Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122145
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
CEJAS ADRIANA TERESA C/ LAPORTE, MERCEDES Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata rechazó en todos sus términos la demanda entablada por Adriana Teresa Cejas contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 208/211 vta.).
Para así decidir, juzgó no acreditado que las patologías reclamadas en la demanda, sean consecuencia o tengan nexo causal con las tareas desarrolladas en favor del accionado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 223/231 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 232.
En su presentación, alega absurdo en la valoración de la prueba y apartamiento de las reglas de la sana crítica.
Denuncia que el tribunal de grado hizo una interpretación parcial y errónea de los medios probatorios producidos, omitiendo ponderar la totalidad de la prueba aportada, lo que conllevó a un resultado injusto y carente de fundamentos suficientes.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. De modo liminar, cabe observar que el juzgador de grado -en ejercicio de las facultades conferidas por la ley procesal del fuero laboral- tras analizar las pruebas producidas y las constancias obrantes en la causa, consideró no acreditado que la actora padezca afecciones incapacitantes causadas o concausadas por las tareas realizadas para la accionada, ni por cosas riesgosas o viciosas, o que hubieren existido acciones u omisiones de la empleadora que tuvieran la incidencia pretendida.
Al respecto, sabido es que determinar el vínculo causal o concausal entre el infortunio sufrido y la incapacidad que el trabajador invoca padecer, el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de revisión en la instancia extraordinaria, salvo la eficaz denuncia y acabada evidencia de la configuración de absurdo (causas L. 117.241, "Sandes", sent. de 5-III-2014; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 117.701, "Titos", sent. de 20-V-2015 y L. 119.348, "López", resol. de 22-XII-2015; e.o.).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico y formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.2. En el caso, si bien la recurrente denuncia la existencia de dicho vicio, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada -vinculada, como se indicó, a la falta de acreditación de nexo causal entre las afecciones padecidas y su relación con el empleo-, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente este Tribunal ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010 y L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016).
Recuérdese que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Cabe señalar que los tribunales de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente los que a su criterio fueren decisivos, pues al regir el sistema de apreciación en conciencia están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia ordinaria si no se demuestra el absurdo (causas L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016 y L. 117.867, "Oreste", sent. de 17-V-2017).
En particular, y ante el reproche que gira en torno a la valoración de la prueba testimonial, es dable recordar que en el proceso laboral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración del referido vicio (causas L. 117.810, "Sperani", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.159, "S., A. F.", resol. de 10-XII-2014); atribución privativa que también les asiste a los magistrados en lo tocante a la evaluación de la prueba pericial y a la eficacia que se adjudique a las conclusiones del experto (causas L. 99.486, "Núñez", sent. de 13-IV-2011 y L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013).
III.3. Finalmente, sabido es que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige, como se anticipó, el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia