Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122484
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento de grado en lo que respecta al daño por incapacidad sobreviniente y daño moral, manteniéndose lo decidido en primera instancia.
Las costas generadas tanto en segunda instancia como en sede extraordinaria se imponen a los accionados vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 7 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.484, "La Ruffa, Emiliano, José y otro contra Acosta, Arnaldo Darío y otro. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes confirmó, en lo principal, la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la demanda, reduciendo ciertos rubros indemnizatorios (v. fs. 410/432).
Se interpuso, por la letrada apoderada del actor, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 433/448).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Emiliano José La Ruffa inició el presente reclamo indemnizatorio contra Arnaldo Darío Acosta, la empresa Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y/o quien resultara propietario, poseedor, tenedor y/o civilmente responsable del rodado marca Mercedes Benz, dominio VYL 324, en virtud de un accidente de tránsito acaecido el 5 de abril de 2004, en la localidad de Almirante Brown (v. demanda: fs. 10/17).
Relató en su escrito de inicio que el siniestro se produjo en oportunidad en que circulaba al mando del vehículo marca FIAT, dominio RKP 231, por la calle Eva Perón, y al llegar a la intersección con la arteria Bombero Ariño -encontrándose el paso expedito por la semaforización existente- al iniciar el cruce de la encrucijada fue violentamente embestido en el lateral derecho por el micrómnibus marca Mercedes Benz, patente VYL 324, conducido por Arnaldo Darío Acosta (v. fs. 10 vta./11).
Expresó que, a raíz de los fuertes golpes recibidos en la colisión, tuvo que ser derivado en forma urgente al Hospital de Lomas de Zamora Luisa C. de Gandulfo (v. fs. 11).
Como consecuencia del evento descripto, Noelia Carolina Pereira, María Laura Lombardini y Guillermo Ariel Lombardini -quienes circulaban en el automotor como acompañantes- iniciaron asimismo demanda por daños y perjuicios contra Emiliano José La Ruffa y los aquí accionados (conf. causa "Pereira, Noelia Carolina y otros contra La Ruffa, Emiliano José y otros. Daños y perjuicios", en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes).
A fs. 143 de las referidas actuaciones, se ordenó la acumulación de ambos expedientes a los fines del dictado de una sentencia única.
La señora jueza de primera instancia juzgó que la responsabilidad por las consecuencias dañosas del evento recaía exclusivamente sobre los codemandados Arnaldo Darío Acosta y la firma Expreso Villa Galicia San José S.R.L., esta última en su carácter de empresa titular del ómnibus y empleadora del chofer, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (v. fs. 329/353).
A continuación, examinó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados por los actores en ambas causas y fijó su cuantía (v. fs. 342/353).
II. Apelado dicho pronunciamiento por Emiliano José La Ruffa y los coaccionados, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Quilmes confirmó -en lo principal- la decisión, modificando el monto de la condena (v. fs. 410/432).
En lo que interesa destacar, redujo los importes otorgados en concepto de daño por incapacidad física (de $518.500 a $50.000) y daño moral (de $170.000 a $20.000).
III. Contra esta decisión se alza el actor mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en virtud del cual denuncia la violación de la doctrina legal que cita y el vicio de absurdo en la apreciación de la prueba. Hace reserva del caso federal (v. fs. 433/448).
Se agravia, en síntesis, por la apuntada reducción del resarcimiento, fruto -a su entender- de una absurda valoración de la prueba pericial médica rendida en autos (v. fs. 437/446).
IV. El recurso debe ser atendido, por las consideraciones que expondré a continuación:
De manera liminar, cabe recordar que establecer el monto indemnizatorio por el daño físico y moral sufrido constituye una típica cuestión de hecho, privativa de los jueces de las instancias ordinarias e irrevisable en casación, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo (conf. causas C. 116.437, "Delgado", sent. de 18-XII-2013; C. 118.680, "E. de V., M. A.", sent. de 15-VII-2015; C. 116.930, "Padín", sent. de 10-VIII-2016; e. o.).
Bajo esta pauta de interpretación, acierta el impugnante al focalizar la crítica en el hecho de que al tener en cuenta el escueto informe médico obrante a fs. 31 de la causa penal que solamente hizo mención a las lesiones externas visibles, la Cámara efectuó una lectura parcial de las constancias existentes en la causa, apartándose de las contundentes conclusiones vertidas por el médico legista y especialista en medicina legal Raúl Gustavo Alonso en su dictamen (v. fs. 288/290 y fs. 298 y vta.), quien tras compulsar los estudios complementarios obrantes en autos y realizar un exhaustivo examen a la víctima fijó una incapacidad parcial y permanente del 65%; yerro inicial que naturalmente derivó en una impropia determinación de los importes indemnizatorios cuya revisión se pretende.
En otras palabras, justipreció el Tribunal de Alzada los rubros en cuestión con base en las heridas superficiales evidenciadas por el señor La Ruffa momentos después del accidente, haciendo hincapié en que el propio actor a menos de dos días de ocurrido el siniestro se presentó por sus propios medios ante la instrucción policial manifestando que "imprevista e inesperadamente lo choca un colectivo..., para luego de ello no recordar más nada, despertando y recobrando su conocimiento en el Hospital de mención, donde le practicaron los primeros auxilios"; como asimismo en el dictamen efectuado por el médico de policía, pocos días del hecho, quien constató la presencia de heridas y escoriaciones múltiples las que fueron calificadas como lesiones leves (v. fs. 424 vta.).
Sin embargo, estas lesiones descriptas por la Cámara como meramente estéticas (v. fs. 426) dejaron, en rigor, profundas secuelas en la salud del damnificado, las cuales fueron precisadas por el experto Alonso en los siguientes términos: "...durante el evento traumático sufrido por el actor con fecha 5-4-04, padeció de traumatismos en la cabeza con heridas cortantes producto probablemente del choque de ella con la superficie vidriada del vehículo, que le fueron suturadas en el Hospital de Lomas, dicho traumatismo debió ser de moderada intensidad para provocar la ruptura de los cristales y evidentemente tuvo un componente cráneo-encefálico. Por los estudios realizados TACV de cráneo (fojas 214) el actor presenta en la actualidad como se dijo en el punto 8 de los antecedentes un cuadro de atrofia cortico subcortical difuso... dicho cuadro resulta ser compatible dada la edad del paciente (23 años al momento del hecho) con un cuadro de DAÑO AXONAL DIFUSO POST TEC, 'que corresponde a una lesión diseminada de axones de la sustancia blanca a consecuencia de trauma craneano... Está asociada con el 35% de los traumatismos de cráneo en las autopsias... Resultando de un impacto producido por fuerzas inerciales de aceleración-desaceleración'" (el destacado pertenece al original; dictamen: fs. 288/290 y explicaciones: fs. 298/299).
El Tribunal de Alzada se apartó de lo dictaminado por el referido experto, quien había precisado el grado de deterioro de las funciones cerebrales complejas del actor (v. fs. 289 vta.) y detallado -a su vez- otras secuelas invalidantes, cuyos respectivos porcentuales de incapacidad fueron también establecidos por el especialista a tenor del decreto 659/96 de la ley 24.557 (v. fs. 289 vta./290).
En síntesis, descartó las conclusiones del perito en cuando a que el actor padecía de una incapacidad parcial y permanente del 65%, dado que la alteración cerebral descripta era susceptible de agravarse y de provocar cuadros como la demencia, profundización de los síntomas actuales, etcétera, en el futuro (v. fs. 290).
Al respecto, esta Corte ha resuelto que así como la aceptación de las conclusiones no supone la declinación de sus facultades, el apartamiento del juez frente al dictamen pericial no es más que otra alternativa legal autorizada por el art. 474 del Código Procesal Civil y Comercial; y del mismo modo, así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, pues ello convertiría al perito -auxiliar del juez- en autoridad decisoria dentro del proceso, la obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad, constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba (conf. causas C. 120.101, "Pacheco", sent. de 17-VIII-2016; C. 120.646, "R., D. J.", sent. de 12-VII-2017; entre muchas).
En el caso, cabe remarcarlo, la Cámara fijó los cuestionados importes resarcitorios en base a un cuadro de lesiones leves, apartándose así del alto grado de incapacidad establecido por el galeno, determinado a partir de un minucioso análisis de las constancias existentes en la causa, sin expresar motivo o razón valedera que justifique el desplazamiento de tal conclusión médica.
En efecto, el Tribunal de Alzada descartó el dictamen descripto por entender que la patología señalada "...no guarda[ba] relación causal con este siniestro" (fs. 424 vta.), justificando tal proceder en el hecho de que la atrofia cerebral resultaba una entidad degenerativa propia de la edad avanzada, sin vinculación con el accidente de marras.
Sin embargo, tal aseveración fundada en datos parciales y abstractos obtenidos de una página web, cuya solvencia científica se desconoce (v. fs. 424 vta./425), alteró en forma arbitraria la justa evaluación de las secuelas padecidas por la víctima, al no reparar ni tomar en consideración las particulares circunstancias del caso, los estudios médicos obrantes en autos (a saber, RMI de columna cervical, RMI de columna lumbosacra, TAC de cerebro, v. fs. 266/270 y fs. 281), que dieron cuenta del origen traumático que en el actor tuvo dicho cuadro y la gravedad de la lesión, tal como fuera precisado por el experto.
V. En función de lo expresado, habiéndose acreditado en la especie el vicio del razonamiento denunciado, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, revocar la decisión impugnada, únicamente en lo que hace a la cuantía de los rubros "incapacidad física" y "daño moral".
V.1. Ahora bien, tiene dicho esta Suprema Corte que el instituto de la apelación adhesiva impone, en la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. causas C. 108.940, "de la Torre", sent. de 16-VII-2014; C. 121.043, "Rivada", sent. de 7-II-2018; etc.).
V.1.a. Al respecto, advierto que no asiste razón a los accionados (apelantes) cuando postulan que el hallazgo de la lesión cerebral descripta por el perito médico Alonso no tuvo relación causal con el evento dañoso (v. fs. 388 y vta.), pues tal circunstancia -como fuera antes explicitado- encuentra su debido sustento en las sólidas consideraciones brindadas por el referido galeno quien al emitir su informe puntualizó que claramente el DAD -DAÑO AXONAL DIFUSO POST TEC- se produce como consecuencia del desplazamiento inercial de la cabeza, en los "meses" o "años" siguientes a la injuria, cuando la sustancia blanca pierde volumen, observándose aumento del tamaño ventricular y de los surcos (atrofia cerebral; v. fs. 289 vta.).
V.1.b. Lo expuesto, asimismo, deja sin sustento el cuestionamiento vinculado con la falta de precisión de la demanda (v. fs. 389 y vta.), toda vez que en el libelo de inicio se reclamó la incapacidad sobreviniente como consecuencia del "traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento", conforme surgiera de las pruebas a rendirse en autos (v. fs. 11 y vta.), las cuales acreditaron la existencia de la grave lesión padecida por el actor.
V.1.c. Tampoco resultan atendibles los agravios relativos a la dudosa autenticidad de la tomografía axial computada (v. fs. 390) y la implicancia que pudiera haber tenido en el hecho el uso del cinturón de seguridad (v. fs. 391 vta./393), dado que dichos argumentos fueron introducidos tardíamente por los accionados y, por tanto, no pueden ser abordados.
V.1.d. En lo atinente a las consecuencias laborales sufridas a raíz del infortunio (v. fs. 393), cabe destacar que el especialista Alonso sostuvo que si bien el accionante podía realizar actividades sin ningún grado de complejidad, de ejecución repetitiva y que no requiriesen de esfuerzo intelectual alguno (v. explicaciones: fs. 298 vta.), presentaba alteraciones en la fijación y evocación de hechos recientes y dificultades para realizar operaciones matemáticas simples, no obstante contar con instrucción secundaria completa (v. fs. 289).
V.1.e. Por último y ante la presencia en autos de distintos informes periciales, resta señalar que la actuación del médico traumatólogo Eder Daniel Zago (v. fs. 247/248 vta.) quedó inconclusa por haberse acogido a los beneficios de la ley jubilatoria (v. fs. 256 y vta.) sin dar acabada respuesta al pedido de explicaciones formulado oportunamente por los demandados, motivo por el cual al momento de su valoración cobra relevancia el dictamen presentado por el doctor Alonso, más allá del rigor científico del mismo que ha sido ampliamente ponderado.
VI. En conclusión y de conformidad con lo expuesto precedentemente, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia impugnada, manteniendo lo decidido en primera instancia en lo que respecta al daño por incapacidad sobreviniente y daño moral, en virtud de los acreditados padecimientos físicos y espirituales sufridos por el accionante.
Las costas generadas tanto en segunda instancia como en sede extraordinaria se imponen a los accionados vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Doy mi voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, se revoca el pronunciamiento de grado en lo que respecta al daño por incapacidad sobreviniente y daño moral, manteniéndose lo decidido en primera instancia.
Las costas generadas tanto en segunda instancia como en sede extraordinaria se imponen a los accionados vencidos (arts. 68, 274 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia