Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122972
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.972, "U.S.E.N.A. S.A. contra Y.P.F. S.A. Daños y perjuicios" (expte. n° 257.200) y su acumulada "U.S.E.N.A. S.A. contra Y.P.F. S.A. Cumplimiento de contrato" (expte. n° 259.710), con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres.
La Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda de USENA S.A. contra YPF S.A. por cumplimiento de contrato. Impuso las costas de ambas instancias a la actora. Asimismo, revocó la sanción de temeridad y malicia, pero la confirmó en todo lo demás que se había decidido en el reclamo por daños y perjuicios. Impuso las costas a la actora (v. fs. 31/32).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/102).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. El presidente del directorio de la empresa USENA S.A. promovió demanda de daños y perjuicios contra YPF S.A. alegando una supuesta captación de treinta y dos trabajadores de la representada, especializados en electromecánica, mediante hechos que calificó incursos en competencia desleal y actos de desorganización del proveedor-competidor.
Señaló que el primer plan de vaciamiento fue en los años 2007 y 2008, por lo que fue indemnizada por YPF S.A.; el segundo plan ocurrió entre los años 2009 a 2011, en un proceso constante y pausado que culminó en la parálisis operativa de la empresa actora (v. fs. 132/172). Mediante una ampliación del escrito inicial determinó la indemnización que reclamaba, con más intereses desde la fecha del daño (v. fs. 429/444). Ofreció prueba.
Ordenado el traslado de la demanda la accionada se presentó a contestarla, repeliendo la acción (v. fs. 806/842).
Posteriormente se abrió el juicio a prueba.
I.2. La empresa actora también promovió demanda, en distinto juzgado, contra YPF S.A. por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, basada en la imprevista rescisión y en la falta de preaviso a la que -sostuvo-estaba obligada la demandada por el art. 5 del contrato marco. Agregó que, además, la accionada había incumplido el acuerdo al no recibir la obra o el servicio contratado, ya que era su obligación según las cláusulas 39 y 40 de las condiciones generales de contratación, y que tampoco había efectuado el pago por los trabajos realizados y no retirados. Ofreció prueba.
Se ordenó el traslado de la demanda, presentándose la accionada interponiendo excepción de litis pendencia y solicitando la acumulación de las dos causas, lo que finalmente ocurrió, radicándose ambas en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 10 de este departamento judicial.
I.3. Finalmente se dictó la sentencia única. Respecto de la demanda por daños y perjuicios, se desestimaron la captación de personal y la competencia desleal pretendidas y se declaró maliciosa la conducta asumida por la actora y sus letrados, fijando una multa -en forma conjunta para todos ellos- en la suma de $5.230. Se impusieron las costas a la actora. Tal sentencia fue apelada por esta última (v. fs. 2.325/2.352 vta.).
En cuanto a la demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, se la admitió, al encontrarse configurada la falta de preaviso contractual y de pago de las prestaciones efectuadas por la actora. Se condenó a la demandada al pago de la indemnización, la que se determinó en la suma de $611.952,70. Se fijó el interés en la tasa más alta que abonaba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, desde la fecha de la mora (30 de noviembre de 2011) hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la contraria. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes.
I.4. Elevados los autos a la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata respecto de los autos "U.S.E.N.A. S.A. contra Y.P.F. S.A. Daños y perjuicios" (expte. n° 257.200), esta revocó la sentencia de primera instancia que había establecido la sanción de temeridad y malicia contra la actora y sus letrados, confirmándola en cuanto desestimó la existencia de captación de personal y que se hubiera configurado un caso de competencia desleal. Asimismo, revocó la decisión que había admitido la indemnización por falta de preaviso y la suma correspondiente al pago de trabajos realizados y no abonados por la demandada.
I.4.a. Para pronunciarse de esa manera, y en la medida del recurso aquí planteado, comenzó por confirmar que la cuestión debía resolverse en base al Código Civil en razón de la fecha en que se produjeron los hechos denunciados y sus consecuencias (año 2011) siguiendo la doctrina de esta Corte sobre la aplicación de las normas en el tiempo. Afirmó que en realidad catorce habían sido los empleados de USENA S.A. que habían pasado a YPF S.A. (v. documento electrónico págs. 12/13).
Luego de hacer algunas aclaraciones, analizó las declaraciones testimoniales en base a los principios de la sana crítica y consideró que las brindadas por los señores Luis Felipe Tunessi, Antonio Sansone, Marcelo Fabián Gómez y Daniel Orlando habían resultado débiles e imprecisas, al no haberse basado en hechos por ellos mismos presenciados (págs. 14/17).
Tuvo en cuenta, además, que el contenido de los correos electrónicos daba cuenta de un principio de negociación entre la actora y la demandada respecto del ingreso de personal de USENA S.A. a YPF S.A., articulada entre el señor Murillo -por la petrolera- y el presidente del directorio de la empresa actora -señor Torres Rubio- de la que se desprendía la falta de objeción al proyecto de reclutamiento de personal. Así, consideró que dicha comunicación se enmarcaba dentro del principio de buena fe porque se había puesto en conocimiento de la actora la intención de contratar a los empleados de aquella (págs. 17/19).
Desestimó los argumentos basados en el acuerdo indemnizatorio suscripto en el año 2008, pues no encontró relación con los hechos ventilados en este proceso, y también los basados en las actas notariales que acompañó la actora, ya que correspondía distinguir la fuerza probatoria de sus contenidos -los hechos realizados y pasados en presencia del escribano, lo que estaba amparado por la fe pública- mas no la sinceridad de las declaraciones de las partes en esos instrumentos (pág. 19).
I.4.b. Determinó que la prohibición de competencia desleal operaba entre quienes producían las mismas cosas, circunstancia que no se advertía respecto de la actora y demandada. Para ello echó mano al régimen jurídico en la materia compuesto por las leyes 22.262, 22.362, 22.802, 24.766 y los arts. 159 y 289 inc. 1 del Código Penal, con la posibilidad de acudir a las llamadas normas abiertas del ordenamiento jurídico como eran los arts. 953, 1.109, 1.071, 1.198 y concordantes del Código Civil, y apontocó los conceptos vertidos por el juez de grado anterior, reforzando su fundamentación en el caso "Mayéutica S.R.L. c/ Entrepeneur S.A." de la Cámara Nacional de Comercio (Sala A, sent. de 24-III-2000). Resaltó, además, que debía sopesarse la libertad de trabajar de la que gozaba cada persona y que tenía jerarquía constitucional (págs. 19/21).
Descartó, además, los agravios sobre la falta de apreciación de las pericias contables, ingenieriles y económicas que la actora consideraba esenciales, recordando la facultad sobre ese tópico de la cual gozaban los jueces de poder elegir las más conducentes a la solución descartando otras, observando que de haber tenido alguna incidencia hubieran sido consideradas y demostrado la responsabilidad de YPF S.A. (págs. 21/22).
I.4.c. Seguidamente ingresó a analizar la impugnación planteada por la empresa YPF S.A. respecto de los hechos ventilados en el expediente "U.S.E.N.A. S.A. contra Y.P.F. S.A. s/cumplimiento de contratos civiles/comerciales y daños y perjuicios" (expte. n° 259.710), en el cual el magistrado de primera instancia había rechazado la indemnización por la falta de preaviso en la rescisión contractual pero admitido el pago de trabajos realizados y no retirados por la demandada, fijando las correspondientes indemnizaciones. De esto último se agravió la demandada apelante.
Determinó en principio que el contrato que había relacionado a las partes había sido de locación de obra, aunque bien podría pertenecer a la categoría de los innominados, pero nunca de suministro, como había establecido el magistrado de primera instancia, dadas las características de este último, las que detalló (págs. 23).
Basó esa conclusión en fallos y doctrina de autor, determinando que de la licitación n° 10-3350/99 y de los denominados "pedidos abiertos en valor" se desprendía que se había pactado una obligación de resultado como era el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y máquinas eléctricas por parte de la actora en el complejo industrial Ensenada perteneciente a la demandada (págs. 23/26).
Resaltó, además, que en cada uno de los "pedidos abiertos de valor" se consignaba expresamente el plazo en que debía ejecutarse cada prestación y que su cumplimiento producía la extinción, señalando que los fallos citados por el magistrado de origen y por la actora eran contratos sin plazo de cumplimiento, a diferencia de los del sub lite en que los acuerdos tenían claramente determinados el inicio y la finalización, lo que los alejaba de la doctrina de los llamados contratos relacionales. Recordó el voto del doctor Hitters en la causa C. 104.935, "Lisi", para señalar que -en el sub lite - la accionante había consentido la duración del plazo convenido en cada acuerdo (págs. 26/27).
Apreció, en el convenio que obraba a fs. 444, la cláusula que contenía la regulación del preaviso y encontró que esa modalidad se había pactado únicamente para el caso de que YPF S.A. entendiese que la contratista hubiera obrado con culpa en el cumplimiento de su prestación. Entonces puso de relieve que en el último acuerdo celebrado entre la actora y la demandada que estaba agregado a fs. 255 no había existido ningún reclamo recíproco y se había cumplido el plazo allí pactado (pág. 27).
I.4.d. Por último, desestimó el reclamo de la actora por la falta de pago del servicio de reparación y guarda de motores de YPF S.A.
Apreció que las declaraciones testimoniales de los señores Gauna, Millán y Tunessi habían sido insuficientes para acreditar que aquellos elementos pertenecieran a la demandada, pues faltaba la individualización de los motores que la actora sostuvo haber reparado. Tampoco encontró debido sustento en la decisión del magistrado de grado anterior basada en el mandamiento por el hecho de haber participado el presidente de USENA S.A. y haber manifestado al oficial de justicia que las bombas y motores que señalaba eran de YPF S.A. A ello agregó que no se había acreditado documentación o registro alguno que diera cuenta de la recepción de las piezas y la descripción de las eventuales reparaciones a realizar, como tampoco la propiedad de las bombas y motores (págs. 28/30).
II. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 902, 907, 1.071 (2do. párr.), 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil; 1 y 2 inc. "f" de la ley 25.156 y normas concordantes; 17 y 19 de la Constitución nacional; 27 y 31 de su par provincial y 10 bis de la Convención de París, de la doctrina legal y absurda valoración de la prueba.
En su profuso libelo recursivo sostiene que la Cámara ha valorado incorrectamente los hechos y las pruebas.
II.1. Comienza señalando que el título preliminar del Código Civil y Comercial es de aplicación inmediata para el juez, como también la doctrina legal sentada en la causa C. 119.616, "Álvarez" (sent. de 5-IV-2017), de la que transcribe el voto del doctor de Lázzari en el cual tomó en cuenta las normas del Código Civil y Comercial sobre interpretación como herramienta para dilucidar la cuestión contractual que en esa causa se ventilaba, criterio que considera no fue el utilizado por la Cámara al analizar la relación contractual en el presente caso, lo que la llevó a transitar un camino de pseudo razonamiento (págs. 43/44).
Afirma que en el voto citado se dejó de lado el puro consensualismo contractual porque la decisión se asentó en el intercambio y también el objetivismo porque se puso el eje del contrato en la relación interpersonal (págs. 45/46).
Destaca que la demandada no podía prescindir del mantenimiento electromecánico que solo podía ser provisto por la actora, quien había capacitado a sus trabajadores y brindado servicio a lo largo de los años, celebrando contratos, ejecutando tareas preventivas o de emergencia, de los cuales podían o no existir documentos respaldatorios, con lo que se demostraba la continuidad de un vínculo de trabajo de más de doce años (pág. 47).
Seguidamente recuerda que catorce de sus empleados fueron captados por YPF S.A. y que dieciocho lo fueron por otras empresas, las que siguieron prestando servicios en el establecimiento de la demandada, lo que ponía en evidencia que el objetivo de la demandada había sido la necesidad de esa mano de obra especializada, motivo por el cual era innecesario demandar a las otras empresas receptoras de sus empleados (pág. cit.).
Pone de relieve que la intención de la demandada de apropiarse de los trabajadores surgía inocultablemente de un correo electrónico y del antecedente de captación de empleados producido en el año 2008 por el cual YPF S.A. pagó una suma de dinero a USENA S.A., señalando que la Cámara no entiende que el hecho que aquí se denuncia, producido en el año 2011, es similar a aquel otro y que las empresas que tomaron los dieciocho empleados lo hicieron acatando las instrucciones de quien tenía poder de decisión sobre ellas. Agrega que está probado que los empleados renunciaron a USENA S.A. por las presiones de los inspectores de YPF S.A. (págs. 48/50).
Afirma que ha existido mala fe y deslealtad en la demandada al captar al personal sin haber negociado con la actora, cuando aquella tiene una posición dominante en el mercado (págs. 50/51).
Resalta que el juez ignora la realidad económica donde se desarrolla el caso y yerra al sostener que no hay prueba de ello. Para intentar demostrarlo menciona la existencia de los emails del señor Murillo con la empresa Odebrecht que dan claridad a la maniobra, cuando además hay prueba de la escasez de mano de obra, ya que los dieciocho trabajadores continuaron cumpliendo sus habituales tareas en la planta de la demandada (págs. 52/54).
II.2. También considera que la Cámara ha apreciado las declaraciones testimoniales en forma individual sin base en la realidad laboral de los deponentes (Tunessi, Sansone, Gómez y Orlando) de que cada uno de ellos había trabajado para YPF S.A. a través de la empresa actora. Agrega que el sentenciante no ha advertido la maniobra de éxodo, al considerar las declaraciones de los testigos como débiles e imprecisas, cuando de la del contador Tunessi surge que la actora era la única empresa que prestaba ese servicio en la zona y describió lo sucedido, lo que había conocido a través de uno de los trabajadores. Además, declaró que le había llegado la noticia de que la demandada quería internalizar el servicio que prestaba USENA y por lo tanto finalizar el relacionamiento. En ese acto manifestó que las empresas que habían empleado a los trabajadores no eran de la actividad, pero estos últimos siguieron con su tarea habitual en la planta de la demandada (págs. 54/56).
Valora positivamente la declaración del testigo Sansone, que era un empresario subcontratista de la actora, quien dio cuenta de la maniobra de captación de personal por YPF S.A., ya que a él le había ocurrido lo mismo. También los testigos Gómez y Orlando, al igual que Tunessi, manifestaron conocer de las renuncias de algunos trabajadores que pasaron a YPF S.A. y a otras empresas (págs. 56/65).
II.3. Impugna, además, la apreciación que hizo el Tribunal de Alzada de la prueba documental con la cual la Cámara descartó la mala fe de la demandada en los pases del personal de una empresa a la otra, en base a los correos electrónicos cursados en enero de 2010 entre el señor Murillo (por YPF S.A.) y el señor Torres Rubio (presidente de USENA S.A.), sin considerar que en la audiencia testimonial el señor Murillo reconoció el no haberse llegado a ningún acuerdo, lo que -indica- es demostrativo de la mala fe (págs. 65/68).
Señala que el criterio de la Cámara hace ver a la empresa actora como la responsable de su propio suicidio empresarial, luego de noventa años de actividad. Resalta que en el año 2011 se facturaron varios millones de pesos y parece que de repente se la abandona y se la cierra (págs. 68/69).
Apunta que del intercambio telegráfico surge la intención de YPF S.A. de captar el personal, que abundan las actas notariales que ilustran sobre el clima de conflicto, que hubo un pedido concreto de personal por la empresa Odebrecht S.A. y que en el mercado de trabajo había carencia de personal especializado (pág. 69).
Pone de relieve que del oficio respondido por Bureau Veritas el empleado Darío Catalano se desempeñaba como inspector especialista en electricidad desde el 2 de agosto de 2008 en "CIE" (sic), bajo su dependencia, y utilizaba una cuenta de correo oficial de YPF S.A., según surge de la pericia informática (pág. 70).
Resume que todos los elementos descriptos han sido soslayados por la Cámara, que con ellos no puede aseverarse que haya habido buena fe en la demandada, resultando que la única perjudicada ha sido la actora, y destacando que YPF S.A. rescindió el contrato con USENA S.A. luego de captar a su personal (págs. 70/73).
II.4. Destaca que tampoco la Cámara abordó el análisis del concepto de competencia desleal y advierte la falta absoluta de fundamentación en su decisión a partir de las expresiones que vertió sobre la falta de unicidad del régimen legal sobre esa materia, desconociendo el trabajo autoral existente sobre el tema (pág. 73).
Agrega que la recurrente prestaba un servicio a la demandada que era esencial para esta última por la actividad que realiza. Cita doctrinas de autor, comentarios a fallos nacionales y fallo de la Corte Suprema de Nueva Jersey. Afirma que no solo hay competencia desleal entre quienes producen lo mismo, sino cuando hay un interés concurrente. Cita doctrina de autor en ese sentido (págs. 73/80).
Subraya que la Cámara dejó de lado lo que las pericias probaron, como fue la escasez de mano de obra calificada en la especialidad, lo que vislumbraba la responsabilidad de la demandada en lo sucedido. Agrega que la libertad individual no es asunto a resolver aquí pues no formó parte del debate ya que la actora no podía impedir la renuncia en masa de los trabajadores y no fueron ellos los que produjeron el daño (págs. 81/85).
II.5. Apunta, además, que la mala fe de la demandada no solo lo es por el hecho de la captación del personal sino también por haber rescindido la relación contractual sin preaviso.
Presenta su disconformidad con la categorización del contrato como de locación de obra, obviando aplicar la doctrina legal de la causa C. 119.616, "Álvarez", aseverando, a diferencia de lo que sostuvo la Cámara, que el contrato original tuvo plazo y, también, sus sucesivas renovaciones (págs. 85/89).
Alega, sobre la inadecuada indemnización por preaviso que fijó el magistrado de primera instancia, que sin fundamento lógico la redujo en un 30% sobre el promedio de facturación mensual, lo que posteriormente
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