Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121534
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.534, "Zubillaga, Osvaldo Martín y otro contra Tapia, Mario Rubén y otros. Daños y perjuicios".
La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había estimado procedente la demanda (v. fs. 1.333/1.342).
Se interpuso por la letrada apoderada de la demandada Aeroclub de Mar del Plata, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.352/1.380 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Osvaldo Martín Zubillaga y Dora Beatriz Buresta iniciaron la presente acción de daños y perjuicios a raíz del accidente sufrido por su hijo Héctor Alejandro Zubillaga al realizar un salto de bautismo en paracaídas, en el cual perdió la vida (v. demanda: fs. 25/35 vta.).
La demanda fue incoada contra Mario Rubén Tapia, el Aeroclub Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 25).
A fs. 170 los actores desistieron de la acción promovida contra esta última.
La magistrada de origen, luego de enmarcar el sub lite en la órbita de la responsabilidad objetiva (art. 1.113, segundo párrafo, Cód. Civ.) y el régimen tuitivo de la ley de defensa del consumidor (ley 24.240), estimó procedente la demanda contra Mario Rubén Tapia, en su carácter de prestador y/o explotador de la actividad de paracaidismo y el Aeroclub Mar del Plata en atención a la oferta de un servicio basada en la apariencia y su aceptación fundada en la confianza (v. fs. 1.211/1.227).
Luego de analizar las constancias probatorias existentes en la causa, concluyó que se encontraba acreditado que el equipo para tándem utilizado no se hallaba en condiciones de ser empleado -carecía de las inspecciones correspondientes y del dispositivo abridor automático del paracaídas de emergencia- de acuerdo con las normas del fabricante y la legislación vigente al momento del hecho (v. fs. 1.217).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la asociación civil demandada, la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó lo resuelto en la instancia de origen (v. fs. 1.333/1.342).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada reafirmó la calidad de proveedor que revestía el Aeroclub Mar del Plata, precisando que la atribución objetiva de responsabilidad por servicios defectuosamente prestados regulada por la Ley de Defensa del Consumidor alcanzaba a todos aquellos que habían intervenido en la organización del servicio, incluido a quien se presentaba en apariencia como tal, circunstancia que se patentizaba en la especie (conf. arts. 1.198, Cód. Civ. y 3, 8 y 40, ley 24.240; v. fs. 1.338).
A continuación, detalló los elementos que acreditaban la mentada apariencia de intervención del Aeroclub Mar del Plata, destacando que -en virtud del deber de información que sobre ella recaía- debió haber aclarado, difundido o publicado por algún medio que la actividad de paracaidismo resultaba ajena a la asociación (conf. art. 4, ley cit.; v. fs. 1.339/1.341).
A ello adunó que la consignación en los avisos publicitarios de que la escuela de paracaidismo se desarrollaba en el Aeroclub, específicamente, en el Aeródromo ubicado en el predio de su titularidad; la autorización otorgada a Mario Rubén Tapia para realizar dicha disciplina y la locación de un hangar a tales fines, llevaban a responsabilizar al Aeroclub Mar del Plata por el suceso de marras, valorando sobremanera la confianza que el nombre de dicha entidad despertaba al usuario del servicio brindado (v. fs. 1.341).
Por fin, remarcó que Tapia y el grupo de paracaidistas por él liderado no resultaban terceros por los cuales no debía responder la entidad demandada pues no eran ajenos a la cadena de sujetos que habían intervenido en la prestación defectuosa del servicio, siendo objetiva y solidaria para todos ellos la atribución legal de responsabilidad, independientemente de quién hubiera sido el causante del daño (conf. art. 40, ley 24.240; v. fs. 1.341 vta.).
III. Contra esta forma de decidir se alza la letrada apoderada del Aeroclub Mar del Plata por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 1.352/1.380 vta., mediante el cual denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 499, 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 34 incs. 4 y 5, 163 incs. 5 y 6, 165, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 4, 5, 8 y 40 de la ley 24.240; 14, 16, 17, 18, 33 y 42 de la Constitución nacional; 15, 31, 38, 161, 168 y 171 de su par provincial y de la doctrina legal que cita. Hace reserva del caso federal.
En prieta síntesis, afirma que la Cámara ha incurrido en el vicio de absurdo en la ponderación de la prueba y aplicado erróneamente el estatuto del consumidor toda vez que la asociación civil demandada no era "proveedora" del servicio de paracaidismo, en los términos del art. 2 de la ley 24.240, habida cuenta de que no desarrollaba tal actividad de manera profesional ni de ningún otro modo sino que estaba abocada exclusivamente a la práctica del vuelo con motor, tal como lo indica el estatuto societario (v. fs. 1.364 vta./1.366).
Insiste en que el accidente ocurrió por culpa de terceros, cuya actividad en todos sus aspectos estaba a cargo del grupo de paracaidismo denominado "DropZone", liderado por el instructor Tapia, habiéndose producido el lamentable episodio durante la práctica del salto con ellos contratado (v. fs. 1.366 vta. y 1.367).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. De manera liminar y en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde dejar sentado que en el sub lite , tratándose de un reclamo por indemnización de los daños derivados de un contrato de consumo celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.994, la cuestión debe ser resuelta de acuerdo con lo normado por la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240 y sus modificaciones posteriores), siendo aplicables las nuevas disposiciones a los efectos, aún no producidos, si resultan más favorables para el consumidor (fecha del hecho: 17-II-2008; conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
IV.2. Ahora bien, en lo que interesa aquí destacar, para arribar a la decisión favorable a la pretensión incoada contra la asociación civil demandada la Cámara fundó la responsabilidad a ella endilgada en la "teoría de la apariencia" (v. fs. 1.338).
En tal sentido, expresó que siendo indiscutible la aplicación al caso del estatuto protectorio del consumidor, pues la víctima había sido usuaria de un servicio como resulta ser la actividad de paracaidismo, el Aeroclub resultaba objetivamente responsable por los servicios defectuosamente prestados, habida cuenta de que la ley 24.240 alcanzaba a todos aquellos que habían intervenido en la organización del servicio "incluido quien se presentaba en apariencia como tal", como acontecía en la especie (v. fs. cit.).
A ello adunó que la aplicación de la teoría de la apariencia jurídica se encontraba íntimamente vinculada con el principio de confianza y de buena fe, como asimismo con el deber de seguridad imperante en toda relación de consumo (conf. arts. 14, 18 y 42, Const. nac.; 15 y 38, de su par provincial; 1.198, Cód. Civ. y 1, 2, 3, 8, 37, 40, 40 bis, 52, 53 y 65, ley 24.240; 25, CADH; v. fs. cit.).
Para así decidir, examinó las constancias probatorias existentes en la causa y concluyó que la mentada "apariencia" de intervención del Aeroclub Mar del Plata en la organización de la actividad que conllevaba su responsabilidad había sido acreditada, destacando los siguientes extremos:
IV.2.a. La declaración de la testigo Flavia Gianuzzi (v. fs. 302/307, que había efectuado el salto de bautismo de paracaídas en forma previa a la víctima), expresó que "Alejandro se encargó de llamar al Aeroclub y le dieron otro teléfono para comunicarse y donde se realizaban los saltos. Le dijeron que tenía que llamar a otro número de teléfono para arreglar el horario. Le informaron que era ahí y que los chicos que lo hacían eran profesionales del paracaidismo. Te tirabas con un instructor, un profesional de paracaidismo del Aeroclub" (resp. cuarta). A la par aseguró que el primer contacto lo efectuaron por teléfono con el Aeroclub (resp. quinta); que pensó que había contratado directamente con dicha entidad el salto de bautismo en paracaídas (resp. octava); agregando que allí se efectuaban los saltos (resp. novena) y que le explicaron las normas de seguridad haciendo referencia a la profesionalidad de la gente que desarrollaba su actividad en el Aeroclub (resp. décimo tercera). También manifestó que fueron informados de un curso que se dictaba en el Aeroclub y que se otorgaba un certificado que habilitaba a realizar la actividad en dicha institución (resp. décimo quinta), siendo contundente la respuesta brindada ante la pregunta ampliatoria en que la testigo declaró que "yo me quedé tranquila porque me dijeron que contaban con todas las medidas de seguridad y además como era en el Aeroclub nos quedamos tranquilos...". De otra parte, detalló que había ubicado la página de internet de paracaidismo "Dropzone" utilizando las voces "paracaidismo en el Aeroclub", saliendo de dicha página la dirección y el teléfono de esta institución (re-preg. primera y tercera) para luego precisar que "Con Alejandro le comentamos a nuestras familias que yendo al Aeroclub ya nos daba tranquilidad de que se cumplían con todas las normas" (re-preg. quinta), especificando en relación con el lugar donde se realizaba dicha actividad que "para nosotros era el mismo predio, el mismo Aeroclub, yo me dirigía al Aeroclub" (re-preg. décimo primera; v. fs. 1.339 y vta.).
IV.2.b. El testimonio de Elisa Raquel Gianuzzi (v. fs. 309/311) del cual surgía que el servicio lo estaban ofreciendo desde el Aeroclub (resp. tercera), que desde allí se efectuaban los saltos (resp. cuarta) y que el domicilio de dicha entidad se hallaba en la página web que promocionaba la actividad (preg. segunda, cuarta y quinta), teniendo en todo momento la convicción de que iba a estar todo controlado por la mentada institución y que la organización le pertenecía a dicha entidad (re-preg. novena y décimo tercera; v. fs. 1.339 vta.).
IV.2.c. El acta glosada en copia autenticada a fs. 485, en la cual el propio piloto de avión que intervino en el vuelo en cuestión -Héctor Martín Fanchorena- atribuyó la Escuela de paracaidismo al Aeroclub (v. fs. 1.340).
IV.2.d. Los testimonios brindados por Marcelo Fabián Bertón (instructor de vuelo en el Aeroclub) y Julio Alberto García Lignac (trabajador en relación de dependencia del Aeroclub), que refieren que no existía ningún tipo de publicidad, cartelería o tipo de difusión concreta en la que se advirtiera a las personas que realizaban actividad de paracaidismo en el predio del Aeroclub que dicha institución resultaba ajena al referido deporte aéreo (v. re-preg. décimo sexta de fs. 326 vta. y re-preg. décima de fs. 328 vta.; v. fs. 1.340 vta.).
IV.3. En el contexto reseñado, los agravios de la recurrente no alcanzan a descalificar el pronunciamiento de la Cámara (conf. art. 279, CPCC). Así la crítica desplegada en la pieza recursiva bajo estudio sólo evidencia la propia interpretación de los hechos y del derecho aplicable, calificando de "defectuosa" y "forzada" la aplicación de la teoría de apariencia en el sub lite (v. fs. 1.363 vta.), sin rebatir los pilares esenciales sobre los cuales se asienta la decisión.
Sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate idóneamente los fundamentos del juzgador de origen, limitándose a paralelar en forma genérica su opinión discrepante con el fallo, sin hacerse cargo de las concretas razones que sustentan al mismo, reiterando los reparos esgrimidos en la expresión de agravios (conf. doctr. causas C. 93.447, "De la Garma S.R.L.", sent. de 18-VI-2008; C. 107.546, "Plaza Compañía Financiera", sent. de 29-IV-2015; e.o.).
Tal déficit -a mi juicio- porta el remedio impugnativo intentado. Veamos.
IV.3.a. De un lado, aduce que el Aeroclub no ha sido quien generó tal "apariencia", sino que de considerarse que existió, fue consecuencia de la actuación del propio Tapia y su grupo; que el Club no ha obtenido aprovechamiento económico o beneficio concreto alguno por el desenvolvimiento de dicha actividad y que, en todo caso, debería contarse con prueba concluyente e inequívoca de que la "apariencia" fue la que determinó la conducta del usuario (v. fs. 1.363 vta. y 1.364).
Sin embargo, tal como surge de la reseña efectuada en el acápite IV.2. del presente, el Tribunal de Alzada advirtió que tanto personas ajenas como integrantes de la asociación aeronáutica habían expresado en todos los casos que existían variadas circunstancias de hecho que provocaban el convencimiento de que el servicio de paracaidismo estaba promocionado, organizado y fiscalizado por el Aeroclub (v. fs. 1.339 vta. y 1.340); no recibió este tramo del pronunciamiento un reproche que demuestre error palmario y fundamental en la apreciación del inferior que lo condujera a conclusiones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa, siendo que la impugnante se ha limitado a oponer su propio criterio basado en personales puntos de vista lo cual, como es sabido, no configura absurdo (conf. doctr. causas C. 117.979, "Vallejos", sent. de 1-VI-2016; C. 118.443, "La Chara S.A.", sent. de 12-VII-2017; entre muchas).
Aún más, sostuvo la Cámara que si se había sugerido determinada apariencia, quien lo había hecho quedaba obligado a cumplir en la medida en que la otra parte había podido creer en ella aun cuando la situación creada no se correspondiera con la realidad o con la voluntad de quien la había generado. En tal inteligencia, concluyó que cuando mayor era la apariencia de seguridad, mayores eran las expectativas que generaba y era por ello que quien la brindaba debía hacerse cargo -en virtud del deber de seguridad- de los daños producidos en la prestación del servicio (v. fs. 1.338 vta.).
Es que aun cuando el criterio de los sentenciantes pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente (conf. doctr. causas C. 94.657, "López", sent. de 29-XII-2008; C. 111.701, "S. de A., A.M.", sent. de 8-V-2013; etc.), en tan decisivo tramo de su protesta (v. pto. VI.b.1. del remedio bajo estudio) la demandada si bien insiste en las actividades independientes y autónomas que desarrollaba el Aeroclub, por un lado, y el grupo de paracaidismo, por el otro; como asimismo en las diferentes prácticas y regulaciones legales que poseían ambos emprendimientos (v. fs. 1.367/1.370), soslaya el exhaustivo análisis efectuado por la Cámara vinculado con la "apariencia creada" frente al consumidor o usuario con motivo de la puesta en escena de la actividad de paracaidismo que se presentaba ante la mirada común como una red o entramado complejo.
En efecto, tales cuestionamientos -que no resultan sino una reiteración de los agravios vertidos en la oportunidad de fundar el recurso de la apelación contra la sentencia de origen (v. fs. 1.280/1.298)- fueron motivo de expreso tratamiento por parte de la Cámara, quien destacó que más allá de que la entidad accionada aduzca que se trata de un emprendimiento ajeno a la asociación civil y que no resulta proveedora, organizadora, administradora, ni reciba beneficio económico alguno derivado de la actividad de paracaidismo (v. fs. 1.338), lo cierto era que la propia agraviada había admitido que las circunstancia de hecho conducían a identificar al Aeroclub con el Aeródromo, no sólo en apariencia para terceros ajenos a la actividad sino incluso para quienes la desarrollaban, al afirmar que "con mucha frecuencia la gente comete este error de identificar a ambos como una sola cosa, inclusive quienes se encuentran ligados de algún modo al medio aeronáutico" y que "obviamente para la testigo Aeroclub y Aeródromo de uso público son la misma cosa" (conf. expresión agravios: fs. 1.284; v. fs. 1.340). Sin traer la impugnante a esta instancia extraordinaria ningún argumento superador de lo allí expresado.
Arribados a este punto cabe recordar que esta Corte ha expresado que resulta insuficiente (art. 279, inc. 2, apdo. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y desechadas por el Tribunal de Alzada -tal como aquí ha sido puesto de resalto- dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doctr. causas C. 109.310, "Tascón", sent. de 15-IV-2015; C. 118.783, "Suter", sent. de 16-III-2016; e.o.).
IV.3.b. De otro lado, la Cámara destacó que a lo largo del proceso habían sido necesarias profusas especificaciones técnicas para poder distinguir al Aeroclub del Aeródromo y de la actividad de paracaidismo que allí se desarrollaba, lo cual evidentemente se encontraba fuera del ámbito de conocimiento del usuario del servicio. En dicho orden de ideas, expresó que la complejidad de las relaciones y la falta de información no habían permitido al usuario comprender las reglas y el funcionamiento interno de la operatoria, habiendo confiado a partir de la apariencia creada, siendo tal apariencia la que vinculaba al Aeroclub con la víctima y los hoy reclamantes (v. fs. 1.340 vta.).
Tal basamento medular del iter sentencial no logra ser refutado por la recurrente quien -por el contrario- se esmera en explicitar las diferencias existentes entre los emprendimientos aéreos llevados a cabo en el ámbito de su institución, destacando la autonomía que posee la actividad de paracaidismo, sin lograr desvirtuar la situación de apariencia de la cual emerge su responsabilidad -aun cuando haya sido creada sin el propósito deliberado de inducir a error- pues, tal como lo sostuvo el a quo , no puede pretender desligarse de los daños ocasionados mediante especificaciones técnicas ante el derecho de quien ha depositado su confianza en aquella apariencia (v. fs. cit.).
IV.4. Por otra parte, tampoco resulta atendible la defensa esgrimida en tanto pretende eximirse de responsabilidad alegando que el daño ha sido producido por un tercero por quien no debe responder (v. fs. 1.371 y sigs.).
Al respecto sostuvo el Tribunal de Alzada que ante la víctima ambos -tanto el Aeroclub como Tapia- resultaban objetiva y solidariamente responsables por haber formado parte de la cadena de comercialización de un producto o servicio defectuosamente prestado (art. 40, LDC), pese a la inexistencia de vínculo contractual directo con la asociación civil (v. fs. 1.341 vta.).
La quejosa en esta oportunidad nuevamente insiste en su particular punto de vista, alegando que la víctima se vinculó exclusivamente con el grupo "DropZone" liderado por Tapia y que el único punto de contacto con el Aeroclub fue el arrendamiento de un pequeño espacio de tierra para el emplazamiento del hangar (v. fs. 1.371/1.372), limitándose de tal modo a esbozar argumentos que trasuntan su disconformidad con la sentencia dictada, alcanzando la crítica, solamente, a constituir una mera discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador, dejando así incumplida la carga recursiva impuesta (conf. doctr. causas C. 115.291, "Soto", sent. de 22-IV-2015; C. 120.307, "Galván", sent. de 21-XII-2016; etc.).
IV.5. Por fin, aduce la impugnante que el dictado de un f
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