Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121945
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS C/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
La Plata, 19 de Septiembre de 2018.
I. El letrado apoderado de la parte demandada interpone recurso extraordinario federal contra la resolución de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado, en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 278/298 vta. y 273 y vta., respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en lo que interesa destacar- confirmó lo resuelto por el magistrado de origen que, a su turno, desestimó la excepción de incompetencia planteada por la accionada. Ello, al entender que la cuestión debatida y reeditada al introducir dicha defensa, ya había sido decidida por la Corte Suprema nacional y pasada en autoridad de cosa juzgada, al resolver en favor de la Justicia provincial la cuestión de competencia suscitada en estos autos (v. fs. 77, 191/193 y 229/232).
II.1. En la vía ahora intentada, el recurrente funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y la gravedad institucional. Asimismo, invoca la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, juez natural, propiedad e igualdad, la vulneración de los principios de razonabilidad y jerarquía normativa y la infracción a la ley Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798 (arts. 13, 14, 16, 18, 28, 31 y 75 incs. 13, 18 y 19 Const. nac.; v. fs. 283 vta./ 285 y 295).
Sostiene que la decisión en crisis, mediante fundamentos insuficientes y sólo aparentes, adhirió al pronunciamiento del Procurador General provincial, que usó -a su modo de ver- un argumento totalmente genérico para desestimar el remedio de inaplicabilidad de ley, por considerarlo insuficientemente fundado. Y afirma que esa postura implicó omitir el tratamiento individualizado de las distintas cuestiones sostenidas por su parte, que llevaron al apartamiento de la causa de sus jueces naturales que -de forma exclusiva y excluyente- debían conocer en materia federal (v. fs. 286/287 vta.).
Así asevera que -contrariamente a lo resuelto en autos- la controversia del presente pleito está directamente relacionada a las prescripciones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones n° 19.798, en razón de fundarse, conforme expone la propia actora, en una supuesta prestación defectuosa del servicio de telefonía móvil, sumado a hipotéticas consecuencias disvaliosas que ello habría causado a una indeterminado número de clientes (v. fs. 288 vta./292 vta.).
II.2. Aduce que, como correlato de lo expuesto, su mandante se ve privado de su derecho al juez natural, y en consecuencia sufre un grave daño a la garantía de debido proceso adjetivo, en tanto la competencia federal fue expresamente fijada por la ley 27.078, dictada luego del inicio de estas actuaciones (v. fs. 286/vta. y 293 vta.).
II.3. Advierte que la índole federal de la ley 19.978 -cuya aplicación sostiene- ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos que cita, entendiendo que con ello se encuentra demostrada la relación directa e inmediata con el contenido de la resolución impugnada (v. fs. 294 vta.)
II.4. Finalmente, con relación al alcance de la cosa juzgada de lo ya decidido en autos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considera que la accionada no se ve alcanzada por el mencionado instituto, desde que la señalada decisión fue dictada cuando aún no era parte en autos (v. fs. 295 vta./297).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 300), el mismo fue contestado por las apoderadas de la parte actora (v. fs. 301/305 vta.).
IV.1. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relativas a la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el sub lite , la suficiencia técnica del recurso extraordinario local -art. 31 bis, ley 5.827- para desvirtuar la conclusión del a quo respecto a la competencia del fuero provincial y el alcance del carácter de cosa juzgada que emana del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal (conf. CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010; Fallos: 249:530; 250:373; 251:164; 310:1542 y 322:1888; entre otros; también: 295:12; 303:638; 306:1332; 1535 y 307:1793).
En estos casos, se hace particularmente exigible que la apelación cuente -en relación a los agravios que la originan- con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial, situación que no se advierte en el presente en tanto los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (art. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad con base en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de cuestiones, tampoco se exponen fundamentos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la demostración de un supuesto de carácter excepcional.
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
En ese marco la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía del caso excepcional de la arbitrariedad, sin que tales recaudos se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. Por otro lado, en lo que atañe a la pretendida vulneración de la garantía de juez natural (v. fs. 293 y sig.) no se evidencia -en principio- que se hayan formulado razones suficientes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas -a tal fin- las alegaciones generales efectuadas (doctr. art. 15, ley 48).
IV.4. Cabe apuntar, además, que la simple denuncia de la invocada violación de garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad, razonabilidad y jerarquía normativa (arts. 13, 14, 16, 18, 28, 31 y 75 incs. 13, 18 y 19 Const. nac.; v. fs. 283 vta./285 y 295), así como la mera mención de prececentes de la Corte Suprema nacional, no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 119.977 "ITATIC SAAICEI", resol. de 13-IX-2017; entre otros).
IV.5. Resta agregar que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (doctr. Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 295/vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso extraordinario federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia