Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121306
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Pettigiani, Genoud, Kogan, Natiello, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.306, "Loscar, Oscar Alfredo y otra contra Garro, José María y otros. Daños y perjuicios".
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó íntegramente la pretensión de daños y perjuicios impetrada en autos (v. fs. 412/427 vta. y 473/490 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 494/513).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el sub lite el señor Oscar Alfredo Loscar y la señora Silvia Mabel Parodi -por sí y en representación de su hijo Sebastián Loscar- promueven demanda de daños reclamando el resarcimiento de los perjuicios sufridos a raíz del fallecimiento de su hija Paula Daniela Loscar, acaecido en un accidente de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2004 en la ciudad de Luján, en oportunidad en que circulaba en bicicleta y fue embestida por un camión conducido por el señor José María Garro, propiedad de Pedro Ángel Grimaldi (v. demanda, fs. 15/28 vta.).
El señor juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión incoada, distribuyendo la responsabilidad del evento dañoso en un 80% al demandado Garro y en un 20% a la víctima del hecho, imponiendo las costas en idéntica proporción (v. fs. 412/427 vta.).
Apelado dicho pronunciamiento, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul lo revocó, desestimando la demanda en su totalidad (v. fs. 473/490 vta.).
II. Contra esta decisión la actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y en la apreciación de la prueba y la violación de los arts. 499, 512, 896, 902, 909, 1.113 y 1.198 del Código Civil; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 375, 384, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 12, 14, 15, 16, 47, 49, 51 incs. 3 y 4 y 76 de la ley 11.430; de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 17, 31, 168 y 171 de su par provincial y de doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal (v. fs. 494/513).
En prieta síntesis, tacha de absurdo al fallo en crisis por entender que desconoce el expreso reconocimiento efectuado por los codemandados (la viuda y herederos de Pedro Ángel Grimaldi) en lo que hace a la mecánica del hecho, infringiendo de esta manera lo dispuesto en los arts. 163 incs. 5 y 6, 164 y 267 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 497/498).
Cuestiona que se hayan admitido las declaraciones testimoniales de las menores Arignon y Zilli formuladas en sede policial, las que no fueron ratificadas en el marco del proceso civil y que se contraponen con lo manifestado por el propio chofer del camión en cuanto a la forma y el lugar del impacto (v. fs. 498 vta./499 vta.).
Controvierte que la sentencia se haya basado en las conclusiones del dictamen del fiscal Adrián David Landini, emitido en sede penal, donde se dictó el sobreseimiento de Garro, cuando en otra parte del fallo se señaló -contrariamente- que dicha decisión no conlleva técnicamente una "prejudicialidad" (v. fs. 499 vta. y 500). Además, destaca que tales conclusiones no coinciden -en lo que respecta al modo en que se produjo el siniestro- con los dictámenes periciales de los ingenieros Estevena y Piris (ambos señalan que la colisión se produjo fuera de la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Jorge Newbery, por lo que habría acontecido sobre esta última vía, es decir, que la víctima ya había alcanzado a doblar y transitaba en la misma dirección y sentido, a la derecha del camión, por la calle Newbery; v. fs. 500 vta. y 501). Respecto de las experticias mecánicas, la recurrente cuestiona el apartamiento realizado por la Cámara y la valoración que hizo del resto de las constancias obrantes en la causa penal (v. fs. 501 vta./503).
Por otra parte, impugna la inferencia a la que arriba el sentenciante en cuanto a la imprevisibilidad del hecho luctuoso, para el chofer del camión, por considerar absurda la ponderación de las declaraciones del señor Garro y del testigo Marchetta (v. fs. 503 vta./504 vta.).
También objeta la valoración de los testimonios de Castiñeiras y Ledesma, por cuanto, a su juicio, la evaluación íntegra de sus declaraciones permitiría inferir que la víctima fue embestida por el camión cuando aquella ya había doblado en la intersección y circulaba por la referida calle Newbery (v. fs. 505/507).
Por fin, critica las apreciaciones del a quo que llevan a descartar la excesiva velocidad del camión, la maniobra en zigzag y la circulación por un lugar no permitido. Con fundamento en las declaraciones de los testigos Marchetta y Castiñeiras, el informe municipal agregado en autos y las disposiciones del Código de Tránsito, la recurrente arguye una grosera desinterpretación material de la prueba y una errónea aplicación del art. 1.113, segundo párrafo, segunda parte in fine del Código Civil (v. fs. 507/510 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, corresponde dejar sentado que en el sub examine , tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un hecho ilícito, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado en la legislación vigente al momento del hecho, esto es, el Código Civil de la Nación (1-II-2001; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
III.2.a. Conforme reza el art. 1.113 del Código Civil, en su segundo párrafo, cuando "...el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa..." su dueño o guardián "...sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder". El vocablo "culpa" empleado por la norma transcripta apuntaba, quizás sin la debida estrictez, a la infracción de un deber de la víctima no ya frente a otros, sino contra sí misma (conf. causas C. 96.493, "González", sent. de 5-XII-2007; C. 102.367, "Fernández", sent. de 18-II-2009; C. 105.191, "Sánchez", sent. de 3-X-2012 y C. 119.691, "Ludueña", sent. de 15-XI-2016).
Así, la necesaria relación de causalidad que debe existir entre el riesgo o vicio de la cosa y el daño a los fines de que opere la responsabilidad objetiva impuesta por la ley, puede verse fracturada por factores extraños con idoneidad suficiente para suprimir o aminorar sus efectos. En tal sentido, esta Suprema Corte ha dicho que el dueño o guardián de la cosa que presenta riesgo o vicio habrá de responder objetivamente, a menos que acredite que la conducta de la víctima o de un tercero interrumpió total o parcialmente el nexo causal entre el hecho y el daño (conf. causas Ac. 65.924, "Domínguez", sent. de 17-VIII-1999; C. 89.530, "Díaz", sent. de 25-II-2009; e.o.).
III.2.b. Ahora bien, es doctrina de esta Corte -aplicable en la especie- que determinar si la conducta de la víctima de un accidente de tránsito o de un tercero ajeno ha excluido parcial o totalmente la responsabilidad objetiva que el art. 1.113 del Código Civil impone al dueño o guardián de una cosa riesgosa constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo (conf. causas C. 94.859, "Yocco", sent. de 9-XII-2010; C. 118.220, "Salas", sent. de 8-IV-2015; etc.), vicio que el impugnante no logra patentizar en este tramo (doctr. art. 279, CPCC).
III.2.c. En el caso, tras recordar el régimen de responsabilidad objetiva estatuido por el art. 1.113 del Código Civil y la necesidad de probar -inexcusablemente- la causal liberatoria (v. fs. 481/482), el tribunal a quo examinó las pruebas incorporadas a la causa. Veamos.
III.2.c.i. Así, reseñó la investigación penal preparatoria en la que el señor Garro fue sobreseído en virtud de "...no poder formularse en su contra una imputación de tipo penal culposo, aunque se dejó a salvo en aquel pronunciamiento la posible existencia de responsabilidad civil" (fs. 482 y vta.). Ponderó, además, que el pedido de sobreseimiento del fiscal Landini se encuentra corroborado con el acta de procedimiento de fs. 1/2, croquis ilustrativo de fs. 3, informe médico de fs. 25/28, fotografías de fs. 43/47, informe mecánico 164/166, pericia de rastros y papiloscopía (v. fs. 33/34) y las declaraciones de los testigos Claudio Daniel Arignon y Luis Olivera Zilli (v. fs. 6 y vta.; 7 y vta. de la I.P.P.).
Estos últimos -señaló- "...pudieron observar que por la calle Malvinas venía circulando una mujer en una bicicleta playera color verde y por la calle Jorge Newbery venía un camión de color rojo y blanco marca Mercedes Benz con acoplado [...] el cual se dirigía en dirección a la calle Alsina, en ese preciso instante la mujer que venía en bicicleta trató de doblar hacia la calle Alsina observando que no alcanzó a frenar y se llevó por delante la parte trasera de la cabina del conductor, momento en que la mujer cayó al suelo debajo de la rueda del acoplado, el cual la pasó por arriba. Que el conductor del camión frenó y se bajó de dicho rodado quedándose alejado del accidente" (fs. 483). A continuación, reparó en que si bien dichos "...testimonios fueron objetados por la parte actora, por tratarse de menores de edad (cfr. agravio de fs. 441)", lo cierto es que "...los testigos declararon en sede penal y allí la capacidad para atestiguar es amplia, ya que en principio toda persona es capaz de declarar sin límite de edad, sin perjuicio de la valoración que el juez realice del testimonio" (fs. 483). Destacó, asimismo, que en sede civil el Código procesal contempla "...la declaración de menores que hayan cumplido los 14 años de edad (caso del testigo Olivera Zilli), norma que apunta a la habilidad del testigo y a la veracidad del testimonio dada la naturaleza del niño, impresionable e imaginativa, límite que está impuesto con el fin apreciar con mayor severidad su declaración" (fs. cit.).
A partir de ello, concluyó que "...la declaración del testigo Claudio Daniel Arignon (de 13 años) y su coincidencia con la prestada por el testigo Luis Olivera Zilli (de 14 años), permiten valorar sus dichos máxime cuando fueron espectadores directos del accidente, como surge del resto de las declaraciones vertidas en la causa, de las cuales surge su presencia en el lugar y en el momento del hecho (fs. 1/2, 6, 7, 25/26, 33/34, 43/46 vta., 164/165). Igualmente debe destacarse [-añadió el a quo -] que rige el principio de adquisición procesal porque la prueba agregada mediante la causa penal tiene pleno valor probatorio en sede civil y proyecta también sus efectos en la admisibilidad de los testimonios señalados (arts. 384 424, 456 del CPCC)" (sic, fs. 483 vta.).
Seguidamente, el tribunal de grado indicó que "[l]a mecánica del accidente descripta coincide con la posición del cuerpo de Paula Daniela Loscar (cfr. acta de fs. 1/2, realizada a los pocos minutos del accidente, 10.50 hs. del día 28/4/04) y el croquis de fs. 3, conforme los cuales el cuerpo de la víctima se hallaba sobre la calle Newbery 'a escasos metros de la calle Malvinas' (fs. 1), ubicación que puede verse en las fotografías nros. 3, 5, 8, 9, 10 de fs. 43/45 vta. de la I.P.P 140.589. Su análisis permite establecer que la causante no alcanzó a tomar la calle Newbery encontrándose con el camión en la bocacalle y permite descartar la versión de los hechos propiciada por la actora conforme la cual la víctima ya se encontraba circulando por Newbery cuando fue embestida por el camión conducido por Garro, versión basada en la declaración del remisero Castiñeiras (53/53vta. de la I.P.P.) y la pericia mecánica realizada en esta sede por el ingeniero Segundo Daniel Piris (fs. 394/395), que resultan inconciliables con las constancias de fs. 1/2, 3, 6, 7, 25/26, 33/34, 43/46vta., 164/165 de la IPP (arts. 384, 456, ss. y cdtes. del CPCC)" (fs. 484) .
En este punto, y en orden al material probatorio colectado, hizo propias las aseveraciones efectuadas en sede penal en torno a la relación causal conforme las cuales la maniobra de la víctima determinó el hecho luctuoso que resultó imprevisto para el conductor del camión. Sostuvo, al respecto, que "En dicha sede el Fiscal de Cámara Ricardo G. Uncal fue contundente, dijo que: 'anticipo que he de brindar mi asentimiento a la conclusión desincriminatoria esbozada por el magistrado ponente... Y si bien es cierto que de las declaraciones testimoniales prestadas por Daniel Eduardo Martínez (v. fs. 7), José Humberto Marchetta (v. fs. 51), Susana Ledesma (v. fs. 52) y Gustavo Gabriel Castiñeiras (v. fs. 53), se desprende que el camión conducido por el imputado circulaba a una velocidad excesiva -circunstancia que no pudo ser constatada por la peritación accidentológica-, lo que habría contravenido la señalización de tránsito emplazada en la intersección de calles Jorge Newbery y Tucumán (máxima 20 km/h, prohibido el tránsito pesado)... entiendo que analizando la mecánica del hecho, que se encuentra acreditada en autos, surge que lo determinante para la producción del siniestro fue la conducta de la víctima'". En este sentido recalcó que "...aun cuando el camión circulara a 20 km/h, tal como sucedieron los hechos, no hubiera podido evitarse que la víctima lo colisione en su lateral y se caiga debajo de sus ruedas' (cfr. fs. 13/14vta. de la causa penal N° 12.435; arts. 384, 474 del CPCC)".
El Tribunal de Alzada también se ocupó de examinar la incidencia causal de la violación de la prohibición de circular que regiría para vehículos como el del demandado. Sobre el particular, aseveró que "Lo mismo cabe decir de la prohibición de circular vehículos de gran porte en la calle Newbery, cuya finalidad es evitar la ruptura del asfalto, más no prevenir accidentes de tránsito, por lo que aquí también falta el nexo causal entre la infracción cometida y el resultado producido (fs. 13/14vta. de la causa penal 12.345), lo que me lleva a concluir la imprevisibilidad del hecho luctuoso para el chofer que se encuentra corroborada por el testimonio de José Humberto Marchetta quien detuvo al camión a unos cincuenta metros del accidente y el chofer le preguntó 'qué pasó...' y Marchetta le contestó 'mirá agarraste a una persona', contestando el chofer 'estás loco, qué voy a agarrar...(sic)' (fs. 51/51vta. de la I.P.P 140.589). Todo ello da la pauta que el chofer Garro nunca vio a Paula Daniela Loscar y 'aunque el camión circulara a 20km/h, tal como sucedieron los hechos, no hubiera podido evitarse que la víctima colisione en su lateral y se caiga debajo de sus ruedas' (fs. 14, cuadernillo 12.345 que corre por cuerda)".
De otra parte, destacó "...que el sentenciante anterior no hizo mérito de las actuaciones referenciadas (N° 12.345), por encontrarse en pieza separada de la I.P.P. 140.589, y haberse incorporado a este proceso -en copias certificadas- mediante oficio librado por este Tribunal con posterioridad a la sentencia de grado (fs. 463, 469)".
En cuanto al sobreseimiento dictado por acuerdo de fiscales (art. 326, CPP), precisó que si bien "...no conlleva técnicamente una prejudicialidad (arts. 1103 del Cód. Civ.; 1777 del CCCN; esta Sala, causa 44.791, del 14/11/02 'Souverville...'), la contundencia de sus dictámenes sobre la mecánica del hecho aconsejan no apartarse de las conclusiones alcanzadas acerca de la interrupción del nexo causal entre el lamentable desenlace (el fallecimiento de Paula Daniela Loscar), la actuación del camión como cosa de riesgo y la conducta del chofer José María Garro (arts. 1109, 1111, 1113 del Cód. Civ.)" (sic, fs. 484/485 vta.).
Me he permitido transcribir estos pasajes del fallo en crisis para exponer el modo -con la exacta terminología empleada- en que el a quo coincidió con las conclusiones a las que se arribó en sede penal, considerando de ese modo que no cabe un juicio de responsabilidad en contra del chofer del camión.
III.2.c.ii. A tenor de los agravios planteados, el tribunal de grado agregó -respecto de los elementos probatorios producidos en autos- que el informe del perito mecánico Piris carecía de sólidos fundamentos (datos técnicos científicos objetivos), dado que sólo se había realizado sobre las fotografías 3 y 5 de fs. 43 vta. y 44 vta., que no avalan la versión propuesta por la actora y que, por otra parte, aquél fue realizado nueve años después del siniestro, resultando inconciliable con el resto de las constancias probatorias, e incluso con lo dictaminado con el perito Estevena (v. fs. 485 vta. y 486).
Igualmente, descartó el testimonio del señor Castiñeiras por resultar inverosímiles sus declaraciones en relación a las manifestaciones de los restantes testigos y pruebas producidas (v. fs. 486 vta. y 487).
De este modo, el tribunal a quo consideró que las circunstancias relativas a la excesiva velocidad del camión y la realización de la maniobra en zigzag -para evitar una supuesta colisión con otro rodado- no se encuentran demostradas, y que aun cuando por vía de hipótesis se confiriera valor a la declaración del mencionado testigo, lo cierto es que la mera violación de una norma de tránsito no hace responsable al infractor si no puede establecerse entre ésta y el resultado lesivo un nexo adecuado de causalidad (v. fs. 487 y vta.).
III.2.d. Frente a ello, los argumentos traídos por la parte accionante en su pieza recursiva no logran conmover la decisión atacada (conf. art. 279, CPCC).
III.2.d.i. La actora centra su crítica en la alegada configuración de absurdo en la valoración de la prueba. Por un lado, denuncia el desconocimiento del reconocimiento formulado por los herederos del titular dominial del camión (el señor Grimaldi) y, por otro, expone que de las declaraciones testimoniales antes apuntadas y de las pericias mecánicas se demuestra la verdad de los hechos alegados en la demanda y, consecuentemente, la responsabilidad del conductor del camión en el siniestro (v. fs. 497/507).
Ahora bien, las quejas ensayadas no evidencian la absurdidad endilgada al tribunal a quo al tener por acreditada la interrupción del nexo de causalidad por el hecho de la víctima, vicio que -como es sabido- no queda configurado ante cualquier error, o ante la apreciación opinable o discutible, siendo necesario que se demuestre una anomalía extrema o una falla palmaria del proceso mental del juzgador o que el pronunciamiento se asiente en presunciones no fundadas en los hechos de la causa, obviando ponderar los acontecimientos relevantes según tales constancias (conf. causas C. 107.394, "Brancaleone de Riva", sent. de 9-VI-2010 y C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014), extremo que -insisto- no logran patentizar.
El alegado reconocimiento, a través de los herederos del codemandado Grimaldi, en torno a la mecánica del accidente, no basta por sí solo para desvirtuar el plexo probatorio meritado por el a quo , dado que el titular registral del vehículo no estuvo en la escena del hecho ni participó del evento dañoso. Por lo tanto, ese invocado reconocimiento en relación a la conducción del camión y la conducta reprochada a la víctima carece de virtualidad a fin de descartar la eximente prevista en la última parte del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil (arts. 375 y 384, CPCC).
Para más, los quejosos soslayan la actuación plural de partes en el presente litigio. La
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