Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122174
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.174, "Iezzi, Jorge Ángel y otros contra Auto Club Balcarce y otros. Daños y perjuicios" y su acumulada: "Ibarra, Pablo y otros contra Auto Club Balcarce y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Soria, Kogan.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó -en lo que aquí interesa destacar- la sentencia de primera instancia haciendo lugar a la demanda también contra el municipio de Balcarce, disponiendo que éste deberá responder por los daños causados en forma solidaria y con el mismo alcance que los restantes codemandados (v. fs. 1.468/1.484 vta.).
Se interpuso, por la citada Municipalidad, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.496/1.517).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata modificó -en lo que interesa destacar- la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la demanda también contra el municipio de Balcarce, disponiendo que este deberá responder por los daños causados en forma solidaria y con el mismo alcance que los restantes codemandados, como consecuencia del hecho acaecido el 12 de septiembre de 2004 en el Autódromo "Juan Manuel Fangio", en ocasión de la largada de una competencia automovilística cuando los vehículos n° 81 y n° 29 colisionaron en la pista y salieron despedidos hacia el guardarraíl, atravesándolo y embistiendo a tres espectadores, dos de los cuales -Pablo Alberto Ibarra y Jorge Ariel Iezzi- fallecieron en el acto (v. fs. 1.468/1.484 vta.).
Para así decidir, con cita de los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil vigente a la fecha de los hechos, sostuvo que en el caso "se ha demostrado que el Municipio de Balcarce autorizó el uso del autódromo de su propiedad para el desarrollo de un espectáculo público, y que la pista en cuestión no contaba con amortiguadores de impacto adecuados para que la competencia pudiera desenvolverse sin riesgos para los asistentes. Dicho extremo (sumado a la ausencia de medidas de seguridad por parte de los organizadores para impedir la presencia de espectadores en el sitio donde ocurrió la tragedia) tuvo directa relación causal con los daños cuya reparación se reclama, generando la obligación de resarcir a cargo del Municipio por incumplimiento del deber de seguridad de las instalaciones de su propiedad donde se realizó el evento..." (fs. 1.476 vta.).
Asimismo, modificó el porcentaje de responsabilidad que se les asignó a los accionados, otorgándoseles un 70% a ellos y quedando un 30% en cabeza de las víctimas (v. fs. 1.477 y vta.).
II. Frente a ello, el municipio codemandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la conculcación de los arts. 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.198, 1.112 y 1.113 del Código Civil y 51 de la ley 23.184. Asimismo, alega absurdo, incongruencia en la motivación del fallo y violación de doctrina legal (v. fs. 1.496/1.517).
Alega -en síntesis- que el a quo incurrió en absurdo al valorar la prueba colectada -en especial la pericial- lo que lo llevó a extraer, a su entender, conclusiones insostenibles.
Además, sostiene que realizó un encuadre erróneo al enmarcar la cuestión en el art. 1.113 del Código Civil, pretendiendo que se aplique el art. 1.198 del mismo cuerpo legal, aduciendo que el municipio no tuvo ningún vínculo contractual con los espectadores que asistieron al evento deportivo. Como así también que se realizó una errónea aplicación del art. 1.112 del Código Civil y demás normas que regulan la responsabilidad del Estado, en tanto el ente municipal no fue el organizador del evento ni quien tuvo a cargo la verificación técnica en materia de seguridad previa a la realización de la competencia, efectuada por la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo.
Asimismo, plantea que existe una incongruencia en la motivación del fallo al afirmar que habría existido culpa de la víctima. Razón por la cual -entiende- se ha producido la ruptura del nexo causal por la acción de los propios espectadores que resultaran fallecidos, siendo su participación en la causación del evento total y no parcial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Esta Corte ha dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca -como en el caso- la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 109.731, "R. C., F. J.", sent. de 2-V-2013; C. 120.728, "Macovoz", sent. de 31-V-2017).
En efecto, en el sub lite , el sentenciante consideró -luego de analizar el material aportado- que el municipio de Balcarce, propietario del autódromo donde ocurrieron los hechos, autorizó la realización de la competencia y que, si bien esa circunstancia no es por sí misma generadora de responsabilidad, de la prueba pericial rendida -tanto en sede penal como civil- se concluyó que el espacio público en el que tuvo lugar el evento no contaba con la infraestructura de seguridad adecuada para un espectáculo intrínsecamente riesgoso como lo es una competencia de automovilismo deportivo, toda vez que no contaba con amortiguadores de impacto adecuados para que la competencia pudiera desenvolverse sin riesgos para los asistentes. Dicha circunstancia -sostuvo el Tribunal-, sumada a la ausencia de medidas de seguridad por parte de los organizadores para impedir la presencia de espectadores en el lugar donde ocurrió la tragedia, tuvo directa relación causal con los daños cuya reparación se reclama y generó al municipio la obligación de resarcir por incumplimiento del deber de seguridad (v. fs. 1.474/1.476 vta.).
Asimismo, en cuanto a la normativa aplicable, expresó que "En orden de precisar la fuente generadora de responsabilidad de la Comuna, cabe puntualizar que compete al Municipio todo lo referente a la seguridad del ámbito local (art. 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades), encontrándose particularmente a su cargo la habilitación y el funcionamiento de los espectáculos públicos (art. 27 inc. 16 de dicha ley). Por otra parte, siendo que el evento dañoso se desarrolló en un autódromo perteneciente a la Municipalidad demandada, son de aplicación los deberes de seguridad propios de quien es dueño contenidos en las normas, tanto de la Constitución Provincial (art. 192 inc. 4 y 6), como del Cód. Civil vigente a la fecha del hecho (arts. 2.339, 2.340 inc. 7, 2.341, 2.342 inc. 1°), siéndole plenamente exigible la obligación de mantenerlo en condiciones de ser utilizado sin riesgos..." (fs. 1.476).
Así, con relación a la atribución de responsabilidad en el evento, en la sentencia se brindan fundamentos para determinar cuál fue la intervención del ente público y en qué modo ello le puede ser reprochado. El recurrente en ningún pasaje de su exposición controvierte estos tópicos. En esas condiciones, el recurso luce insuficiente (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Además, la valoración de la prueba aportada a la causa configura una cuestión privativa de los jueces de grado, que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. doctr. Ac. 90.861, "O., L. B.", sent. de 24-V-2006; C. 101.294, "R., A. V.", sent. de 15-IV-2009; C. 104.335, "M., S. M." sent. de 11-XI-2009), supuesto que no ha sido acreditado en la especie (art. 279, CPCC).
Lo dicho basta para repeler esta fracción impugnativa y permite descartar los quebrantamientos normativos endilgados.
III.2. Por otro lado, los reproches dirigidos a señalar la pretendida exclusiva responsabilidad de los organizadores de la competencia y de la COPAM en el caso, no solo se desentienden de los concretos fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada para justificar la injerencia del ente municipal en la producción del evento dañoso (por su condición de dueño del autódromo y atento a sus atribuidos vicios estructurales), sino que -por demás- omiten cumplir con la carga de denunciar las normas pretendidamente infringidas que rigen el ámbito de actuación y responsabilidad de la referida Comisión (leyes 12.391, modificatorias y complementarias) y cómo su postulada aplicación se habría violado en autos, resultando incompatible con la índole propia de la casación suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (conf. doctr. C. 101.793, "Fiscalía de Estado de la Prov. de Bs. As.", sent. de 18-III-2009; C. 116.906, "Oliva", sent. de 13-VIII-2014; C. 119.141, "Fiscalía de Estado de la Provincia de La Pampa", sent. de 29-IV-2015), extremos que tornan inadmisible su consideración (doctr. art. 279, CPCC; en el mismo sentido, doctr. C. 120.922, "Bertinatto", sent. de 10-V-2017; C. 122.421, "Fideicomismo de Recuperación Crediticia Ley 12.726", sent. de 13-II-2019; e.o.).
Al respecto, cabe recordar que tanto el análisis de las circunstancias y de las pruebas que llevan a establecer la responsabilidad, como determinar la relación de causalidad entre éste y el daño, o reconocer en su caso la culpa de la víctima, conforman -como quiera que se trata de un estudio fáctico- típicas cuestiones de hecho extrañas a la competencia de esta Corte a menos que a su respecto concurra la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo (conf. doctr. causas C. 120.312, "Seco", resol. de 2-XII-2015; C. 120.509, "Vouilloud", resol. de 24-II-2016; C. 121.116, "Cisterna", resol. de 22-III-2017; entre muchas), yerro lógico que -más allá de haber sido denunciado- no se avizora configurado en la especie (art. 279, cit.).
III.3. Finalmente, resta señalar que la misma suerte debe correr el reproche vinculado con la vulneración de doctrina legal expuesta a fs. 1.508, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 120.543, "Gambarota", resol. de 23-XI-2016; C. 121.775, "Demetrio", resol. de 20-IX-2017 y C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018), carga esta última incumplida por el interesado, lo que conlleva repeler el planteo.
IV. Por ello, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/08/2020 14:35:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 17:39:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2020 18:46:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/08/2020 11:09:02 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/08/2020 13:12:35 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia