Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Nicolás, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.78.154 “ARCE MARTA ISABEL Y OTROS C/ Z. O. O. C. Y OTRO S/DAÑOS Y PERJ. RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12008”
I. Marta Isabel Arce, Adriana Inés Meregalli y Marcelo Adrián Meregalli deducen una pretensión indemnizatoria contra O. C. Z. -médico cirujano- y la compañía Seguros Médicos SA -citada en garantía-, con el objeto de obtener un resarcimiento por los daños y perjuicios padecidos por el fallecimiento de quien en vida fuera su cónyuge y padre.
Ponen de manifiesto que, con motivo de una intervención quirúrgica que debía practicarse por la hernia abdominal que padecía, el a la postre difunto habría ingresado al Hospital Municipal "Santa Francisca Romana" de la ciudad de Arrecifes, donde la deficiente atención allí recibida por parte del mentado profesional habría derivado en su deceso el día 19 de mayo del 2017.
En tal sentido, entienden que hubo abandono de persona seguida de muerte por parte de este último, razón por la cual decidieron dar curso a las actuaciones penales que tramitaron por ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 del Departamento Judicial de San Nicolás, bajo la IPP Nº 16-00-005123-17/00 (v. escrito electrónico de fecha 15-V-2020).
II. La causa se inició con fines interruptivos de la prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de aquella jurisdicción territorial, cuyo titular, una vez que tuvo por concluida la etapa de mediación prevista en la ley 13.951, ordenó correr traslado de la demanda (v. proveído electrónico de fecha 18-V-2021).
Cabe señalar que, luego de la ampliación de la demanda que efectuaran los actores (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2021), la asegurada respondió el traslado conferido (v. escrito de fecha 1-II-2022).
Por su parte, también lo hizo el primero de los demandados, quien, en esa oportunidad procesal, además de oponer una excepción de prescripción, requirió -en línea con el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial- la citación en carácter de tercero de la Municipalidad de Arrecifes por haber acaecido los hechos denunciados en un nosocomio de esa localidad, siendo que la demanda "...apunta un erróneo incumplimiento de un servicio de salud previsto por el Estado" (ver escrito electrónico de fecha 14-II-2022).
Frente a ello, el magistrado actuante, pese a la alegación formulada por los codemandantes (v. presentación electrónica de fecha 8-III-2022), dio curso a la intervención peticionada, advirtiendo los efectos que una eventual sentencia dictada en el proceso podría tener respecto de la comuna (v. despacho electrónico de fecha 13-V-2022).
Disconformes con ese pronunciamiento, los actores articularon un recurso de apelación, el cual fue rechazado por el magistrado interviniente en virtud de lo dispuesto por los artículos 96 inciso 2 y 494 del Código Procesal Civil y Comercial (v. proveído electrónico de fecha 23-V-2022).
Fue en ese marco que el juez en lo civil y comercial, sin disponer la comparecencia de la comuna al juicio, se declaró incompetente.
Sustentó su decisorio en el hecho de que, de acuerdo a lo relatado en el escrito inicial, los demandantes promueven la presente pretensión con miras a ser resarcidos por los daños y perjuicios que habrían sufrido como resultado de una supuesta mala praxis que tuvo lugar en un nosocomio del municipio de Arrecifes (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov. y 1 y 2 inc. 4, CCA).
Igualmente señaló que al ser la competencia material de orden público e improrrogable, no podía soslayarse su aplicación "...aun en el caso que sea advertida extemporáneamente" (v. resol. electrónica de fecha 14-VI-2022).
Al resolver así, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mismo departamento judicial.
El magistrado de ese órgano declinó la competencia que le estaba siendo atribuida, entendiendo que en el caso no se encontraba comprometida la función administrativa, toda vez que la acción -afirmó- se hallaba dirigida contra un médico particular por el obrar negligente con el que habría actuado, mas no contra un hospital municipal por una "...irregular prestación del servicio de salud público".
De ello y en atención al derecho invocado por los codemandantes, dedujo que se seguía la observancia del artículo 4 inciso 1 del código de rito, en cuanto determina que no conciernen al conocimiento del fuero contencioso administrativo aquellas controversias que se encuentran regidas por el derecho privado.
En consecuencia, planteó formalmente la contienda negativa de competencia y ordenó elevar las actuaciones a esta Suprema Corte para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, causando ejecutoria su decisión (v. sent. interlocutoria de fecha 30-VI-2022).
III. Este Tribunal ya se ha expedido sobre la oportunidad que tienen los jueces para declarar su incompetencia de oficio.
En tal sentido, ha sostenido invariablemente que la incompetencia del órgano judicial no puede ser decretada en cualquier momento, debiendo proponerse -por regla- en la etapa procesal oportuna y, una vez precluida ésta, tanto las partes como el órgano se encuentran limitados para volver sobre la materia ya resuelta, porque lo contrario supone retrotraer el proceso con el consecuente dispendio jurisdiccional y agravio a los principios de seguridad jurídica y economía procesal (doctr. causas Ac. 58.714, "Gorostiaga", sent. de 7-III-2001; B. 75.404, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 17-X-2018; B. 75.877, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 14-VIII-2019; B. 76.240, "Ribotta", resol. de 26-XII-2019; B. 76.384, "Consejo Profesional de Química", resol. de 2-IX-2020; B. 76.945, "Matti", resol. de 16-VI-2021; B. 77.105, "Tellería", resol. de 15-VII-2021; B. 77.503, "Castañares", resol. de 3-II-2022 y B. 77.773, "Mena", resol. de 23-II-2022, entre tantas otras). Por lo demás, el ordenamiento constitucional garantiza a toda persona el derecho a ser oída por un juez o tribunal competente y dentro de un plazo razonable (conf. arts. 8.1, CADH; 15, Const. prov.; doctr. causas C. 104.260, "Álvarez", sent. de 9-II-2011; A. 71.881, "Castro", resol. de 27-VI-2012; B. 70.651, "Lizziero", resol. de 18-XI-2009; causa A. 74.503, "Prieto", resol. de 22-II-2017).
IV. Como quedó relatado, en la especie el juzgado en lo civil y comercial asignado a la causa recibió las actuaciones y, una vez que su magistrado tuvo por concluida la etapa de mediación, corrió traslado de la demanda, dando curso a sus respectivas contestaciones, para luego declararse incompetente de forma oficiosa, sin siquiera adentrarse en el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por el primero de los demandados, ni disponer la comparecencia de la comuna conforme mandan los artículos 94, 95 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial, lo cual eventualmente le hubiese permitido volver sobre su competencia de plantearse la excepción correspondiente (conf. doctr. causas B. 69.249, "Mollanaro", resol. de 3-VI-2009; B. 72.442, "Pravaz", resol. de 11-IX-2013 y B. 72.291, "Zapata", resol. de 11-V-2016, e.o.).
En tales circunstancias, se advierte que lo actuado por el referido órgano luce incompatible con los aludidos principios procesales y normas adjetivas específicas, razón por la cual cabe concluir que su declaración de fecha 14 de junio de 2022 fue intempestiva (cfr. arts. 2, 4, 8, 9, 10, 350 y concs., CPCC; doctr. causas B. 75.169, "Municipalidad de Malvinas Argentinas", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.396, "Lupacchini", resol. de 7-XI-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 77.978, "Rueda", resol. de 10-VI-2022).
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Nicolás el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº2 del Departamento Judicial de San Nicolás, ante quien, por Secretaría, se radicará electrónicamente el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Por Secretaría, se librará oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2022 13:54:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:55:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2022 18:57:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 10:57:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2022 14:20:13 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/08/2022 14:35:25 hs. bajo el número RR-850-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia