Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaIntimar a la recurrente a que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede en concepto de integración, el depósito a la orden de la Cámara que dictó el fallo impugnado, de la suma adicional de ciento catorce mil novecientos veinticinco pesos ($ 114.925), bajo apercibimiento de declarar la deserción del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido (art. 280, cuarto párrafo, CPCC).
"ALTAMIRANO GLADYS TERESA Y OTROS C/ SOSAYA TOMAS EZEQUIEL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. C/ LES. O MUERTE (EXC. ESTADO)"
La Plata, 26 de Diciembre de 2018.
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 9 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por Gladys Teresa Altamirano, Antonella Camila, Celeste Victoria, Exequiel Alejandro, Mariana Soledad y Valeria Noemí Barraza contra Germán Darío y Tomás Ezequiel Sosaya y Caja de Seguros S.A. -en la medida de la póliza contratada-, estableciendo una condena total a favor de los accionantes de dos millones setecientos setenta y ocho mil doscientos pesos ($ 2.778.200) con más los intereses conforme a la tasa más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones a plazo fijo a treinta días -BIP-, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago, salvo para las sumas concedidas en concepto de tratamiento psicoterapéutico futuro para las que fijó otro dies a quo (v. fs. 536/546).
A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelación departamental modificó la sentencia apelada subiendo algunos rubros indemnizatorios y disminuyendo otros, así como también reconoció el daño moral a los hermanos Barraza, confirmó la tasa de interés aplicada y extendió el límite de la garantía de la aseguradora a la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000; v. fs. 612/650 vta.).
Esa forma de decidir elevó el capital de condena a tres millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($ 3.847.000).
Frente a dicho pronunciamiento, el doctor Horacio Enrique Hernández, apoderado de los legitimados pasivos y de la citada en garantía, dedujo -en nombre de ambas partes- recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 658/669) en el que se agravió de la procedencia del rubro indemnizatorio correspondiente al daño psíquico así como del moral reconocido a los hermanos coactores, de la tasa de interés aplicada y de la elevación de la cobertura de la póliza (v. fs. 659 vta./668 vta.).
El recurso fue concedido (v. fs. 674 y vta.).
II. Preliminarmente cabe señalar que se presenta en el caso un conflicto abierto de intereses entre la compañía de seguros y los demandados que tiene injerencia en el derecho de defensa de los últimos -en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de la póliza- que no debió ser soslayado por el profesional a cargo de la defensa técnica de ambos.
En todo caso, debió el mismo declinar -y no lo hizo- la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron confrontados.
En efecto, la sentencia de cámara ha resuelto considerar como máximo asegurado un monto mayor al fijado en la póliza (v. fs. 648 vta. y 649 vta.), y esa circunstancia constituye un gravamen que, expresado en la vía extraordinaria articulada por ambas recurrentes (v. fs. 665 vta./668 vta.), perjudica claramente a la citada mas no a la demandada.
Tal proceder menoscaba indiscutiblemente la garantía de los legitimados pasivos en el ejercicio de su defensa a través de un mismo letrado y una única pieza recursiva que enarbola un agravio común que no es tal y, por el contrario, a ellos no beneficia.
Ese antagonismo de intereses entre la compañía aseguradora y el asegurado no debió ser pasado por alto por el profesional a cargo de la representación de ambas por ser incompatible con su labor, enfrentado a la disyuntiva de deber simultáneamente defender e impugnar una misma medida (art. 28, Normas de Ética Profesional dictadas por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires) interponiendo un recurso conjunto que no puede ser inadvertido por esta magistratura (art. 34 inc. 5 apdo. c, CPCC).
Como consecuencia de lo descripto deviene necesario cursar una especial recomendación al letrado Horacio Enrique Hernández, apoderado de los legitimados pasivos y de la citada en garantía, para que en el futuro, extreme la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso.
Asimismo, oportunamente deberá el a quo tomar las medidas necesarias con el objeto de informar al Colegio de Abogados respectivo sobre la actuación del letrado mencionado, a los fines que corresponda.
III. Pasando a considerar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad de la vía articulada, se observa en el sub lite , a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que el valor del agravio, teniendo en cuenta los planteos expuestos en el medio revisor, se encuentra representado para los recurrentes por los rubros indemnizatorios cuestionados (v. fs. 659 vta./664), más la diferencia -a la fecha de la sentencia cuestionada- de los intereses liquidados a la tasa fijada y la pretendida por ellos (v. fs. 664/665; conf. doctr. causas C. 120.116, "Omar", resol. de 21-X-2015; C. 120.268, "Urquiza", resol. de 29-VI-2016 y C. 120.753, "Roldán", resol. de 9-XI-2016), adicionando, asimismo, el importe que excede del límite máximo de cobertura conforme al cuestionamiento del asegurador (v. fs. 665 vta./668 vta.; doctr. causa C. 120.282, "Primo", resol. de 4-V-2016).
De lo expuesto surge que debe satisfacerse el máximo legal previsto para el depósito establecido en el art. 280 citado ($ 500.000, conf. Acordada 3.890/2018).
En consecuencia, y dado que la suma depositada conforme constancias de fs. 673 ($ 385.075) resulta insuficiente a fin de cumplir cabalmente con la referida carga legal, corresponde intimar a su integración (art. 280, cuarto párrafo, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Intimar a la recurrente a que, en el plazo de cinco días, acredite ante esta sede en concepto de integración, el depósito a la orden de la Cámara que dictó el fallo impugnado, de la suma adicional de ciento catorce mil novecientos veinticinco pesos ($ 114.925), bajo apercibimiento de declarar la deserción del remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido (art. 280, cuarto párrafo, CPCC).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia