Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118837
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.837, "Lafuente, Juan Manuel contra Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas y otros. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió la acción deducida contra Provincia ART S.A., imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 695/721).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 727/733 vta.).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 890) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Juan Manuel Lafuente y, tras declarar la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la indicada ley (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09), reajustada por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773.
Para así decidir, después de valorar el material probatorio aportado al proceso, el a quo declaró demostrado que, desde el año 1992, el accionante trabajó para la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas prestando tareas que implicaban un gran esfuerzo físico (v. fs. 706 vta.). También, que padece diferentes afecciones lumbares que le generan una incapacidad laborativa del 24% del índice de la total obrera y tienen relación de causalidad con el tipo de labores que desempeñaba (v. fs. 706 vta./707 vta.).
A su vez, tuvo por acreditado que la empleadora firmó un contrato de afiliación con Provincia ART S.A., que tuvo vigencia hasta el día 31 de julio de 2006 y, a partir de esa fecha, con Mapfre ART S.A. (v. fs. 699).
Luego, con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 80.406, "Ferreyra" (sent. de 29-IX-2004), juzgó que los trabajos que realizaba el actor debían encuadrarse en el marco de la definición de cosa riesgosa a la que hace alusión el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 707 vta./709 vta.). Sobre esa conclusión, declaró que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad objetiva a la empleadora en los términos de la citada norma legal (v. fs. cit.).
Posteriormente, puesto a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado en la demanda, determinó -con apoyo en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino"- la necesidad de evaluar en el caso concreto si dicha norma menoscaba garantías constitucionales, tomando como parámetro a ese fin el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atienda a su reclamo conforme a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo en el marco del régimen de responsabilidad del Código Civil (v. fs. 712 y vta.).
En ese trance, con sustento en un precedente del mismo Tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Al fundar esa decisión, recordó que la problemática en torno a la aplicación inmediata de una nueva ley a los daños que no han sido resarcidos ya se había planteado con los decretos 1.278/00 y 1.694/09. En tal sentido, señaló que la aplicación de las mejoras introducidas por este último dispositivo a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23 CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (fs. 713/714).
A partir de esas conclusiones declaró de oficio la inconstitucionalidad de los arts. 17 apartado 5 de la mencionada ley y 16 del decreto 1.694/09, "...por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley (art. 3 Cód. Civil)" (fs. 714 vta.).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al trabajador de acuerdo a las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (modif. por dec. 1.694/09), declaró aplicable al caso los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó sumar a dicho resarcimiento una indemnización adicional equivalente al 20% y, a su vez, ajustarlo conforme al índice RIPTE. Arribó así a la suma de $252.979,20 (v. fs. 715).
Por otro lado, calculó la indemnización que de conformidad con el derecho común obtendría el actor en concepto de daño material en el monto de $17.010,48, al que agregó luego el importe de $4.000 relativo al "daño moral" (v. fs. 715 vta. y 716).
Con esa determinación, concerniente a la cuantía de la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil y su cotejo con la suma del resarcimiento brindado por la Ley de Riesgos del Trabajo, el órgano judicial de grado declaró la validez constitucional del art. 39 de la citada ley y, por su conducto, la eximición de responsabilidad civil de la Cooperativa empleadora que consagra la norma (v. fs. 716/717).
A partir de ese razonamiento condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad aludida. Para fundar dicha decisión, también señaló que, si bien cuando el actor tomó conocimiento de su enfermedad (octubre de 2006) ésta no tenía póliza vigente, dicha afección fue adquirida con el transcurso del tiempo, una extensa prestación de tareas a favor de la demandada y bajo el amparo de aquél seguro (v. fs. 718).
En ese orden, rechazó la citación al proceso de Mapfre ART S.A. -en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial-, porque su contrato de afiliación se había firmado tan sólo dos meses antes de la fecha indicada (v. fs. 717 vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena, desde el día 30 de octubre de 2006 y hasta la fecha de su efectivo pago, devengaría intereses a la tasa activa promedio que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (v. fs. 718 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 47 inc. 1 de la ley 24.557; 3 del Código Civil y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia porque el tribunal de grado condenó a su parte al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (v. fs. 728). En ese sentido, señala que cuando se produjo la primera manifestación invalidante del actor (30 de octubre de 2006) "la patronal tenía la póliza asegurativa con Mapfre ART S.A." (fs. 728 y vta.).
Sobre esa premisa, denuncia la transgresión del art. 47 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto establece que "Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante" (fs. 729).
En apoyo de su postura, cita el precedente L. 109.850, "A., M. C." (sent. de 12-VI-2013; v. fs. cit.).
II.2. Por otro lado, se opone a la aplicación de la ley 26.773 ya que no se encontraba vigente en la fecha señalada (v. fs. 729 vta.).
Alega que el juzgador vulneró el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (v. fs. cit.).
Indica que debió aplicarse el decreto 1.278/00 y, en ese orden, cuantificarse la prestación por incapacidad en la suma de $18.367,89 (v. fs. 731).
También invoca el precedente "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto se declaró que la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta (v. fs. 731 y vta.).
II.3. Finalmente, cuestiona la tasa de interés promedio activa que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Aduce que, al utilizar esa tasa, el sentenciante se apartó de la doctrina legal que esta Corte estableció en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009), entre otras que identifica (v. fs. 731 vta./733).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, dable es advertir que el veredicto, aunque parece remitir al acta de la audiencia de vista de la causa (v. fs. 694 y vta.), carece de fecha y de la indicación del departamento judicial en que se asienta el tribunal (incumpliendo así las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653). Tampoco se ha incluido la firma del actuario, ni hay constancia de su registración (v. fs. 701 y vta.).
Ahora bien, aun cuando la ausencia de firma de la secretaria en el veredicto -omisión que se reitera en la sentencia (v. fs. 719 vta. y 721) e, incluso, en el acuerdo por el que se regularon honorarios (v. fs. 759/760 vta.) y en aquel otro por el que se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 826/827), tampoco registrados-, así como los restantes defectos apuntados, constituyen falencias de forma (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009); no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento.
III.2. El agravio inicial que nutre la impugnación, destinado a cuestionar, la condena al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557, es insuficiente.
III.2.a. Ante todo es menester recordar que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 101.212, "López", sent. de 6-VI-2011; L. 110.285, "Roa", sent. de 30-V-2012; L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-XI-2012; L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014; e.o.)
III.2.b. En el caso sub examine dicha carga ha quedado insatisfecha porque la recurrente se limita a denunciar la violación del art. 47 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en base a un argumento que ya fue sometido a consideración del tribunal de origen (esto es, que cuando se produjo la primera manifestación invalidante del actor el contrato de afiliación no se encontraba vigente; v. fs. 79 vta.); pero no se ocupa de rebatir las motivaciones que éste expuso para desestimarlo.
En efecto, el órgano judicial de grado -con sustento en las conclusiones establecidas por el perito médico- señaló que el cuadro de lumbociatalgia que padece Lafuente está relacionado con el desgaste que le produjeron las tareas de esfuerzo físico que realizó para la empleadora durante un prolongado período en forma ininterrumpida (v. fs. 698 y 706). También, que esos esfuerzos ocasionan "micro traumatismos progresivos que degeneran el cartílago articular y los discos con evolución cronológica lenta" (fs. cits.).
Sobre esos conceptos, para condenar a Provincia ART S.A., expresamente consideró que, si bien "...al momento del siniestro -ésta- no tenía póliza vigente", no fue un hecho súbito y violento el origen de la incapacidad del obrero sino una enfermedad profesional adquirida con el transcurso del tiempo, una extensa prestación de tareas a favor de la demandada y "bajo el amparo de la póliza de seguros con ella contraída" (fs. 718).
Más allá de lo que pudiera predicarse sobre el acierto o desacierto de lo decidido, la falta de impugnación a las referidas motivaciones del fallo que se pretende cuestionar define la suerte adversa del agravio bajo examen, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente, a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 34.646, "Bertolini", sent. de 21-V-1985; L. 84.119, "Herrera", sent. de 27-III-2008; L. 95.983, "González", sent. de 16-IX-2009; L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010 y L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013).
En tales condiciones, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que a través de la reiteración de los argumentos expuestos en la instancia anterior no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014; L. 116.424, "Peñalva", sent. de 7-V-2014; L. 117.404, "Romero", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.382, "Centurión", sent. de 8-IV-2015).
III.2.c. Resta agregar que la doctrina legal que ha citado la recurrente, al haber sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en autos, es ineficaz para modificar la decisión atacada (causas L 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011 y L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012).
III.3. En cambio, resulta procedente la crítica destinada a cuestionar la aplicación retroactiva del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773.
III.3.a. Inicialmente considero que la decisión concerniente a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 16 del mencionado decreto y 17 apartado 5 de la ley indicada debe ser revocada.
En efecto, se advierte que la solución a la que arribó el sentenciante al declarar la invalidez de las referidas disposiciones se asienta en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.).
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Al respecto, la Corte Suprema de la Nación in re "Lucca de Hoz" (Fallos: 333:1433) recordó que "...el fallo judicial que impone el pago de una indemnización por un infortunio laboral sólo declara la existencia del derecho que lo funda, que es anterior a ese pronunciamiento; por ello la compensación económica debe determinarse conforme a la ley vigente cuando ese derecho se concreta, lo que ocurre en el momento en que se integra el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con independencia de la efectiva promoción del pleito que persigue el reconocimiento de esa situación y de sus efectos en el ámbito jurídico (Fallos: 314:481; 315:885); sostener lo contrario conllevaría la aplicación retroactiva de una ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (Fallos: 314:481; 321:45)".
Finalmente, cabe agregar que la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tampoco justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de los preceptos impugnados, toda vez que no los advierto en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.3.b. Definida la constitucionalidad de las citadas normas, corresponde seguidamente analizar la aplicación al caso del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773.
En autos, se estableció que Lafuente tomó conocimiento de la enfermedad profesional que padece en el mes de octubre de 2006 (v. fs. 462 vta.).
En tales condiciones -atento a las circunstancias acreditadas- es dable concluir que la primera manifestación invalidante de las contingencias sufridas por el actor se produjo en dicha oportunidad.
Al respecto, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que le asiste razón a la recurrente.
III.3.b.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como regla general- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009): la nueva regulación sólo rige para los siniestros ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma legal.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O., 17-IV-2001) que: "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina: "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y s
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