Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123443
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
"MUGNAGA JORGE RUBEN C/ COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" y su acumulada
La Plata, 30 de Octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que importa destacar, revocó la solución de origen que -a su turno- hiciera lugar a la acción de incumplimiento contractual incoada por Jorge Rubén Mugnaga, desestimándola al no encontrar acreditados los presupuestos para su progreso (v. fs. 300/313 y 341/356).
II. Frente a ello, el accionante vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a la ley 17.418 y a los arts. 519, 520, 522, 1197 y 1198 del Código Civil; 163 inc. 5, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y 15 de su par local. Asimismo, esgrime el vicio de absurdo (v. fs. 367/384).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 341/356 -a la luz de las actuaciones sucedidas en la especie- para revocar el fallo de primer grado sostuvo que "... sin perjuicio de que las razones que dio el a quo para desestimar la demanda interpuesta en el expediente número 149.870 no son las adecuadas, de todas maneras procede el rechazo, pues a pesar de que el actor conocía el dictamen vertido en el acta de inspección número 00021508 realizada por el perito tasador de la aseguradora ... omitió manifestar su discrepancia con la valuación de los daños que surge de dicho instrumento y no requirió la aplicación del procedimiento previsto para la solución de divergencias; ergo, la estimación de la demandada, que indica que el perjuicio causado por la helada fue menor al porcentaje asegurado quedó firme, no correspondiendo entonces conceder indemnización alguna a favor del accionante por este siniestro." (v. fs. 353).
Tal fundamento, que se constituye en el eje central de la sentencia en crisis, no logra ser conmovido por los agravios obrantes a fs. 375 vta./381, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la ponderación de las probanzas, el alcance de las cláusulas contractuales, el procedimiento para la fijación del daño y el enriquecimiento indebido) se desentienden de aquél, limitándose a discrepar con las razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las temáticas resueltas (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar cuestiones de hecho resulta indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del agraviado, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Lo dicho, basta para repeler el intento revisor traído y descartar las infracciones legales indicadas a fs. 367 vta./368 (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la invocada transgresión al principio de congruencia (v. fs. 381/382), ya que no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del juez del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose la sentencia en crisis atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. doctr. causas C. 120.313, "Espíndola", resol. de 13-VII-2016; C. 121.270, "Barbizan", resol. de 29-III-2017; C. 122.100, "Mendivil", resol. de 7-III-2018; e. o.).
III.3. Finalmente, tampoco puede ser atendida la aducida infracción a las garantías constitucionales expuestas a fs. 367 vta., ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del recurrente -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.119, "Sampedro", resol. de 14-X-2015; C. 121.205, "Alternativa Bahiense S.C.", resol. de 21-XII-2016 y C. 121.337, "Matossian", resol. de 5-IV-2017; entre tantas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia