Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119338
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.338, "Nieva, Sergio Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción entablada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 251/258).
Se dedujo, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 264/283 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado acogió la acción deducida por el señor Sergio Daniel Nieva contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, condenándolo a abonar al actor la prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, más intereses calculados conforme lo indicado en el fallo (v. fs. 251/258).
Para así decidir, en el veredicto tuvo por probado que como consecuencia del accidente sufrido el día 12 de julio de 2007, el actor se encuentra incapacitado en el 12,48% del índice de la total obrera. Consideró, con sustento en la pericia contable, que el ingreso base mensual ascendía a $876,68. Por otro lado, destacó que en la producción del siniestro no había intervenido una cosa riesgosa o viciosa ni acción u omisión de la demandada que guardara relación causal y/o concausal con el evento dañoso. En otro orden, juzgó no demostrado el acaecimiento del infortunio del día 4 de mayo de 2007 denunciado en el escrito de demanda (v. fs. 251/252).
En la sentencia estableció el monto de la prestación correspondiente a los fines de resarcir el accidente de trabajo que resultó comprobado. Asimismo, desestimó los pedidos de actualización por depreciación monetaria e inconstitucionalidad de la ley 24.432. También rechazó el planteo formulado a fs. 217/241, destinado a la actuación de la ley 26.773, dado que -expresó- el art. 17 apartado 5 dispone su aplicación respecto de aquellas contingencias que ocurran a partir de su entrada en vigencia y el art. 17 apartado 6 consagra un mecanismo de ajuste. Entendió, en ese marco, no verificada la violación a norma supralegal alguna (v. fs. 253/258).
II. Contra el pronunciamiento de grado se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 1, 6, 8, 14 apartado 2 de la ley 24.557; 1, 3, 8, 17 apartado 6 de la ley 26.773 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 272 vta.).
II.1. En lo sustancial, procura la aplicación al presente caso del método de ajuste previsto en la citada ley 26.773, conforme -señala- peticionó en la presentación de fs. 217/240, de la que se confirió traslado a la contraria (v. fs. 242/247).
Con pie en la interpretación que formula de los arts. 17 apartado 5 de la citada ley y 3 del Código Civil, plantea -en concreto- que toda vez que la nueva ley introduce mejoras en las prestaciones dinerarias debe aplicarse al supuesto de autos. Ello así, porque la situación jurídica no quedó consolidada por falta de cumplimiento del obligado al pago. Cita en su apoyo precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sostiene que el principio de irretroactividad de la ley debe ceder cuando las situaciones y relaciones jurídicas existentes aún no se encuentran consolidadas. En otras palabras, siempre que las consecuencias resultantes de los hechos no hayan sido reparadas. En este punto, denuncia violación de la doctrina legal que emana de las causas que identifica.
II.2. Manifiesta que el fallo en crisis se limita a sentenciar que no se observa violación a normas supralegales a partir de la hermenéutica que formula de las prescripciones de la ley 26.773.
Sin embargo, insiste en que dicha normativa debe ser retroactivamente aplicada al caso de autos por resultar lesiva -concretamente- de los principios de progresividad, igualdad y otros derechos de raigambre constitucional y convencional.
II.3. Por otro lado, se agravia de la cuantificación del valor del ingreso base realizada por el tribunal de grado, desde un doble punto de vista.
En primer lugar, sostiene que el juzgador omitió abordar el planteo de invalidez constitucional formulado por su parte con relación al art. 12 de la ley 24.557.
En segundo término, aduce que determinó en forma errónea y absurda su importe. Argumenta que no calculó ese concepto teniendo en cuenta lo establecido en la norma aplicable, sino que lo liquidó partiendo del monto que en el dictamen contable se consignó como "pérdida anual de remuneración".
III. El recurso no prospera.
III.1. Los agravios dirigidos a cuestionar la decisión del tribunal de origen con arreglo a la cual juzgó inaplicables las disposiciones de la ley 26.773 no merecen recepción, pues, dicha conclusión no ha de modificarse.
III.1.a. En primer lugar, como se reseñó, el juzgador de origen entendió que el art. 17 apartado 5 no vulneraba preceptos de rango supralegal.
Sin dejar de reparar en la perplejidad que genera el lacónico argumento utilizado en el fallo para dar respuesta al planteo formulado por la actora (v. fs. 217/241), juzgo pertinente recordar que el principio de no retroactividad de la ley, carente de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en el caso.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Lucca de Hoz" (Fallos: 333:1433) recordó que "el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos 314:481; 315:885). Sostener lo contrario conllevaría a la aplicación retroactiva de una ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos 314:481; 321:45)".
Tampoco advierto lesionado, como propone el impugnante, el postulado de la igualdad en cuanto éste no importa otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias (causas I. 71.259, "Rodríguez", sent. de 20-VIII-2014 e I. 70.991, "Sánchez", sent. de 16-III-2016).
Menos aún el principio de progresividad, máxime cuando el interesado no aporta argumentos idóneos tendientes a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Finalmente, no identifico vulnerados en el caso otros derechos y garantías de jerarquía constitucional.
Pero, además, este Tribunal en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent de 14-II-2018), por argumentos análogos a los aquí expuestos, se ha pronunciado dejando sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el a quo .
III.1.b. Sentado lo anterior, la cuestión vinculada a la vigencia temporal de la ley 26.773 encuentra suficiente respuesta en la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y otras posteriores (causas L. 118.181, "Mansilla", sent. de 19-X-2016 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016).
Sobre el particular, esta Corte ha sostenido que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, dicha legislación ha reiterado como principio el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009). En este orden, ha señalado que -al igual que sus antecesoras- las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así de las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio.
En este marco, también puntualizó este Tribunal que la interpretación sistémica de la ley 26.773, más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada, lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido cuerpo normativo no establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 apartado 5.
III.1.c. Por estos fundamentos y aquellos otros concordantes expuestos en la citada causa L. 118.695, a los cuales -en honor a la brevedad- me remito, corresponde desestimar este tramo del recurso bajo examen.
III.2. Tampoco son de recibo las críticas orientadas a rebatir la definición vinculada al ingreso base.
III.2.a. El agravio por conducto del cual se intenta poner en evidencia la preterición en la que habría incurrido el tribunal de origen al soslayar el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 no puede ser atendido en el marco del remedio traído.
Sabido es que la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión litigiosa es inatendible a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues tal impugnación constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015 y L. 119.123, "Climiño", resol. de 18-XI-2015).
III.2.b. En otro orden, cabe recordar que la determinación del salario fijado como base de condena constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y ajena -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 103.073, "Carossella", sent. de 21-XII-2011 y L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013).
En el caso, el impugnante no acierta en demostrar que el órgano de grado haya incurrido en dicha anomalía con aptitud para viciar el contenido de esta parcela del fallo.
En efecto, en el veredicto, el Tribunal estableció -con sustento en la pericia contable- las remuneraciones percibidas a la época del infortunio, aplicando el cálculo aritmético correspondiente, lo que arrojó como resultado la suma de $876,68 (v. fs. 251 vta.).
La exposición contenida en la impugnación no logra poner en evidencia el error grosero o un manifiesto apartamiento de las constancias objetivas de la causa, extremos cuya demostración se requiere para tener por configurado de modo cabal el vicio denunciado.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a la respuesta dada al agravio tratado en el punto III.1. del sufragio emitido por mi colega doctora Kogan, agregando estas otras consideraciones.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto inicial, en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011; C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagües, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, Tomo 93, pág. 891 o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
I.2. Finalmente, presto mi adhesión a la desestimación del planteo abordado en el punto III.2. del sufragio de la colega doctora Kogan.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto la solución a la que arriba mi distinguida colega doctora Kogan en cuanto desestima los agravios que giran en torno a la ley 26.773.
I.1.a. El planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley, no merece favorable recepción.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920; 335:2333; e.o.).
Bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, el planteo del impugnante reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
En sustancia, se estructura sobre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes identificados como "Arcuri Rojas" (Fallos: 332:2454) y "Camusso" (Fallos: 294:434). Sin embargo, las directrices que emanan de tales pronunciamientos no lucen idóneas a los fines perseguidos por el recurrente.
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RHl "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016), luego de afirmar que la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los importes a los que aludían los arts. 1, 3 y 4 del decreto 1.694/09 "exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras" (cons. 8°), señaló que no podía justificarse un apartamiento de la regla prevista en el art. 17 apartado 5 de la ley acudiendo -entre otras- a la doctrina del precedente "Arcuri Rojas", pues, en ese caso, en el que la actora había invocado un derecho de naturaleza previsional, reclamando una pensión en razón de la muerte de su esposo, para reconocer ese derecho que no encontraba sustento en la ley vigente a la fecha del deceso, se tuvo en cuenta un texto legal posterior más favorable, pero ello, a fin de evitar que la viuda quedara en una situación de "total desamparo" (cons. 10°). Resulta claro que el contexto que se verificó en dicho precedente no encuentra correlato en las circunstancias que se ventilan en el sub examine , tal como -concordantemente- lo señala en este acuerdo la doctora Kogan al analizar lo argumentado en el recurso con fundamento en el principio de progresividad.
A la par, al pronunciarse en el referido antecedente "Espósito" y examinar la norma cuestionada, el Alto Tribunal descartó la pertinencia de acudir a lo resuelto en la causa "Camusso". Expresó que lo que allí estaba en juego era la aplicación de la ley 20.695, que dispuso que los créditos laborales demandados judicialmente serían actualizados mediante determinados índices, y que, a diferencia de la ley 26.773, establecía que su normativa sería aplicable "incluso a los juicios actualmente en trámite, comprendiendo el proceso de ejecución de sentencia y cualquiera sea la etapa en que se encuentre"; fue en ese contexto -aclaró- que hubo de resolver que la actualización con arreglo a la ley de un crédito cuyo importe había sido establecido mediante una sentencia firme, pero estaba pendiente de pago, no implicaba una alteración sustancial de la cosa juzgada que menoscabara las garantías constitucionales de propiedad y de la defensa en juicio (cons. 11°).
Con todo, y aun cuando en dicha oportunidad no lo hizo en el marco de un examen constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, las consideraciones efectuadas por la Corte nacional indican claramente que los pronunciamientos de los cuales intenta valerse el recurrente, han sido elaborados bajo circunstancias muy distintas a las que rodean a aquella disposición legal, exhibiéndose inhábiles para evidenciar su invalidez constitucional.
Por cierto, tampoco los restantes extractos de pronunciamientos provenientes de distintos tribunales que invoca el interesado mejoran la suerte adversa de la impugnación, es que, en definitiva, los señalamientos que efectúa no alcanzan a demostrar una falta de razonabilidad en el criterio escogido por la norma para determinar su fecha de entrada en vigencia.
I.1.b. Sentado lo anterior, adhiero a lo expuesto por la colega ponente en los puntos III.1.b. y III.1.c. de su sufragio.
I.2. En lo tocante a la determinación del ingreso base, suscribo lo dicho por la colega doctora Kogan en el punto III.2. de su voto.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.