Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121817
+A C U E R D O
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.817, "Gómez, María Viviana y otros contra Dobbelsteen, Marcelo Fabián y otros. Daños y Perjuicios" y su acumulada, "Municipalidad de Salliqueló contra Dobbelsteen, Marcelo Fabián. Daños y perjuicios" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria , de Lázzari , Kogan, Torres .
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en lo que importa destacar, revocó el fallo de origen que, a su turno, rechazara la acción de daños y perjuicios incoada por María Viviana Gómez de Benito, Judit Tamara, Jenifer Tatiana y Branko Natanel Benito Gómez contra la Municipalidad de Salliqueló, acogiéndola al encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 913/930 vta. y 1.169/1.195).
Se interpuso, por la Municipalidad vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.207/1.213 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Circunstancias fácticas antecedentes:
I.1. La señora María Viviana Gómez de Benito, por sí y en representación de sus hijos menores Judit Tamara, Jenifer Tatiana y Branko Natanel Benito, dedujo acción de daños y perjuicios contra Marcelo Fabián, Daniel Alberto Dobbelsteen y la Municipalidad de Salliqueló con motivo del luctuoso accidente de tránsito ocurrido el día 10 de diciembre de 1998, en el cual perdiera la vida su esposo Norberto Angel Benito (v. fs. 25/45).
Corrido el traslado de ley, se presentó la letrada apoderada de la Municipalidad demandada oponiendo al progreso de la acción excepción de falta de legitimación pasiva (v. fs. 123/132 vta.).
En su descargo reconoció que el fallecido Benito era empleado del municipio al momento del accidente, que había viajado a la ciudad de La Plata -lugar donde se produjo el hecho- en su condición de Subdirector de Rentas y Catastro y que el accidente fue con motivo u ocasión de su trabajo. Por tal razón, cuestionó la posibilidad de demandar en su contra pues tal acción civil estaba vedada por el art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 123/124).
I.2. Al mismo tiempo de contestar tal acción en su contra, y ya en su condición de dueña del vehículo marca Peugeot 504 involucrado en el hecho, la propia Municipalidad dedujo demanda de daños y perjuicios contra Marcelo Fabián y Daniel Alberto Dobbelsteen (v. fs. 16/21, expte. acum.).
II. La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó la sentencia única de primer grado que a su turno, por un lado, hizo lugar a las acciones deducidas por la señora María Viviana Gómez de Benito por sí y sus hijos y la propia deducida por la Municipalidad de Salliqueló contra los señores Dobbelsteen; y por el otro, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el municipio rechazando por ello la demanda que le fuera dirigida por los causahabientes de Benito.
En tal cometido el Tribunal de Alzada revocó la decisión de origen en relación a la defensa articulada por el municipio, declarando inconstitucional -en el caso- la limitación prevista por el art. 39 de la ley 24.557 y extendiendo la condena al municipio demandado.
III. Contra ello, el letrado apoderado del municipio vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la violación de la ley 24.449 y los arts. 499, 505, 514, 901, 902, 903, 904, 1.066, 1.067, 1.068, 1.069, 1.083, 1.086, 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil; 39 y concordantes de la ley 24.557; 57 de la ley 11.430 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, denuncia absurdo en la evaluación y apreciación de la prueba, como así también conculcación de doctrina que se encarga de precisar.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Ha sostenido este Tribunal que quien afirma que la sentencia transgrede determinados preceptos anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 120.290, "Dip", resol. de 2-XII-2015; C. 119.373, "Foricher", sent. de 2-III-2016 y C. 120.407, "Distribuidora Apholo S.A.", sent. de 8-XI-2017), tal como sucede en el caso.
IV.2. El fallo que viene siendo recurrido por la Municipalidad vencida, en lo que interesa a los fines de definir la suerte del recurso, se ordena sobre las siguientes nociones fundantes.
Tiene en cuenta, en primer lugar, los hechos que motivaran la promoción de la acción.
Por ello advierte que la señora María Viviana Gómez de Benito y los por entonces menores Judit Tamara Benito Gómez, Jennifer Tatiana Benito Gómez y Branko Natanel Benito Gómez, reclaman los daños y perjuicios derivados de la muerte de Norberto Ángel Benito, ocurrida el 10 de diciembre de 1996. Demanda, entre otros, a la Municipalidad de Salliqueló, en su condición de titular del Peugeot 504 (por su parte, el señor Benito era Subdirector de Rentas y Catastro de dicha Municipalidad).
Afirma que, cuando la comuna contesta la demanda, dice que Benito era empleado municipal y que el accidente ocurrió con motivo o en ocasión de su trabajo, por lo que resulta aplicable el art. 39 de la ley 24.557 que veda la acción civil contra el empleador.
Que con motivo de contestar el traslado dispuesto la actora plantea la inconstitucionalidad del art. 39 precitado.
Que el juez de primer grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad.
Introduciéndose precisamente en la evaluación de dicha norma, el Tribunal de Alzada sostuvo que "la Corte nacional ha establecido los parámetros dentro de los cuales cabría, en cada caso concreto y particular, la declaración de inconstitucionalidad de la citada regla. Así, a los fines de acreditarse la insuficiencia reparatoria del régimen consagrado en la ley 24.557 deberá llevarse a cabo una comparación o cotejo entre la extensión del resarcimiento por aplicación de ese régimen especial y aquel al que accedería la víctima dentro del marco de aplicación de las reglas sobre responsabilidad emergentes del derecho común (esto es las atribuidas por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil)". En el caso referenciado, verificado que los montos indemnizatorios (comparados y cotejados entre sí, según los distintos sistemas que se usaran) resultaban visiblemente diferentes en perjuicio del sistema de responsabilidad común, se declaró que ello tornaba incompatible al art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo con el art. 19 de la Constitución nacional.
Acto seguido echa mano a antecedentes de este Tribunal, concluyendo en que "quedó instalada como doctrina legal, que la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 no puede ser predicada en abstracto" y que "la declaración de inconstitucionalidad del art. 39.1 de la ley 24.557 supone la comprobación , en el caso concreto, de que el daño sufrido por la víctima no puede ser adecuadamente reparado a través del sistema de prestaciones de la ley especial. A tales fines resulta indudable que el parámetro para llevarla a cabo, en una suerte de comparación o cotejo, lo constituye la extensión del resarcimiento al que aquélla accedería -en su caso- en el marco del régimen común de responsabilidad emergente por aplicación de las disposiciones del Código Civil. Siendo que las prestaciones previstas en la ley 24.557 imponen un límite a los rubros otorgados (Daño patrimonial por muerte de esposo e hijos, Gastos médicos terapéuticos en favor de su hija Jennifer Tatiana, Daño moral para la esposa e hijos, y daño psicológico determinados en la sentencia por la suma total de $ 905.000), respecto del tope aplicable al momento del siniestro ($ 55.000), ello demuestra palmariamente la insuficiencia de las prestaciones previstas por dicha ley especial para reparar adecuadamente el daño sufrido, y la consiguiente lesión al principio de reparación integral, con grave afectación de los derechos de igualdad y propiedad (arts. 16, 17, 18 y 19, C.N.). La situación se agrava a poco que se observe que las citadas en garantía están en liquidación ('Suizo Argentina Cía. de Seg. S.A.', ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 25, Secretaría N° 50 e 'Inca S.A. Compañía de Seguros', ante el Juzgado de Primera Instancia de 26 Nominación en lo Civil y Comercial de Concursos y Sociedades N° 2 de Córdoba), y que la A.R.T. cuya reparación esgrime la Municipalidad no ha sido traída al proceso, lo cual debió ser procurado por dicha comuna, lo cual le juega en contra".
Sostuvo finalmente que "Siendo que los daños fijados, considerados a valores actuales, son muy inferiores a los reclamados en la demanda, y no lucen excesivos, la oposición formulada en orden a su cuantificación excesiva no tiene sustento, máxime cuando no se ha probado la cobertura social invocada en sustento de su morigeración, por lo que no corresponde modificar lo resuelto" (arts. 163, 164, 165, 330, 354 inc. 1, 375 y 384, CPCC; fs. 1.184/1.187; los destacados figuran en el original).
IV.3. En su pieza recursiva la Municipalidad se queja de los hechos evaluados, en particular de la velocidad de unos 80 km/h que el Tribunal de Alzada aprecia como excesiva, cuando -según el recurrente- esa velocidad que el fallo toma como excesiva no lo es, considerando que la vía por dónde circulaba el Peugeot no es una avenida, sino una ruta, la 215, circunstancia que no puede el fallo dejar de analizar. Afirma que "Es claro que la vía es la Ruta Provincial 215, continuación de la Avenida 44, pero ruta al fin, siendo en aquel momento (y en la actualidad), la vía de tránsito más importante del lugar y la de mayor circulación, lo que hace que la velocidad máxima permitida no sea 60 km como pretende el fallo sino 130 km." (fs. 1.208).
Se agravia también por la declarada inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 1.209/1.211).
Sostiene el recurrente que "al momento de interponerse la demanda y al contestar la misma la Municipalidad de Salliqueló, se encontraba plenamente vigente y aplicable el art. 39 de la Ley 24557, mediante el cual se encontraba vedado al trabajador, demandar al empleador por el derecho común, salvo caso de dolo de la patronal. En ese sentido, al contestar demanda, la comuna opuso excepción de falta de legitimación pasiva, argumentando que los actores, (que no habían interpuesto antes de trabar la litis el planteo de inconstitucionalidad del art 39 ley 24557), se encontraban impedidos de demandar a la comuna y que esta no era sujeto pasivo de la acción intentada por los actores. Dicha excepción fue planteada como de previo y especial pronunciamiento, lo que así debió ser resuelta por el a quo, habiéndola, en definitiva, diferido para el dictado de la sentencia. En ese caso, al correrse traslado de la excepción, los actores (recién ahí) interponen la inconstitucionalidad del art. 39 ley 24557 (cuando debieron hacerlo al interponer la demanda o antes que se trabara la litis)...". Echa mano al precedente "Gorosito c/Riva S.A. y otros s/Daños y Perjuicios" (sent. de 1-II-2002) de la Corte Suprema nacional y se queja por cuanto "...al no haberse resuelto como de previo y especial pronunciamiento la excepción de falta de legitimación planteada por la Municipalidad de Salliqueló al responder demanda, y ante el planteo (extemporáneo) de inconstitucionalidad del art 39 ley 24557 por parte de los actores, el Juez de Primera instancia debió solicitar a los actores y ordenarles, en un plazo prudencial, adecuar su pretensión y posibilitarles demostrar los extremos ordenados por los fallos mencionados, es decir, la posibilidad concreta de demostrar la insuficiencia reparatoria de un sistema (LRT) con relación a otro (Civil)...". "Párrafo aparte merece la conducta de la Cámara, la cual, apartándose de las atribuciones que el Código le proporciona, declara la inconstitucionalidad del art. 39 en base a apreciaciones y cuestiones de hecho que ella unilateralmente decide, sin sustanciación alguna con la parte demandada y sin posibilidad de debate previo" (fs. 1.209/1.211).
Otra queja expone destinada a impugnar la comparación de los montos establecidos que llevan en definitiva al Tribunal de Alzada a declarar inconstitucional el citado art. 39 de la ley protectoria laboral. En tal sentido sostiene que "Es capcioso el razonamiento matemático que formula la Cámara, pues, tomó como parámetro para la comparación de ambos sistemas el tope de la LRT en el año 1996 y el monto de la vía civil en lo actual (casi 18 años después !!!). En todo caso, debió compararse los montos de cada sistema en la época de interposición de la demanda, o los montos prestacionales en la actualidad de uno u otro régimen, pues, en la actualidad, con el sistema de la LRT le hubiere correspondido a la parte actora un monto por encima del millón de pesos, superior a los $ 905.000 fijados en sentencia..." (fs. 1.211 vta.).
Finalmente, se agravia del monto de la condena impuesta y del porcentaje de atribución definido. Impugna el monto de condena el cual, afirma, se desencuentra del porcentaje de responsabilidad que le viene siendo asignado. Afirmando que "En este sentido, y teniendo en cuenta que la sentencia dictada por este Tribunal, confirma el porcentaje de atribución de responsabilidad (70% Dobbelsteen - 30% Municipalidad) y el monto asignado en primera instancia de $ 905.000 impuesto a los Dobbelsteen corresponde al 70%, pido se aclare o corrija lo consignado en el punto 1 de la parte resolutiva, donde se condena a pagar a la Municipalidad que represento, la suma de $ 905.000 (que corresponden al 70% atribuido a los Dobbelsteen) cuando se le asignó un 30% de Responsabilidad a la Comuna (que se ataca esta vía)" (fs. 1.212).
IV.4.a. Una primera lectura de la estructura de la pieza recursiva nos permite advertir que la mayoría de las normas denunciadas quedan solo en tal enunciado pues no son luego objeto de efectivo tratamiento ni, aún, de implícita correspondencia con las nociones que la fundan (v.gr. arts. 514, 901, 902, 903, 904, 905, 1.066, 1.067, 1.068 y 1.083, Cód. Civil).
IV.4.b. Centrándonos en el tratamiento particular de los agravios, en cuanto al relativo por el cual el recurrente viene denunciando una supuesta confusión en las velocidades máximas permitidas en la zona del impacto, afirmando de su parte que tratándose de una Ruta provincial (la 215) la velocidad máxima permitida es de 130 km/h y no de 60 km/h como afirma el Tribunal de Alzada para imputar responsabilidad cocausal al conductor del Peugeot 504; a fs. 119 de la causa penal luce agregado el informe de la autoridad oficial en la materia que brinda datos precisos sobre las velocidades permitidas, desmintiendo así el argumento soporte del agravio. Por lo cual debe ser rechazado.
IV.4.c. En cuanto al agravio dirigido a cuestionar las conclusiones a las cuales arriba el Tribunal de Alzada en orden a la vigencia y aplicación de la ley 24.557 (LRT), los fundamentos que trae el recurrente para criticar lo resuelto pueden estructurarse en tres nociones bien diferentes; a saber: 1) que el art. 39 de dicha ley vedaba, al tiempo de promoverse la demanda, toda acción civil contra el empleador salvo excepción legalmente prevista (daño provocado dolosamente); 2) que el agravio reconoce también su propia faz procesal, pues se queja el recurrente de no haberse tratado la excepción opuesta como de previo y especial pronunciamiento y, por otra parte, que si la intención de la actora era llevar la acción al campo propio de la Ley de Riesgos de Trabajo, debió el juez de primera instancia intimar a esa parte para que adecúe la acción y acredite la insuficiencia de la reparación "laboral" que abra paso, a su vez, a la debida integración con la indemnización "civil"; y 3) que la comparación efectuada por la Cámara para concluir resolviendo la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo es ilógica, pues compara el monto histórico de lo demandado con el monto a valor actual de lo indemnizado.
En primer lugar, y tal como bien lo refiere el Tribunal de Alzada, la actora promueve demanda de daños y perjuicios fundando la responsabilidad de la Municipalidad accionada en su condición de titular del Peugeot 504 (adviértase, no por su condición de patronal). Cuando la comuna contesta la demanda, dice que el causante (Benito) era empleado municipal y que el accidente ocurrió con motivo o en ocasión de su trabajo, por lo que resulta aplicable el art. 39 de la ley 24.557 que veda la acción civil contra el empleador. Pidió la citación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (citación que nunca se ordenó y, por ende, no se concretó), y sobre tal pedido la actora, a su vez, planteó la inconstitucionalidad del art. 39 precitado.
Obsérvese de este modo que quien introduce a la litis la cuestión relativa a la Ley de Riesgos del Trabajo no fue la actora sino la propia demandada.
Así, por la progresiva actividad de las partes en el proceso, lo que se iniciara como una típica acción civil por responsabilidad extracontractual fue redefiniéndose o readecuándose como una acción esencialmente derivada de la responsabilidad del demandado por su condición de empleador.
Llamado a definir la situación el juez de primer grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad, pero la Cámara lo revocó en este punto adaptando las conclusiones a las nociones que surgen de la doctrina imperante en la materia.
De modo tal que el agravio dirigido a cuestionar aquella violación a la prohibición que tenían los empleados de accionar por vía civil contra sus empleadores (art. 39, LRT) de ningún modo es de recibo pues, precisamente, a esa prohibición fue oponiendo sus derechos la parte actora mediante la tacha de inconstitucionalidad motivo de resolución.
No queda más que concluir que los ataques esbozados se desentienden de las razones expuestas por el juzgador de grado anterior y, lo que es más, se desentienden también de las instancias vividas durante el proceso, exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo su punto de vista subjetivo y discrepante sobre la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 puesto en crisis (conf. doctr. art. cit. y causas C. 119.545, "Giunta", resol. de 19-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; entre tantas otras).
IV.4.d. En cuanto al agravio dirigido a cuestionar la pretendida violación de reglas procesales (tanto la falta de tratamiento de la excepción como de previo y especial pronunciamiento, como la ausencia de una reconducción expresa de la acción), la preclusión operada le cierra el camino, pues la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar (causas C. 115.000, "Complejo Edilicio Habitacional Uta III Mdp Sociedad Civil", sent. de 26-VI-2013; C. 102.138, "Folchi", sent. de 3-IV-2014; C. 119.585, "Ciocchini", sent. de 15-VI-2016 y C. 119.441, "Di Marcotullio", sent. de 29-III-2017). En su caso, es la conducta del propio recurrente en la medida que no llevó a conocimiento del juez lo pretendido, o no impugnó lo resuelto en su contra, lo que operó la preclusión del debate.
IV.4.e. Sobre el cuestionamiento acerca de una supuesta ilogicidad en la comparación de montos históricos y actuales para concluir en la inconstitucionalidad de la ley, el recurrente se desentiende de las expresas justificaciones que brinda el Tribunal de Alzada, cuando sobre el punto sostiene que "Siendo que los daños fijados, considerados a valores act
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