Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119159
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Soria , Negri, Pettigiani, Genoud, Kogan , Kohan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.159, "Salmerón, Miriam Elisabet contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 454/466).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 496/501).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 511) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado el mismo?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Con fundamento en la doctrina establecida por esta Corte ante casos sustancialmente análogos (causas L. 118.131, "Vaccaro", resol. de 3-XII-2014; L. 118.403, "Bruch", L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resols. de 1-IV-2015; L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resols. de 26-III-2015; e.o.), corresponde responder afirmativamente el interrogante aquí planteado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En efecto, desde lo resuelto en la citada causa L. 118.131, este Tribunal declara que la mentada incorporación de la excepción a la carga prevista en el art. 56 de la ley 11.653 constituye una manifestación legislativa del ejercicio de la facultad constitucional de reglar los recaudos procesales de admisión de los recursos extraordinarios locales, con arreglo a la cual se sustrae a la Provincia de Buenos Aires del cumplimiento de esa erogación económica en caso de sentencia de condena.
Desde esta perspectiva, hubo de concluirse que la indicada exención no se exhibe reñida con el propósito legal, ni se vislumbra irrazonable o arbitraria, toda vez que no aparece comprometida la finalidad tuitiva del precepto, en tanto y en cuanto se torna operativa la presunción de solvencia que ampara a los Estados provinciales (CSJN L.118.XXII "La Plata Remolques S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa", Fallos: 311:1835, sent. de 13-IX-1988; U.19.XXII "Universidad Nacional de Tucumán c/ Catamarca, Provincia de s/ acción meramente declarativa", sent. de 6-X-1988; A.667.XXII "Asistencia Médica Privada S.A.C. c/ Chaco Provincia del s/ cobro de pesos", sent. de 12-VI-1990; C.378.XXII "Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Chaco, Provincia del s/ Ejecución fiscal", sent. de 30-V-1995), aun en situaciones de emergencia (CSJN S.2960.XXXVIII "Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo", sent. de 1-IX-2003; Fallos: 316:107; 318:1084 y sus citas; 324:1784; e.o.).
Por lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial y, en consecuencia, bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión planteada también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Disiento con la opinión del doctor de Lázzari.
La reforma del art. 56 de la ley 11.653 introducida por el art. 86 de la ley 15.552, en cuanto exime al Fisco provincial de realizar el depósito previo de capital, intereses y costas de condena como requisito de admisibilidad de los recursos extraordinarios, es inconstitucional.
Esta Corte ha expresado en reiteradas oportunidades que la carga pecuniaria establecida en el citado art. 56, sin ser un pago anticipado de la sentencia (causas L. 105.908, "Bernardello", sent. de 30-IX-2009; L. 93.978, "Battini", sent. de 22-IX-2010; L. 101.237, "Mulleady", sent. de 2-VII-2014; e.o.), tiene por finalidad asegurar la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones el crédito del trabajador, del que el pronunciamiento recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas Ac. 37.218, "Avena Mora", resol. de 30-IX-1986; Ac. 102.960, "Aparicio", resol. de 8-VIII-2008; L. 117.394, "Báez", resol. de 12-VI-2013; e.o.).
En su versión anterior a la reforma que se analiza, el depósito previo no admitía otras excepciones (además, claro está, de la relativa al trabajador dado el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22, ley 11.653) que no fueran las derivadas de la "quiebra o concurso civil del demandado declarados judicialmente", es decir, las provenientes de casos de desapoderamiento patrimonial o de la demostración de imposibilidad de afrontar el pago de la condena. Se admitió también, por vía jurisprudencial, que en caso de que el recurrente alegue una desproporcionada magnitud del monto a depositar y su capacidad económica y la falta de medios para cumplir el depósito previo previsto en la norma procesal laboral, el a quo deberá sustanciar un incidente a fin de que se produzca la prueba tendiente a demostrar esos extremos (causas L. 113.578, "Leiva", resol. de 22- XII-2010; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011; L. 117.370, "Abalone", resol. de 16-X-2013; L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014; e.o.).
Como puede verse, el resto de los condenados solventes -incluido el Fisco provincial- debía hacer frente a esa carga procesal pecuniaria.
Al respecto este Tribunal declaró invariablemente que el Fisco provincial no estaba exento del cumplimiento del depósito previo (causas L. 232, sent. de 4-VI-1957, "Acuerdos y Sentencias", 1957-III-1953; Ac. 34.564, resol. de 19-III-1985; Ac. 50.406, resol. de 14-IV-1992; e.o.), y precisó, incluso, que no correspondía eximirlo atendiendo a su solvencia dado que esa exigencia procesal procuraba que el trabajador cobrara de forma inmediata su crédito, del cual la sentencia recurrida que lo acogía constituía fuerte presunción (causa Ac. 36.873, resol. de 12-VIII-1986).
Coincidente con esa finalidad de facilitar la materialización de los créditos laborales, en este proceso, como regla, los arts. 294 y 295 del Código Procesal Civil y Comercial -relativos a la pérdida del depósito previo- no se aplican al condenado recurrente cuando el resultado del recurso no le fuera favorable o la Corte lo declarara bien denegado; tampoco existe un dispositivo legal de contenido similar en el ordenamiento especial.
La norma, en su versión anterior a la reforma introducida por la ley 14.552 se correspondía conceptualmente con los mandatos constitucionales de protección del trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional-, y de igualdad (arts. 14 bis y 16, Const. nac.). La reforma, por el contrario, colisiona con esos derechos.
La presunta solvencia del Estado provincial antes que justificar su auto eximición del depósito previo, es el dato relevante que lo coloca en igualdad de situación con el resto de los empleadores del sector privado cuya quiebra o concurso no fueron declarados o que no demostraron la desproporcionada magnitud del monto con relación a su capacidad económica y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones (causa L. 117.977, "Yungblut", resol. de 16-VII-2014). Si el Estado es solvente ¿cuál es el motivo para, a diferencia de los otros recurrentes condenados, dejar de hacer el depósito previo que las sucesivas leyes procesales laborales han impuesto desde el año 1947? Ninguna pista da la ley 14.552 de Gastos y Recursos de la Administración provincial (B.O., 23 y 24-XII-2013) por lo que no encuentro otro motivo que no sea el de concederle una ventaja exclusiva, sin causa que la justifique, que daña la igualdad entre empleadores a la vez que atenta contra la indemnidad del trabajador.
Si bien es cierto que la concesión de los recursos extraordinarios está sujeta a la reglamentación legislativa a través de las leyes de procedimiento, esa facultad de reglar los recaudos procesales de admisión de las impugnaciones extraordinarias no puede desentenderse de los principios sustanciales que necesariamente se proyectan al ámbito adjetivo y de que el proceso es un instrumento realizador del derecho de fondo.
Ese derecho de fondo que además de procurar la seguridad física del trabajador se ha prolongado naturalmente en la idea de su seguridad económica.
Y no otra finalidad tuvo la disposición que imponía la carga del depósito previo de capital, intereses y costas de la condena, en cuanto regulación puesta al servicio de hacer operativas las garantías de percepción íntegra, oportuna y cómoda de las indemnizaciones y otros créditos laborales.
En tal sentido, una reforma legislativa como la que se analiza es claramente incompatible con el principio de progresividad y no regresividad consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, art. 26) y en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1). Y el Estado provincial no ha justificado esa regresividad, es decir, no se ha ocupado de intentar explicar, siquiera, que pese a implicar un retroceso en un derecho, la norma ha importado un avance teniendo en cuenta la totalidad de los derechos previstos en el pacto.
Por ello, y en razón de todo lo demás expuesto, la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al art. 56 de la ley 11.653 debe ser declarada inconstitucional en la medida que resulta violatoria de los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1 del Protocolo de San Salvador (art. 75 inc. 22, Const. nac.).
Atento el modo como se resuelve, corresponde intimar a la recurrente para que en el plazo de cinco días integre el depósito del art. 56 de la ley 11.653, bajo apercibimiento de denegar el recurso interpuesto.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Genoud, Kogan y Kohan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión planteada también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda deducida por la señora Miriam Elisabet Salmerón contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto procuraba -con fundamento en las normas del derecho común- el cobro de una indemnización integral por la incapacidad que contrajera como consecuencia del desarrollo de las tareas prestadas como supervisora en el centro de atención de llamadas de emergencia (CATE), bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
II. Contra esta forma de resolver la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 622, 623, 1.068, 1.069, 1.077, 1.078, 1.083, 1.109, 1.113, 1.124 y 1.128 del Código Civil; 12, 14, 17, 18, 20 y 39 inc. "1" de la ley 24.557; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 -modif. art. 4, ley 25.561- y de la doctrina legal que identifica.
II.1.a. Cuestiona, en primer término, la atribución de responsabilidad objetiva formulada en la sentencia con sustento en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Alega que el tribunal interviniente interpretó y aplicó erróneamente la doctrina legal que surge de la causa "Ferreyra" pues, a su criterio, no puede ser aplicada con carácter genérico.
Tras destacar que las tareas de Salmerón -limitadas a controlar a un grupo de trabajadores que se ocupan de la atención telefónica- no tendrían el carácter de "riesgosas", expresa que en el citado precedente esta Suprema Corte contempló el supuesto de atribución de responsabilidad por la actividad riesgosa en razón de las anómalas circunstancias en que se realizaban las tareas, requisito ausente en la especie, desde que no se probó que la función de supervisora de otros empleados haya sido desplegada por la promotora del pleito en condiciones que agravaran su riesgo habitual.
Explica, además, que los argumentos explicitados por este Tribunal en el precedente "Ferreyra" no resultan válidos para avalar la conclusión de que el art. 1.113 del Código Civil contempla a la actividad riesgosa como un factor de atribución objetivo de responsabilidad, lo que también impide la aplicación de esa doctrina al caso bajo examen.
Indica que en autos se contempló irregularmente como factor de atribución la actividad riesgosa por su propia naturaleza y no en relación con las particulares circunstancias en que se prestó.
Argumenta, citando doctrina de autor, que el art. 1.113 -t.o. ley 17.711- se limitó a establecer exclusivamente la responsabilidad por el "riesgo o vicio de la cosa", sin hacerse cargo de la "actividad riesgosa" (v. fs. 497 vta./499).
II.1.b. Objeta, además, la parcela del pronunciamiento que halló configurado el presupuesto de atribución de responsabilidad subjetiva de la Provincia de Buenos Aires.
Desde esa perspectiva, aduce que el fundamento de la condena con apoyo en la norma del art. 1.109 del por entonces vigente Código Civil carece de andamiaje legal, pues sostiene que, con los expedientes administrativos acompañados por la actora, se acreditó que la aseguradora de riesgos del trabajo determinó que su patología tenía carácter inculpable y que sus superiores jerárquicos acogieron todos sus pedidos de naturaleza personal (v. fs. 499 y vta.).
II.2. Seguidamente, se agravia del quantum indemnizatorio determinado por el juzgador.
Argumenta que el a quo no tuvo en cuenta que el personal dependiente del servicio policial de la Provincia de Buenos Aires goza de un sistema previsional excepcional que permite acogerse a los beneficios jubilatorios al cumplir cincuenta años de edad, percibiendo el 100% del haber.
Agrega que la ley 9.550 -incluso- le permite a dichos trabajadores pasar a retiro al adquirir treinta años de servicio independientemente del requisito de la edad mínima.
En tal sentido, denuncia transgredida la doctrina legal que emerge del precedente L. 78.500, "Buceta", sent. de 21-V-2002 (v. fs. 499 vta./500).
II.3. Finalmente, se alza contra la aplicación de intereses sobre el capital de condena conforme la denominada tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ello, por considerar que tal definición se aparta de la doctrina emanada de los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); entre otros (v. últ. fs. cit.).
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. El tribunal de grado -con sustento en la experticia médica- tuvo por acreditado que, como consecuencia de las tareas que prestaba bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como supervisora en el centro de atención de llamadas de emergencia (CATE), la actora padece un trastorno por estrés postraumático de alto grado que la incapacita en un 70% del índice de la total obrera, siendo atribuible a su trabajo sólo en un 50%, es decir, un 35% indemnizable (v. vered., fs. 454/455).
Indicó -con apoyo en la prueba testimonial- que las tareas realizadas (a saber: asistir a los operadores que responden las llamadas telefónicas de emergencia con los más trágicos motivos -secuestros, suicidios, violaciones, asaltos, etc.-, y ser el nexo entre ellos y la jefatura de la sala) y en las condiciones en que lo hacía (con gran cantidad de personal a cargo e imposibilidad de tomarse descanso, entre otras) revisten el carácter de apremiantes, angustiantes y con alto contenido de estrés, cuyo objetivo -para más- se desvirtuaba con el tiempo pues era más relevante la cantidad de llamados atendidos que la contención o calidad en el tratamiento que debían brindar (v. vered., últ. fs. cit.). Asimismo, consideró que las funciones descriptas reúnen las características de extraordinarias respecto de un ámbito laboral normal o corriente; al tiempo que la ausencia de controles periódicos por parte de la empleadora y la falta de descanso adecuado define -en el caso- la existencia de omisiones al deber de seguridad a cargo de la demandada (v. vered., cuestión cuarta, fs. 455 y vta.).
En la etapa de sentencia, y en lo que resulta especialmente relevante, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetivos y subjetivos de la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
Respecto de la primera, afirmó que las tareas realizadas por Salmerón resultan de notoria entidad riesgosa al realizarse en condiciones de estrés, zozobra e intranquilidad anímica y, por lo tanto, aptas para provocar afecciones o desgaste psicofísico.
En tal sentido, aclaró -con cita de la doctrina legal establecida en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004); entre otras- que el vocablo "cosa" se extiende para abarcar las tareas específicas del trabajador y la actividad laboral en sí misma considerada, quedando incluidas en el concepto de riesgosas cuando pueden generar un resultado dañoso.
Concluyó entonces que el trabajo de Salmerón se convirtió, por conducto del estrés al que necesaria y permanentemente resultó expuesta, en una actividad altamente riesgosa en virtud de la cual se generó el daño padecido en el desencadenamiento o agravamiento de la dolencia psiquiátrica que la afecta (v. sent., fs. 458 vta./460).
Sostuvo también que la empleadora debía responder por hallarse verificada su responsabilidad subjetiva, ya que entendió que la omisión de la empleadora en la realización de controles o exámenes periódicos en una actividad como la realizada por la actora -teniendo en cuenta las características de las exigencias continuas y permanentes-, impidió apartarla oportunamente de las condiciones laborales que resultaron nocivas para su salud, colocando a la accionada en un grave incumplimiento del deber de seguridad que le incumbe (v. sent., fs. 460 y vta.).
Tras juzgar configurada la responsabilidad civil de la Provincia de Buenos Aires, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo (arts. 1.109 y 1.113, Cód. Civ. -ley 340-), abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En esa tarea, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería la actora según su reclamo fuera atendido conforme las previsiones de la ley 24.557, o en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
En ese orden, y por aplicación de la fórmula "Méndez", estimó el rubro lucro cesante y pérdida de chance en la suma de $242.881,45, a la que adicionó $50.000 por la pérdida en su vida de relación y $30.000 en concepto de daño moral; arribando a un total de $322.881,45 (v. sent., fs. 481/482 vta.).
Luego, y teniendo en cuenta que Salmerón adquirió su enfermedad concausalmente con motivo y en ocasión del trabajo, hizo lugar a la prestación por incapacidad permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a", la que estimó en $111.510,36, declarando la inconstitucionalidad del tope establecido en la norma de referencia.
Al verificar la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 por resultar conculcatorio de las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 17 y 19 de la
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