Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120674
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 120.674, "Décima, Julia Graciela y otros contra Productos de Maíz S.A. (Ingredión Argentina S.A.). Daños y perjuicios", y su acumulada: "Díaz, Zulema y otros contra Productos de Maíz S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín dictó sentencia única modificando parcialmente el pronunciamiento de primera instancia al excluir del plan de remediación ambiental la obligación de la demandada de proveer de agua potable sin arsénico y la de realizar medidas para mejorar las condiciones sociodemográficas del conjunto poblacional. Redujo, a su vez, la sanción punitiva impuesta, determinando dos formas de pago. Por último, estableció que a los efectos de regular los honorarios el proceso no tenía contenido patrimonial. Impuso las costas de alzada en un 15% a los actores y en un 85% a la accionada (v. fs. 5.976 y vta.).
Se interpusieron, por los accionantes y por la demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 5.986/6.003 vta. y 6.004/6.037, respectivamente).
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 6.004/6.037?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de los actores a fs. 5.986/6.003?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Un grupo de habitantes del Barrio de la Construcción, ubicado en la ciudad de Chacabuco, promovió acción de daños y perjuicios contra la empresa Productos de Maíz S.A. (antes Ingredión Argentina S.A.) derivados de la actividad agroindustrial de esta última, reclamando el cese del daño ambiental; y respecto de cada uno de los actores, el daño físico y psíquico, el moral, el daño por menoscabo del uso de la vivienda y el daño ambiental en particular. Efectuaron su reclamo a través de dos expedientes caratulados "Décima, Julia Graciela y otros contra Productos de Maíz S.A. (Ingredión Argentina S.A.). Daños y perjuicios" y "Díaz, Zulema y otros contra Productos de Maíz S.A. Daños y perjuicios", los que posteriormente fueron acumulados (v. fs. 127/165, expte. principal y 417/469, expte. acum.).
Corrido el traslado de ley se presentó la demandada negando los hechos, interponiendo excepción de prescripción y de falta de legitimación activa para obrar y solicitó la acumulación de ambas causas (v. fs. 284/389, expte. principal y 1.224/1.330, expte. acum.).
A fs. 410 del expediente "Décima" se resolvió la acumulación del expediente "Díaz", disponiéndose la tramitación de ambos en forma separada, pero con el dictado de sentencia única.
Los actores solicitaron una medida de no innovar, cuya finalidad había sido impedir que se modificara la situación de hecho en la planta industrial; peticionaron que además se designara un veedor judicial para el control de su cumplimiento (v. fs. 551/559). Esa solicitud fue rechazada por el señor juez de primera instancia (v. fs. 560), decisión que al ser apelada (v. fs. 566) derivó en su revocación por la Cámara. Posteriormente y ante el requerimiento de la demandada como consecuencia de la clausura del establecimiento por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se ordenó el levantamiento parcial de la medida cautelar de no innovar en el sector que correspondía a la nueva planta de tratamiento de efluentes líquidos para que terminara de construirse (v. fs. 5.345, expte. principal).
Se abrieron las causas a prueba (v. fs. 507, expte. "Décima" y 1.545, expte. "Díaz") y, posteriormente, se resolvió la producción unificada de las pericias ofrecidas en ambos procesos (v. fs. 2.227, expte. principal).
El día 13 de noviembre de 2014 se dictó sentencia haciendo lugar a la demanda solo por el daño ambiental y su remediación, difiriéndose para un momento posterior la resolución de las acciones individuales de daños y perjuicios incoadas por los actores (v. fs. 3.756/3.757 y 3.767).
En el pronunciamiento dictado se condenó a la reclamada a arbitrar y ejecutar todas las medidas conducentes para cesar definitivamente en la generación de todo daño al ambiente y a allegar, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días, un plan unificado y totalizador de la remediación y adecuación de las instalaciones de la planta fabril, diagramadas en etapas que deberían estar temporalmente señaladas, indicando fecha de iniciación, culminación y declaración jurada del costo de cada una de ellas, todo lo que sería sometido al contralor del veedor judicial que había sido designado en autos, licenciado Amílcar H. Risiga. El seguimiento del plan se haría en el incidente de ejecución de sentencia que debía ser iniciado por la condenada. Asimismo, se fijó la suma de $7.200.000 en concepto de daño punitivo, pagadera en treinta y seis cuotas mensuales, importe que debía ser aportado al Municipio de Chacabuco con el objeto de que se satisficiera la necesidad de insumos e instrumentales básicos de las salas de primeros auxilios de esa ciudad. Por último, impuso las costas a la vencida y estableció como base regulatoria el valor de las obras de recomposición y adecuación que se había ordenado realizar (v. fs. 5.686/5.723 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. fs. 5.782) y por la demandada (v. fs. 5.783), presentando sus respectivos memoriales; la actora a fs. 5.901/5.928 y la accionada a fs. 5.858/5.900.
II. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín -en la medida del recurso en estudio- confirmó la condena contra la demandada, por habérsela encontrado responsable del daño ambiental y, por ende, obligada a la realización del plan de remediación, supervisado por el veedor judicial designado en el expediente. A su vez, modificó el pronunciamiento al reducir la sanción punitiva, estableciéndola en la suma de $5.000.000, con dos alternativas para su pago.
Para decidir sobre la responsabilidad por el daño ambiental, el Tribunal de Alzada reflejó las opiniones de destacados autores de doctrina con relación al denominado "paradigma ambiental" e hizo referencia a la "Carta Encíclica Laudatio Si" (Roma, 24-V-2015), para luego exponer sus fundamentos partiendo del concepto de "daño ambiental directo o propiamente dicho" elaborado por destacados académicos, pues esa cuestión era el único objeto de revisión al haberse pospuesto el tratamiento de los daños individuales (v. fs. 5.945 vta./5.950 vta.).
La Cámara tomó en cuenta, además, los conceptos vertidos por esta Suprema Corte en la causa C. 86.727, "S., M. A. y C., M. y por sus hijos M. y M. S. contra Municipalidad de Pergamino. Daños y perjuicios" (sent. de 25-II-2009), como también el criterio adoptado por la Corte nacional en el leading case "Mendoza" (v. fs. 5.950 vta./5.951 vta.).
Encontró acertada la decisión de la señora jueza de grado anterior de diferir la acreditación de los daños individuales en razón de la complejidad de la prueba y de la gran cantidad de actores, ya que de no haber sido así se hubiera provocado una mayor demora en el procedimiento de la que se había generado, lo que se ponía en evidencia al observar la fecha de interposición de la demanda (año 2001; v. fs. 5.951 vta. y 5.952).
Estableció que la distinción entre las dos categorías de daños en materia ambiental -el directo al ambiente y el individual provocado indirectamente- desvirtuaba las críticas de la apelante (actores) en torno a esa cuestión, pues en los términos del art. 27 de la ley 25.675 -Ley General del Ambiente- la existencia del daño ambiental no dependía de la comprobación de daño individual alguno. Transcribió el concepto contenido en ese régimen legal y la definición de contaminación ambiental de la ley provincial 11.723, para luego apoyar su fundamento en doctrina de destacados autores en la materia (v. fs. 5.952/5.953 vta.).
Seguidamente hizo referencia a que el art. 28 de la ley 25.675 establecía un factor objetivo de atribución de la responsabilidad, recordando que en la doctrina ya se había anticipado la dificultad probatoria que representaba la materia ambiental y destacando el rol inquisidor de la magistrada actuante como también el valioso aporte del equipo científico de la Universidad de Buenos Aires (en adelante UBA), pues con su informe se había logrado demostrar la existencia de polución atribuible a la demandada. Detalló las conclusiones relativas a la afectación del aire y del agua (v. fs. 5.953 vta./5.961 vta.).
Desestimó el agravio relativo a que se había determinado la existencia del daño ambiental solamente a partir de los informes de los expedientes administrativos cuando se había arribado la solución dada a través de las distintas presunciones que emergían de la causa.
Resaltó que en el caso la presunción de daño ambiental se derivaba de la existencia de varias infracciones administrativas cometidas por la demandada al haber liberado efluentes líquidos por encima de los valores permitidos que, al ser valoradas en su conjunto y teniendo en cuenta el profuso informe de la UBA, permitía concluir que en el pasado la empresa había contaminado de igual manera. También destacó el aporte que sobre el tema de "la presunción en derecho ambiental" había hecho el señor juez doctor Rezzónico en su voto al pronunciarse en la causa "Pinini de Pérez c/ Copetro S.A." (v. fs. 5.691 vta./5.963).
Consideró, además, que era irrelevante la pericia que se encontraba agregada en la causa penal, la que había tramitado por ante el Juzgado Federal de Junín, en razón de que los resultados obtenidos habían sido superados con los que se habían realizado en la presente causa, destacando que en el dictamen del Laboratorio de la Secretaría Ambiental de la Provincia de Buenos Aires se había relativizado sobre los resultados de aquella experticia (v. fs. 5.963).
Rechazó también el agravio planteado sobre las consecuencias dañosas del dictado de la medida cautelar de no innovar, en razón de que se había comprobado el daño irrogado al ambiente y porque la propia demandada lo había reconocido al sostener que esa restricción había impedido adecuar la planta de tratamiento -que databa del año 1970- cuya aprobación había obtenido en el año 2002 de las autoridades administrativas, señalando que de su impugnación surgía la alegación de su propia torpeza, de lo que se podía inferir el reconocimiento de la causación del daño (v. fs. 5.964/5.965).
Confirmó, además, la designación del licenciado Risiga como veedor para el control de la etapa de ejecución de la sentencia, al considerar que era conveniente asignarle la tarea a ese experto por razones de orden práctico y economía procesal, ya que estaba interviniendo en la causa desde que se había dictado la medida cautelar (v. fs. 5.966 vta.).
En cuanto al agravio por el daño punitivo, determinó que no se había afectado el principio de congruencia, toda vez había sido expresamente solicitado en la demanda, más allá de la confusa redacción del capítulo "Cuantificación económica de los daños (externalidades)" en el cual se hacía referencia, a fs. 143 y vta., a los "punitive damages [sic]". Agregó que por la índole de los derechos en juego podía ordenar medidas no solicitadas por las partes con apoyo en las amplias facultades que la ley de presupuestos mínimos le otorgaba, recordando así el texto original del art. 32 de la ley 25.675, vetado por el ejecutivo. Lo admitió al tomar en cuenta la opinión de prestigiosos autores de doctrina, como también el criterio que esta Corte había establecido en las causas Ac. 60.094, "Almada" y Ac. 54.665, "Pinini de Pérez" (sents. de 19-V-1998), y Ac. 77.608, "Ancore" (sent. de 19-II-2002), en las que aplicó la solución de la causa A. 69.906, "Fundación Ecosur" (sent. de 28-XII-2010), como también la flexibilización de los principios y reglas procesales que la Corte nacional había fijado en la causa "Mendoza" al pronunciarse sobre una excepción de defecto legal (v. fs. 5.967 vta./5.973).
También tomó en cuenta que el instituto del daño punitivo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor era de aplicación analógica, en razón de la injustificada desconsideración hacia el ambiente y hacia los pobladores de Chacabuco por parte de la empresa demandada, lo que había llevado a los accionantes a la necesidad de reclamar judicialmente el cese y recomposición del daño ambiental, pues difícilmente aquella hubiera tenido una actitud condescendiente con el entorno de no haberse instado estas actuaciones (v. fs. 5.973/5.974 vta.).
III. Se agravia la recurrente -empresa condenada- denunciando la violación de los arts. 18, 19 y 41 de la Constitución nacional y del principio de congruencia. Alega, además, absurdo en la apreciación de la prueba.
III.1. Luego de hacer referencia a destacados académicos que se han expresado acerca del daño ambiental y su consecuencia, el daño individual, señala que la Cámara no resolvió si la planta industrial había afectado la salud de la población generando enfermedades (v. fs. 5.990/6.006 vta.).
Afirma que el Tribunal de Alzada confundió deliberadamente los intereses individuales con los colectivos al conceptualizar sobre el derecho ambiental, poniendo de relieve que era necesario demostrarlo y no se hizo, que hubo violación del derecho colectivo a un ambiente sano ya que el daño ambiental no es cualquier impacto, alteración o contaminación sino el que es relevante y negativo para el ambiente, como surge del art. 41 de la Constitución nacional (v. fs. 6.006 vta./6.008 vta.).
Señala que el daño ambiental es relevante cuando provoca enfermedades a las personas, o sea cuando un ambiente que no es sano compromete la satisfacción de las necesidades humanas y viola el derecho a un desarrollo sustentable. Cita la resolución conjunta 98/07 y 1.973/07 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la que reglamentó el art. 22 ( rectius , 27) de la Ley General del Ambiente, para concluir en que la Cámara consideró irrelevante ponderar si la actividad industrial de la demandada había provocado una violación del derecho colectivo a un ambiente sano (v. fs. 6.008 vta. y 6.009).
Asevera que superar una o varias veces un límite administrativo no equivale a daño ambiental y entiende que es absurdo el criterio seguido por la Cámara, pues no existe prueba alguna de que hubiera habido ambiente insano o desequilibrado. Cita fallo en apoyo de su postura para destacar que, a partir del informe confeccionado por los profesionales de la UBA, al encarar un estudio epidemiológico se determinó que los vecinos evaluados no presentaban mayores enfermedades respecto de los que se habían elegido como casos testigos y en el cual se había concluido en la inexistencia de vinculación entre el estado de salud de los habitantes cercanos a la planta fabril y las sustancias emanadas por esta (v. fs. 6.009 vta./6.011).
Resalta que esa parcela del informe no fue tenida en cuenta por la Cámara y, para dar razón de sus dichos, describe la forma en que se llevó a cabo el estudio, concluyendo que la sentencia es arbitraria. Sostuvo, además, que no fue apreciado el informe de la Municipalidad de Chacabuco realizado en el año 1990, en el cual se había constatado que la actividad industrial de la planta no afectaba el agua ni las napas, ni se evaluaron los testimonios de los médicos de las salas de primeros auxilios del barrio en cuestión, de los que surgía la inexistencia de patologías atípicas que pudieran relacionarse con la actividad de la demandada (v. fs. 6.011/6.014).
Destaca que el río Salado no se encuentra desequilibrado por las actividades industriales, señalando que los altos índices de contaminación encontrados en la laguna de tratamiento fueron producto de la medida cautelar dictada el día 30 de diciembre de 2002 que impidió renovar la tecnología que databa de la década del 70 (v. fs. 6.014 vta./6.016).
Apunta que la Cámara le restó importancia al informe efectuado por el Laboratorio de Toxicología y Química Legal del Cuerpo Médico Forense, agregado a fs. 1.145/1.146 de la causa penal, en el que se concluía en la improbabilidad de que el efluente líquido afectara al ambiente, agregando que las aguas no eran vertidas sin más y destacando que ningún estudio había determinado que la antigua planta de tratamiento hubiera producido daño ambiental en el agua subterránea, lo que demuestra -a su entender- lo absurdo de la conclusión de la sentencia (v. fs. 6.016/6.018 vta.).
Indica que en el informe de la UBA se había concluido que las emisiones gaseosas de la planta industrial estaban por debajo de los umbrales establecidos por la normativa y por lo tanto no afectaban la calidad del aire de sus alrededores, pero la Cámara solo se detuvo en las emisiones anormales del conducto C 13, haciendo un análisis atomístico sin tener en cuenta las respuestas de los expertos a sus impugnaciones (v. fs. 6.018 vta./6.020).
Reitera que a la luz del art. 41 de la Constitución nacional ninguno de los daños que señala el Tribunal de Alzada son tales, como tampoco los supuestos olores, pues no surge del informe de la UBA que se haya comparado la concentraciones de sulfuro de hidrógeno obtenidas con umbrales de irritabilidad por olor, destacando que sus emisiones son apenas el 10% de lo que emiten las instalaciones similares en esa zona industrial y señala que la medida cautelar ordenada había impedido que cesaran esos olores (v. fs. 6.020/6.021 vta.).
Pone de resalto la exagerada vigencia de la medida cautelar que cesó con la sentencia que mandó a realizar la obra que se había impedido hacer al disponerse ese resguardo y entiende que esa demora debe ser objeto de reproche por esta Corte, destacando que en el año 2002 se había presentado el Plan de Adecuación Ambiental ante la AGOSBA (actual ADA) y se había reiterado el día 30 de marzo de 2006 ante la Autoridad del Agua, para señalar que la falta de concreción de la nueva planta de tratamiento provocó que las lagunas de vertido estuvieran excedidas y que la clausura que se le impuso por el OPDS en el año 2013 permitió que se levantara parcialmente la medida cautelar por las graves consecuencia que hubiese acarreado de mantenérsela (v. fs. 6.021 vta./6.024).
III.2. Seguidamente manifiesta que es arbitraria la designación del licenciado Risiga, cuando había sido reemplazado por los expertos de la UBA por demorar en diez (10) años la producción de la prueba, lo que derivó en la prolongada vigencia de la medida cautelar, y que no se ha respetado el procedimiento establecido en el código de rito para la designación de peritos. Agrega que la fiscalización de la normativa ambiental y la aprobación y ejecución de los planes de remediación son competencia exclusiva de las autoridades administrativas en cumplimiento de la legislación de la materia (v. fs. 6.024 vta./6.027).
III.3. Por último, se agravia de que se haya mantenido la multa a favor de la Municipalidad de Chacabuco pues se ha violado el principio nulla poena sine lege , el principio de congruencia, el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
Señala que la facultad sancionatoria del Estado debe ser de aplicación restrictiva y reservada a casos de gravedad institucional; por ello entiende que no corresponde la aplicación analógica de una sanción legislada exclusivamente para el colectivo "consumidores", contenida en el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 en el año 2008 -norma que no figura en la ley 25.675 ni expresamente respecto de la materia ambiental en el Có
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