Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121753
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
CICCOTOSTO MARCELO DANIEL C/ 4 DE SETIEMBRE S.A.T.C.P. Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS.
La Plata, 7 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Lanús rechazó la demanda que Marcelo Daniel Ciccotosto interpuso contra MAPFRE Argentina ART S.A. (hoy Galeno ART S.A.) en la que procuraba el cobro de una indemnización fundada en el derecho común por la incapacidad laborativa que denunció padecer (v. fs. 380/385 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditada la responsabilidad de la aseguradora en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil, pues el actor no logró probar que ésta incurriera en un total incumplimiento de las obligaciones impuestas en los arts. 4 y 31 de la ley 24.557, relativas al control de ejecución del plan de mejoramiento y al deber de denunciar a la empleadora por inobservancia de las normas de higiene y seguridad del trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 410/417), el que fue concedido por el a quo a fs. 418/420 vta.
En su recurso, la parte actora se agravia de que el tribunal de grado violara la doctrina de esta corte en cuanto al resarcimiento por reparación integral establecido en el citado art. 1.074 del anterior Código Civil, siendo la demandada quien debía desvirtuar los hechos alegados por la actora, existiendo una errónea distribución de la carga de la prueba.
Subsidiariamente, se agravia de que el tribunal haya omitido aplicar la ley 24.557, la cual fue solicitada en el escrito de demanda.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que determinar tanto la existencia de la relación causal o concausal entre las labores desarrolladas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, como el análisis del material probatorio y si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del anterior Código Civil, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 119.348, "López", resol. de 22-XII-2015 y L. 120.577, "Rasmussen", resol. de 20-IX-2017).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.2. En ese marco, cabe señalar que el impugnante no logra descalificar la motivación del sentenciante de grado, quien concluyó que el actor no logró demostrar, como era su carga, la responsabilidad de la aseguradora demandada, toda vez que la imposibilidad de llevar a cabo la pericia técnica, sumado al desistimiento de la prueba pendiente de producción, le impidió al tribunal de la instancia conocer y analizar cual había sido la conducta de la aseguradora y si existía o no incumplimientos de los deberes a su cargo. Esto es, si efectuó controles periódicos de las unidades rodantes, especialmente vinculados con la ergonomía de los asientos de los choferes y si daba capacitación interna de seguridad e higiene.
Por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales, el quejoso no logra controvertir de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010; L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.215, "Morales", resol. de 11-IV-2018).
Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca alejado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite (causa L. 120.837, "Rubel", resol. de 6-XII-2017).
III.3. Finalmente, respecto del agravio relativo a la falta de aplicación al caso de las disposiciones de la ley 24.557, cabe recordar que reiteradamente esta Corte ha resuelto que la omisión de tratamiento de planteos o de cuestiones resulta ajena al ámbito del remedio interpuesto, pues tal impugnación es materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. 14-XII-2011; L. 105.609, "Arce", sent. de 12-XII-2012 y L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°102
mff
Fin de la sentencia