Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ROMANO BLANCA ANDREA C/ ENVASES PLASTICOS OLMOS S.R.L S/ DAÑOS Y PERJUICIOS).
La Plata, 17 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por Blanca Andrea Romano contra Envases Plásticos Olmos S.R.L. mediante la cual procuraba una reparación integral con sustento en el derecho común por la dolencia que padece (v. fs. 403/410).
Para así decidir, tuvo por no probado que las cosas manipuladas por la actora revistan riesgo o vicio en el que pueda ser comprendido el daño padecido, y/o que la tarea desempeñada pueda ser calificada de riesgosa, y/o que su incapacidad derive causal o concausalmente de incumplimientos al deber de seguridad o negligencia de la empleadora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 436/446), el que fue concedido por el a quo a fs. 447.
En su presentación indica las normas y la doctrina legal que considera violadas. Denuncia arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba, especialmente la pericial.
En esencia, se agravia del rechazo de la responsabilidad civil imputada a la patronal, toda vez que alega que las actividades desarrolladas debieron haber sido calificadas como riesgosas.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1.a. Al respecto, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso como la determinación relativa a si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del anterior Código Civil, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por la recurrente (causas L. 96.362, "Alincastro", sent. de 28-X-2009; L. 102.695, "Santillán", sent. de 10-VIII-2011 y L. 105.399, "G., S.B.", sent. de 14-III-2012).
III.1.b. La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010 y L. 115.252, "Díaz", resol. de 12-X-2011).
III.1.c. En el caso, la interesada no consigue acreditar tal anomalía, desde que su crítica -dirigida a controvertir la exclusión de la hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en sus dos vertientes: objetiva y subjetiva- transita sobre meras apreciaciones personales sobre el modo en que considera que el a quo debió interpretar las constancias y las probanzas de la causa.
En efecto, el sentenciante de grado tras valorar las declaraciones testimoniales y la prueba pericial técnica, consideró -en ejercicio de facultades que le asisten de modo privativo- que no se podía advertir que los elementos empleados por la actora en el desempeño de su tarea registren riesgo o vicio alguno, en el que pueda ser comprendido el daño por ella padecido. Además, puntualizó que no mediaron denuncias previas o manifestaciones del inicio de la enfermedad que aquejó a la trabajadora como para poder afirmar que medió culpa o negligencia de la empleadora en la asignación o mantenimiento de las labores.
Por todo lo expuesto, tuvo por no verificados los presupuestos de procedencia de la acción por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común.
III.1.d. Siendo ello así, se advierte que la argumentación de la recurrente exhibe, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014 y L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016).
III.1.e. Asimismo, deviene necesario destacar que en el proceso laboral, la valoración de la prueba resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que le adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 119.919, "Pérez", resol. de 10-VIII-2016 y L. 120.109, "López", resol. de 8-II-2017), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
III.2. Cabe agregar que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal citada, toda vez que tales precedentes aluden a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
III.3. Finalmente, carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse previamente infringido preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010; L. 116.581, "Formari", resol. de 29-V-2013 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018), supuesto que no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia