Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122303
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.303, "Dadario, Rubén Oscar y otra contra Álvarez Antonio y otros. Daños y perjuicios" y su acumulada "Chiapero, José Carlos y otros contra Álvarez, Antonio y otros. Indemnización de daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Kogan, de Lázzari.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, por un lado, modificó la sentencia de primera instancia en lo referente a los montos indemnizatorios y, por el otro, la confirmó en la forma de calcular los intereses moratorios (v. págs. 20/21, escrito electrónico de fecha 6 de junio de 2017).
Se interpuso, por los actores Micaela Chiapero y Agustín Chiapero, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. págs. 1/9, escrito electrónico de fecha 30 de junio de 2017).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. El señor Rubén Omar Dadario y su cónyuge, la señora María Josefa Gorosito, promovieron juicio de daños y perjuicios contra los señores Antonio Álvarez, Roberto Atilio Kalle y Rodolfo Omar Márquez a raíz del siniestro ocurrido el 13 de noviembre de 1998, siendo aproximadamente las 20:00 hs. Relataron en su demanda que circulaban en su camioneta marca Chevrolet, patente BEC-247, por la ruta provincial n° 75, desde la localidad de La Garma con destino a A. González Chávez, y cuando faltaban 3 km para llegar al cruce con la ruta nacional n° 3, su automotor impactó contra un tractor Massey Ferguson, el cual -sin ninguna señal lumínica- era conducido por el demandado Márquez, pero remolcado por otro tractor marca John Deere al mando de Roberto Kalle. Señalaron que ambos rodados rurales eran propiedad del demandado Álvarez y que en su camioneta transportaban a sus nietos Micaela y Agustín Chiapero. Imputaron la responsabilidad a los conductores y al dueño de los tractores, reclamando los daños que padecieron.
I.2. A su vez, los padres de los menores transportados por los actores, individualizados en el punto anterior, promovieron demanda -por sí y por sus hijos- contra los mismos demandados, peticionando el resarcimiento de los menoscabos sufridos.
Posteriormente Micaela y Agustín Chiapero alcanzaron la mayoría de edad y se presentaron personalmente. Devino, además, el fallecimiento de Antonio Álvarez y compareció José Antonio Álvarez como su universal heredero.
I.3. Integrada la litis, se abrió el juicio a prueba y, a su turno, el magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 de Tres Arroyos dictó sentencia única condenando a los demandados, en virtud de lo dispuesto en el art. 1.113 del Código Civil, a abonar a los actores -de ambos expedientes- las indemnizaciones que les fueron reconocidas a cada uno de ellos, con más intereses a la tasa pasiva que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Este pronunciamiento fue apelado por todos los accionantes y por el demandado Álvarez, presentando sus respectivas réplicas.
I.4. Elevados los autos a la Sala I de la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, esta confirmó la responsabilidad atribuida a los demandados y modificó los montos de las indemnizaciones. A su vez, mantuvo el cálculo de la tasa de interés establecida por el magistrado de grado anterior.
Respecto de esta última cuestión, de la que se habían agraviado ambas partes, estableció que en los dos procesos se mandaba adicionar a cada rubro de condena -fijado en esa sentencia o en la anterior- un interés anual puro del 4% desde la ocurrencia del hecho y hasta el momento de su cuantificación en cada caso; y desde allí en adelante y hasta el efectivo pago, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vigente en los distintos períodos de aplicación.
Para decidir de esa manera, explicó que esa Cámara había establecido que el interés moratorio aplicable entre el momento en que se había producido el daño y hasta su cuantificación debía fijarse a una tasa pura, ya que hacerlo a una tasa bancaria importaba adicionarle un plus improcedente, como era la depreciación monetaria por la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. Agregó que ello se apreciaba con solo ver en la página web del Banco oficial de la Provincia las tasas para las colocaciones en dólares estadounidenses, o cuando se trataba de un capital actualizado (como el previsto en la ley 25.827) frente a las restantes tasas bancarias para imposiciones en moneda de curso legal, las que oscilaban entre 11% y 17,25%, lo que presuponía tener incorporada la amortización por la desvalorización monetaria (v. pág. 18).
Estableció, entonces, que una vez determinado el monto a indemnizar según el cálculo indicado anteriormente, correspondía adicionar la tasa pasiva bancaria denominada "plazo fijo digital", como lo habían solicitado los actores y lo había establecido esta Suprema Corte (v. pág. cit.). Aclaró que esta última tasa no podía ser aplicada por el período comprendido entre la mora y el momento económico en que se computó la suma de pesos indemnizatoria, pues la doctrina sentada por esta Corte en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) había sido fijada respondiendo a la pretensión de que se aplicara la tasa activa (v. pág. cit.).
También recordó que el debate sobre esta cuestión se había reavivado con la nueva normativa del art. 768 inc. "c" del Código Civil y Comercial que disponía la utilización de tasas que fijaran las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina. Pero que en el caso, dijo, se aplicaba una tasa pura pues la fijación de la indemnización se había realizado a valores posteriores a la ocurrencia del siniestro (13 de noviembre de 1998), lo que imponía emplear una tasa que no contuviera un plus por actualización, de manera que no se advertía la violación de aquella doctrina legal, que se proponía aplicar recién a partir de la época en que se determinaba la indemnización (v. pág. 19).
II. Se agravian los actores Agustín Chiapero y Micaela Chiapero denunciando la violación y la errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 165 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; 508, 509, 622, 623 y 1.083 del Código Civil; 7, 10 y 768 del Código Civil y Comercial; 14, 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional y 10, 15 y 31 de su par provincial; como así también la transgresión de doctrina legal.
Centran su impugnación en la tasa de interés, solicitando la aplicación de la doctrina legal que disponía para el período comprendido desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. pág. 4, escrito electrónico de fecha 30 de junio de 2017).
Indican que la Cámara violó la postura establecida en las causas C. 101.774, "Ponce", L. 94.446, "Ginossi" y C. 119.176, "Cabrera", disponiéndose en esta última que los intereses moratorios debían calcularse sobre los montos de condena a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco oficial de la Provincia en sus depósitos a treinta días (v. págs. 4/5). Asimismo, transcriben el voto de la doctora Kogan que formó la mayoría en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016), señalando que se advertía la violación de esa doctrina legal, al disponer la Cámara un interés moratorio a una tasa pura.
Apuntan que desde la vigencia del Código Civil y Comercial son de aplicación inmediata, en virtud de su art. 7, las disposiciones sobre la tasa de interés, sosteniendo, con apoyo de fallos de Cámara nacionales, que los accesorios devengados durante el imperio del Código Civil se regían por ese cuerpo legal pero que a partir del 1 de agosto de 2015 aquellos estarían alcanzados por las previsiones contenidas en el nuevo régimen -ley 26.994-, al constituir consecuencias de una situación jurídica anterior. Concluyen, entonces, en que por lo normado en el art. 768 del Código Civil y Comercial la Cámara carecía de facultades para aplicar una tasa de interés distinta a la derivada de las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina.
III. El recurso no puede prosperar.
Se agravian los recurrentes de que la Cámara haya dispuesto para el cálculo de los intereses por el período comprendido entre la fecha del hecho y la determinación de cada rubro indemnizatorio reconocido una tasa de interés puro.
Denuncian en su libelo recursivo, interpuesto el 30 de junio de 2017, la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte vigente a dicha fecha e identificada como establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-IX-2009) y en C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Pues bien, sin dejar de reconocer el acierto temporal en la queja introducida en la impugnación, cierto es que el análisis acerca de si se ha configurado o no la violación de la doctrina legal debe llevarse a cabo en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de la Suprema Corte, solución que viene impuesta por razón del cumplimiento de la propia télesis de la Casación, en lo concerniente a la preservación -en garantía de la igualdad- de la uniformidad de la jurisprudencia (conf. causas L. 117.084, "Buceta" y L. 116.811, "Ospital", sents. de 26-III-2015; asimismo, mi voto en L. 84.283, "Ferrero", sent. de 18-III-2009). Por lo que, en estos casos, resulta pertinente confrontar el pronunciamiento en crisis con la doctrina legal vigente al momento de examinar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, toda vez que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a su interposición (conf. art. 163 inc. 6, CPCC; causa L. 117.007, "Núñez", sent. de 15-VII-2015; e. o.).
En tal sentido, ha afirmado ya este Tribunal ante situaciones similares, que es principio recibido -y de toda lógica- que esta Suprema Corte aplique la doctrina legal vigente y haga la interpretación de los hechos y el derecho al momento de dictarse la sentencia y no la doctrina vigente al tiempo de la presentación del interesado (conf. causas C. 110.372, "Juárez", sent. de 5-III-2014; C. 102.534, "C., A.", sent. de 10-VIII-2016; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016; e. o.).
Así las cosas, es menester poner de relieve que, con posterioridad a la interposición del recurso extraordinario por los impugnantes, este Tribunal ha modificado su doctrina legal en materia de cálculo de intereses en casos de valuaciones de deudas realizadas a valores actuales, tal como ha ocurrido en el presente (conf. doctr. causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), tesitura a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 1.069, 1.109 y concs., Cód. Civ.; hoy arts. 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.) y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy arts. 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Dijo el doctor Soria en los precedentes anteriormente citados, que cuando se fija un quantum a valores actuales -en principio- debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones severas en el cálculo y determinación del crédito. Es que la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado, que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial, con prescindencia de la realidad económica implicada.
Así, siendo la indemnización estimada a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, resulta congruente con la realidad económica liquidar los intereses devengados hasta ese momento aplicando una tasa de interés puro, como tradicionalmente se ha establecido en relación con todas las modalidades de actualización; es decir, un accesorio destinado a la retribución por la privación del capital, despojado de otros componentes (entre otros, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda producto del fenómeno inflacionario; conf. Molinario, Alberto D., "Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas", RdN, 725, 1573), desagregado de los factores o riesgos que el prestador asume hasta lograr la recuperación íntegra de la suma prestada (Morello, Augusto M., Tróccolli, Antonio A.; "La tasa de interés. Consideraciones jurídicas y económicas", en Álvarez Alonso, Salvador; Morello, Augusto M.; Tróccolli, Antonio A.; Derecho Privado Económico , Platense, 1970, pág. 372).
En su hora, el así denominado interés puro fue establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un 6% anual (Fallos: 283:235; 295:973; 296:115 y más recientemente en Fallos: 311:1249). Esta Suprema Corte de Justicia provincial, en un primer momento lo determinó en el 8% por igual período (Ac. 20.458, "Sinagra de Fernández", sent. de 26-XI-1974 en "Acuerdos y Sentencias", 1974-III-747; Ac. 21.175, "Acosta" en "Acuerdos y Sentencias", 1975, 844; Ac. 39.866, "Martín", sent. de 21-II-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-14), pero luego, a partir de lo resuelto en B. 48.864 ("Fernández Graffigna", sent. de 1-X-1983 en "Acuerdos y Sentencias", 1983-III-227) se plegó a la señalada alícuota del 6% anual (L. 49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L. 53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramírez", sent. de 19-II-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Provincia c. Miguel", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, "Quinteros", sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco de Vicente", sent. de 11-V-2011; e. o.).
Luego, tal como continuara expresando el citado colega, en las actuales circunstancias no se advierten razones para descartar dicho mecanismo de cómputo pues, en sustancia, luce proporcionado, respetuoso de la aludida evolución jurisprudencial y congruente con el contexto de las tasas aplicadas a las operaciones que, al expresarse en monedas "fuertes" o con base en un capital ajustable por índices, pueden ser tenidas como referencia -con las particularidades de cada caso- tal como ocurre con ciertos títulos públicos provinciales (v.gr. Bono Dólar-link emitido en el mercado local -decreto 164/13-; Bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2016 -Resolución Ministerial 54/09- http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/index.php) y nacionales en dólares o con cláusula CER (http://www.minfinanzas.gob.ar/secretarias/finanzas/subsecretaria-de-financiamiento/colocaciones-de-deuda/) o depósitos a plazo fijo de Unidades UVI, ley 27.271 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web/plazofijo).
En consecuencia, en estos casos en los que la judicatura realiza estimaciones de deudas a valores actuales para el cálculo de los intereses moratorios debe aplicarse la mentada tasa de interés puro, correspondiendo que sea impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód. Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.).
Luego, como se advierte, la fijación de una tasa de interés puro para retribuir la privación del capital de condena desde su génesis y hasta el momento de su estimación pecuniaria, así dispuesta por la Cámara, no se contrapone con la doctrina legal vigente de esta Suprema Corte, por lo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia como violada la doctrina legal de esta Suprema Corte, que fue expresamente modificada por un fallo de este mismo Tribunal y de fecha posterior (conf. causa C. 116.679, "Morales", sent. de 27-VIII-2014; e. o.), en tanto no se configura violación a su doctrina legal cuando la denunciada como transgredida ya no constituye su criterio actual (doctr. art. 279, CPCC).
IV. Sin perjuicio de lo expuesto, atento el tenor de los agravios traídos y dado que en los precedentes referidos esta Suprema Corte ha establecido que cuando la indemnización se fija al tiempo de la sentencia, los intereses deben ser calculados a la tasa pura del 6% anual y, de allí en más, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, corresponde ajustar el referido porcentaje de la tasa pura fijada en autos a la consolidada doctrina legal vigente de este Tribunal (conf. C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", cits., y sus sucesivas; conf. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-; 163 inc. 6, 164, 165, 384 y concs., CPCC; 622 y concs., Cód. Civ. y 7, 772 y 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). Al respecto, es necesario recordar que la Suprema Corte cuenta con la facultad de casar las sentencias que se aparten de sus pronunciamientos y de dictar una nueva que se ajuste a la ley o doctrina que se declare aplicable (art. 289, CPCC; conf. causa C. 118.704, "Chiariello", sent. de 15-VII-2015).
V. En consecuencia, si mi opinión es compartida, por no haberse demostrado las violaciones legales denunciadas debe rechazarse el recurso interpuesto. No obstante ello, se dispone que la tasa de interés por el período comprendido entre la fecha del hecho y la del pronunciamiento que estableció los montos indemnizatorios corresponde a la pura del 6% anual y, de allí en más, la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Por demás, en materia de imposición en costas, encuentro justificado apartarme del criterio objetivo de la derrota pues, si bien la imposición de estas por su orden está contemplada para aquellos supuestos en que el litigante, atento los cambios jurisprudenciales, desiste del juicio evitando así el dispendio de actividad jurisdiccional, resulta equitativo equiparar dicha situación con la observada en casos como el presente, que se resuelven con posterioridad a la modificación de la doctrina legal de esta Corte, pero con un margen temporal que no ha permitido aún que la nueva haya alcanzado suficiente difusión (conf. mi voto en la causa C. 95.114, "Ottaviano", sent. de 17-II-2010; C. 83.158, "Regis", sent. de 30-III-2010; A. 70.092, "Aizpiri", sent. de 29-V-2013; e. o.). En consecuencia, las costas de esta instancia deben ser distribuidas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el ponente.
Dado el factor temporal particular que asoma en autos, gravitante en la articulación entre lo pretendido en el recurso y la doctrina que rige la cuestión, ya bien advertido por el colega en su voto, acuerd
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