Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 50854
Causas N° 50854 y 55799/12 Reg. Elec. RS N° /22.
Expte.N° D-115130-0 y D-113036-0 Sala Segunda.
“CARDOZO ARIEL ALBERTO C/ MEDICINA Y CIENCIA S.A Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL (EXCLUSION ESTADO)” Y "PONCE DE CARDOZO KARINA DEL CARMEN Y OTRO C/ MEDICINA Y CIENCIA S.A Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
En General San Martín, a los días del mes de noviembre dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada por el señor juez, Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. 857 de este Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia las causas N°50.854 y 55.799 caratuladas “CARDOZO ARIEL ALBERTO C/ MEDICINA Y CIENCIA S.A Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS- RESPONSABILIDAD PROFESIONAL (EXCLUSION ESTADO)” y "PONCE DE CARDOZO KARINA DEL CARMEN Y OTRO C/ MEDICINA Y CIENCIA S.A Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” , habiéndose asignado el siguiente orden de votación: Lami, Valdi.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Lami dijo:
I. La sentencia única dictada con fecha 2 de febrero de 2021 es apelada en los autos “Cardozo, Ariel Alberto c/ Medicina y Ciencia S.A s/ Daños y Perjuicios” por el codemandado Rubén Osvaldo Etchichury, el día 3 de febrero de 2021; por SMG Compañía Argentina de Seguros S.A con fecha 4 de febrero de 2021; por el actor Ariel Alberto Cardozo el 4 de febrero de 2021 y por La caja Seguros S.A con fecha 5 de febrero de 2021. Los recursos fueron concedidos con fecha 8 y 10 de febrero de 2021.
En los autos caratulados “Ponce de Cardozo Karina del Carmen y otro c/ Medicina y Ciencia S.A s/ Daños y Perjuicios”, la sentencia fue apelada por el codemandado Rubén Osvaldo Etchichury el día 4 de febrero de 2021; por SMG Compañía Argentina de seguros S.A el 4 de febrero de 2021; por La Caja de Seguros S.A con fecha 5 de febrero de 2021, por Karina del Carmen Cardozo y Ángela Teresa Cardozo el 7 de febrero de 2021 y por Ayelen Yesica Cardozo Ponce y Carlos Luis Cardozo el día 9 de febrero de 2021. Los recursos fueron concedidos con fecha 8 de febrero de 2021 y 10 de febrero de 2021.
II. Cardozo, Ariel Alberto c/ Medicina y Ciencia S.A s/ Daños y Perjuicios:
a) Mediante la presentación electrónica del día 4 de mayo de 2022 expresa agravios el actor Ariel Alberto Cardozo –la cual fue replicada por SMG Compañía Argentina de Seguros S.A con fecha 7 de junio de 2022; por los codemandados Etchichury, Scalco y Giménez Dixon con fecha 13 de junio de 2022 y por La Caja de Seguros S.A con fecha 14 de junio de 2022- cuestionando los rubros indemnizatorios por considerarlos insuficientes. -
En cuanto al valor vida-perdida de chance dice que la suma de $1.000.000 fijada en la sentencia es baja. Que respecto de este mismo rubro se otorgó a los otros hijos del causante una suma mayor ($1.500.000) habiéndose soslayado que padece epilepsia y que, más allá de su mayoría de edad, iba a continuar requiriendo ayuda por parte de su progenitor fallecido.
Cita jurisprudencia y hace referencia a los parámetros que corresponde -a su criterio- tener en cuenta de acuerdo a lo normado por el art. 1746 del CCyCN Pide se eleve el monto fijado.
Asimismo, cuestiona el monto fijado para reparar el daño moral por considerarlo bajo. Cita jurisprudencia relacionada con el alcance de este ítem y solicita se lo eleve.
b) Con fecha 16 de mayo de 2022 expresa agravios La Caja Seguros S.A la cual mereció respuesta por la parte actora con fecha 3 de junio de 2022 agraviándose por la atribución de responsabilidad a los galenos Etchichury, Giménez Dixon y Scalco en la medida que se consideró que la mala praxis se encuentra configurada por la demora en agotar los métodos de diagnóstico y consecuente tratamiento de la perforación de ulcera duodenal que sufriera el Sr. Luis Cardozo.
Dice que la señora juez a quo hace referencia a que la prueba pericial médica es el medio probatorio por excelencia mencionando las pericias efectuadas en ambos expedientes (acumulante y acumulado) arribando a las conclusiones que reproduce en su escrito, pero, que considera errónea y parcialmente interpretadas.
Refiere que en la sentencia si bien se menciona la absolución respecto de la codemandada Scalco en sede penal no se la tiene en cuenta y se culmina condenando a la nombrada mediante una forzada conclusión.
Expone que en la causa penal quedó acreditado mediante el dictamen del perito médico forense Roberto Antón, que el neuroperitoneo (presencia de aire o gases en la zona peritoneal) no podía distinguirse si se debía a un resabio o demora de absorción luego de la cirugía o se produjo por la perforación de la víscera hueca señalando que no era descabellado que ni Scalco ni Etchichury estimaran que se trataba de una secuela temporaria de la cirugía translaparoscópica dado que todos los médicos que declararon fueron contestes en señalar que es sumamente raro que la perforación se produzca en la ejecución de esa cirugía.
Dice que el juez penal puso de relieve que ese mismo perito (Dr. Antón) había indicado que el abdomen agudo no necesariamente era quirúrgico y que los síntomas no eran lo suficientemente claros y unívocos y que la rigidez de abdomen que se advierte en esos casos no estaba presente, habiéndose concluido en la causa penal que al recibir y re internar al Sr. Cardozo el proceder de los profesionales fue adecuado y que no quedó demostrado qué tanto más se podía hacer que cambiara su padecimiento, ni que el proceder del médico no fuera razonable para el cuadro que este presentaba.
Refiere que en la causa penal se concluyó que la hipótesis de que la muerte de Cardozo había sido un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (que se da cuando el organismo sobreresponde desorganizadamente ante una falla orgánica). Y que, por tal motivo, entiende que las causas que llevaron a la señora juez a quo a considerar que hay mala praxis no encuentran correlato con las probanzas rendidas en autos, sino que, por el contrario, responden a una hipótesis que no resiste análisis.
Entiende que no se encuentra acreditado que el alta sanatorial del Sr. Cardozo haya sido prematura, tampoco que existió demora en el diagnóstico a su reingreso, ni que los resultados de los laboratorios indicaran un proceso infeccioso y menos demora en realización de estudios.
Cuestiona también que se haya sostenido que los antecedentes etílicos del paciente no constituyeron un factor de riesgo.
Dice que lo decidido obedece exclusivamente a la subjetividad de la magistrada pues no encuentra respaldo probatorio. Que el estado de salud del paciente se deterioró por la adicción al alcohol. Y que la ausencia de un correcto análisis de las pruebas lleva a la magistrada a concluir que los galenos debieron sospechar de una eventual complicación e indicarle que continuara internado para hacerle los estudios de rigor, y llevado a afirmar que la perforación es una complicación descripta para el acto quirúrgico de colecistectomía como para el antecedente de alcoholismo del paciente en cuestión.
Afirma que no hay un perito que determine que la perforación es una complicación derivada de la cirugía de colecistectomía.
Respecto de Etchichury dice que: indicó correctamente la colecistectomía translaparoscopica teniendo en cuenta la negatividad de la endoscopia previamente realizada y no se acreditó que estuviera contraindicada el acta sanatorial como se aduce en la sentencia. Argumenta en ese sentido citando a tales efectos las respuestas brindadas por la perito Dr. Dalia Banegas en su dictamen.
Considera que no es posible endilgar responsabilidad alguna al Dr. Etchichury, señalando con relación a la Dra. Mercedes Giménez Dixon que tampoco es posible atribuirle responsabilidad por la “demora” en reintervenir al paciente.
En este sentido dice que la magistrada de origen ha malinterpretado el dictamen del perito médico Dr. Sergio Pérez por cuanto en ningún momento éste da a entender que la nombrada es responsable por tal motivo. Que ello obedece a una subjetividad de la magistrada. Transcribe lo indicado por el experto en cuanto a que la Dra. Giménez Dixon el día 2 de diciembre de 1999 a las 13.00hs efectuó interconsulta de cirugía y decidió intervención quirúrgica de urgencia, lo que impide pensar en que existió demora en la reintervención por parte de la galena.
Aduce que más allá de que el Sr. Cardozo ingresó la noche del 1 de diciembre, el primer contacto de la Dra. Giménez Dixon tuvo lugar al día siguiente cuando fue a realizar la interconsulta solicitada por el Dr. Muriel, que fue llevada a cabo mientras se realizaba la TAC de abdomen. Y como este estudio informó líquido libre en cavidad ordenó la reintervención quirúrgica por sospecha de abdomen perforativo. Es decir, la Dra. Giménez Dixon detectó la presencia de signo-sintomatología que obligaron a una reoperación urgente y el acto quirúrgico que reparó la úlcera perforada en cara anterior de la primera porción de duodeno, no existiendo dudas que su accionar fue oportuno, correcto y diligente.
Arguye que se equivoca la magistrada al sostener que el perito médico de oficio (Dr. Sergio Pérez) afirmó que en el ámbito sanatorial la responsabilidad primaria corresponde al cirujano actuante y a quien estuviese como cirujano de guardia en ese momento, pues si bien es cierto que ante una injustificada reintervención quirúrgica la responsabilidad recaería sobre el cirujano y eventualmente sobre el cirujano de guardia presente en la clínica, ello no compromete la responsabilidad de la mentada médica.
Ello, por cuanto no habrá sido la interviniente en la cirugía previa ni estaba de guardia en ese momento en la clínica de Nuestra Señora del Buen Ayre.
Insiste en señalar que el primer contacto de la Dra. Giménez Dixon fue a primeras horas de la tarde del día 2 de diciembre cuando concurrió a efectuar una interconsulta solicitada por el Dr. Muriel, que fue llevada a cabo mientras se le realizaba al paciente una TAC de abdomen y que, como dicho estudio determinó la presencia de líquido libre en la cavidad, con neumoperitoneo, decidió correcta la intervención quirúrgica por sospecha de abdomen agudo perforativo. Por tal motivo, entiende que ninguna responsabilidad corresponde atribuirle a la mentada médica.
Por todo lo señalado pide se reconsidere el pronunciamiento dictado eximiéndose de responsabilidad al Dr. Etchichury y a la Dra. Giménez Dixon dado que estos han actuado con la prudencia y pericia que el caso requería.
Seguidamente cuestiona los distintos rubros que componen el monto indemnizatorio.
En cuanto a la pérdida de chance dice que corresponde revocar su admisión de este rubro a favor de la Sra. Karina Ponce, a favor de la madre del occiso y de los tres hijos.
Dice que en la sentencia se estimaron montos conforme la expectativa de vida del Sr. Cardozo. Sin embargo, esta no era demasiado determinable a la luz de su estado de salud.
Por tal motivo entiende que la estimación es exagerada. Máxime que en la sentencia se asume que el causante no sólo mantendría su trabajo, sino que mantendría a su madre, hijos y pareja con ciertos ingresos anuales fijos, lo cual resulta incongruente dado que los hijos que forman parte de la familia también pasan a soportar la manutención de esta y de sus padres.
Agrega que los accionantes tienen hoy capacidad suficiente para trabajar y su madre cuenta con otros hijos para aportar para su subsistencia. -Cita jurisprudencia y por considerar que no se encuentra demostrado en autos que el Sr. Cardozo favoreciere a sus tres hijos, mujer y madre pide se lo rechace o bien se reduzca el monto a su justo límite.
En cuanto al daño moral, cita jurisprudencia y con base a ello dice que la Sra. Karina Ponce no se encuentra legitimada para reclamarlo por resultar concubina del causante. Máxime cuando no se ha declarado la inconstitucionalidad de la norma. Respecto de los hijos y madre del causante, entiende que los montos son excesivos dado que no está acreditado que estos hayan padecido grandes trastornos o sufrimientos derivados del hecho de autos. Cita jurisprudencia y pide su desestimación o en su caso su reducción.
Por último, cuestiona la tasa de interés fijada en el decisorio recurrido. Cita jurisprudencia; efectúa un análisis de ésta y pide se modifique el fallo recurrido aplicándose la tasa pura del 6% anual desde el hecho a la sentencia que determine la cuantía (que podrá ser la de primer o segunda instancia, dependiendo si esta última modifica o no –en mas o en menos- el quantum indemnizatorio fijado en la resolución revisada en la Alzada) y de ahí en adelante y hasta el efectivo pago la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
c) Por su parte, el codemandado Rubén Osvaldo Etchichury en su expresión de agravios presentada con fecha 22 de mayo de 2022 –que mereció respuesta de la parte actora con fecha 3 de junio de 2022- cuestiona la responsabilidad que se le atribuye en la sentencia recurrida solicitando su revocación.
Sostiene que las conclusiones a las que arriba la magistrada para condenarlo son erróneas por cuanto; 1) existe incongruencia de mantener una condena pese a haberse probado la falsedad de la imputación central de los actores al demandar; 2) existe una inadecuada e incompleta valoración de la prueba producida en autos y en la causa penal tramitadas con relación al mismo hecho; 3) existe un inadecuado análisis del obrar medico efectuado post-facto; 4) existe una incomprensión de la complejidad del cuadro al que debieron enfrentarse los profesionales demandados; 5) error acerca de consideración correcta acerca de cuál fue el lapso de tiempo de actuación de cada uno de los profesionales que intervinieron en la atención del paciente y concatenarlo con el cuadro mismo en momento de esa atención; 6) grave error en apreciación acerca de la incidencia causal del fallecimiento y el obrar médico cuando el desenlace era prácticamente inevitable, tal como fue dicho por los peritos que intervinieron en autos y en la causa penal; 7) existe un arbitrario y desmesurado reconocimiento de sumas indemnizatorias lo que constituye un enriquecimiento ilícito.
En cuanto al primer punto aduce que, tanto la progenitora como la madre del causante, lo demandaron por la perforación del duodeno ocurrida en la práctica quirúrgica de la colecistectomía. Es decir, a partir de la imputación de un hecho central relativo a la perforación del duodeno por la cirugía translaparascópica, supuesto éste, que ha quedado descartado.
Dice que la misma sentencia admite que no se probó que haya sido esa la causa del cuadro que el paciente presentó con posterioridad a la cirugía.
Por tal motivo entiende demostrado que el cuadro posterior del paciente obedeció a una patología nueva y absolutamente distinta y ajena a la cirugía translaparoscópica. Ello, debido a que al momento de la endoscopía previa a la mentada cirugía no existía la úlcera duodenal. Por ello, y dado que el reclamo a su respecto se sustentó en una causa descartada, es que la demanda en su contra debió ser rechazada.
En el entendimiento que la sentencia en crisis vulneró el principio de congruencia por haber sido condenado por un hecho que no fue objeto de reclamo, es que aquella debe ser revocada.
Por otro lado, refiere que en la sentencia recurrida no se comprendió la complejidad diagnóstica del cuadro del paciente luego de la cirugía.
Indica que en el postoperatorio de la cirugía del 30 de noviembre de 1999 no se evidenció ninguna signo-sintomatología que obligara a posponer el alta sanatorial y que el cuadro por el que reingresó el paciente fue “tórpido” esto es, que evolucionó con dificultad o torpeza pero ello puede determinarse cuando el cuadro se haya desarrollado totalmente, es decir, cuando se lo mira desde el final hacia el principio, pero, eso se supo después de los hechos y ese no es el mecanismo apto para valorar el obrar médico.
Señala que sólo la evolución de ese cuadro con el correr de las horas y la constante evaluación y reevaluación permitirá corroborar si la causa del síntoma no estaba en esa cirugía reciente sino en una patología diferente y ajena a aquella como finalmente fue el caso. Que, en su re internación fue evaluado por la Dra. Scalco –médica de guardia- quien dispuso internación, hidratación, colocó sonda nasogástrica, ordenó radiografía y ecografía, habiendo interconsultado todo ello con el cirujano Dr. De La Fare quien la reconoció en oportunidad de declarar como testigo en la causa penal. Y que, ante tal requerimiento, evaluó al paciente y constató que no evidenciaba un cuadro compatible con un abdomen agudo quirúrgico. Es decir, que el 1 de diciembre de 1999 el paciente fue atendido por la médica de guardia y durante esa guardia se realizó una interconsulta con cirugía a quien no le pareció que tuviera una necesidad de intervención quirúrgica.
Cita los fragmentos relevantes de las declaraciones rendidas por el Dr. De La Fare en la causa penal como así también la conclusión a la que arriba el mentado testigo que también atendió al paciente, en cuanto sostuvo que la úlcera fue rápida, de reciente aparición producto del estrés y posterior a las 7.30hs. De lo contrario el cuadro clínico hubiese sido otro, dado que debería haberse presentado abdomen tabla que es síntoma necesario de la perforación de víscera hueca.
Arguye que el Sr, Cardozo no evidenciaba impresión clínica de abdomen agudo quirúrgico, pero se dispusieron todas las medidas para ahondar en la investigación; exámenes clínicos efectuados por cirujano interconsultado; internación, hidratación, radiografía, ecografía, sonda nasogástrica, laboratorio.
Que a las 7.30hs cuando evaluó a Cardozo consignó en la historia clínica que al examen presentaba “en RX no signo de revoque. No presenta reacción peritoneal.”, esto es, que en ese momento el paciente no evidenciaba un abdomen agudo quirúrgico. Remitiendo a lo señalado por los peritos que el “signo de revoque” indica edad de la pared intestinal o liquido libre en cavidad intestinal. Y que la radiografía no lo indicaba, todo lo contrario a lo que se señaló en la sentencia.
Indica que es errónea la afirmación efectuada en la sentencia en cuanto a que el Sr. Cardozo ingresó a las 20.30hs del día 1 de diciembre 1999 y fue recién evaluado el día 2 de diciembre de 1999 a las 13.00hs y re operado a las 16.45 hs, dado que Etchichury lo evaluó a las 7.30hs, donde no evidenció el signo de revoque antes referido. Asimismo, a las 11.20 fue revaluado por el cirujano Dr. Larcade quien apreció cambio importante en la evolución y dispuso su ingreso a UTI lo que en la sentencia fue considerado como acción adecuada.
Dice que no es cierto que desde el ingreso a las 20.30hs del 1 de diciembre de 1999 hasta las 13.00hs del día 2 de diciembre de 1999 no fue evaluado. Y que si bien la interconsulta con la Dra. Giménez Dixon tuvo lugar a las 13.00hs la profesional registró toda la secuencia a partir desde ese entonces que finalizó con la decisión quirúrgica.
Refiere que a las 15.30 se realizó TAC de abdomen peri hepático se punza; se decide cirugía de urgencia la que se efectiviza a las 16.30hs.
Dice que se omite ponderar que fue necesaria la coordinación de UTI con servicio de imágenes que lleva un tiempo y luego del hallazgo se decidió la urgente cirugía, afirmando que ello evidencia que no existió una demora injustificada, indicando que el perito Dr. Pérez, en su dictamen, descartó alguna conducta reprochable de la Dra. Giménez Dixon a partir de lo observado en la Historia Clínica.
Hace énfasis a que el síntoma que por excelenci
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