Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.524, "Pappalardo, Nilda Lourdes contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios."
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, con costas a la parte actora (v. fs. 174/184).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 201/240).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la excepción de prescripción opuesta por la accionada y rechazó la demanda promovida por la señora Nilda Lourdes Pappalardo contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- en cuanto pretendía el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad que padece y, en subsidio, de las prestaciones de la ley 24.557 (v. fs. 174/184).
Para así decidir, con apoyo en la pericia médica (v. fs. 102/107) y sus ampliaciones (v. fs. 123/124), tuvo por acreditado que las labores prestadas por la actora (auxiliar de limpieza, cocina y portera) a favor de la demandada, tuvieron una incidencia del 50% en la causación de las dolencias que esta porta (tales: discopatía del raquis cervical de ubicación C5-C6 que genera cervicobraquialgia y limitación funcional y hernia de disco del raquis inferior de ubicación L5-S1) y que le provocan una incapacidad que -con los factores de ponderación- alcanza el 26,1% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 174/175 vta.).
Luego, para determinar la fecha en que la trabajadora tuvo conocimiento de la minusvalía que padece, el a quo evaluó que esta había sufrido el día 14 de agosto de 2007 un infortunio laboral por el cual la aseguradora de riesgos del trabajo le diagnosticó lumbalgia post esfuerzo y le otorgó prestaciones dinerarias y en especie, dándole de alta sin incapacidad el día 26 de septiembre de 2007. A su vez, tuvo por verificado que la demandante gozó hasta finales del año 2007 de intermitentes y sucesivas licencias médicas y que casi todo el año 2008 no prestó tareas para su empleadora, reintegrándose recién el día 3 de marzo de 2009 con asignación de tareas pasivas por la Junta Médica provincial (v. vered., fs. 177 y vta.).
Señaló entonces que no obstante haberse acreditado la mecánica diaria de las labores desarrolladas por la actora luego de que se le otorgaran tareas livianas -3 de marzo de 2009- podía inferirse que, si bien el trabajo pudo haber tenido incidencia en las dolencias que porta la señora Pappalardo, ello ocurrió, en el mejor de los casos, antes del año 2009 (v. vered., fs. 177 vta. y 178).
Por lo tanto, se apartó de la fecha de toma de conocimiento denunciada en la demanda (agosto de 2010) y concluyó que aún en la hipótesis más favorable para la accionante, esto es, situando el momento de consolidación del daño en el día 3 de marzo de 2009 (fecha del dictamen médico que determina el cambio de tareas), y no sin dejar de destacar el conocimiento que aquella tenía al momento de denunciar el infortunio ocurrido el día 14 de agosto de 2007 y que casi todo el año 2008 no laboró, debía concluirse en autos que a la fecha de interposición de la demanda, el 25 de noviembre de 2011 (v. cargo de fs. 26), la acción se encontraba prescripta (arts. 44, ley 24.557; 258, LCT y 4.037, Cód. Civ.; v. sent., fs. 180 vta./182 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 9 y 258 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8, 13 inc. "b", 21, 25 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 8, 17 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11, 18 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 19 apartado 8 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; 10, 11, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3.956 del Código Civil (2.554, Cód. Civ. y Com.); 43 y 44 de la ley 24.557; 163 incs. 3 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 32 y 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 201/240).
Cuestiona que se hiciera lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada. Denuncia que esta decisión proviene de una absurda valoración de la prueba, pues -sostiene- del expediente administrativo 5.100-17.462/11 surge que el día 3 de marzo de 2009 la Junta Médica provincial otorgó a la trabajadora tareas livianas desde el día 22 de febrero de 2009 hasta el día 31 de diciembre de 2010, es decir, en forma provisoria y por un plazo establecido, indicación esta que no fue renovada; por el contrario, se corrobora con el expediente 5.100-17.461/11 (v. fs. 4 y 5), que para el día 3 de enero del año 2012 la actora ya no registraba tareas livianas sino que cumplía servicios normales (v. fs. 223/224 vta.).
Postula entonces que en el caso el sentenciante confundió el estado de provisoriedad de la minusvalía con el pleno conocimiento de su irreversibilidad. Refiere que, si las tareas otorgadas a la actora lo fueron por un plazo, ella en modo alguno podía conocer el carácter definitivo y permanente de su incapacidad y, menos aún, presumirlo el sentenciante (v. fs. 225 y vta.).
Agrega que el a quo ponderó erróneamente la prueba testimonial, porque debió darle prevalencia a la documentación acompañada (v. fs. 4 y 5 del expte. 5.100-17.461/11) por sobre las declaraciones de los testigos que el propio tribunal calificó de imprecisas. Alega que también soslayó que el informe médico ratificó la fecha de consolidación del daño denunciada por su parte al demandar (agosto 2010), extremo éste que no fuera impugnado por la contraria (v. fs. 225 vta./228).
Por otro lado, sostiene que de todos modos la fecha del dictamen de la junta médica que le otorga tareas livianas (3 de marzo de 2009) hace referencia sólo a su dolencia lumbar, por lo que no pudo ser considerada para determinar la toma de conocimiento respecto de su patología cervical. Alega que quedó acreditado con la documentación acompañada por su parte (RMN de columna cervical; v. fs. 2 y 93) que supo de dicha dolencia recién el día 20 de agosto de 2010 (v. fs. 228 vta./234).
Luego, con apoyo en distintos precedentes de la Corte nacional y de este Tribunal que cita, insiste en que resulta errónea la fecha en que se consideró que debía comenzar a contarse el plazo de prescripción de la acción deducida (v. fs. 235/238 vta.).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, es dable observar que -tal como lo admite el propio interesado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia, representado por el monto reclamado en la demanda (v. fs. 14/17), no supera el importe mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
La función revisora de la Suprema Corte queda entonces circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
En este sentido, cabe aclarar que no se advierte en el caso que la eventual arbitrariedad postulada por la recurrente origine una cuestión federal que habilite el levantamiento de las restricciones que para el acceso a esta instancia extraordinaria contiene la legislación local.
III.2. Bajo tales premisas, en el acotado margen de revisión que provee la excepcional hipótesis contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, los agravios traídos no pueden tener cabida.
Si bien el recurrente invoca ciertos precedentes cuya doctrina denuncia violada, el embate -en verdad- sólo trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho privativas de los jueces de grado, que como tales, se encuentran excluidas del acotado marco de revisión por el que transita este medio de impugnación (causas L. 98.341, "Pueblas", sent. de 16-XII-2009 y L. 119.368, "Arévalo", sent. de 28-VI-2017; e.o.).
Tal como los son las relativas a la determinación de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad por parte del trabajador y el punto de partida para el cómputo del curso de la prescripción, o las concernientes al absurdo en la valoración de la prueba (causas L. 90.713, "Brandt", sent. de 31-X-2007; L. 89.859, "Buhrer", sent. de 3-VI-2009; L. 90.108, "Rodríguez", sent. de 30-IX-2009; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 86.075, "Giménez", sent. de 30-III-2010; L. 100.969, "Sastre", sent. de 5-V-2010; L. 105.334, "Montoya", sent. de 29-II-2012 y L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016).
Cabe agregar que ha declarado esta Corte que la invocación de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos distintos a los de la causa bajo juzgamiento o de aquella referida al vicio de absurdo, no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 116.567, "Ayala", sent. de 27-IX-2017).
III.3. No habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia