Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 120963
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.963, "Di Ninno, Adela Miguelina y otro contra Introzzi, Federico Julián. Daños y Perjuicios" y su acumulada "González Davoli, Gustavo contra Introzzi, Federico Julián. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Matanza revocó parcialmente la decisión de primera instancia que había desestimado la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Federación Patronal Seguros S.A., admitiéndola. Confirmó la sentencia en todo lo demás e impuso las costas al demandado (v. fs. 897).
Se interpusieron, por los actores de la causa principal y por el accionante de la acumulada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 902/925 vta. expte. ppal; 1.488/1.510, expte. acumulado; respect.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 902/925 vta. de la causa principal?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 1.488/1.510 del expediente acumulado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Expediente "Di Ninno, Adela Miguelina y otro contra Introzzi, Federico Julián. Daños y perjuicios".
Las señoras Adela Miguelina Di Ninno, Graciela María Moffa, Sandra Verónica Moffa y el señor Gustavo Ariel Moffa, por medio de apoderado, promovieron demanda contra Federico Julián Introzzi, reclamando los daños y perjuicios que les ocasionó el siniestro vial ocurrido el 4 de septiembre de 2005, en el que falleció la señora Aidé Teresa Fernández, nuera de la primera de las nombradas y madre de los restantes. Solicitan la citación en garantía de Federación Patronal Seguros S.A.
Relatan que el día antes mencionado la señora Aidé Teresa Fernández conducía su automóvil marca Peugeot 504, dominio TJF 013, acompañada por su suegra -Adela Miguelina Di Ninno- circulando por la calle Venezuela en sentido oeste/este, de la localidad de San Justo, cuando al llegar a la intersección con la calle Arieta y comenzar de manera prudente a realizar el cruce, luego de haber traspuesto prácticamente la encrucijada, fue embestido violentamente su rodado del lado de la conductora por el automotor marca Fiat Uno, patente RHX 470, conducido por Federico Julián Introzzi, que a excesiva velocidad circulaba en contramano por la arteria Arieta. Como consecuencia del embestimiento la actora Adela Miguelina Di Ninno salió despedida del automóvil, quedando tirada en la acera, y la conductora del Peugeot -madre de los actores- quedó atrapada dentro del vehículo, falleciendo posteriormente en el Policlínico Central de La Matanza (v. fs. 18/34 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentó la citada en garantía, oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva basada en la exclusión de cobertura por culpa grave del asegurado, y contestó demanda (v. fs. 57/62) y el señor Federico Julián Introzzi repelió la acción (v. fs. 88/117 vta.). La defensa planteada por la aseguradora fue respondida por los actores (v. fs. 120/121 vta.).
Se abrió el juicio a prueba y a su turno se dictó sentencia desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora y haciendo lugar a la demanda condenó a Federico Julián Introzzi y a la citada en garantía, en los términos del seguro contratado, a abonar a los actores las sumas determinadas como indemnización, con más intereses, como también las costas del juicio (v. fs. 780/795 vta.). El demandado planteó una aclaratoria (v. fs. 800) a la que se le hizo lugar (v. fs. 805, pto. "b").
Este pronunciamiento fue apelado por los actores, aunque luego desistieron de ello (v. fs. 788 y fs. 847 vta.), por la citada en garantía (v. fs. 789) y por el demandado (v. fs. 801), presentando sus respectivos memoriales (v. fs. 848/855; 842/846).
I.2. Expediente "González Davoli, Gustavo contra Introzzi, Federico Julián. Daños y perjuicios".
El señor Gustavo Hernán González Davoli, por medio de apoderado, promovió demanda de daños y perjuicios contra Federico Julián Introzzi en su calidad de conductor y propietario del automotor Fiat Uno, patente RHX 470, y solicitó la citación en garantía de Federación Patronal Seguros S.A.
Relató que el 4 de septiembre de 2005, siendo aproximadamente las 18 hs., el demandado Introzzi conducía su automóvil por la calle Arieta, en la localidad de San Justo, Partido de La Matanza, en el que el actor era transportado como acompañante, cuando al llegar a su intersección con la calle Venezuela, circulando a más de ochenta kilómetros por hora, sobrepasó un automotor por su mano derecha invadiendo la contramano y embistió al rodado marca Peugeot 504, en su parte media, el que circulaba por la arteria transversal -Venezuela-, conducido por Aidé Teresa Fernández quien estaba acompañada por la señora Adela De Ninno. Manifestó que a raíz del accidente sufrió serios daños en su cuerpo (v. fs. 157/165 vta.).
Corrido el traslado de ley se presentó la citada en garantía oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva basada en la exclusión de cobertura por la culpa grave del asegurado y por ser el actor tercero transportado, encuadrando su responsabilidad en la eximente "culpa de la víctima" y contestó demanda en subsidio, repeliendo la acción (v. fs. 191/195 vta.). El actor respondió a las defensas articuladas rechazándolas (v. fs. 198/199 vta.); el demandado Introzzi se presentó atribuyendo responsabilidad a la conductora del Peugeot 504 -Aidé Teresa Fernández- y alegó a su favor el transporte benévolo del actor, solicitando la citación de los herederos de aquélla y de Federación Patronal Seguros S.A.; a su vez peticionó el rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por su aseguradora (v. fs. 226/246). Por la citación de terceros se presentó Graciela María Moffa (v. fs. 415/423 vta.) y el demandado desistió de que fueran citados los restantes herederos (v. fs. 436 y vta.).
Se abrió el juicio a prueba y se dictó sentencia rechazando la excepción de falta de legitimación opuesta por la aseguradora como también su defensa basada en la culpa del actor en su carácter de víctima. Rechazó la citación de tercero y condenó finalmente al demandado Federico Julián Introzzi a abonar al accionante la indemnización que le fue reconocida, la que hizo extensiva a la citada en garantía (v. fs. 1.310/1.325 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por el actor (v. fs. 1.328), aunque luego desistió (v. fs. 1.418); por la citada en garantía (v. fs. 1.329); por el demandado (v. fs. 1.336/1.367) y por el tercero (v. fs. 1.338). Todos presentaron sus respectivos memoriales (v. fs. 1.419/1.431; 1.438/1.445; 1.432/1.437) y réplicas (v. fs. 1.448/1.449 vta.; 1.450/1.453 vta.; 1.454/1.456 vta.; 1.457/1.464).
II. Se elevaron a la Cámara ambos expedientes para el dictado de una sentencia única en la causa "Di Ninno, Adela Miguelina y otro contra Introzzi, Federico Julián. Daños y perjuicios" y allí se revocó parcialmente la sentencia de primera instancia al hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía en la exclusión de cobertura por "culpa grave" del asegurado. Se impusieron las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 882/897).
La Cámara, para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que los autores de doctrina entendían que los jueces serían los que con su prudente arbitrio establecerían si había mediado culpa grave y que tal extremo se configuraría cuando el asegurado hubiera omitido, por estar asegurado, las ordinarias cautelas o cuando existiera la falta absoluta de vigilancia y que sin llegar al dolo aunque lindando con él, procediera sin preocupación ante el peligro inminente que representaba la conducta que desplegaba (v. fs. 884 y vta.).
A ello agregó, en base a fallos de las cámaras nacionales y provinciales, que la culpa grave debía traducir cierto grado de conciencia responsable, presentar en forma grave y manifiesta la despreocupación que no hubiera existido de no haber seguro, que la culpa grave es una causal subjetiva de la exclusión de cobertura atribuible al asegurado, diferenciándose de la culpa grave de terceros que no elimina la cobertura. Finalizó advirtiendo que la prueba pesaba sobre el asegurador que la invocaba (v. fs. 884 vta./885).
Ingresó luego al análisis de las constancias obrantes en la causa penal n° 5.582 y encontró que el señor Introzzi había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de siete años para conducir por resultar ser el autor material y responsable del delito de homicidio culposo con resultado fatal en perjuicio de Aidé Teresa Fernández y lesiones culposas, en dos oportunidades y en concurso ideal, respecto de la señora Adela Miguelina Di Ninno y del señor Gustavo González Davoli (v. fs. 885 y vta.).
También señaló que los hechos probados consistieron en que el día 4 de septiembre de 2005, a las 18:20 hs. el señor Introzzi conducía su automotor marca Fiat, dominio RHX 470, por la calle Arieta de la localidad de San Justo, compitiendo en velocidad con otro rodado marca Renault y excediendo la velocidad permitida, cuando antes de llegar a la intersección con la calle Venezuela invadió la mano contraria, colocándose a la par del otro automotor e intentando sobrepasarlo; en su avance, colisionó en la encrucijada con el Peugeot 504, dominio TFJ 013, que era conducido por Aidé Teresa Fernández, la que fallece, ocasionando a la suegra de esta última, señora Adela Miguelina Di Ninno, lesiones importantes como también al acompañante de Introzzi, Gustavo Hernán González Davoli (v. fs. 885 vta.).
Tuvo en cuenta la declaración del imputado a fs. 127 de ese expediente penal y también de los testigos Silvia Magdalena Rivadaneira, Guillermo Javier Alarcón y Natalia Andrea Visconti, todos concordantes entre sí, al igual que los croquis confeccionados en esa sede penal, que habían demostrado que el demandado había conducido con excesiva velocidad por la calle Arieta corriendo "picadas" (v. fs. 885 vta./886).
Encontró además que el demandado Introzzi había reconocido su calidad de embistente, que había infringido los arts. 51 inciso 3, 52 inciso 2, 57 inciso 2 y 77 del Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires, vigente a la fecha del siniestro, y que ese incumplimiento no podía ser soslayado, según los criterios fijados por esta Corte en las causas Ac. 87.541 y C. 117.180 (v. fs. 886/887).
Concluyó, entonces, que la conducta del demandado Federico Julián Introzzi había revestido gravedad suficiente como para liberar al asegurador de la cobertura contratada, pues la desaprensión con la que se había conducido, violando las normas de tránsito, conformaban una conducta groseramente imprudente e inexcusable y un claro desprecio por la vida de los demás (v. fs. 887).
III. Se agravian los actores, denunciando la violación de los arts. 68 de la ley 24.449; de la ley 17.418; 2 del Código Civil y Comercial; 16, 18, 42 y 75 inciso 22, de la Constitución nacional; 38 de su par provincial; de la doctrina legal; alegan absurdo.
Destacan el reconocimiento constitucional del derecho de los consumidores, tanto nacional como provincial, y su protección a través de la legislación específica, ley 24.240, a lo que suman la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil contemplado en la ley 17.418 y en la ley 24.449 (de tránsito; v. fs. 907 vta./909).
Critican al fallo la falta de consideración de esa plataforma legislativa, de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los que establecen un conjunto de derechos básicos del consumidor, y de los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial que exigen una adecuada interpretación de las leyes; citan fallo de Cámara nacional (v. fs. 909/911 vta.).
Señalan que la sentencia adolece de deslices lógico-estructurales que imponen su nulidad al considerar que no existía un concepto dogmático de "culpa grave", cuando sí lo hay, lo que pone en evidencia que al juzgar se han apreciado subjetivamente los hechos para graduar la culpa y se han tenido en cuenta las apreciaciones del derecho común, violando así la garantía de igualdad ante la ley (v. fs. 912 y vta.).
Indican que en el Derecho del Seguro la doctrina ha elaborado el concepto de "culpa grave" teniendo en cuenta los presupuestos técnico-económicos de la actividad, que a su vez resultaron ser el fundamento del art. 70 de la ley 17.418, como también de otros preceptos de esa legislación (v. fs. 912 vta./913):
Explican que lo dispuesto en los arts. 512 y 902 del Código Civil se está refiriendo a las conductas del deudor mientras que el art. 70 de la ley 17.418 se relaciona con la acción del acreedor por la indemnidad debida, para reafirmar que la "culpa grave" es la que desorbita el riesgo previsto calculado, tarifado y denotado por su desmesura e infrecuencia; en similar sentido citan las causas Ac. 83.876 y C. 101.803 (v. fs. 913 vta./915).
Destacan que los arts. 70 y 114 de la ley 17.418 no se refieren a la culpa civil sino a una categoría propia y singular del especial contrato de seguros, donde la aseguradora debió demostrar que los casos de culpa grave fueron considerados y relevados estadísticamente en cuanto a cantidad, magnitud y frecuencia y que por exclusivas razones técnicas fueron desechados en el cálculo de la prima, poniendo de relieve que ninguna de estas consideraciones fue tenida en cuenta en el pronunciamiento (v. fs. 915 y vta.).
Afirman que se ha inobservado el debido proceso, pues entienden que ha sido errónea la apreciación que la Cámara hizo de las declaraciones prestadas en sede penal por los testigos Rivadaneira, Alarcón y Visconti, cuyos testimonios indicaron que el demandado Introzzi participaba de una "picada" con otro automotor cuando se produjo el siniestro. Señalan que esos dichos están en contradicción con los del testigo Capdevilla (v. fs. 917/919 vta.).
Agregan que la causa penal concluyó por el procedimiento de "juicio abreviado", donde no surge que hubiera agravantes, por lo que la sanción civil se presenta autocontradictoria y sin sustento fáctico ni probatorio. Citan la causa Ac. 87.541 en apoyo de sus posturas y señalan la configuración de absurdo en el pronunciamiento, destacando que la Cámara dio por sentado que el asegurado corría una "picada", sin expresar fundamento alguno, incumpliendo de esa manera la exigencia del art. 3 del Código Civil y Comercial y lesionando la garantía del debido proceso adjetivo reconocida en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 919 vta./924 vta.).
IV. En coincidencia con el señor Procurador General, el recurso no prospera.
IV.1. Los recurrentes se agravian de que se haya resuelto la exclusión de la cobertura del seguro que recaía sobre el automotor Fiat Uno de propiedad del demandado Introzzi, revocando en este punto la sentencia de primera instancia, y denuncian la violación de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), de la Ley de Seguros (17.418) y de la Ley de Tránsito (24.449), como también de la doctrina legal y la configuración del absurdo.
IV.2. En principio corresponde aclarar que por la fecha en la que ocurrió el hecho que nos convoca -4 de septiembre de 2005- se encontraba vigente el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires ley 11.430, que fue la normativa actuada por la Cámara, y no la actual ley 13.927 por la que el Estado provincial adhiere a la ley nacional 24.449 y que los recurrentes equivocadamente denuncian como violadas.
IV.3. Despejada esta cuestión e ingresando a resolver el recurso interpuesto es necesario tener en cuenta que esta Corte tiene dicho que determinar, conforme las circunstancias de tiempo, lugar y modo del accidente, si el asegurado actuó o no con "culpa grave" a fin de liberar a la aseguradora de la garantía de indemnidad que asumiera, constituye una cuestión de hecho no revisable en esta sede salvo que se demuestre absurdo (conf. doctr. causas Ac. 87.541, "Rocoma", sent. de 24-V-2006; C. 104.326 "P., M. d. l. M.", sent. de 3-X-2012).
En este orden de ideas sabido es que la valoración de las pruebas y en general de las circunstancias de la causa así como la interpretación del sentido, alcance y consecuencias jurídicas de las cláusulas del contrato de seguro constituyen materia propia de las instancias ordinarias y son temas ajenos al ámbito de la extraordinaria, salvo que se demuestre acabadamente que se ha incurrido en absurdo (conf. doctr. causas Ac. 57.691, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; Ac. 53.687, "Industrias Benta S.A.", sent. de 22-III-1994; L. 52.070, "Brites", sent. de 29-III-1994).
Se entiende por tal el error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa, debiendo su demostración ser fehaciente y su percepción ostensible (conf. doctr. causas Ac. 58.938, "Eumarco S.R.L.", sent. de 17-X-1995; Ac. 63.556, "Agüero", sent. de 8-X-1996; Ac. 64.347, "Villareal de Vito", sent. de 18-II-1997).
Nada de ello ocurre en estos autos, donde los recurrentes intentan demostrar lo erróneo en el discurrir de los sentenciantes -al acoger la defensa de exclusión de cobertura- sin demostrar la fractura en el razonamiento lógico de los mismos y centran su impugnación en la errónea apreciación que realizara el Tribunal de Alzada sobre la mecánica del accidente y de los testimonios obrantes en la causa penal.
Confrontan lo decidido argumentando que la aseguradora debió probar que en la ecuación técnica-económica de la cobertura el hecho de autos no estaba incluido en la prima que se había abonado.
Se desentienden así de las verdaderas razones dadas por los sentenciantes de que surgía, sin hesitación, de los testimonios obrantes en la causa penal (v. fs. 76/77; 78/79; 85/89), que el demandado había conducido desaprensivamente su automóvil por la calle Arieta compitiendo en habilidad para conducir con otro rodado, o sea "corriendo picadas", violando varias normas de la ley de tránsito 11.430, vigente en ese momento (falta de dominio del automóvil -art. 51 inc. 3-; inadecuado adelantamiento en la encrucijada -art. 52 inc. 2-; violación de la prioridad de paso -art. 57 inc. 2- y exceso de velocidad -art. 77-), en una "...zona densamente poblada y concentración de viviendas y comercios, en el cruce de las calles Arieta y Venezuela" (v. fs. 886, segundo párrafo).
Tampoco demuestran el absurdo sosteniendo que la condena penal fue en el marco del juicio abreviado, ya que si bien esa circunstancia no fue contemplada por la Cámara para decidir como lo hizo, otras razones que fueron descriptas anteriormente resultaron más relevantes, lo que demuestra una vez más la insuficiencia del agravio así planteado.
Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate en forma idónea los argumentos vertidos por la Cámara, limitándose a desarrollar en forma paralela y genérica su opinión discrepante con el fallo, sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan el mismo (conf. doctr. causas C. 97.899, "L., I. A", sent. de 22-X-2008; C. 117.156, "López", sent. de 25-VI-2014), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso del intento revisor desplegado en ese sentido.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.