Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122768
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.768, "García, Jorgelina Edith y otro contra Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y otro/a. Daños y perjuicios. Responsabilidad del Estado (Del/Cuas. Exc. Autom.)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , Kogan, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había condenado a la Municipalidad de Pehuajó a indemnizar a L. H. R. por las lesiones sufridas. La confirmó en todo lo demás que había decidido. Impuso las costas de ambas instancias al actor vencido (v. fs. 410/411 vta.).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 415/422 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora Jorgelina Edith García, por sí y en representación de su hijo entonces menor de edad, L. H. R., promovió demanda de daños y perjuicios contra los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, la Asociación Cooperadora de esa entidad y la Municipalidad de Pehuajó, reclamando una indemnización para su hijo y otra para sí por las lesiones sufridas por el adolescente mientras participaba del corso de carnaval el día 22 de febrero de 2009 en la localidad de Francisco Madero.
Relata que el menor participaba del desfile en una carroza y que siendo aproximadamente las 24 hs. de ese último día, terminando el recorrido y cuando se disponía a bajar del rodado, fue salvajemente agredido por una persona que no pudo identificar, quien lo golpeó en la cabeza, causándole la pérdida de conocimiento y provocándole un sangrado. Luego de que se lo asistiera en la Sala de Primeros Auxilios local y por las convulsiones que presentó fue trasladado al hospital "Dr. Juan Carlos Aramburu" en el que se le diagnosticó "contusión hemorrágica frontal izquierda con fractura de cráneo y desplazamiento", razón por la cual quedó en terapia intensiva de ese centro de salud para después trasladarlo, por la complejidad del caso, al Hospital José Higa de la ciudad de Pergamino, donde lo sometieron a una neurocirugía de urgencia. Allí se le había indicado la posterior colocación de una malla de titanio con tornillos y parche de reparación de duramadre, práctica que se realizó luego de ocho meses de ocurrido el hecho. Refiere que en enero de 2010 el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires extendió al joven R. el certificado de discapacidad de grado 2 parcial y por dos años. Reclamó para su hijo la indemnización del daño emergente, del lucro cesante, del daño moral, psíquico, estético, a la vida de relación, los gastos de farmacia, traslados, asistencia personal y médica; para ella, el daño moral (v. fs. 42/62).
Corrido el traslado de ley se presentaron el municipio demandado y la Asociación de Bomberos Voluntarios a oponer excepciones y a contestar demanda (v. fs. 69/77 y 122/133, respect.), las que fueran tratadas como de previo y especial pronunciamiento y rechazadas (v. fs. 138/140 vta.).
Posteriormente se presentó L. H. R. por sí al haber alcanzado la mayoría de edad (v. fs. 91 y vta. y 95).
Se abrió el juicio a prueba y, en su momento, se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda contra la Municipalidad de Pehuajó, condenándola a pagar la indemnización determinada a favor de L. H. R.. Desestimó la acción contra la Asociación Bomberos Voluntarios de Francisco Madero y la indemnización a la madre del actor (v. fs. 346/359 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor (v. fs. 361) y por la Municipalidad de Pehuajó (v. fs. 367), presentando ambos sus respectivos memoriales (v. fs. 374 bis/385 y 386/389) y réplicas (v. fs. 395/397; 398/403 y 404/407).
I.2. Elevados los autos a la Cámara, esta revocó la sentencia al admitir los agravios del municipio y, por ende, rechazó la demanda incoada en su contra.
Consideró que, si había pesado sobre los demandados un deber de seguridad respecto del público por haber sido los organizadores del corso, ni en la demanda ni en la sentencia se había señalado cuál había sido el comportamiento exigible que habrían omitido los accionados o el indebidamente realizado para tener por incumplido el deber de seguridad (v. fs. 410 y vta.).
Seguidamente analizó el contexto en que se produjo la lesión y señaló que no había sido en un lugar cerrado donde se pudiera controlar la portación de elementos contundentes, ni se había indicado cuál había sido el elemento que lo relacionara con los festejos del carnaval. Se refirió a que en la denuncia penal se dijo que era algo similar a un palo, lo que no estaba directamente vinculado a un corso, pero que tampoco se había probado su existencia. A ello agregó que la salvaje agresión no tenía relación con un festejo ordinario y corriente de carnaval (v. fs. 410 vta.).
Concluyó que la agresión provocada con un elemento que tampoco fue posible identificar reviste el carácter de imprevisible e inevitable para los organizadores del corso y para la comuna autorizante, pues en todo caso había sido el personal policial bonaerense a quien le incumbía la actuación preventiva o disuasiva de ilícitos como había sido la salvaje agresión, ya que una cosa es la responsabilidad civil y otra es la seguridad social a cargo del Estado (v. fs. 410 vta. y 411).
II. Se agravia el actor denunciando la violación del principio de congruencia de la doctrina legal, alegando, además, absurdo en la apreciación de la prueba.
Sostiene que es incongruente el fallo de la Cámara al considerar que los demandados habían sido quienes organizaron el corso, cuando ellos, en su defensa, negaron tal extremo (v. fs. 419 vta.).
Señala el absurdo razonamiento con el que el Tribunal de Alzada liberó a las instituciones accionadas de sus obligaciones de responder por los daños que se producían con motivo o por el evento público. Cita en apoyo de su postura el voto, en minoría, del doctor de Lázzari en la causa A. 69.648, "Gálvez Araya" (sent. de 18-IV-2012), la opinión del doctor Hitters al votar en la causa C. 106.346, "López Stapich" (sent. de 5-IX-2012,) y la causa C. 97.596, "Strobbe" (sent. de 24-VIII-2011), como también el fallo de la Corte nacional in re "Mosca" (Fallos 330:563; v. fs. 420/421).
Destaca que se ha acreditado en este juicio que la Municipalidad de Pehuajó autorizó el evento y que los Bomberos organizaron el festejo, porque así lo reconoció el sentenciante de primer orden, señalando que ha sido absurda la conclusión a la que arribó la Cámara (v. fs. 421).
Finalmente, pone de relieve que el municipio pudo y debió haber efectuado acciones para prevenir hechos como el que ocurrió. Da algunos ejemplos de las medidas preventivas relacionadas con la seguridad de los asistentes y transcribe una parcela del fallo de primera instancia en el que se expuso acerca de la obligación de seguridad con fundamento en la causa C. 97.596, "Strobbe" (sent. de 24-VIII-2011; v. fs. 421 y vta.).
III. El recurso prospera, aunque parcialmente.
III.1. Se debate aquí la responsabilidad de la Municipalidad de Pehuajó y de los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero en la producción de las lesiones que padeció el actor cuando se celebraba el corso de carnaval en esa localidad del Partido, de las que derivó la incapacidad informada en las pericias realizadas (v. fs. 226/231 y 232/237).
El juez de primera instancia condenó al municipio demandado, pero desestimó la acción respecto de los Bomberos Voluntarios (v. fs. 359 vta.). La Cámara, en cambio, revocó la sentencia en cuanto había condenado a la Municipalidad de Pehuajó, confirmándola en lo restante decidido.
III.2. Tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento del hecho -22 de febrero de 2009-, razón por la cual la cuestión ha de resolverse de conformidad con las normas del Código Civil (ley 340; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Ahora bien, estando en discusión la responsabilidad de la Municipalidad de Pehuajó es necesario tener presente que en el derecho público no existe un texto específico que contemple lo atinente a la obligación del Estado por las consecuencias de sus hechos o actos de omisión o de abstención. Por ello, su tratamiento jurídico básico debe efectuarse recurriendo a la norma del art. 1.074 del Código Civil (art. 16, Cód. Civ.) que permite ubicar en ella el tema de la responsabilidad del Estado por sus comportamientos o actitudes omisivas o de abstención (conf. doctr. causas C. 91.336, "Mazza", sent. de 18-XI-2008 y C. 111.115, "Brandan", sent. de 3-XII-2014).
Además, que la atribución de responsabilidad al ente estatal ante un evento dado, así como la determinación de la naturaleza del obrar estatal generador del reproche conforman -como quiera que se trata de un análisis de circunstancias- una típica cuestión de hecho, extraña a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración de absurdo; el que, en tanto error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica, en violación de las normas procesales aplicables, resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico-formal e insostenible en la discriminación axiológica (conf. doctr. causas C. 92.796, "Maidana", sent. de 4-V-2011 y C. 121.475, "Fornasar", sent. de 15-VIII-2018).
Bajo esas premisas corresponde analizar si el municipio demandado ha incurrido en el incumplimiento de su deber de seguridad, en relación causal adecuada con el evento dañoso ocurrido en la vía pública en ocasión del festejo de carnaval.
III.3. Encuentro que le asiste razón al recurrente, pues se ha configurado el vicio de absurdo en el análisis de los hechos probados respecto de la Municipalidad de Pehuajó. Veamos.
III.3.a. El juez de primera instancia tuvo por acreditado que el señor delegado municipal de la localidad de Francisco Madero había dado la autorización para la realización de los festejos del carnaval en la vía pública; y que -además- había participado en la organización para que ellos se efectuaran (v. sentencia fs. 351, párr. tercero). La Cámara indicó que, suponiendo que el municipio hubiera autorizado el evento, este nada podía haber hecho para evitar que el actor fuera lesionado mientras integraba una de las carrozas que desfilaban.
Recordemos que la lesión que se le provocó al demandante fue en ocasión del festejo de los carnavales que se realizaron en la localidad de Francisco Madero el 22 de febrero de 2009 a las 00.00 hs., aproximadamente.
A raíz de ese hecho se labró la causa penal en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de Trenque Lauquen caratulada "O., G. F. s/ Lesiones Graves" en el que se dictó veredicto absolutorio del imputado el 23 de marzo de 2011, archivándose la causa (v. fs. 174/190 de la causa penal, acollarada a las presentes).
En cuanto a las circunstancias del lugar y a la ocasión en la que se produjo la lesión, son contestes los testimonios obrantes en las actuaciones penales de que ocurrió al terminar el desfile de carrozas y antes de la quema del Rey Momo (v. fs. 174, 4to. párr./175, 2do. párr., del veredicto), o sea durante los festejos.
También se han acreditado las consecuencias dañosas de la lesión que padeció el actor, las que si bien no dejaron secuelas psicológicas en su personalidad (v. dictamen, pericia psicológica fs. 229/231) en el orden físico el perito médico informó una incapacidad de la total obrera del 30%, pues presentó el actor deterioro cognitivo y una secuela estética de cicatriz y abombamiento del seno frontal izquierdo (v. fs. 232/237 y fs. 352).
III.3.b. Ahora bien, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en el art. 27, inc. 16, que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar la habilitación y el funcionamiento de los espectáculos públicos.
En la localidad donde se produjo el evento dañoso la representación de la Municipalidad de Pehuajó la ejercía el señor Pedro Horacio Barletta. Su declaración testimonial pone claridad a los acontecimientos, pues de la audiencia realizada el 9 de febrero de 2017 (v. acta de fs. 260 y soporte digital), tal como indicó el juez de primera instancia a fs. 348 vta., surge que dicho delegado municipal -si bien señaló que no hubo una autorización por escrito- reconoció que él mismo había autorizado hacer el corso (frente a la Delegación municipal), que hizo poner a los bomberos los palos alrededor de la plaza para que se cuelguen las guirnaldas y las luminarias y que era costumbre detener el desfile de carrozas para comenzar con la quema del Rey Momo; manifestó además en relación a la seguridad que no recordaba si había más policía de la habitual.
De sus dichos surge sin hesitación que el delegado municipal autorizó el festejo carnavalesco, ya que dispuso sobre su organización en la vía pública, precisamente en la plaza, donde desfilaron las carrozas.
Así es que la intervención del señor Barletta en el festejo se ha desarrollado en el marco del inc. 6, del art. 28 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, pues en representación de la Municipalidad de Pehuajó autorizó la celebración del carnaval en el espacio público.
Fue en ese ámbito y en esa ocasión en la que el actor sufrió la terrible lesión en su cabeza, quedando entonces demostrada la ineficiente organización del evento que derivó en el incumplimiento del deber de seguridad cuyo objetivo debía ser la preservación de la integridad física de las personas participantes del evento.
No pudo pasar inadvertido que en el festejo donde concurre gran parte del pueblo, como surge de los testimonios aportados, sobre todo el delegado municipal señor Barletta, debían extremarse las precauciones necesarias para controlar cualquier desmán o infortunio como el que ocurrió.
Advierto, entonces, que la Cámara ha efectuado un ligero análisis de los hechos, de las pruebas y del alcance del deber de seguridad inherente al poder de policía municipal cuando se trató de una celebración autorizada a realizarse en un área pública, en este caso en la plaza de la ciudad, teniendo en cuenta la consecuencia disvaliosa producida en la integridad física del actor.
También he de considerar que el delegado municipal conocía que niños y jóvenes del pueblo concurrirían y que además integrarían las carrozas, participando activamente del desfile, motivo suficiente para que fuera una ocupación principal preservar la seguridad en el evento.
Lo hasta aquí dicho cumple acabadamente con el deber de dar respuesta al municipio demandado, quien no recurrió por haberle sido favorable la sentencia (conf. doctr. causas C. 115.808, "Fisco", sent. de 30-X-2013; C. 115.655, "Y.P.F. S.A.", sent. de 15-IV-2015; e. o.).
Por lo tanto, y en razón de las especiales circunstancias del caso, emerge sin duda la responsabilidad de la Municipalidad de Pehuajó, demandada en autos, quien en su defensa no aportó elemento alguno que probara que el festejo se había desarrollado cumpliendo con los recaudos contemplados por la legislación local correspondiente a la realización de festejos en la vía pública. Tal orfandad implica que sus argumentos, desplegados en los escritos postulatorios, no alcanzan para modificar lo que aquí se resuelve (v. fs. 71/76; 386/387).
III.4. En cambio, no prospera el agravio del impugnante por el rechazo de la demanda incoada contra los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, porque a pesar de su denuncia ningún argumento individual desarrolla que permita a esta Corte tener por cumplido el recaudo del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida deberá hacerse parcialmente lugar al recurso interpuesto y revocarse la sentencia de Cámara en lo concerniente a la responsabilidad de la Municipalidad de Pehuajó, confirmándose en ese punto la sentencia de primera instancia. Vuelvan los autos al Tribunal de origen para que, nuevamente integrado, examine los agravios referidos a la cuantificación de los daños que fueron efectuados por ambas partes. Las costas de alzada y de esta instancia extraordinaria se imponen en un 20% al actor y en un 80% a la demandada vencida, en razón de la forma en que se decide (arts. 68, segunda parte, 274 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Habré de disentir con el colega que me precede, pues entiendo que el recurso articulado resulta manifiestamente insuficiente (conf. art. 279, CPCC).
I. Aunque con un desarrollo ciertamente escaso, el a quo tipificó al evento dañoso que le provocara una lesión al joven R. como caso fortuito y estimó que no existió relación de causalidad entre el obrar de la Comuna y el daño.
Al iniciar su relato plantea dos cuestionamientos: "¿qué debieron hacer concretamente los demandados, y no hicieron, de modo que, por ese incumplimiento, hubiera sido posible la salvaje agresión con un elemento contundente indeterminado por una persona que no se pudo identificar?; ¿qué hicieron, pero no debieron hacer los demandados, de manera que, por ese obrar, hubiera sido posible la referida salvaje agresión?" . Explica que la pretensión no contiene un señalamiento en concreto de un comportamiento exigible o el incumplimiento de un deber de seguridad; pondera que el hecho no se produjo en un lugar cerrado que hubiera permitido el control de la portación de elementos contundentes, y concluyó que la agresión contra el por entonces menor "no pudo sino revestir el carácter de imprevisible e inevitable para los organizadores del corso y-para la comuna autorizante (arts. 514 y 499 CC)" (fs. 410 vta.).
II. Contra esta decisión se alza el demandante invocando dos argumentos: de un lado alega violación al principio de congruencia (v. fs. 415 vta./416 y 419 vta.) y del otro absurdo en el razonamiento de la sentencia (v. fs. 416 y 420).
Cabe señalar que llega firme a esta instancia extraordinaria el carácter imprevisible e inevitable del evento lesivo del que fuera víctima el menor L. R., en los términos del art. 514 del Código Civil aplicable. Tal fue la calificación asignada por el a quo y que el recurrente no controvirtió.
Bajo esta directriz, la Cámara de Apelación descartó acción u omisión por parte de la comuna hábil para causar las lesiones sufridas, por lo que rechazó la pretensión indemnizatoria.
Esa calificación de los hechos, que solo es revisable por vía de absurdo, no ha sido cuestionada por el recurrente, adquiriendo así el carácter de cosa juzgada.
Por consiguiente, su pretensión recursiva deviene ineficaz, pues al tratarse de un caso fortuito -imprevisible e inevitable según la Cámara- no hay fundamento jurídico que obligue a los accionados a responder.
Se presenta así un valladar infranqueable para la reclamación de la actora, que no puede ser suplido por esta Corte, y pone fin a la cuestión.
En tal sentido, tiene dicho el Tribunal que, en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los
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