Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124915
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por G. E. F. y V. A. R. por sus propios derechos (art. 278 cit.); con costas y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el incoado en nombre de J. I. F. (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.915 "F. G. E. Y OTRO/A C/ MAIO TERESA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS RESP PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 23 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por G. E. F. y V. A. R., por derecho propio y en representación de su hijo, J. I. F., contra María Angélica Bibbo y el Instituto Central de Medicina S.A., haciendo extensivo el fallo a la citada en garantía Noble S.A. Aseguradora de Responsabilidad Profesional. Condenó a los nombrados al pago de la suma de un millón cuatrocientos ochenta mil pesos ($ 1.480.000), más los intereses que determinó. Discriminó el monto del siguiente modo, ochenta mil pesos ($ 80.000) por el daño emergente reclamado por los progenitores y un millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000) a favor del menor, en concepto de daño moral e incapacidad sobreviniente.
Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Marcela Patricia Miguel y Rubén Casentini, rechazando la demanda respecto de ellos, como así también desestimó la acción en relación a Teresa Alicia Maio. Impuso las costas a los litigantes vencidos y por la pretensión que resultó rechazada a la parte actora. Finalmente, difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes (v. sent. de 5-XI-2019).
Apelaron dicho pronunciamiento los actores y las accionadas Bibbo e Instituto Central de Medicina S.A. La Sala II de la Cámara Segunda de Apelación departamental revocó la sentencia y rechazó íntegramente la demanda interpuesta, dejando sin efecto la imposición de las costas dispuesta en la decisión de primera instancia y estableció que, sin perjuicio de la desestimación total del reclamo, se fijaran, para todo el proceso, por su orden (v. sent. de 27-IV-2021).
Los coactores F. y R., en ejercicio de sus propios derechos y en representación de su hijo, interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 11-V-2021), el que fue concedido (v. resol. de 13-V-2021).
II. Con relación a la vía extraordinaria otorgada, cabe recordar de modo liminar que este Tribunal ha dicho, reiteradamente, que en los supuestos de litisconsorcio facultativo activo, el valor del agravio a los efectos de cumplir con el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, debe ser considerado en relación a cada coactor de manera individual (conf. doctr. causas C. 119.060, "Agosti,", resol. de 4-III-2015; C. 119.961, "Fuhr,", resol. de 1-VI-2016; C. 120.952, "Ledesma", resol. de 14-XII-2016; C. 122.699, "Vallejos", resol. de 26-II-2020 y C. 123.242, "Cisneros", resol. de 17-V-2021).
Así, en el caso, los montos reclamados por G. E. F. y V. A. R. por sus propios derechos (v. escrito de demanda y sent. de 5-XI-2019) no alcanzan individualmente para ninguno de ellos el mínimo para acceder a la revisión por el carril recursivo incoado de acuerdo a lo regulado por el art. 278 del ordenamiento procesal (de $ 1.315.000, art. 278 cit., texto según ley 14.141 y Acordada 4.012/21, vigente a la fecha de interposición del remedio extraordinario).
En tal sentido, deviene pertinente señalar que esta Corte ha sostenido que, a tal fin no corresponde adicionar intereses a dichas sumas ni actualizar (art. 7 y concordantes de la ley 23.928 -texto según ley 25.561-; conf. doctr. causas C. 107.135, "Hiclos S.R.L", resol. de 17-II-2010; C. 117.276, "Roldan", resol. de 19-XII-2012; C. 117.409, "Fernández", resol. de 27-III-2013; C. 119.515, "Ciro", resol. de 11-III-2015; C. 121.592, "Hernández", resol. de 28-VI-2017; C. 122.757, "Cardano", resol. de 26-II-2020; C. 122.856, "Rodríguez" y C. 122.670, "Weigel", ambas resols. de 18-II-2021).
En consecuencia, la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley intentada en relación a los mencionados colegitimados activos por sus propios derechos deviene inadmisible (art. 278 cit.).
III. Abordando la vía impetrada en nombre de J. I. F., por medio de la cual se denuncia el vicio de absurdo, infracción a los principios de razonabilidad y legalidad y transgresión a los arts. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 16, 17, 18, 27, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 1, 15 y 31 de su par local; se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
III.1. Ha establecido esta Suprema Corte que determinar la existencia del nexo de causalidad entre el obrar y el daño -en el caso, la deficiente atención recibida- constituye una típica cuestión de hecho irrevisable en la etapa extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas C. 119.270, "Hoyos", resol. de 4-XI-2015; C. 121.324, "Schwarz", resol. de 28-XII-2016 y C. 121.559, "Villar de Ramúa", resol. de 29-XI-2017), vicio que si bien se esgrime en la especie, no se llega a demostrar (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 27 de abril de 2021 -a la luz del material fáctico obrante- para revocar el fallo de primera instancia y, en consecuencia, repeler la pretensión resarcitoria sostuvo que "... no albergo dudas en el sentido de que en las presentes actuaciones no se encuentra acreditado en relación a la Sra. María Angélica Bibbo el obrar culposo endilgado (art. 512 del CC), y que por otra parte obran en la causa elementos de convicción que avalan la postura de la médica demandada, en razón de lo cual he de proponer al Acuerdo la revocación de la sentencia apelada ..." (v. pág. 24).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logra ser conmovido por los reproches expuestos en las págs. 3/25 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con el obrar médico, la revisión de las circunstancias fácticas de la litis , la ponderación de la prueba pericial y la inhabilidad de la prueba documental) se han limitado a discrepar con los razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Es sabido que para revisar cuestiones de hecho -como en el caso, determinación de la responsabilidad profesional- es indispensable demostrar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de las constancias objetivas de la causa. Por más respetable que sea la opinión del aquí impugnante, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 120.655, "B., C. E.", resol. de 15-XI-2016; C. 121.526, "Godoy", resol. de 21-VI-2017 y C. 122.230, "Muñoz", resol. de 11-IV-2018).
Lo expuesto, habilita a rechazar este fragmento impugnativo y permite, asimismo, descartar las infracciones legales indicadas en la pág. 2 del libelo bajo examen (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Finalmente, igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión al Instrumento internacional y a las garantías constitucionales que se expresan en la referida pág. 2 de la vía recursiva, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por G. E. F. y V. A. R. por sus propios derechos (art. 278 cit.); con costas y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazar el incoado en nombre de J. I. F. (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2021 17:37:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 08:56:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:15:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2022 14:45:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2022 14:47:14 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/04/2022 13:13:24 hs. bajo el número RR-137-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia