Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 121736
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito de fs. 1274/1279 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar los recursos federales interpuestos. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"ARTURO CEPEDA S.A. AGROPECUARIA C/ FISCO DE LA PCIA. DE BS. AS. S/ DAÑOS Y PERJ-RESP. PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)"
La Plata, 20 de Marzo de 2019.
I. El apoderado de las actoras en ambas causas acumuladas, deduce sendos recursos extraordinarios federales contra la sentencia única de esta Corte que rechazó los de inaplicabilidad de ley interpuestos, por insuficiente fundamentación (arts. 68, 279 y 289, CPCC; v. fs. 1250/1260, 1261/1271 y 1240/1245, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -en fallo único y en lo que aquí interesa destacar- revocó el rechazo de las excepciones de prescripción liberatoria dispuesto en la sentencia anterior respecto de las causas acumuladas "Arturo Cepeda S.A. Agropecuaria contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" y "Sucesores de Carlos Braida S.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" (v. fs. 1156/1187 y 1457/1489, respectivamente)
II. En las vías ahora intentadas -que se trataran conjuntamente por ser idéntico su contenido-, los impugnantes fundan la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 1255, 1257, 1258 vta./1259 y 1266, 1268, 1269/1270).
II.1. Sostienen que el fallo en crisis omitió el tratamiento de una cuestión que resulta esencial para la decisión del litigio y que hace a la caracterización del hecho dañoso como daño continuado, en tanto -asevera- la inundación del campo fue constante e ininterrumpida durante los años 1999 al 2002 (v. fs. 1252 vta., 1257 y 1268).
II.2. Cuestionan, además, que este Tribunal se apartó de la doctrina de la Corte nacional in re "Constructora Barcalá" (Fallos 320:1352) que, según su criterio, resolvió un caso de similar situación fáctica al aquí planteado y, además, fue temporalmente muy posterior al precedente empleado en el fallo que se impugna (v. fs. 1258 y 1269).
De allí que, con sustento en el mencionado precedente, esgrimen que la prescripción no comenzó su curso hasta el momento que cesó el ingreso de las aguas en el campo de las accionantes (v. fs. 1256 vta.).
II.3. Por último, exponen que esta Suprema Corte alteró lo previsto en los arts. 1067, 1068, 1069, 3984, 3986 y 4037 del Código Civil -hoy derogado-, menoscabando la garantía de defensa en juicio y el derecho de propiedad de su parte (v. fs. 1259 y 1270).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 1273), el mismo fue contestado por la apoderada de la parte demandada (v. fs. 1274/1279 vta.).
Con relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito relativo a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 reglones a fs. 1274/1279). En razón de ello, se lo tiene por no presentado, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, 2do. párr., Ac. cit.).
IV.1. Respecto a la vía federal intentada, corresponde recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las vinculadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el caso, la caracterización del daño a los fines de establecer el dies a quo para el cómputo de la prescripción efectuada por el Tribunal de Alzada y la suficiencia técnica del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los términos del art. 279 del CPCC), no justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; CSJN Fallos: 320:1670; 327:272; 329:5424; 330:53; 1708 y 4770, entre otros), extremos que no se advierten en las piezas recursivas de marras, desde que las razones de las impugnantes no constituyen más que discrepancias de criterio, ineficaces -como tales- para habilitar la instancia federal (doctr. art. 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Tampoco se avizora un arbitrario apartamiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citado por las recurrentes ("Constructora Barcalá", Fallos 320:1352), toda vez que las circunstancias allí juzgadas difieren de las planteadas en el presente proceso.
IV.4. Por otro lado, cabe indicar que la mera denuncia de la presunta vulneración de normas constitucionales (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; v. fs. 1259 y 1270), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; entre otros).
IV.5. Resta agregar, que tampoco se observa la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se avizora configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. fs. 1255 y 1266).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito de fs. 1274/1279 vta., reputándose inoficiosa dicha actuación y 2) denegar los recursos federales interpuestos. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia