas en el presente caso (doctr. art. 15, ley 48 y causas C. 119.292, "C., E.", resol. de 3-IX-2014; C. 121.379, "Lopérfido", resol. de 20-IX-2017).
Finalmente, y en el mismo sentido, cabe agregar que la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad (v. fs. 20) no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causa C. 119.523,"Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia