Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122687
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.687, "Rodríguez, Daniel Osmar c/ Ibarbia, Matías Martín y otro. Daños y perjuicios (con Lesiones o muerte. Excep. Estado)" y su acumulada "Barresi, Jorge Osmar contra Ibarbia, Matías Martín y otro. Daños y perjuicios (con lesiones o muerte. Excep. Estado)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín, por un lado, modificó las indemnizaciones reconocidas a los actores y, por el otro, confirmó la responsabilidad atribuida a los demandados y la tasa de interés aplicable a la indemnización reconocida (v. págs. 1/54, sentencia electrónica de fecha 15-V-2018).
Se interpuso, por los demandados, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. págs. 1/37, escrito electrónico de fecha 4-VI-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El señor Daniel Osmar Rodríguez (expte. 5203/2011) promovió demanda por daños y perjuicios a raíz de la colisión que protagonizó el día 10 de junio de 2011, entre las 7:15 y las 7:20 hs., mientras acompañaba al señor Jorge Osmar Barressi, quien conducía el Rastrojero -dominio WEV408- por el camino real que unía la localidad de San Emilio con la de Los Toldos cuando, a 500 metros de la ruta provincial n° 7, colisionaron contra un disco marca CORTI, que no poseía luces reglamentarias y era arrastrado por un tractor marca Deutz Fhar conducido por Matías Martín Ibarbia, de propiedad de Roberto Gariglio. Relató que la máquina rural circulaba en sentido contrario al Rastrojero y por el centro del camino, en dirección oeste-este. Reclamó una indemnización por los daños sufridos en su persona, sosteniendo la responsabilidad del conductor del tractor y del propietario de ese rodado.
También promovió demanda Jorge Osmar Barresi (expte. n° 836/2012), relatando las mismas circunstancias del hecho y reclamando, contra los mismos demandados, los daños al rodado y a su persona (v. págs. 1/3, escrito electrónico de fecha 7-XI-2017).
Corrido el traslado de ley, los demandados repelieron la acción (v. págs. 2 y 3). Se ordenó la acumulación del expediente n° 836/2012 (Barresi) al n° 5203/2011 (Rodríguez), se produjo la prueba ofrecida y, a su turno, se dictó única sentencia, atribuyendo la responsabilidad total a los demandados, condenándolos al pago de las indemnizaciones por los rubros reconocidos a los actores, a las que debían adicionarse intereses a la tasa que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a 30 días -tasa pasiva- en los períodos en que tuviera vigencia y, si fuera superior, se debían adicionar los que dispusiera para los fondos captados a través del sistema Home Banking, denominado Banca Internet Provincia (BIP) en su modalidad tradicional, desde la fecha de la mora -10 de junio de 2011- hasta su efectivo pago. Se impusieron las costas a los demandados vencidos (v. pág. 25).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. escrito electrónico de fecha 1-II-2018) y por los demandados (v. escrito electrónico de fecha 8-II-2018), quienes presentaron sendas contestaciones (v. escritos electrónicos de fechas 7-III-2018).
I.2.a. Elevados los autos a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín, esta modificó la sentencia de primera instancia en lo concerniente a las indemnizaciones reconocidas a los señores Rodríguez y Barresi, fijó el lucro cesante y la indemnización por la incapacidad sobreviniente y la confirmó en lo decidido respecto de la responsabilidad atribuida a los demandados y (por mayoría) la tasa de interés. Impuso las costas a estos últimos.
Para decidir como lo hizo, y en la medida del recurso en estudio, comenzó por dejar sentado que las pretensiones se encuadraban en el régimen de responsabilidad objetiva del art. 1.113 del Código Civil (v. págs. 7/8, escrito electrónico de fecha 15-V-2018).
Consideró que para resolver acerca de la responsabilidad atribuida era relevante determinar si al momento de la colisión había luz natural. Para ello tomó en cuenta los elementos obrantes en la causa penal, entre los que se encontraba agregado, a fs. 51, el informe del Hospital Municipal de General Viamonte en el que se consignaba que a las 7:23 hs. del día 10 de junio de 2011 se había recibido el llamado que comunicaba el infortunio y que de fs. 128 del informe técnico de la División Astronomía del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, resultaba que el día de la colisión el crepúsculo diurno había comenzado a las 7:39 hs., momento en el que era posible distinguir los objetos terrestres sin necesidad de luz artificial (v. pág. 9).
Sobre esos informes concluyó que al momento del siniestro no había luz natural que permitiera ver vehículos que se desplazaran sin iluminación propia. Apoyó también su decisión en la declaración del Jefe de Bomberos, prestada a fs. 286 y vta. de este expediente, de que no había amanecido (v. pág. cit.).
A lo dicho adunó el Tribunal de Alzada que surgía de las pericias mecánicas de fs. 18 de la causa penal y 178 vta. del presente que la rastra excedía en 1,20 metros cada lado del tractor y que no tenía sistema de iluminación o señalización reflectante que permitiera advertir su presencia (v. pág. 10).
A partir de ese informe encontró configurada la violación del inciso "h" del art. 32 de la ley 24.449, que imponía que la rastra debía llevar balizas amarillas intermitentes (v. pág. cit.)
Por ello, concluyó que sobre la plataforma fáctica señalada no cabían dudas de que la maquinaria agrícola se había erigido en la causa adecuada del hecho dañoso de autos pues transitaba sin iluminación o señalización suficiente, en momentos en que no había luz natural y por un camino rural sin alumbrado público artificial (v. pág. 10).
Resaltó, además, que los demandados no habían probado hecho alguno atribuido al conductor del Rastrojero que hubiera tenido incidencia causal coadyuvante en la producción de la colisión, pues carecía de relevancia que el camino fuera lo suficientemente ancho cuando había imposibilidad de ver la rastra, lo que había impedido al conductor Barresi correrse al sector "izquierdo" (sic) de su carril, como tampoco había sido trascendente la invasión de este al carril porque el camino tenía doce metros de ancho y habría pensado que el tractor de tres metros de ancho pasaría por el carril de seis metros de ancho. Agregó que también era irrelevante que el tractor estuviera detenido o en movimiento cuando lo que no pudo divisarse fue la rastra (v. pág. 11).
También señaló la Cámara que no había pruebas de que el Rastrojero no estuviera en condiciones de circular, que careciera de cinturones de seguridad, que no los estuvieran usando al momento de la colisión y que fuera excesiva la velocidad de circulación, pues ello no surgía del informe del perito ingeniero mecánico (v. pág. cit.).
I.2.b. Por último, se abocó a resolver el agravio de los demandados respecto de la tasa de interés fijada en la pasiva más alta que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días y, por los períodos en los que tuviera vigencia y fuera mayor, la que dispusiera esa entidad para los fondos captados a través del sistema Home Banking, denominado BIP, desde la fecha de la mora de grado y hasta el efectivo pago (v. pág. 42).
En esa tarea y por mayoría, aplicó la doctrina legal sentada por esta Corte en la causa C. 119.178, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), por la que, a las sumas de condena y aún a las que se cristalizaran como deudas de valor, correspondía aplicar intereses a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago (v. pág. 43).
A ello agregó que esa decisión obedecía al acatamiento que los tribunales de grado le debían a la doctrina legal, pues su finalidad era mantener la unidad de la jurisprudencia y apartarse de ella provocaría que irremediablemente debieran ser casadas (v. pág. 44).
II. Se agravian los demandados denunciando la violación y aplicación errónea de los arts. 34 incisos 4 y 5, 163 inciso 6, 165 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 519, 622, 1.068, 1.083, 1.111, 1.113 y concordantes del Código Civil; 7 y 10 de la ley 23.928; 48 inciso "c" de la ley 24.449 y 14, 16, 17, 18 y concordantes de la Constitución nacional; como así también de doctrina legal. Asimismo, alegan absurdo en la valoración de la prueba.
II.1. Comienzan su impugnación afirmando la errónea aplicación del art. 1.113 del Código Civil y del art. 48 inciso "c" de la ley 24.449 y de la ley provincial 13.927.
Se quejan de que la Cámara haya confirmado la responsabilidad exclusiva de los demandados, con carácter subjetiva respecto del conductor de la maquinaria rural, señor Ibarbia, y objetiva respecto del dueño de aquella, señor Gariglio, lo que entiende ha sido producto de una errónea aplicación del art. 1.113 del Código Civil y de una absurda valoración de la prueba.
Transcriben las partes de la sentencia en la que la Cámara analiza el porte de la maquinaria agrícola para endilgar la culpa exclusiva a su conductor al considerar que ello impidió que el Rastrojero pudiera pasar sin consecuencias, desmereciendo que el camino rural era lo suficientemente ancho, como surgió de la causa penal y de la respectiva pericia.
Señalan que absurdamente el sentenciante consideró la circulación del Rastrojero hacia la izquierda del camino cuando con ello invadió la mano contraria, en clara violación del art. 48 inciso "c" de la ley 24.449.
Explican que el tractor y la rastra ocupaban 5,40 metros y que los testigos presenciales Verna y Cicuto manifestaron que había habido suficiente espacio en el camino para que circulara el Rastrojero y que la colisión se produjo por la invasión del automotor del actor en la mano contraria, cuando el tractor y la rastra estaban detenidos casi sobre la cuneta, como señalaron los testigos.
Indican que el perito mecánico al evaluar la IPP observa en la fotografía n° 4 que el convoy agrícola estaba detenido prácticamente sobre la banquina derecha y que esa información no fue tenida en cuenta por la Cámara.
A ello agregan que el actor Rodríguez reconoció al absolver posiciones que el impacto se había producido sobre el carril en el que estaba la maquinaria agrícola y que él estaba circulando por la huella existente en el carril de la mano contraria.
Resaltan que el Rastrojero era un vehículo de antigua data (año 1950) y estaba en paupérrimo estado de uso y conservación, como surgía de la pericia de la causa penal y de la fotografía n° 5 de ese expediente, por lo que se advertía la violación a los arts. 34 y 39 inciso "a" de la ley 24.449, así como la falta de cinturones de seguridad.
Ponen énfasis en que a la absurda valoración de la prueba se agregaba que el Rastrojero iba al máximo de su velocidad -50km/h en un camino de tierra- y supuestamente de noche por la mano contraria. Afirman que la conducción del actor Barresi fue negligente.
Aseveran que, si el Rastrojero hubiera conservado su mano, la colisión no se hubiera producido y, en cuanto a la visibilidad, se había probado con el informe meteorológico obrante en la causa penal que a las 7:45 hs. había claridad.
II.2. Seguidamente, sostienen que se ha violado la doctrina legal de las causas "Vera" y "Nidera", en materia de intereses moratorios, afectando así la garantía del debido proceso y la inviolabilidad de la propiedad privada.
Indican que la Cámara confirmó la decisión del juez de primera instancia de aplicar a la indemnización fijada la tasa de interés que pagaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a 30 días captados a través del sistema denominado Banca Internet Provincia (BIP) desde la fecha de la mora y hasta el efectivo pago.
Refieren que al expresar agravios en contra de la decisión del juez de origen pusieron de relieve que, tratándose de una deuda de valor, como dispone el art. 772 del Código Civil y Comercial, era improcedente aplicar la tasa pasiva más alta sobre valores actualizados desde la fecha de la mora.
Explican que se producen dos actualizaciones, una cuando se fija a valores actuales y otra con la aplicación de la tasa pasiva máxima computada desde la fecha de la generación del daño, configurándose de esa manera un enriquecimiento indebido de los acreedores.
Señalan que de la lectura del fallo surge el reconocimiento de los distintos rubros admitidos a valores actuales y que la tasa a aplicar encubre una actualización prohibida por la ley 23.928.
Transcriben el párrafo del voto del juez de Cámara que quedó en minoría en este tema y hacen referencia al criterio de esta Corte en materia de Expropiación; mencionan el fallo "Sabalette" y el de la Corte nacional en la causa "Bedino c/Telecom Argentina S.A.". Realizan el cálculo con el cual demuestran el indebido enriquecimiento de los actores.
Indican que ese mismo criterio ha sido aplicado por esta Corte en las causas "Vera" y "Nidera" y advierten que ambos fallos son anteriores a la sentencia que aquí se ataca. Reflejan parte del voto del doctor Soria en la causa C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018), al que siguieron los restantes ministros, por el cual se adoptó el criterio de aplicación de una tasa fija del 6% anual sobre los valores actuales desde la fecha de la mora hasta la de la determinación de esos valores y a partir de allí la tasa aplicada en "Ponce", "Ginossi" y "Cabrera". También señalan que en la causa C. 121.134, "Nidera S.A." (3-V-2018), se utilizó el mismo criterio, para demostrar que la Cámara no aplicó la doctrina legal vigente en materia de intereses al momento de pronunciarse.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inician los recurrentes su impugnación agraviándose de la responsabilidad que se les ha atribuido en el evento dañoso.
De la lectura de su escrito recursivo surge el ataque a la valoración de la prueba que realizó el sentenciante.
Sobre tal cuestión esta Corte tiene dicho que la valoración de la prueba en general, el análisis de la testimonial y de la pericial, así como el resto de las probanzas aproximadas al proceso, resultan el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado y libres, por lo tanto, de censura en esta sede extraordinaria, mientras no se alegue y demuestre que son el resultado de razonamientos absurdos (conf. doctr. causas C. 119.324, "Romero", sent. de 15-VII-2015; C. 122.050, "M., L. M.", sent. de 5-VI-2019, e. o.).
A ello añado que discrepar con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causas C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; C. 121.792, "Montero", sent. de 29-V-2019; e. o.).
Considero que los recurrentes no logran demostrar el error en la apreciación de la prueba y, por ende, el absurdo que endilgan al pronunciamiento. Advierto que su crítica confronta, sin más, el criterio de los sentenciantes desde un análisis subjetivo que, por cierto, no es idóneo para revocar el pronunciamiento (conf. doctr. art. 279, CPCC).
En efecto, surge de su impugnación que le atribuyen la exclusiva culpa al conductor del Rastrojero, quien no evitó la colisión cuando el ancho de la calzada de tierra lo permitía, endilgándole además haberse pasado a la mano contraria por la que circulaba la máquina agrícola, compuesta del tractor y de una rastra, violando el art. 48 inciso "c" de la ley 24.449.
Sin embargo, la Cámara concluyó que la causa de la colisión del Rastrojero con la rastra se había debido a que esta no tenía señalización con luces o elementos reflectivos, lo que había impedido que fuera advertida por el conductor en medio de la oscuridad, cuando además sobresalía 1,20 metros a cada lado del tractor, dato este en el que coinciden las pericias realizadas (v. fs. 18 de la causa penal y 178 y vta. de este expte.).
Discuten vanamente acerca de la hora de la colisión cuando la Cámara apreció que, del informe del hospital local (v. fs. 51 de la causa penal agregada), surgía que el llamado para el envío de la ambulancia había ocurrido a las 7:23 hs., que era el 10 de junio, próximo al invierno, y que la División Astronomía del Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación había informado que el crepúsculo había ocurrido a las 7:39 hs., siendo posible recién en ese momento distinguir objetos terrestres. De ello se desprende que si el pedido de asistencia médica fue a las 7:23 hs. la colisión había ocurrido con anterioridad, es decir nunca a las 7:39 hs., lo que permite inferir que reinaba la oscuridad.
Además, la Cámara tomó en cuenta el testimonio del Jefe de Bomberos local, quien a fs. 286 y vta. afirmó que al momento del hecho no había claridad y que, como surgía de la pericia de fs. 179 y de la causa penal a fs. 18, la rastra excedía en 1,20 metros el volumen del tractor, sin ningún tipo de iluminación que permitiera advertirla, incumpliendo, de esa manera, el inciso "h" del art. 32 de la ley 24.449 y, por lo tanto, encontró así que ese incumplimiento más la nocturnidad habían sido las causas de la colisión.
Ninguno de los fundamentos dados en el fallo han sido rebatidos por los recurrentes pues, además de procurar justificar su defensa en el ancho de la calzada para atribuir responsabilidad al conductor del Rastrojero, como se señaló más arriba, se ensañó con el estado de uso y conservación de ese rodado, en la falta de cinturones de seguridad y la velocidad a la que circulaba, hechos que no fueron probados, como bien apuntó la Cámara (v. pág. 11).
Tampoco es atingente la violación del art. 48 inciso "c" de la ley 24.449 cuando el Tribunal de Alzada ha dado por demostrado (en ejercicio de facultades de juzgamiento privativas) que la causa de la colisión ha sido la falta de señalización de la rastra que circulaba traccionada por el tractor antes del amanecer y sin que existiera luz pública artificial. Noción que permanece inalterable ante la ausencia de una réplica eficaz que pueda conmoverla.
Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate los argumentos del juzgador limitándose a paralelar en forma genérica su opinión discrepante con el fallo sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan al mismo (conf. doctr. causas C. 117.574, "Agulo", sent. de 1-IV-2015; C. 122.044, "Umanzor González", sent. de 21-VIII-2019; e. o.), lo que ha acontecido en el presente recurso y sella el resultado adverso de la impugnación planteada.
III.2. En cambio, les asiste razón a los recurrentes en su agravio por el cálculo de los intereses.
Esta Corte ha determinado que cuando se fije un quantum a valor actual, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito, el cual se establece en el seis por ciento (6%) anual, que corresponderá ser impuesto al crédito indemnizatorio conforme el dies a quo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1.748,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.