Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 2 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.430, "González, Nélida contra Municipalidad de Avellaneda y otro. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Avellaneda hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 413/424 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 437/453 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 498/500), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, condenando a Provincia ART S.A. a abonar a la actora señora Nélida González -en un único pago- la prestación contemplada en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, con motivo de la muerte del trabajador señor Luis Alfonso Pons -ocurrida el día 27 de agosto de 2007-, quien fuera en vida su cónyuge. Por otro lado, rechazó el reclamo en concepto de reparación integral de daños y perjuicios, sustentado en el derecho común, respecto de la Municipalidad de Avellaneda.
II. En el recurso extraordinario de nulidad, deducido en subsidio del de inaplicabilidad de ley (v. fs. 451 vta./452 vta.), sostiene la impugnante que el órgano de origen omitió pronunciarse respecto de uno de los rubros pedidos expresamente en la demanda.
Afirma que esa preterición constituye un supuesto de incongruencia por omisión que infringe la manda del art. 168 de la Constitución local y conduce a declarar la nulidad del pronunciamiento de grado.
Señala, con relación al reclamo fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo, que en el escrito introductorio de la litis peticionó las prestaciones previstas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 de dicho cuerpo legal.
Indica que el tribunal a quo sólo se pronunció respecto de la primera, declarando su procedencia, y nada dijo respecto de la segunda, no surgiendo del fallo motivo o fundamento alguno que justifique la apuntada omisión.
III. En concordancia con lo expuesto en el dictamen del señor Procurador General, entiendo que el recurso debe prosperar con el alcance que habré de precisar.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que, si bien resulta inadmisible la interposición subsidiaria de los recursos extraordinarios, en la medida que éstos posean fundamentos propios y no promiscuos, corresponde su tratamiento (causas L. 99.701, "Lucero", sent. de 11-III-2013 y L. 117.905, "Sindicato", sent. de 15-IV-2015).
Al respecto, observo que la actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 437/453). Fundó el primero en los dos apartados que componen el acápite V de su escrito impugnativo (v. fs. 442/451 vta.). Luego, en subsidio, argumentó en forma autónoma la vía extraordinaria de nulidad en el punto VI (v. fs. 451 vta./452 vta.).
De tal modo, con apoyo en la doctrina legal citada, cabe habilitar su tratamiento.
III.2. Sentado ello, advierto que, del análisis de las constancias de la causa, se desprende que en la demanda, al fundar la pretensión amparada en el sistema de la ley especial de riesgos del trabajo, la actora peticionó la prestación prevista en el art. 15 apartado 2 de dicho plexo legal, así como la adicional de pago único establecida en el art. 11 apartado 4 (v. dem., fs. 49 vta./52).
Ahora bien, como con acierto pone de manifiesto la interesada, en el fallo impugnado el tribunal de la instancia de origen sólo se pronunció con relación a la prestación por fallecimiento, sin formular alusión alguna a la compensación adicional cuyo pago se procuraba con sustento en la última de las normas citadas.
En estas condiciones, considero que el tribunal de grado ha omitido el tratamiento de una cuestión esencial llevada a su conocimiento, como lo es la petición fundada en el art. 11 apartado 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo, quebrantando así el art. 168 de la Constitución provincial.
Al respecto, cabe aquí recordar que es cuestión esencial toda materia que integra la pretensión liminar y sobre la cual debe expedirse el a quo . La ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva la nulidad del fallo (causas L. 116.795, "Duboski", sent. de 6-V-2015 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018), tal y como -reitero- sucede en el caso.
Ahora bien, con relación a los alcances de la nulidad que aquí propongo, cabe recordar que, tal como se resolvió en la causa L. 80.137, "Garín" (sent. de 6-IX-2006), la preterición incurrida permite la anulación parcial de la decisión exclusivamente en relación a dicho reclamo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014 y L. 117.387, "De León", sent. de 22-IV-2015).
Ello así, pues se señaló en el citado precedente que declarar la nulidad de los restantes fragmentos de la decisión deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional, que afecta el rendimiento del servicio de administración de justicia.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto en él se omitió el tratamiento de la pretensión sustentada en el art. 11 apartado 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte nuevo fallo respecto a dicho reclamo (art. 298, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces, doctores de Lázzari , Negri y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la legitimada activa denuncia la violación de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo y Protocolo 2.002 aprobados por ley 26.693; 510, 512, 1.071, 1.074, 1.109, 1.113 y 1.201 del Código Civil (ley 340); 75 y 200 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1, 4, inc. 1 y 31 inc. 1 apartados "a" y "c" de la ley 24.557; 2 de la ley 11.544; 5 inc. "f" y 8 incs. "a", "b" y "d" de la ley 19.587; 12 inc. "d" y 13 de la ley 11.757; 10 del decreto 1.338/96; 18, 19 inc. "c" y 21 del decreto 170/96 y de la doctrina legal que cita.
Critica la definición de grado que rechazó la demanda por la reparación integral del daño por juzgar configurada la exclusiva culpa de la víctima en la producción del evento.
Alega que el tribunal de trabajo arribó a la conclusión desestimatoria de la acción por conducto de valorar absurdamente los hechos y las pruebas de la causa.
En este aspecto, sostiene que dicho órgano jurisdiccional transgredió el principio de primacía de la realidad, pues, mas allá de las formalidades que supuestamente debía cumplir Pons durante su trabajo, era lo cierto que la empleadora estaba en conocimiento de que utilizaba un precario brasero para calefaccionarse y que por las noches se refugiaba en un antiguo cuarto de herramientas sin ventilación.
Señala que este era el modo habitual de ejecutar sus tareas, por lo que devino absurdo y contradictorio el fallo en cuanto sostuvo que el trabajador incumplió con sus obligaciones al encerrarse en una habitación para protegerse de asaltos y del frío.
Aduce que el juzgador también vulneró el principio de congruencia porque le atribuyó a la víctima el carácter de dueña del brasero cuando tal extremo no fue alegado, ni mucho menos controvertido, por ninguna de las partes en el proceso.
Expone que tampoco tuvo en consideración la extensa jornada de labor que diariamente cumplía Pons, cesando su obligación de permanecer despierto una vez cumplidas las 7 hs. de trabajo nocturno, asistiéndole luego el derecho de descansar y buscar cobijo en la única habitación disponible.
Refiere que el tribunal soslayó meritar que las tareas eran prestadas en un ambiente laboral precario, sin calefacción ni adecuada ventilación, todo lo cual violentaba elementales derechos constitucionales del trabajador.
Expresa que en dicho contexto no pudo válidamente el a quo tener por configurada la eximente de responsabilidad por exclusiva culpa de la víctima en la producción del luctuoso suceso. Por el contrario, afirma, encerrarse en una habitación y encender un elemento de calefacción no constituye incumplimiento de deber alguno, sino que significó el desesperado intento por mejorar el precario ambiente laboral, el que bajo las condiciones descriptas se comportó como una cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil.
Por otra parte, aduce que no obstante hallarse demostrado con la pericia técnica los numerosos incumplimientos de la empleadora en materia de seguridad e higiene en el trabajo, que fueron la causa directa del infortunio, el tribunal de origen omitió por completo atribuir responsabilidad civil subjetiva al principal.
Por último, controvierte el pronunciamiento en cuanto desestimó la demanda interpuesta contra la aseguradora de riesgos del trabajo con fundamento en los arts. 4 y 31 de la ley 24.557 y 1.074 del Código Civil.
Sobre el tópico, argumenta que la obligación de dicha entidad no se agotaba en la necesidad de capacitar al trabajador en el uso de elementos de calefacción, sino que debió implementar medidas de seguridad concretas para evitar episodios como el verificado en autos, consistentes en adoptar un procedimiento de trabajo seguro para el puesto de sereno y la construcción de un lugar con ventilación adecuada. Agrega que si bien llevó a cabo dos inspecciones en forma previa al accidente, en ninguna de ellas evaluó los riesgos laborales del puesto de trabajo, tarea que -manifiesta- fue concretada con posterioridad al fallecimiento de Pons.
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo preliminar, debo señalar que en el caso -tal como lo resolvió el tribunal de grado en el auto de concesión de fs. 454/455, que no ha merecido objeciones- el valor del litigio -representado por el monto de los rubros reclamados complementariamente en demanda en concepto de reparación integral (comprensiva de los daños patrimonial y moral, v. fs. 42/44 vta.)- no supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010); razón por la cual, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
II.2. En ese acotado marco de análisis, anticipo que no se configura en el caso el mentado supuesto, toda vez que la interesada sólo trae a consideración de esta Corte cuestiones de índole fáctica y probatoria, ajenas, por definición, al ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 96.699, "Grisette", sent. de 11-VII-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; e.o.).
Tales cuestiones, en el caso, son las vinculadas al análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, la determinación relativa a la configuración de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (vigentes en la fecha en que sucedieron los hechos ventilados en la causa), y las eximentes de responsabilidad que esta última normativa prevé (causas L. 100.035, "Aquino", sent. de 17-VIII-2011; L. 102.278, "S., J. A.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 119.629, "Larsen", sent. de 14-VI-2017). Asimismo, aquellas destinadas a establecer si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como también el nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral (causas L. 115.585, "Valdés", sent. de 5-XI-2014; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017).
Conocido es que la hipótesis de excepción no comprende impugnaciones vinculadas a asuntos de orden puramente fáctico o circunstancial, por lo que luce inatingente e ineficaz la mención de doctrina relativa al concepto de absurdo que contiene el recurso (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018); como asimismo aquella referida al principio de congruencia (causas L. 99.949, "Avendaño", sent. de 13-X-2010 y L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012).
En síntesis, el intento recursivo es inoficioso, pues la predicada infracción de la doctrina legal identificada por el agraviado es justificada a partir de un distinto análisis de los hechos que conforman la estructura de la litis y de la prueba adquirida durante el curso del proceso.
Por último, atento que el quejoso ha sustentado la crítica en opiniones de autores y jurisprudencia de otros tribunales, conviene recordar que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que dimana de los fallos de esta Corte (causas L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; L. 119.604, "Altamirano", sent. de 21-VI-2017 y L. 119.736, "Yucra Coronado", sent. de 21-II-2018).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces, doctores de Lázzari , Negri y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula parcialmente la sentencia con el alcance indicado. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento (art. 298, CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia