Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121047
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.047, "Caraballo, Teresa Claudia contra Cuevas, Angel Norberto F. y ot. Daños y perjuicios".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro revocó parcialmente la sentencia de primera instancia al rechazar la demanda interpuesta contra Ángel Norberto Fabián Cuevas, José Alberto Zapata y Liderar Compañía General de Seguros S.A, citada en garantía. A su vez aumentó la indemnización del daño físico y moral y la confirmó en todo lo demás decidido (v. fs. 1.742).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.813/1.842 vta.).
En atención a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la nación se corrió traslado a las partes (v. fs. 1.879 y vta.), el que fue respondido únicamente por la actora (v. fs. 1.881/1.886).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. La señora Teresa Claudia Caraballo promovió demanda de daños y perjuicios contra Angel Norberto Fabián Cuevas, Guillermo Cruz Solís, Adrián Roberto Prado, Mónica Patricia Carletti y contra quien resultara civilmente responsable de la explotación comercial de la agencia "Remises Madero". Reclamó una indemnización por los perjuicios padecidos a raíz del accidente de tránsito ocurrido en ocasión en que era transportada por el automóvil remis marca Peugeot, dominio SHX-636, conducido por el señor Cuevas, cuando el rodado fue colisionado por el camión Chevrolet C 60, dominio WVW-783, al mando del señor Solís. Solicitó la citación en garantía de Liderar Compañía General de Seguros S.A. en relación al automotor remis. Relató que el hecho había ocurrido el 1 de octubre de 2003 pasadas las 17:00 hs. cuando se dirigía a su domicilio en General Pacheco, acompañada por un conocido, quien había contratado el remis, y en el que eran transportados, junto con dos niños, por la avenida Sobremonte en la localidad de San Fernando y que al llegar a la intersección de la calle Rivadavia el remis fue embestido por el camión conducido por Solís. Señaló que ambas arterias eran de doble mano de circulación de tránsito y peticionó que se la indemnice por daño físico e incapacidad, daño estético, daño psíquico, tratamiento psicológico, daño moral, gastos de asistencia médica y traslados (v. fs. 96/107 vta.).
Posteriormente amplió la demanda contra Fernando Oscar Angeli, como responsable de la agencia "Remises Madero" y contra José Osvaldo Castro, como titular registral del camión marca Chevrolet (v. fs. 390 y vta.).
Corrido el traslado de ley, se presentaron a contestar demanda la citada en garantía (v. fs. 412/418 y vta.) repeliéndola; el señor Prado y la señora Carletti oponiendo excepción de previo y especial pronunciamiento al denunciar la venta del automóvil Peugeot al señor José Alberto Zapata (v. fs. 438/441); el señor Angeli oponiendo falta de legitimación activa y pasiva (v. fs. 451/453); el señor Castro denunciando la venta del camión Chevrolet al demandado Solís (v. fs. 506/507).
La actora contestó el traslado de las excepciones opuestas por el demandado Angeli (v. fs. 460/463 vta.) y peticionó la ampliación de demanda contra el señor Zapata (v. fs. 512; 513; 516/519; 552 y vta.). Se declararon rebeldes a los demandados Cuevas (v. fs. 429), Zapata (v. fs. 625) y Solís (v. fs. 724).
Se abrió el juicio a prueba y, a su turno, se dictó sentencia haciendo lugar a las excepciones planteadas por el señor Prado y la señora Carletti y por el señor Angeli, admitiendo la demanda, solamente, contra los señores Cuevas (chofer del remis), Zapata (titular registral del remis), Solís (chofer del camión) y Castro (titular registral del camión), condenándolos a abonar a la actora la indemnización determinada con más intereses a la tasa que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (sic) a treinta días. Hizo extensiva la condena a Liderar Compañía Argentina de Seguros S.A. e impuso las costas a los demandados vencidos (v. fs. 1.597/1.610).
Este pronunciamiento fue apelado por la citada en garantía (v. fs. 1.613) y por la actora (v. fs. 1.623), presentando sus respectivos memoriales (v. 1.688/1.691 vta.; 1.698/1.710).
I.2. Elevadas las actuaciones a la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, ésta modificó la sentencia, desestimándola respecto de los demandados Cuevas y Zapata y de la citada en garantía. A su vez aumentó la indemnización determinada por daño físico y daño moral y confirmó la sentencia de grado anterior en todo lo demás decidido. Impuso las costas de primera instancia y las de alzada a los demandados Solís y Castro.
Para decidir sobre la responsabilidad del señor Fernando Oscar Angeli, cuya desestimación provocó el agravió de la actora, tuvo en cuenta que este último había sido demandado como titular y responsable de "Remises Madero" y que la accionante no había logrado probar que tenía la titularidad de la agencia de remises, ya que de las constancias de autos surgía que esa habilitación estaba a nombre de Susana Zorzoli de Angeli, desestimando, así, los argumentos de la actora basados en la relación económica y funcional que le atribuía a la receptoría, de la que el señor Angeli era el titular, con la agencia de remises, pues tales hechos no habían sido materia de la litis ni sometidos a consideración del sentenciante de grado anterior (v. fs. 1.733/1.734 vta.).
Seguidamente respondió la Cámara a los agravios de la citada en garantía, en los que cuestionaba la responsabilidad atribuida al chofer del remis, asegurado por ella, atribuyéndosela únicamente al chofer del camión, concluyendo que se había acreditado la culpa de un tercero por el que no debía responder, en la persona del chofer del camión, por aplicación del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 1.734 vta./1.735 vta.).
Para así decidir se apoyó en la doctrina legal de esta Corte sostenida en las causas Ac. 78.088, Ac. 79.618, Ac. 87.234, Ac. 87.125 y 105.185, estableciendo que el chofer del camión había violado la prioridad de paso que se les reconocía a los vehículos que transitaban por la avenida, criterio que entendió se correspondía con el art. 9 de la ley 11.430, pues su razón de ser era mantener la fluidez del tránsito en la vía calificada como avenida. De allí es que concluyó que el automóvil Peugeot, dominio SHX-636, conducido por el demandado Cuevas que circulaba por la avenida Sobremonte de la localidad de San Fernando en dirección a General Pacheco contaba con prioridad de paso frente al camión Chevrolet C 60, dominio WVW-783 que circulaba por la calle Rivadavia, a la derecha del otro rodado, configurándose así la eximente alegada por la aseguradora, lo que se hacía extensivo al demandado Cuevas y al poseedor del automóvil, el demandado Zapata, por tratarse de obligaciones concurrentes, de conformidad con la doctrina legal establecida en las causas Ac. 63.968 y Ac. 107.055 (v. fs. 1.735 vta./1.737).
Por último, en la medida del recurso planteado, la Cámara confirmó la tasa de interés determinada en primera instancia, al hacer aplicación de la doctrina legal sentada en la causa Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 25-V-1991), en la que se había establecido que a partir del 1 de abril de 1991 debía aplicarse la tasa de interés que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación, criterio que había sido reiterado en sucesivas causas (v. fs. 1.741 y vta.).
II. Se agravia la recurrente, por medio de apoderado, denunciando la errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 164, 170 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial; 184 del Código de Comercio; 1.113 del Código Civil, de la ley 11.430; 16, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 18, 31 y 168 de su par provincial; errónea interpretación de los hechos y de la prueba; violación del principio de congruencia y de la doctrina legal.
La recurrente comienza su impugnación explicando sucintamente las violaciones que denuncia, señalando que la Cámara ha aplicado erróneamente la doctrina legal de las causas Ac. 79.618, "Salinas" y Ac. 78.088, "Cassini" (ambas sents. de 8-VI-2005), apartándose de esa manera del razonamiento que efectuó la magistrada de grado anterior que entiende correcto, pues en esas causas se había resuelto sobre la prioridad de paso de las avenidas respecto de una calle transversal de una sola mano, cuando en el presente caso se trata de una avenida y una calle transversal de igual tamaño y ambas de doble mano de circulación, por lo que el sentenciante ha hecho una interpretación errónea de los hechos y de la prueba (v. fs. 1.820 vta./1.821).
Luego hace mención de que en el caso hay dos órbitas de responsabilidades, una de naturaleza contractual que relaciona a la actora con la empresa de remis, con el conductor y con el propietario de ese automotor, basada en el contrato de transporte, y otra de naturaleza extracontractual con responsabilidad objetiva derivada del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 1.821 vta./1.822 vta.).
Refiere que ha quedado demostrado que ella era transportada por el remis cuando éste colisionó con el camión que no poseía seguro (v. fs. 1.822).
Transcribe el art. 184 del Código de Comercio y recuerda que la jurisprudencia ha establecido que la responsabilidad que se establece en el artículo es de naturaleza objetiva impuesta por el legislador por razones de política en materia de transporte con el objetivo de inducir a las empresas a extremar las precauciones respecto de la calidad y estado del funcionamiento del material y de la capacidad y desempeño del personal (v. fs. 1.822 vta.).
Trae a colación el criterio sustentado por la Corte federal en la causa "Quinteros, Fabio N. c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A." (sent. de 26-VIII-1997), en la que amplió el alcance de la obligación de seguridad del transportador cuya finalidad es trasladar al pasajero sano y salvo a su lugar de destino (v. fs. 1.822 vta. y 1.823).
Rememora la decisión de primera instancia que, al apartarse de la doctrina legal sobre prioridad de paso por no configurar el hecho allí analizado con las circunstancias del presente caso, encontró responsables a los demandados Cuevas y Zapata y extendió la condena a la citada en garantía (v. fs. 1.823/1.824 vta.).
Apunta que de las dos pericias realizadas la más completa es la del perito Gorbak, de cuyo dictamen surge que ambos conductores no habían circulado con los mínimos deberes de cuidado, pudiendo haber evitado la colisión en razón de la baja velocidad del evento, reiterando que la Cámara ha interpretado erróneamente la ley y la doctrina legal respecto de la prioridad de paso y no ha ponderado la responsabilidad derivada del contrato de transporte como una responsabilidad especial más rígida que la común derivada del art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 1.824 vta./1.831).
Destaca que el sentenciante desconoció que de las constancias de autos surgía que el señor Angeli y la señora Zorzoli son cónyuges y responsables de la agencia "Remises Madero"; que esa explotación comercial está compuesta por una agencia sita en la calle Tres de Febrero 699 y Quirno Costa y una receptoría en la calle Madero 1.292 y que ambas son inseparables, pues la agencia puede funcionar sin la receptoría pero la receptoría no puede hacerlo sin la agencia; que no existen dos expedientes de habilitación sino uno con dos titulares, aseverando que no es cierto que no se haya probado la responsabilidad del señor Angeli. Afirma que la decisión viola el principio de congruencia pues sus argumentos fueron introducidos temporáneamente frente al resultado desfavorable de la decisión de primera instancia y basándose en las pruebas obrantes en el expediente (v. fs. 1.831 vta./1.833).
Pone el acento en que es de aplicación el art. 184 del Código de Comercio y no el art. 1.113 del Código Civil y cita fallo de Cámara nacional en apoyo de su postura, para recordar que en el esquema del derecho del consumo debe estar garantizada la indemnidad del consumidor cuando la actividad que se explota económicamente resulta generadora de riesgos (v. fs. 1.833 y vta.).
Señala que la pericia obrante a fs. 1.527/1.535 introduce el factor humano como génesis del accidente; transcribe los puntos 7 y 9 del dictamen para indicar que la Cámara no ha tenido en cuenta los que se relacionan con el transportista, concluyendo que es deber de este último conducir al pasajero sano y salvo a su destino. Entiende que de las conclusiones del perito el conductor del remis, por ser un conductor profesional, ha obrado negligentemente y no puede ser exonerado por la culpa del tercero embistente (v. fs. 1.834/1.835).
Alega que el art. 57 de la ley 11.430, vigente al momento de la colisión, establecía que la prioridad de paso se perdía cuando se intentaran cruzar autopistas, semiautopistas, rutas y carreteras, reiterando que en el presente caso se trata de dos arterias de circulación, ambas de doble mano; pone de relieve que la citada en garantía, al contestar demanda y negar la mecánica del accidente, denunció la existencia de un cartel que advertía sobre lo peligroso del cruce, de lo que debe interpretarse que la culpa es concurrente de ambos conductores (v. fs. 1.835 vta. y 1.836).
Indica, además, que extender la eximición de responsabilidad de la citada en garantía al chofer del remis y a su propietario por tratarse de una obligación in solidum es violar los derechos de propiedad adquiridos, cuando ellos no recurrieron la sentencia, ya que la Cámara está circunscripta a lo que ha sido objeto de apelación, a la doble limitación en su pronunciamiento y al principio de congruencia (v. fs. 1.837/1.838 vta.).
Sostiene que el Tribunal de Alzada mantuvo la tasa de interés pasiva fijada por la jueza de primera instancia cuando corresponde la aplicación de la tasa de interés activa siguiendo el criterio de la Corte federal para el resarcimiento de los daños y perjuicios, como así lo dispuso en la causa "Mochi" afirmando que de la aplicación del art. 622 del Código Civil surge que no existe tasa de interés legal; señala que la finalidad de los accesorios es indemnizar los perjuicios sufridos por el acreedor y agrega que la jurisprudencia se ha inclinado por la aplicación de la tasa activa de acuerdo con el art. 565 del Código de Comercio (v. fs. 1.838/1.839 vta.).
Recuerda que la Corte federal ha sostenido reiteradamente que la regulación de las relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva legislación del Congreso nacional y ha invalidado leyes que establecían intereses más allá del ámbito de su propia competencia. Cita fallos de Cámaras nacionales en apoyo de su postura y menciona las tasas que abona el Banco de la Nación Argentina por los depósitos a plazo fijo a treinta días y las distintas tasas de interés moratorio que se aplican en diversas relaciones jurídicas (v. fs. 1.839/1.842).
III. Coincido con la opinión del señor Procurador General. El recurso no prospera.
III.1. En principio corresponde dejar sentado que por haberse producido el evento dañoso el 1 de octubre de 2003 son de aplicación las normas del Código Civil y del Código de Comercio.
III.2. La recurrente se agravia de que la Cámara haya revocado la sentencia de primera instancia que había condenado al conductor del automotor remis, señor Cuevas, al propietario de ese rodado, señor Zapata, y a la citada en garantía. También se desconforma de que se haya eximido de responsabilidad a la agencia de remises y de que se haya extendido el resultado favorable del recurso interpuesto por la citada en garantía a los demandados Cuevas y Zapata que no habían apelado la sentencia de primera instancia que los condenaba.
III.3. Inicia su impugnación invocando su condición de pasajera del remis para que se aplique el art. 184 del Código de Comercio, sosteniendo que los demandados Cuevas y Zapata deben responder en razón de la atribución objetiva de responsabilidad que esa normativa dispone, desconformándose, mediante la denuncia de absurdo, de la valoración que hizo el Tribunal de Alzada de las pericias que lo llevaron a exonerar de responsabilidad al conductor del remis y determinar la exclusiva culpa del chofer del camión.
Esta Corte tiene dicho que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 116.871, "Mirassou", sent. 3-IV-2014 y C. 117.561, "Orfali Torales", sent. de 11-X-2017).
El art. 184 del Código de Comercio establece que, para eximirse de la responsabilidad objetiva que deriva de dicha norma, el transportista puede alegar que se ha tratado de un caso de fuerza mayor, o que ocurrió por culpa de la víctima o por la de un tercero por el que no deba responder (lo que la doctrina ha denominado el casus ). Cualquiera fuere el argumento esgrimido, corresponde que, para romper el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, ese extremo sea acabadamente probado por quien lo propone como defensa, demostrándose que -sea cual fuere la hipótesis de que se trate- se ha transformado en causa única del hecho. Por otra parte, la ajenidad o exterioridad del hecho del tercero extraño a la empresa, aunque requisito necesario, no es suficiente para eximir de responsabilidad a la transportista, más aún cuando no se acredita que dicho acontecimiento fue imprevisible, o que se tornó inevitable, como tampoco cuando no se prueba que ha sido la causa única del daño (conf. doctr. causas Ac. 87.874, "Flores", sent. de 30-III-2005 y C. 95.954, "Rodríguez", sent. de 28-X-2009).
En ese artículo se contemplan las mismas eximentes contenidas en el art. 1.113 del Código Civil, que en su parte pertinente dice "...si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad [el dueño o guardián] acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (el subrayado me pertenece).
Por ello es necesario recordar que para esta Corte determinar el grado de responsabilidad de cada protagonista en un accidente de tránsito, así como la acreditación de la situación prevista en el segundo apartado in fine del art. 1.113 del Código Civil, constituyen cuestiones de hecho no susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre quebrantamiento de las reglas que rigen la prueba o apreciación absurda de la misma (conf. doctr. causas Ac. 40.410, "Laurant", sent. de 28-III-1989, "Acuerdos y Sentencias", 1989-I-471; C. 101.233, "Parihuancollo", sent. de 23-IX-2009; C. 102.293, "Ibañez", sent. de 25-II-2009; e.o.).
De allí que esta doctrina es aplicable cuando se encuentran en debate las eximentes del art. 184 del Código de Comercio, norma que ha sido invocada por la actora.
El sentenciante sostuvo que: "...-a diferencia de lo decidido en la sentencia-corresponde concluir que el Peugeot 504 dominio SHX-636 conducido por el codemandado Angel Norberto Fabián Cuevas que circulaba por la Avenida Sobremonte de la localidad de San Fernando, en dirección a Gral. Pacheco, contaba con prioridad de paso frente al camión Chevrolet C60 dominio W
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.