Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
FORNERO DE MARCHETTI ALICIA ESTHER Y OTROS C/ PTAK JOSÉ MARÍA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás rechazó la demanda deducida por Alicia Esther Fornero, Vanessa Maricel Marchetti y Fornero, y Daniel Alejandro Marchetti y Fornero contra José María Ptak -representado, ante su fallecimiento, por su viuda Celia Bandeo de Ptak y sus hijos Celia, Karina y Enzo Daniel Ptak- y Asociart ART S.A., en cuanto perseguía la reparación integral de los daños y perjuicios reclamados -con fundamento en el derecho común- con motivo de la muerte de Alcides Horacio Marchetti (v. fs. 546/556).
Para así decidir, juzgó, en primer lugar, que no se hallaba controvertido que el accidente en el que perdió la vida el trabajador ocurrió tal como había sido relatado en el escrito de inicio, sin embargo, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, puesto a analizar los presupuestos de la responsabilidad civil, a partir de la acción con sustento en el derecho común planteada en la demanda, señaló que los accionantes no habían señalado como factor atributivo de responsabilidad el riesgo de la actividad que desarrollaba Marchetti, sino que el elemento causante del daño se le adjudicó a un tercero, que era quien conducía el camión que embistió al ómnibus, y la cosa riesgosa la constituía ese mismo vehículo, el cual no pertenecía al accionado Patk, ni se encontraba bajo su guarda.
En ese mismo sentido, manifestó que la muerte se había producido por la explosión de las garrafas de gas, objetos que habían sido introducidos por la conducta culposa del conductor del camión en el que eran transportadas, circunstancia que implicaba la ruptura del nexo causal y, por ende, una causal de eximición de responsabilidad (v. sent., fs. 554/555).
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 561/574 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 575.
En su presentación denuncian el vicio de absurdo e individualizan las normas y la doctrina legal que consideran vulneradas.
II.1. Esencialmente se agravian de la forma en que el tribunal de grado apreció la prueba producida, especialmente la causa penal.
Al respecto, aducen que si el tribunal hubiera valorado adecuadamente dicho elemento probatorio, no podría haber llegado a la conclusión a la que arribó, por cuanto Marchetti no era quien conducía el colectivo en ese momento, sino que era Sixto Antonio Peón, que resultaba ser también dependiente de la demandada, y quien también tuvo responsabilidad en la causación del accidente.
Asimismo, manifiestan que en ningún momento alegaron que la explosión de las garrafas y el posterior incendio del colectivo habían sido la causa de la muerte de Marchetti.
II.2. Por otro lado, denuncian absurdo y violación del principio de congruencia en el modo en que el tribunal de origen interpretó los hechos narrados en la demanda y las respectivas contestaciones, concluyendo que no se hallaban controvertidos.
En ese mismo sentido, refiere que en la sentencia se hace referencia a dos párrafos del escrito de inicio que nada tienen que ver con la imputación efectuada al señor Ptak en su carácter de empleador y dueño del colectivo.
II.3. También alegan la incorrecta aplicación del art. 1.113 -2° apdo., último párrafo- del anterior Código Civil y la vulneración del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto entienden que era carga de los accionados probar la existencia de los eximentes de responsabilidad invocados al contestar demanda, circunstancia que no surge de ningún elemento de la causa, por lo que resulta cabal el absurdo del tribunal de tenerlos por acreditados.
III. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. En primer lugar, cabe destacar que esta Corte ha declarado que el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoque (causas L. 97.261, "Azpeitia", sent. de 19-XII-2012; L. 114.098, "Encey", sent. de 28-VIII-2013 y L. 121.095,"Cimadevilla", resl. De 11-IV-2018).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
En tal sentido, dable es señalar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
En el caso, los apelantes no cumplen con la carga de acreditar aquel vicio, ya que su crítica -dirigida a controvertir la decisión que tuvo por cierto que la muerte de Marchetti resultó consecuencia del accionar de un tercero, que introdujo la cosa riesgosa (garrafas de gas)- transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, sin probar que medie error en el modo como el juzgador resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
Por lo demás, la alusión a que quien conducía el colectivo también había sido responsable del accidente, y que éste era un dependiente del empleador, por quien sí debía responder, es fruto de una reflexión tardía, resultando -por ende- novedoso, en tanto de ningún pasaje del escrito de inicio surge que se halla imputado responsabilidad al empleador con este alcance.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que el planteo novedoso, que ha sido introducido por primera vez ante la instancia extraordinaria, y por ende extemporáneamente, resulta improcedente para habilitar la vía recursiva (causas L. 116.857, "P., R. A.", sent. de 27-VIII-2014; L. 117.573, "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.", sent. de 28-IX-2016; L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017 y L. 113.926, "Cimalando", sent. de 16-VIII-2017).
III.2. Sentado lo anterior, las críticas con fundamentación en la violación del principio de congruencia, y afincadas en la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, como así también el análisis de las probanzas -en tanto exhiben una mera divergencia con la solución final- no resultan eficaces.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-II-2007 y L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009). Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad de los quejosos con la solución adoptada.
III.3. Por lo demás, tampoco es atendible el planteo mediante el cual se atribuye al juzgador el yerro en la distribución de la carga de la prueba.
En efecto, los interesados no evidencian que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite , en tanto el a quo juzgó que los demandados habían probado el eximente de responsabilidad alegado.
En definitiva, se observa que las motivaciones del pronunciamiento no son eficientemente descalificadas a tenor de la insustancialidad de la réplica, la que se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, no demostrativo -como tal- del mencionado vicio de absurdo, en tanto no resulta un método eficaz de impugnación de las conclusiones volcadas en la decisión, dirigido a disputar a los juzgadores las atribuciones que les asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria (causa L. 104.472, "Cesarone", sent. de 30-XI-2011).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia