Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal deducido con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"MULLER ROBERTO ALEJANDRO C/ PARISI MARIA VIRGINIA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
La Plata, 12 de Septiembre de 2018.
I. El apoderado de la actora deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 480/487 vta. y 471/473 vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente, en el marco de un proceso de daños y perjuicios incoado por el señor Roberto Alejandro Muller contra la señora María del Carmen Parisi y la citada en garantía "Federación Patronal Seguros S.A." revocó -en lo que importa destacar- el fallo de primer grado que, a su turno, había dejado sin efecto la perención de instancia decretada. Así, el Tribunal de Alzada dejó firme la caducidad originariamente decretada por el a quo , en la medida que la actora no habría introducido crítica alguna en relación a la misma (v. fs. 395 y fs. 446/450 vta.).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 481 vta., 484, 485/487).
II.1. Denuncia que el recurso de apelación incoado por la contraparte, frente a la decisión que rechazó la caducidad de la instancia no debió ser concedido, pues ello importa contradecir el art. 317 del Código Procesal Civil y Comercial, que sólo habilita dicha vía si la caducidad fuera declarada procedente (v. fs. 483 vta./484).
II.2. Sostiene, asimismo, que la decisión de este Tribunal que desestimó -mediante afirmaciones dogmáticas y con exceso ritual manifiesto- el recurso extraordinario deducido, confirmando -de ese modo- la caducidad de la instancia decretada, vulnera las garantías constitucionales de su mandante, así como el precedente de la Corte federal "Colalillo" (238:550; v. fs. 484 y vta.).
En tal sentido, arguye que la sentencia atacada se aparta de las constancias de la causa, en tanto -a su modo de ver- surge de la simple lectura de la pieza recursiva que se realizó un prolijo y minucioso análisis de la violación a la garantía de defensa en juicio que importó el fallo del a quo . Además, contrariamente a lo establecido por esta Corte, invoca que sí existió una detallada explicación sobre el mérito de la doctrina cuya aplicación se pretende al caso y su similitud con los hechos debatidos (v. fs. 484 vta./485).
II.3. Cuestiona, por otro lado, que este Tribunal haya ponderado que la alegación de arbitrariedad de la sentencia de la Cámara no se erige como elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Concluye, que tal postura resulta igual de arbitraria y vulnera, entre otras garantías constitucionales, su derecho de jurisdicción y defensa en juicio al anteponer criterios genéricos, dogmáticos y formales por sobre la verdad jurídica objetiva (v. fs. 485/486).
II.4. Finalmente, cita la doctrina sentada por la Corte nacional en los precedentes "Strada" y "Di Mascio", que entiende atinentes al caso (Fallos: 308:490 y 311:2478; v. fs. 486/487).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 490), el mismo fue contestado por el apoderado de la citada en garantía, doctor Lestani (v. fs. 491/492 vta.) y por el apoderado de la demandada doctor Oricchio (v. fs. 493/502 vta.).
IV.1. Al respecto, corresponde señalar que las cuestiones relacionadas con el derecho procesal local (en el sub lite , la apelabilidad de la decisión dictada por el juez de grado, el instituto de la caducidad de instancia y la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley provincial 5.827), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (CSJN Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405 y 328:4067; entre muchos otros).
En estos casos se torna particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente, donde los argumentos expuestos por el recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente -como tal- para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, excesivo rigor formal, falta de fundamentación y apartamiento de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Resta decir que la mera denuncia de la supuesta vulneración de otras normas constitucionales y convencionales (arts. 1, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Const. nacional; 8.1 CADH; v. fs. 481 vta., 484, 485/487), así como la simple mención de los precedentes del Tribunal federal "Strada", "Di Mascio" y "Colalillo" (v. fs. 484 vta. y 486/487), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal deducido con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
CARLOS ANGEL NATIELLO
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia