Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121496
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2 han sido, insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.3 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 7 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda que Leonel Perez Rodys interpuso contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en la cual procuraba una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad laborativa que denunció padecer (v. fs. 145/159 vta.).
Para así decidir, entendió que las acciones tendientes a reparar las dolencias columnarias y de rodilla se encontraban prescriptas al tiempo de interponerse la demanda. En cuanto a la hipoacusia y a las várices, consideró acreditada una incapacidad del 18,03% del índice de la total obrera, percibiendo por tal motivo la prestación dineraria del art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 con los alcances del decreto 1.694/09, rechazándose la aplicación al caso de las pautas de actualización monetaria de la ley 26.773.
Con respecto a la normativa civil, denegó -por improcedente- el reclamo de daños y perjuicios.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 166/177), concedido por el a quo a fs. 178.
En el caso, se agravia de que el tribunal haya considerada prescripta la acción de reparación de las dolencias columnaria y de rodilla y del rechazo de la pretensión por daños y perjuicios con sustento en las normas del derecho común. Por último, solicita se aplique la actualización mediante el índice RIPTE.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Corresponde señalar que determinar el inicio del plazo de prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, importan el ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado y, como tales, exentas de censura en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 88.467, "González", sent. de 23-IX-2009; L. 98.724, "Gutiérrez", sent. de 21-IV-2010 y L. 103.090, "Cabello", sent. de 15-XII-2010).
En el caso, el recurrente no logra acreditar dicho vicio, que se concreta en una conclusión incoherente en el orden lógico formal o incompatible con las constancias que surgen de la litis (causas L. 102.291, "Pascale", sent. de 22-VI-2011 y L. 114.168, "Sánchez", resol. de 18-V-2011). Ello así, desde que no ensaya una réplica idónea para revertir lo decidido, limitándose a reiterar -en lo sustancial- argumentaciones ya expuestas oportunamente -las cuales fueron abordadas y desechadas por el a quo - mas sin desplegar argumentos válidos a fin de rebatir las motivaciones del sentenciante que constituyeron factores esenciales de la decisión.
En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 110.623, "Lambardi", resol. de 14-VI-2010; L. 110.361, "Leiva", resol. de 21-IV-2010 y L. 116.586, "Hernández", resol. de 8-VIII-2012).
III.2. Con respecto a la viabilidad de la acción de daños y perjuicios, esta Corte también tiene dicho que determinar si se configuraron o no los presupuestos de responsabilidad que eventualmente tornan viable la procedencia de la mencionada acción deducida en los términos del derecho común, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los Jueces de mérito, salvo que se invoque y se demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 107.246, "A., P.", sent. de 5-IX-2012; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015 y L. 121.561, "Mutti", resol. de 26-IX-2018).
La impugnante no cumple con la carga de demostrar el absurdo alegado, ya que su crítica se dirige esencialmente a controvertir la exclusión de la responsabilidad civil que le fuera imputada a la patronal, transitando sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar el escrito de demanda y las pruebas aportadas al proceso.
Siendo ello así, se advierte que la argumentación del recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 121.263, "Navarrete", resol. de 11-VII-2018).
III.3. Finalmente, la solicitud del recurrente de aplicación retroactiva del índice RIPTE establecido en la ley 26.773, no puede prosperar.
En efecto, sin perjuicio de otras consideraciones, cabe destacar que esta Corte -por mayoría- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1.278/00, BO de 3-I-2000 y decreto 1.694/09, BO de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 118.202, "B. T. ,E. y o.", sent. de 8-II-2017; L. 120.345, "Barroso" y L. 121.346, "Astrada", resols. de 6-XII-2017).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden, y respecto de lo indicado en el punto III.3, dejando a salvo mi opinión plasmada en el precedente L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, habré de plegarme a la doctrina legal sobre el tópico (art. 31, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18036/2011/1/RH1) se pronunció en ese mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los agravios tratados en los puntos III.1 y III.2 han sido, insuficientemente fundados y el abordado en el punto III.3 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°107
mff
Fin de la sentencia